Una crónica de Sigfredo Ramírez
Hay fragmentos, muchos fragmentos dispersos sobre las violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil en El Salvador. Algunos son testimonios escritos a máquina, otros son fotografías en blanco y negro sin identificación, y también hay cintas de video deterioradas que nadie ha visto en 30 años. Hay archivos que no están organizados y hay víctimas que todavía tienen miedo a hablar. Testimonios que acusan a ambos bandos en el conflicto. Pero hay algunas personas torturadas que van superando el temor y esperan que alguien las oiga.
Destino. Los presos políticos que llegaban al centro penal de Santa Tecla –hoy Museo Tecleño– eran remitidos de diferentes cuerpos de seguridad después de ser torturados.
“Siempre estuve vendada. Siempre. Las dos veces que me torturaron. La primera a finales de 1982 y la segunda en febrero de 1991. Cuando ya estaban negociando los Acuerdos de Paz a mí me estaban torturando. Las dos veces fueron muy parecidas. Me pusieron una venda desde que me capturaron y después me despojaron de la ropa. Así, desnuda y descalza estuve en la Policía Nacional y la antigua Guardia. Todos los días me ponían los toques eléctricos, todos los días me golpeaban, todos los días me violaban.
La primera vez estuve cinco días y los cinco días me violaron. Me hicieron el teléfono, que es un golpe en las orejas para que perdiera el sentido. Me daban golpes en la espalda y el vientre. Todavía recuerdo que el día que me liberaron me habían estado torturando en la mañana. ¿Cómo eran los lugares donde estuve? No sé. Aún no lo sé, porque todo el tiempo estuve vendada. Pero en ese sitio se oían gritos despavoridos, llenos de terror, de angustia, dolor. Se escuchan lejos. Y también cerca. Después de tantos años, de estas tres décadas, sigo creyendo que esos gritos eran cuando despedazaban a las personas.
Las celdas apestaban demasiado a sangre, como a ‘chuquilla’. En 1991 me capturaron cuando iba en un taxi en la 29.ª avenida norte, por la Zacamil. Ese día yo iba con el herido civil de un bombardeo rumbo al hospital. Un muchacho de 19 años. Era parte de mi trabajo en el Comité de Madres de Reos y Desaparecidos de El Salvador (COMADRES). Dos vehículos bloquearon el paso del taxi. ¿Para dónde nos escapábamos? Yo solo me acuerdo que me agarraron del pelo y me aventaron adentro de su vehículo. Inmediatamente me pusieron una venda. Me dieron unos toques eléctricos en el cuello y allí empezó el interrogatorio. Nos llevaron a la Guardia Nacional y estuve allí vendada por 22 días. Fueron 22 días de tortura y de oscuridad.”
***
La sala de té Balché se ha quedado vacía. La mayoría de invitados al evento se fue hace una media hora. Pero Patricia García sigue contando su historia en voz baja. Casi susurrando y haciendo pausas entre sollozos. Ella está sentada en una silla de plástico al fondo de un gran salón con ventanales. Afuera se ve un jardín. Es el mediodía del martes 29 de octubre de 2013. Es un día más. Y a esta hora, Patricia está sumergida en un mar de recuerdos de los años que marcaron su vida: su exilio de nueve meses en México, sus pláticas con Monseñor Romero, la desaparición de su hermano, las dos ocasiones en que estuvo detenida y la torturaron.
Patricia lleva un vestido negro y un pañuelo blanco a la altura del cuello. Luce delgada y frágil, con su cabello levemente peinado. Dice que ha perdido 15 libras en las últimas semanas en las que ha estado internada en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. No debería de estar aquí, pero ha venido convaleciente hasta esta sala de té en el bulevar Universitario para recibir un reconocimiento en nombre de su madre, Alicia de García, de parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). En el acto, que duró casi toda la mañana, se le dio un homenaje a su mamá –una de las fundadoras de COMADRES– por su defensa a los derechos humanos en El Salvador.
Pero ahora, Patricia habla en voz baja de las detenciones que vivió hace décadas. Lo hace sin auxiliarse de ningún apunte ni grabación. Solo con los recuerdos que guarda en su memoria. Su hermana menor, Blanca García, que platica en la entrada del salón, se acerca desde atrás y le da un vaso con agua a su hermana. Sabe que el recuerdo de las violaciones son tragos amargos para Patricia. Los años inmediatos al hecho ni siquiera podía recordarlo en la intimidad del hogar sin romper a llorar. Por ello no hay registro judicial de su caso.
—Ha logrado hablar de la tortura sin ponerse mal hasta hace dos años— dirá Blanca García, unos días después, al otro lado del teléfono.
Patricia tuvo miedo que su testimonio fuera usado en su contra. Así que su caso no está en ningún juzgado capitalino, ni en los expedientes de la Fiscalía General de la República (FGR), ni en la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), ni siquiera está en las oficinas de Tutela Legal del Arzobispado; a pesar de que COMADRES fue uno de los grupos que nutrió los archivos católicos con sus listas de víctimas del conflicto.
La oficina de Tutela Legal fue el lugar donde miles de víctimas se abocaron en medio de la guerra, desconfiadas de brindar información sobre sus casos al mismo Gobierno. Hay acusaciones de crímines cometidos por ambos bandos: desde casos de tortura realizados por agentes de los cuerpos de seguridad hasta ejecuciones extra judiciales de la guerrilla. La Iglesia católica ha planteado en octubre de 2013 y de manera preliminar –todavía se está realizando un inventario– que hay alrededor de 50,000 procesos archivados en la oficina.
La mayoría son expedientes que fueron nutridos por la investigación judicial que realizaron 22 abogados desde 1982. Documentos recopilados de los juzgados de Paz de todo el país, y la toma de testimonios de víctimas en el lugar de los hechos. “¿Cuál es el valor del material? En ese tiempo los jueces de Paz llevaban la investigación de los casos, pero casi nunca se atrevían a entrar en las zonas de conflicto, algunos archivos son únicos”, dice Wilfredo Medrano, abogado investigador y subdirector de Tutela Legal hasta principios de octubre de 2013, cuando el arzobispo de San Salvador decidió cerrar la oficina jurídica.
Medrano lo cuenta desde el patio de una gran casa en la colonia Buenos Aires: en las páginas escritas en máquinas de escribir o las grabaciones de voz que están en Tutela Legal se plasma el sentir de las víctimas. Las madres de desaparecidos que llegaban a Tutela Legal con la partida de nacimiento y la última fotografía del hijo que no volvió a casa; los torturados que dieron su testimonio al salir de los cuerpos de seguridad, donde los habían obligado a firmar un acta en la que hacían constar que los policías los habían tratado humanamente; las mujeres víctimas de violación en los caseríos más escondidos del país.
“El archivo contiene miles de abusos de la guerrilla y del ejército que fueron verificados y se convirtieron en la base para el Informe de la Comisión de la Verdad (la misión de Naciones Unidas encargada de investigar crímenes de guerra en 1991), casos que nunca se aclararon, pero eso sí, mucho del material está en bruto, videos que se han deteriorado y nadie ha visto en 30 años que se tendrían que recuperar”, asegura Medrano.
A pesar de la importancia histórica del archivo de Tutela Legal nunca se le dio mayor tratamiento a los documentos. Los casos están archivados alfabéticamente por el nombre del caso y por mes, pero hay algunos traspapelados desde que fueron prestados a la Comisión de la Verdad hace décadas. La Universidad de Colorado en Estados Unidos firmó un convenio con Tutela Legal para digitalizar los archivos, pero el proyecto bibliográfico quedó a medias porque, según Medrano, se necesitaban $400,000 para realizar todo el trabajo. Actualmente, y después del cierre de Tutela Legal, el arzobispo capitalino, José Luis Escobar Alas, aseguró que los documentos se están reorganizando y ya se lleva un 12% de avance.
—El archivo está completo. No vamos a destruir nada, vamos a resguardar la confidencialidad de las víctimas con celo de fe— precisó monseñor José Luis Escobar, después de la homilía del 27 de octubre .
Y para Wilfredo Medrano, el exsubdirector de la oficina de Tutela Legal, la confidencialidad es importante. Muchos de los testimonios del archivo fueron realizados en los años que siguieron a la guerra civil que terminó en 1992. A medida que el miedo se fue esfumando poco a poco. Un paso que cada quien dio a su tiempo. Hombres y mujeres, como Patricia García, que más de dos décadas después de aquellos días hacen un esfuerzo por reconstruir las historias que vivieron en su juventud.
***
“No estuve todo el tiempo en las celdas. Hubo una vez en las que ellos me aseguraron que me iban a liberar. Mirá —me dijeron— ya no te queremos hacer nada más, queremos que quedés en libertad. Me pusieron una camisa que apestaba a sangre, me agarraron de los brazos y sin quitarme la venda, me metieron en el baúl de un carro. El trayecto fue bien movido y llegamos a un lugar donde había viento. ‘Esta debe de ser la Puerta del Diablo’, recuerdo que pensé en mi mente. Los torturadores trataron de convencerme de que corriera para quedar en libertad.
—Ahora que sos libre podés correr —me dijo uno de ellos.
Yo me quedé quieta. Pensaba que si corría me iba a caer a un acantilado. Les dije que no iba a correr. Y que si era cierto que me querían dejar libre, que se fueran y yo me iba a quedar allí parada y después me iba ir para mi casa. Ellos me trataron de convencer una y otra vez. ‘¡Corré pues, corré!’, me gritaban. Yo no me moví. Se pusieron bien enojados. Me agarraron otra vez y me aventaron al baúl del carro. Me llevaron de regreso a la guardia.
—¡Bueno, como no quisiste colaborar hoy sí vas a saber lo que es bueno, maldita!— me amenazó uno de los hombres cuando llegamos a la delegación.
Pero otro de los mismos agentes le dijo que me diera una oportunidad. Que de todos modos tenían salida para el 17. Yo seguía vendada. Al poco tiempo me subieron al carro. Me llevaron a un sitio que yo creo que era el playón. Sentí las piedritas en los pies. A saber cuántos cadáveres estaban allí pero apestaba como si hubiera decenas. A saber en cuántos me paré, porque nunca me quitaron la venda y bajo mis pies sentía cosas aguadas entre las piedras. Allí me quitaron la camiseta y empezaron a interrogarme otra vez.
Ellos siempre quisieron que yo confesara que COMADRES era una fachada de la guerrilla, que entregara a madre Alicia, a la abuela Antonia, a la madre Miriam. Pero no. Nosotros no éramos parte de la guerrilla. Yo siempre se los dije: no voy a aceptar algo que no es cierto. Entonces el tipo se enojó, me ultrajó y me llevaron nuevamente a la ciudad. Yo sentí que ya no era la misma ruta. Ese día me llevaron a la Policía Nacional. Cuando llegamos allí, me dieron una gran patada para entrar a una celda. El piso estaba lleno de líquidos y apestaba a sangre, así que me deslicé y fui a pegar contra la pared. Cuando me caí empecé a gatear. En el suelo encontré un dedo. No sé cuál era. Yo lo agarré y empecé a sobarlo. Después lo dejé allí. Seguí gateando y me encontré con otro pedazo. No sé si era un brazo o una pierna, porque ya ve que los salvadoreños somos lampiños. Yo seguí gateando hasta que me topé con una bota militar. ‘Ya maldita, ahora sí vas a saber lo que es bueno’, me dijo un hombre.
Me agarraron entre dos y me acostaron en una cama de cemento con los brazos y los pies abiertos. Ellos encendieron una máquina, era como una bovina. Yo solo me imaginaba que era la que hacía pedazos a las personas. Pensé: ahora sí se acabó todo… lloré, pedí perdón por todo lo malo. Empecé a sentir el ruido de la máquina más cerca y más cerca. Y de repente, alguien dijo: ‘¡Perate!’ Alguien bajó la palanca y oí una gran y terrible discusión. Encendían y apagaban la máquina como decidiendo qué iban a hacer conmigo.
Al final, uno de ellos se compadeció y me quitaron las cosas. Me sacaron al patio y me bañaron con una manguera. A todo esto no me quitaron la venda. Me hicieron que subiera unas escaleras y al llegar arriba sentí que estaba parada sobre una alfombra. Me dieron mi ropa, un trapo para que me limpiara, y una mujer me dio un peine. Al final de todo, un hombre se me acercó y me dijo: ‘No creás en todo lo que has soñado, nosotros hemos estado aquí para velarte el sueño y has tenido horribles pesadillas’.”
***
Nadie puede ver los archivos de Tutela Legal del Arzobispado mientras se realice el inventario de los casos, pero sí los de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES). Y su encargada –una mujer de piel blanca y de tono amable– dice que hasta esta casa de la colonia Médica todavía vienen familiares de las víctimas de la guerra civil. Es raro que ocurra pero todavía la sorprenden de vez en cuando. No vienen a interponer una denuncia ni brindar testimonios, pero sí a buscar alguna fotografía de su familiar desaparecido porque han perdido la única que guardaban.
—Hace poco vino una señora de Ahuachapán buscando una foto de su hija porque se acordaba que hace años vino a dejar una aquí ¿Y sabe qué? Aquí estaba, le sacamos una copia y se fue bien feliz —cuenta la mujer mientras camina por el corredor que lleva al archivo de la CDHES.
La encargada del centro de memoria histórica es acompañada por Miguel Montenegro, director de la CDHES, y quien ayudó a construir el archivo durante el conflicto. Montenegro labora aquí desde 1982, tomó algunas de las fotografías que engrosan los casos y viajó hasta cantones recónditos para grabar testimonios. Ahora, es una especie de custodio de todo el material recopilado. El archivo está en una habitación amplia de piso ocre y cielo falso con goteras.
Aquí, hay estantes repletos de fólderes con documentos legales y exhumaciones, hay periódicos de los ochenta, hay revistas, hay 30 álbumes de fotografías que están llenos de imágenes de muerte. Cientos de personas que aparecieron a la orilla de las carreteras de todo el país durante la guerra civil. Mujeres, hombres, hermanos, hijos, primos. La mayoría no están identificadas. Revisar cualquiera de los álbumes es encontrarse con un espeluznante decálogo de muertes.
Miguel Montenegro hojea uno de los primeros álbumes en el estante.
—Mire a este muchacho, le echaron ácido en el rostro y por eso no tiene pelo; mire este otro, está hecho pedazos por los machetazos—dice Montenegro, impávido, mientras pasa las hojas.
Y el director de la CDHES asegura que esas imágenes no son las únicas con las que cuenta la organización no gubernamental. Una parte de los archivos están en México y Nicaragua desde los años de la guerra civil, cuando los compiladores temían un cateo de las autoridades. Otra parte del material todavía está en la bodega, acumulando polvo y sin clasificar. Montenegro calcula que son el 37 % de los documentos los que aún están guardados sin que nadie los pueda ver. “Esto ha sucedido porque no se ha encontrado una fuente de financiamiento para hacer todo el inventario”, cuenta el director de la CDHES, de pie en medio del archivo.
Aunque ya se han realizado esfuerzos por rescatar el material. En unas repisas de madera en el centro de memoria histórica, hay 248 cintas de video negras en formato VHS que contienen declaraciones de alrededor de 100 casos de tortura, masacres y desapariciones. En los últimos años –al estar conscientes del franco deterioro de las cintas– la dirección de la CDHES comenzó a regrabar las horas y horas de grabación en discos DVD.
Algunas todavía tienen los defectos de la cinta original. Hay unas con el sonido apenas audible. En uno de los videos titulado “Encuentro testimonial con víctimas de la guerra (30-10-1990)” aparece una joven de 19 años. Es morena, lleva una blusa rosa y un cepillo en el rostro. Tiene un micrófono gris en la mano y brinda el testimonio de su caso a una abogada. Poco a poco va contando lo que ocurrió:
—Ellos me obligaron a acostarme en el suelo y él forzosamente me quitó el blúmer… y empezó la violación sexual. Luego llegó el otro que estaba apuntando a mi padrastro y procedió a hacer lo mismo, al final me dijeron que no anduviera hablando nada, porque si no, iban a matar a toda la familia. Me dijeron que si mi mamá preguntaba, que dijera que solo me habían hecho unas preguntas— dice la muchacha con su mirada puesta en el cielo falso de la habitación.
—¿Ustedes pusieron alguna denuncia?— pregunta la abogada.
—Sí, fui a la fiscalía y pasé con un licenciado que no me acuerdo el apellido. Llegamos a dar la denuncia, después fuimos al juzgado de Mejicanos, al cuartel San Carlos, a la Policía Nacional.
—¿Y sabe si los castigaron?
—No sé, pero en el juzgado identificamos a los soldados. Después me dijeron que el proceso había estado mal porque los identificamos cara a cara, ellos también nos vieron.
—¿No han vuelto a pasar por su casa?
—Sí pasan, siempre pasan, pero ya no se quedan cerca de la casa.
En el archivo de la CDHES hay 248 cintas con testimonios parecidos.
***
“Usaron la técnica del policía bueno, policía malo. El mismo día de mi captura me trasladaron al Centro de Instrucción de Transmisiones de la Fuerza Armada (CITFA) en San Jacinto. Al llegar me vendaron los ojos y me amarraron las manos. El primero en recibirme fue un soldado que me agarró a patadas. Después de la golpiza, llegó un segundo interrogador. Él trataba de ser amigable. Me dijo que el primer tipo era ‘un bruto’. Me ofreció un cigarro pero le dije que no quería. Él me dijo: ‘Va pues, ya va a venir el otro a darte verga’. Volvió a entrar el primer interrogador. Esta vez me amarraron a una mesa y me quitaron los zapatos.
Sentí que me estaban amarrando algo en los dedos gordo y meñique en ambos pies. Al instante me invadió una sensación de presión, un cosquilleo doloroso y calorífico. Eran choques eléctricos por lapsos de cinco segundos. En las pausas me volvían a preguntar lo mismo y cuando les contestaba que no sabía nada, volvían a la descarga. Después de cuatro veces me soltaron y el interrogador dijo que me dieran agua. Me zambulleron dentro de una pila.
Después me dejaron tirado en el suelo, amarrado con las manos hacia atrás. Perdí la noción del tiempo. Creo que fue al día siguiente, al mediodía, cuando me levantaron y junto a otros capturados me subieron a la cama de un camión. Nos pusieron varias colchonetas para cubrirnos y encima iban soldados. Creí que nos sacaban para asesinarnos. Pensé en mi familia y si iban a encontrar mi cuerpo algún día.
Nos llevaron a la Guardia Nacional y nos encerraron en celdas individuales. Allí me dejaron quitarme la venda y había un marco metálico de una cama sin colchón, un servicio sanitario, y un foco de luz amarilla que estuvo encendido por los siguientes seis días. De comida me dieron un yoyo, dos tortillas con frijoles en medio. Como tenía sed y no había más agua que la del servicio, metí las manos en el tanque del agua y tomé de allí. En esa celda, escuché al menos tres veces cómo torturaban a otros. Una vez escuché a un torturador con acento argentino. Al final de la semana hubo otro traslado. Me sacaron de la celda, me vendaron y me llevaron a una sala grande donde estaban prisioneros y guardias. Había un televisor que sintonizaba un discurso del presidente Napoleón Duarte. Uno de los guardias se estaba burlando de él.
Luego, nos subieron a la cama de otro camión. Ese día llegamos al castillo de la Policía. Nos bajaron siempre vendados y nos llevaron a un sector conocido como ‘el sótano’. Se escuchaban las teclas que alguien escribía a máquina. Me levantaron del brazo y me sentaron en una silla. Era la hora de mi confesión. Les di mi nombre completo: Rolando Ernesto González Morales. Cada vez que negaba algo me golpeaban. Cuando el policía terminó de redactar me dijo: ‘Te voy a levantar la venda y vas a firmar, ¡si me ves, te vas arrepentir!’ Me levantó la venda, me soltó de las manos y me dio un bolígrafo.
—¿Lo puedo leer antes de firmar?— le pregunté al agente de la policía.
—¡Firmalo hijueputa, no vas a leer ni mierda!— me respondió y me dio un culatazo en la cabeza.
Lo firmé. Luego me tiraron con los demás prisioneros. La primera noche en el sótano del Castillo me ficharon. Llegó un policía y me tomó del brazo. Él me llevó a un baño. Solos los dos me dijo: ‘Quitate la venda’. Yo me impresioné y entonces vi al tipo. A uno de ellos. Tenía una máscara de mapache que le cubría el rostro, una de esas de cartón que usan en fiestas infantiles. En los huecos de los ojos tenía papel celofán. Era un fotógrafo.
—Mirá para la cámara— me dijo el hombre que se ocultaba tras la máscara de mapache.
Como había estado vendado me molestó la luz del foco del servicio. Cuando menos sentí, me cegó el disparo del flash de la cámara. Me tomó fotos de frente y de perfil. Siempre me he preguntado dónde estarán esas fotos que me tomaron en uno de los peores momentos de mi vida. Una evidencia de aquella semana infernal. Después de tomarme la fotografía nos llevaron a una celda grande. Pasé varios días en el Castillo de la Policía hasta que el 11 de febrero de 1980, me trasladaron al penal de Santa Tecla. Estuve preso 28 meses de mi vida.”
***
Rolando González vuelve hoy a la prisión en la que estuvo recluido hace ya 33 años. Solo que ahora este ya no es un centro penal, sino que el Museo Tecleño. Y Rolando asegura que ahora “parece un hotel”. González está reunido con un grupo de antiguos presos que hace décadas estuvieron organizados en el Comité de Presos Políticos de El Salvador (COPPES). En las últimas semanas, este grupo montó una exposición con figuras de barro moldeadas en Ilobasco sobre las técnicas de tortura que se usaron en el país durante la guerra civil.
Parte de la exposición estuvo basada en un libro testimonial que los presos escribieron en el centro penal La Esperanza, Ayutuxtepeque, en 1986. El libro “La tortura en El Salvador” fue publicado hasta diciembre de 2012 como una iniciativa de la CDHES, y el financiamiento de la Cooperación Española. El documento se guardó por décadas en el archivo de la comisión y ahora sale a la luz. En sus páginas se explica gran parte de las técnicas empleadas para conseguir información con ilustraciones de los mismos torturados.
Según Miguel Montenegro, director de la CDHES, el objetivo de la publicación no es “una cacería de brujas ni atacar a los sujetos que cometieron este tipo de delitos, sino que prevenir para que estas historias no vuelvan a ocurrir, que el Estado salvadoreño se dé cuenta de la necesidad de firmar el protocolo facultativo contra la tortura y adherirse al Estatuto de Roma”.
Rolando González camina hasta la celda en la que estuvo recluido durante el conflicto. Es un salón amplio de paredes gruesas en el ala izquierda del museo. González es flaco y serio. Su caso es especial. Después de casi tres décadas se reconoció a sí mismo como una víctima y en 2010 interpuso una denuncia ante la fiscalía para que se investigara su caso de tortura. Pero al ver que no tuvo respuesta, el antiguo preso político decidió llevar su caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D. C., en 2012.
Todavía está esperando respuesta. Parte del sustento del caso de Rolando González está en los archivos de la que hasta hace unas semanas fue Tutela Legal. Allí guardan unas listas con los presos políticos de la época y más información de los detenidos. Silvia Cuéllar, abogada del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), afirma que la importancia judicial de los archivos es que pueden dar indicios a un juez sobre lo que pasó en el tiempo de la guerra civil. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. “La decisión de perdonar es de cada una de las víctimas”, dice.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario