Interior del archivo donde los atacantes formaron una pila de documentos para quemarlos. Foto Mauro Arias
Aunque los atacantes destruyeron los archivos de tres causas que la organización ha presentado ante la Sala de lo Constitucional para determinar el paradero de siete niños, Pro-Búsqueda informó que tiene copia de respaldo de los expedientes. Los documentos identifican con nombre y apellido a militares ya retirados que podrían ser los responsables de las desapariciones forzosas de los menores.
Daniel Valencia Caravantes y Sergio Arauz
elfaro.net
Interior del archivo donde los atacantes formaron una pila de documentos para quemarlos. Foto Mauro Arias
Interior del archivo donde los atacantes formaron una pila de documentos para quemarlos. Foto Mauro Arias
Tres hombres armados irrumpieron en la madrugada de este jueves 14 en las oficinas de la Asociación Pro-Búsqueda, sometieron al presidente de la junta directiva, a un motorista y a un vigilante; y luego se dedicaron, durante 40 minutos, a sustraer equipo informático, a destruir papeles y archivos, y a rociar gasolina y prenderle fuego al local, con sus rehenes maniatados en el interior.
El atentado, minuciosamente planificado, a juzgar por los testimonios de los rehenes, dejó a la Asociación Pro-Búsqueda con las oficinas parcialmente destruidas, archivos dañados y una pila de expedientes consumidos por el fuego. Tres de esos expedientes están relacionados con una causa que en este momento ventila la Sala de lo Constitucional por la desaparición forzada de siete niños en un operativo militar conocido como “la guinda de mayo”, ocurrido en 1982, en el departamento de Chalatenango.
“Descartamos por completo que esto haya sido producto de la delincuencia común, porque en la oficina lo más valioso no era la pequeña caja chica con la que contábamos, sino todos los expedientes, la base de datos de denunciantes, los archivos que la institución ha recopilado desde su fundación en 1994”, dijo Esther Alvarenga, excoordinadora de Pro-Búsqueda, ahora miembro del equipo técnico de investigación y una de las principales voceras de la Asociación.
Pro-Búsqueda es una organización que ha investigado y resuelto centenares de desapariciones forzosas de menores de edad ocurridas durante la guerra civil, y con eso se ha documentado un método que los militares usaron como arma de guerra contra poblaciones a las que consideraban afines a la guerrilla, y también como un potencial negocio de adopciones ilegales de niños y niñas.
En la madrugada de este jueves, el motorista de Pro-Búsqueda se estacionó frente al portón, como lo hace todos los días, desde hace más de siete años. Se suponía que este jueves 14 de noviembre tendría una jornada especial de trabajo, y por eso llegó de madrugada, a las 4:30 a.m. San Salvador todavía estaba oscuro, y el motorista se creía la única alma en pie en el área de la oenegé, en la colonia Buenos Aires.
El motorista bajó de su carro, lo cerró con llave y caminó hacia la puerta de acceso. Necesitaba que “El Viejito”, el vigilante privado que custodia la oficina desde hace tres años, le abriera para poder ingresar a la oficina. Adentro, en el parqueo cerrado con portón, estaba el vehículo institucional en el cual viajaría junto a una sicóloga de la organización hacia Morazán, cuatro horas hasta el oriente del país, para atender a familias beneficiarias de Pro-Búsqueda.
La colonia Buenos Aires de San Salvador está ubicada cerca de las oficinas de recaudación de impuestos del Ministerio de Hacienda, en una zona residencial amplia y populosa, catalogada por la Policía Nacional Civil (PNC) como una zona de peligro por los constantes asaltos y, especialmente, junto a la vecina colonia San Luis, por el constante robo de vehículos. En el final de la cuadra de la Buenos Aires hay un comedor que por las noches se transforma en un bar; enfrente de Pro-Búsqueda está la casa de resguardo de unas monjas franciscanas; y a la par, a la derecha, una casa de citas, sin rótulo, clandestina, con parqueo para tres vehículos. Nadie en la cuadra escuchó ni vio nada.
A la casa de citas y a la oficina de Pro-Búsqueda las divide una pared, detrás de la cual hay un montículo engramado. En esa esquina imperceptible para el motorista estaban escondidos los tres hombres que salieron a su encuentro. Ninguno tenía el rostro cubierto. El motorista no había terminado de llegar a la puerta de la oficina –menos de siete metros- para tocar el timbre, cuando los atacantes lo sometieron. El motorista cayó al suelo, boca abajo, y uno de los agresores le puso una rodilla en la espalda y una pistola en la nuca. “¡Callate, hijueputa, o te morís!”, le dijo. Los otros dos se acercaron a la puerta y uno de ellos tocó el timbre.
Cuando sonó el timbre, El Viejito -el vigilante de Pro-Búsqueda-, observó a través de la mirilla que el automóvil de El Motorista estaba parqueado enfrente de la oficina. El Viejito, sin embargo, al no ver a nadie del otro lado de la puerta, preguntó: “¿Quién es?”
El hombre que tenía sometido al motorista le dijo: “¡Decile que abra o te morís!”.
-¡Abrí, Viejito! Soy yo –gritó, desde el suelo, el motorista.
El Viejito reconoció su voz y abrió, y los dos hombres que aguardaban tras la puerta, pistola en mano, se le fueron encima. Le quitaron una pistola 9 milímetros y lo obligaron a subir las escaleras hasta la recepción. Detrás de él venía el motorista, jalado de los pelos por el tercer atacante. Cerraron la puerta.
Periodistas toman imagenes del lugar donde fueron atados con cables los empleados de Probúsqueda.Pro-Búsqueda de niños y niñas desaparecidos en la guerra ha investigado 925 casos desde su fundación y ha logrado localizar a 387 menores, muchos de ellos ya adultos cuando fueron encontrados. De estos, 295 ya se han reencontrado con sus familias biológicas gracias a la intermediación de la organización con las familias adoptivas. Gracias a las causas promovidas por Pro-Búsqueda ante al sistema interamericano de derechos humanos, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado que en El Salvador ocurrió una práctica sistemática de agentes del Estado, ligados al ejército salvadoreño, para secuestrar y desaparecer a niños y niñas durante la guerra.
El procurador David Morales condenó el atentado e hizo hincapié en que este tipo de ataques no se registraban desde los primeros años de la posguerra, es decir, a mitad de la década de los noventas. “Es preocupante que este tipo de actos resurjan y, sin lugar a dudas, este acto tiene motivaciones políticas y busca intimidar, amedrentar, infundir miedo a la lucha contra la impunidad que ha realizado durante muchos años, y que sigue realizando la Asociación Pro-Búsqueda”, dijo.
El atentado ocurre, además, en el momento en que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia procesa una demanda de anulación de la Ley de Amnistía de 1993, que pretendía perdonar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante los años de la guerra, pero que ya fue declarada inválida por la Corte Interamericana. La Sala, además, en este momento estudia una causa que entraña una acusación por desapariciones forzosas contra varios militares.
Los tres hombres armados que irrumpieron en Pro-Búsqueda se encontraron adentro de las oficinas con el que sería un tercer rehén: Nicolás Rivera, presidente de la junta directiva de la Asociación. Rivera también fue sometido junto al motorista y al vigilante.
-¡No nos miren, hijos de puta! ¡Todos al suelo y boca abajo! –gritaba uno de los sujetos. Todos los atacantes iban con los rostros descubiertos.
Uno de los atacantes apareció con unos cables de los ratones de las computadoras, y con ellos amarraron las manos, a la espalda, de los tres rehenes. A juzgar por lo que Nicolás Rivera, El Viejito y el motorista escucharon a partir de ese momento, el ataque había sido minuciosamente planificado para destruir los archivos de la institución. Uno de los tres hombres se quedó custodiándolos, mientras los otros dos ingresaron a las oficinas de la organización para desbaratar anaqueles, botar papeles, arrancar equipo informático. Los tres sometidos, entonces, alcanzaron a escuchar.
-¡Quedan 20 minutos!
Los dos hombres que sustraían archivos y equipos siguieron en lo suyo, abriendo a la fuerza archiveros cerrados con llave, poniendo especial atención en las oficinas en donde se guardaba la información más valiosa de la institución: las oficinas de los jurídicos y del equipo de incidencia. Este es el que recoge los testimonios, investiga los casos, da con el paradero de las víctimas y sus padres postizos.
En la oficina del equipo jurídico estaban las carpetas de tres casos que la institución actualmente ha promovido contra la Fuerza Armada ante la Sala de lo Constitucional. Se trata de tres causas abiertas y promovidas ante la Sala de lo Constitucional en noviembre de 2012. Pro-Búsqueda, en representación de varios denunciantes, promovió tres hábeas corpus para que se investigue e informe el paradero de siete niños desaparecidos en 1982, hace más de 30 años, en Chalatenango. Eso es lo que consta en los expedientes en manos de la Sala, pero en su página en internet, la oenegé habla de nueve niños desaparecidos.
Según la investigación de Pro-Búsqueda, ese operativo afectó cantones y caseríos del oriente del departamento de Chalatenango, y en él participaron los batallones de Reacción Inmediata Belloso y Atlacatl y la Cuarta Brigada de Infantería destacada en El Paraíso. El operativo dejó un total de 53 niños y niñas desaparecidas, así como más de un centenar de personas fallecidas, todas civiles, campesinos no combatientes. A la fecha, la Asociación Pro-Búsqueda ha logrado encontrar a 20 niños y niñas –hoy adultos- de esos 53, y promueve los hábeas corpus para dar con el paradero de otros nueve.
Para el lunes 11 de noviembre pasado, a petición de los demandantes, la Sala de lo Constitucional convocó a los representantes actuales de la Fuerza Armada, en definitiva la institución demandada. La pretensión de los demandantes es que el ministro de la Defensa, David Munguía Payés; el de la época en el que sucedieron las desapariciones forzadas, José Guillermo García (condenado civilmente en Estados Unidos por tres casos de tortura); el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada actual, Rafael Melara; y el de la época de las desapariciones, Rafael Flores Lima (requerido por la Fiscalía por otro caso ventilado por Pro-Búsqueda, el de las hermanas Erlinda y Ernestina Serrano Cruz, y por el cual el estado salvadoreño ya fue condenado por la Corte IDH), ayuden a establecer la verdad las desapariciones y a ubicar el paradero de los niños.
A la cita, sin embargo, no se presentó ningún representante de la Fuerza Armada, y la Sala reprogramó el intercambio para el lunes 18 de este mes. La preparación de esas causas correspondía a la oficina jurídica de Pro-Búsqueda, una de las más afectadas en el ataque de este jueves.
“Nuestros compañeros del área jurídica ya se percataron de que los archivos en donde estaba contenida toda la información física de esas causas ha sido la más dañada, al punto que los papeles de esos casos fueron consumidos por el fuego”, lamentó Esther Alvarenga. “Esto tendría que ser demasiada coincidencia, ¿no le parece? Quienes vinieron a realizar este oscuro y horrendo atentado sabían por lo que venían”.
Uno de estos casos denuncia la desaparición de Milagro Navarro Orellana y Marcos López Orellana. Ambos niños, quienes eran primos, según los denunciantes, desaparecieron mientras huían de un operativo realizado por el ejército y que fue conocido como “Operación Limpieza.”
Lo último que sus familiares supieron de ellos es que se refugiaron en el municipio de Arcatao, huyendo del operativo del ejército contra la guerrilla. En el hábeas corpus presentado a la Sala, se cita una nota de prensa del Comité de Prensa de la Fuerza Armada con fecha del 1 de junio de 1982. En ella se informa de las acciones "de pacificación" en el departamento de Chalatenango. Según ese documento, las unidades que participaron en el operativo fueron la Cuarta Brigada de Infantería, de El Paraíso, Chalatenango; Brigada de Artíllería de San Juan Opico; la Fuerza Aérea Salvadoreña; y los batallones de reacción inmediata Ramón Belloso y Atlacatl.
En la nota de prensa de la Fuerza Armada se menciona que las acciones de los primeros días de junio de 1982 dejaron un saldo de 135 personas muertas. Además, se destaca que el desaparecido teniente coronel Domingo Monterrosa (acusado por comandar la masacre de El Mozote, ocurrida en diciembre de 1981 en Morazán); y el mayor Carlos Mauricio Aguilar Guzmán, informaron que esos fallecidos eran “subversivos”.
“Entre las bajas se encontraban algunas mujeres y niños que se cruzaron entre los fuegos, muchos de ellos servían de mensajeros o estaban por la fuerza con esos grupos. Dos miembros del batallón Atlacatl adoptaron a dos de aquellos niños”, dice el mismo texto del Comité de Prensa de la Fuerza Armada, en poder de la Sala, y en el que no se especifica más información.
En otro de los casos investigados por la Sala de lo Constitucional se denuncia la desaparición del menor José Mauricio Menjívar Melgar, quien huyó junto a sus familiares hacia el municipio de Arcatao, en el contexto del mismo operativo conocido como “operación limpieza” o “la guinda de mayo”. Al igual que los otros dos menores, José Mauricio Menjívar Melgar presuntamente cayó en manos del ejército en medio de las huidas del operativo militar. Para este caso, la Sala se ha informado, al igual que los reportes de prensa de la Fuerza Armada, de los reportes de prensa de los diarios locales que confirman la participación del ejército en operativos ocurridos en esas zonas. Entre estos destacan las publicaciones de La Prensa Gráfica para los días 9 y 10 de junio de 1982, en donde también se habla de un saldo de 135 muertos.
La información relativa a dichas operaciones y esos casos es la que fue destruida en el ataque de este jueves.
Una vez que los atacantes ubicaron esa información, comenzó un nuevo calvario para los rehenes, que hasta llegaron a temer por sus vidas.
-¡Quedan siete minutos! ¡Traé la gasolina! –ordenó el hombre que custodiaba a los rehenes, y por la cabeza de El Viejito se atravesó una angustia. "¡Ahora sí vamos a morir chamuscados!", pensó.
Uno de los hombres bajó a la primera planta, a la puerta de salida, e inmediatamente subió hacia la segunda y la tercera plantas. Los rehenes sospechan que los atacantes, cuando entraron al local, ya entraron cargando algún recipiente con gasolina, porque no recuerdan haber escuchado que se abriera y cerrara la puerta durante el ataque, una puerta que tiene la particularidad de cerrarse de golpe y con fuerza, con un gran estruendo.
El humo comenzó a inundarlo todo, y, de nuevo, uno de los agresores gritó:
-¡Queda un minuto!
Los tres rehenes no lo vieron, pero sí escucharon que los hombres se llevaban equipo y archivos.
-Ellos se hablaban: ¡llevate vos esto! ¡Tomá esto otro! –recuerda el motorista.
No fue sino hasta que los rehenes escucharon que la puerta se cerró, con fuerza, y que afuera se escuchó un auto que partió a toda velocidad, cuando reaccionaron. En la casa no quedaba nadie más que ellos, maniatados, y el humo comenzaba a asfixiarlos.
El Viejito y el motorista se colocaron espalda con espalda, y entre cuatro manos lograron que se soltara el amarre que apretaba las muñecas de El Viejito. Él corrió luego hacia la cocina y con un cuchillo liberó al motorista y a Nicolás Rivera.
Entre los tres, corrieron a la pila, ubicada en el primer piso, acarrearon agua en guacales y también la rociaron a través de una manguera hacia los cuartos que se incendiaban. Lograron apagar el fuego, pero rápido se percataron de que se habían provocado muchas pérdidas de materiales informáticos y archivos. Uno de esos expedientes era la investigación completa de la tercera causa abierta ante la Sala de lo Constitucional.
En este último caso se denuncia la desaparición de los niños José Rafael Franco, Pastor Serrano Serrano, Gladis Serrano Serrano, Norberta Serrano Serrano, todos entre los cino y 11 años de edad.
En este caso, relacionado con la operación “tierra liberada”, el padre de una de las víctimas ha declarado como sobreviviente y testigo del operativo. Ha dicho que se encontraba junto a los niños desaparecidos en un lugar conocido como "Rama Caída", en el municipio de Nombre de Jesús, en Chalatenango. Según el testigo, en este lugar había más de 300 personas que escucharon los motores de los helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea.
El testigo declara que todas las personas, incluidos los niños, huyeron hacia un lugar conocido como “Los Amates”. “Es en ese lugar donde empezó a escucharse el disparo de las armas de fuego y es entonces que toda la gente que se encontraba ahí comenzó a correr de una manera descoordinadamente hacia todos lados”, dice el testimonio. Como ocurrió con los casos anteriores, los niños se separaron de sus padres en las huidas, y al no aparecer en las listas de las bajas hechas públicas por la Fuerza Armada, los denunciantes exigen que se averigüe el paradero de los niños.
Y ahora es Pro-Búsqueda la que pide que se averigüe lo ocurrido este jueves en la madrugada. “Nos amarraron y destruyeron todo o casi todo. Esto no puede ser. Esto ya debería haber quedado en el pasado”, dijo Nicolás Rivera, horas después de haberse liberado y de haber alertado a la Policía.
La Policía se marchó del lugar a las 9:30 de la mañana, cuatro horas después del ataque. Desde ese momento, y hasta las 12 del mediodía, hora en la que por fin aparecieron representantes de la Fiscalía, nadie llegó a custodiar la escena.
Para la tarde de este jueves, Pro-Búsqueda todavía no tenía cuantificadas las pérdidas, pero sí tenía claro que hubo sustracción de la base de datos de las familias denunciantes –nombres, ubicaciones, contactos-; de equipo informático y sospechaba la destrucción de la mayoría de expedientes –testimonios, investigaciones, declaraciones de fuentes del mismo ejército- en físico. Según la Asociación cuenta con respaldo digital de toda esa información, y los atacantes no lograron afectar el bando de ADN que maneja la institución, y que es pieza clave para identificar con un joven localizado en otro país si es pariente de la familia que lo busca en El Salvador.
Durante el transcurso del día, familiares beneficiarios de Pro-Búsqueda se comunicaron con las autoridades para manifestar su apoyo incondicional para continuar por el trabajo.
“A nosotros nos reconforta que lo perdido no será irreparable, porque de todo el país nos han estado llamando los familiares de los niños y niñas desaparecidos para decirnos que no nos preocupemos, que lo que ellos tienen en sus cabezas nadie lo podrá destruir”, dijo Esther Alvarenga.
Mariana Ortiz, empleada de Probúsqueda, se muestra afectada por el atentado, mientras revisa las instalaciones. Foto Mauro Arias
Mariana Ortiz, empleada de Probúsqueda, se muestra afectada por el atentado, mientras revisa las instalaciones.
Mariana Ortiz, empleada de Probúsqueda, se muestra afectada por el atentado, mientras revisa las instalaciones.
Foto Mauro Arias
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