Atilio Boron
Recomiendo leer el estupendo artículo de Antonio Elías sobre este muy preocupante tema. El TISA es un proyecto complementario del infame Acuerdo Multilateral de Inversiones (MAI por sus siglas en inglés) que fuera negociado en secreto por los países europeos, Estados Unidos, Japón y Canadá en la segunda mitad de los años noventas. Sus cláusulas implicaban una definitiva cesión de soberanía económica, y política, en casi todos los campos, a favor de las transnacionales. El acuerdo se fue elaborando a espaldas no sólo de la opinión pública sino de los principales líderes de la oposición, inclusive en Estados Unidos. Salió a la luz por una filtración que se produjo inesperadamente y que fue captada por una ONG de izquierda en Canadá, si mal no recuerdo (porque estoy escribiendo esto de memoria, aunque luego revisaré mis archivos para abundar sobre el tema) y lanzada a circular por Internet. El conocimiento de las cláusulas originó un escándalo de proporciones y el MAI tuvo que ser abortado. Pero EEUU volvió a la carga tratando de imponer el ALCA, fundado en la misma concepción de absoluta desregulación (y es así, es absoluta) de la economía, la privatización de todas las actividades económicas, la reducción del Estado a un papel meramente policial, para "mantener el orden" y garantizar los negocios de las transnacionales.
Una parte de ese acuerdo sobrevivió como el TISA (Trade in Services Agreement) y en el cual se propone incluir bajo el régimen del libre comercio regenteado, desde el más extremo neoliberalismo, por la Organización Mundial del Comercio, la totalidad de los servicios que ofrecen las economías. Y para los mentores de este proyectos la educación, la salud, las telecomunicaciones, la seguridad social son servicios y no derechos. A partir de allí lo que el TISA propone es lo siguiente: si hay un acuerdo para liberalizar el flujo de bienes en la economía mundial también debe liberalizarse el flujo de servicios, evitando el proteccionismo. Por ejemplo, si una institución educativa norteamericana o alemana puede ofrecer "servicios universitarios" de calidad en Uruguay, nada debería impedir que ella se instale en ese país y desarrolle allí sus actividades en un pie de igualdad con las empresas, privadas o públicas uruguayas. Eso quiere decir que no se admitirán subsidios a las entidades uruguayas y que, por lo tanto, la universidad pública debería generar sus propios recursos y no depender el presupuesto nacional. Eso sería un subsidio inadmisible, una distorsión de la sana competencia entre "efectores" de servicios. En pocas palabras el TISA es una trampa mediante la cual se pretende lograr lo que no se pudo hacer con el ALCA, ahora por otros medios. El resultado final sería la privatización de todos los "servicios" (antes: derechos ciudadanos) y el sometimiento de la conducta de los estados firmantes del TISA a las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Por eso es importante leer la nota de Antonio Elías y, más importante aún, organizarnos para dar batalla para que semejante barbarie no pueda ser instaurada en nuestros países.
¿Por qué Uruguay se integró al Trade in Services Agreement en secreto?
Antonio Elías (*)
“Una vez que los espacios de la periferia fueron incorporados a las relaciones capitalistas de producción, el imperialismo siguió avanzando más allá de los límites impuestos por la geografía mediante la mercantilización de sectores de la vida económica y social antaño preservados al margen de la dinámica predatoria de los mercados, como los servicios públicos, los fondos de pensión, la salud, la educación, la seguridad, las cárceles y otros por el estilo”. Atilio Boron (1)
Uruguay ingreso al Trade in Services Agreement (TISA) sin que exista una discusión nacional sobre la conveniencia o inconveniencia de este acuerdo de libre comercio de servicios. Una medida que demuestra las grandes debilidades del gobierno de José Mujica en lo que refiere a su política de inserción internacional y a la transparencia de sus acciones. Teniendo en cuenta el modelo económico que se aplica en el país y lo señalado en artículos anteriores sobre el TISA (2).
En febrero del 2015, en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá se publicó la siguiente noticia: “Nos complace anunciar que los países miembros del TISA han dado la bienvenida a Uruguay en las negociaciones. En la actualidad hay 24 países que participan en las negociaciones TISA: Australia; Canadá; Chile; Taipei Chino; Colombia; Costa Rica; la Unión Europea; Hong Kong (China); Islandia; Israel; Japón; Liechtenstein; Nueva Zelanda; Noruega; México; Pakistán; Panamá; Paraguay; Perú; Corea del Sur; Suiza; Turquía; los Estados Unidos; y Uruguay.”(3)
Uruguay fue aceptado – luego de que el Congreso de Estados Unidos diera luz verde para que así lo hiciera - y participó de las negociaciones a partir del 9 de febrero. Es decir, Uruguay empezó a participar en las negociaciones aceptando los acuerdos realizados hasta el momento de su incorporación. Acuerdos cuyo contenido se desconoce y que comprometen el futuro de todos los uruguayos.
La primera noticia pública sobre este tema se tuvo el 02/05/2014 cuando la Agencia EFE informó, desde Bruselas, que Uruguay había solicitado ingresar el TISA en setiembre de 2013 y que el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht manifestaba que "La Unión Europea celebra el interés de Uruguay por unirse a las negociaciones del TISA y respalda firmemente su participación de ahora en adelante". Afirmó, además, que el ministro uruguayo de Exteriores, Almagro Lemes, ha garantizado que su país "comparte los objetivos de las negociaciones del TISA" y que "respetará los resultados de la negociación logrados por otros participantes si se une" a ellas.”(4)
Dicha declaración entra en contradicción con lo sostenido por el canciller Almagro en múltiples instancias en las que declaró que sí Uruguay es admitido se tomará conocimiento “del material de base sobre el cual se está negociando y de las respectivas ofertas”, y se estará “en condiciones de evaluar la conveniencia de entrar”.
El canciller en esa misma entrevista afirmó, utilizando un discurso elogioso e impreciso que el TISA tiene como objetivo “establecer un régimen de comercio más amplio, flexible y predecible… lo suficientemente claro para no impedir que cada gobierno ejerza su propia soberanía para regular ciertos sectores… que las disposiciones del acuerdo estarán sujetas a excepciones generales, a excepciones relativas a la seguridad y a excepciones prudenciales en el caso de los servicios financieros” y que Uruguay podrá incluir sectores que quieran proteger “en listas de excepción”.
El gobierno uruguayo ingreso al TISA inmediatamente después de ser aceptado lo cual implica que adhirió a tapas cerradas, lo que es muy poco probable, o conocía y acepó el contenido de dichos acuerdos que siguen siendo secretos.
Los principales referentes del Frente Amplio en el senado sobre asuntos internacionales consultados en aquel momento - Enrique Rubio, Eduardo Lorier, Alberto Couriel - desconocían el tema y el asesor de la presidencia del FA en política exterior - José Bayardi - afirmó que no sé había discutido en la coalición.
Si fue sorprendente que el gobierno uruguayo hubiera solicitado participar en esas negociaciones sin informar públicamente, la sorpresa es mucho mayor ahora, cuando ya se ingresó al TISA, y es notorio que todos aquellos que tomaron conocimiento del tema no hicieron lo necesario para generar un proceso de discusión amplio y abierto que convalidara o cuestionara lo que estaba haciendo el gobierno.
Debe destacarse que sí bien no existen voces discrepantes en el ámbito político, el movimiento sindical resolvió: “Rechazar el ingreso de nuestro país a estos tratados, ya que esto pondría en riesgo el patrimonio y la soberanía nacional, ya que la intención es de liberalizar y desregularizar los mercados” (5). La Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) se expresó en el mismo sentido, al igual que lo hizo la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) (6). Por su parte la Internacional de Servicios Públicos (ISP) desarrolla una campaña contra el TISA en varios continentes (7).
Ante un hecho de tan extraordinaria importancia cabe preguntar: ¿Por qué el gobierno de José Mujica no informó de los pasos que se recorrieron para integrarse al TISA? ¿Cuáles son los motivos para integrarse a un acuerdo multilateral que limita fuertemente las potestades de decisión del gobierno y la soberanía nacional? ¿El gobierno de Tabaré Vázquez asumirá y continuará con esta política? Sí así lo hiciera ¿someterá estas decisiones al conjunto de la nación o continuaran con el secreto de estado?
En la siguientes rondas de negociaciones, la próxima es en abril, Uruguay deberá presentar su lista de excepciones con los sectores de servicios que desea proteger y, por defecto, todos los demás sectores que quedarían sometidos a la liberalización con su consiguiente impacto sobre trabajadores, empresarios, cooperativistas y usuarios. ¿Quién o quiénes y con qué derecho van a tomar esa resolución? Nadie de los involucrados en estas negociaciones debería olvidar que la democracia directa ha sido el arma utilizada por el pueblo para evitar el desborde de los gobernantes.
(*) Director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (INESUR), miembro de la REDIU.
(1) “América Latina en la geopolítica del imperialismo”, Ed. Luxemburg, Buenos Aires, 2012, p. 23
(2) “¿Por qué Uruguay solicito integrarse al TISA”, Semanario “Voces”, 10/07/2014 y 24/07/2014.
(3) http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/services/tisa-acs.aspx?lang=eng.
(4) Natalia Uval, “Abierto a todo”, “La Diaria”, 17/07/2014
(5) PIT-CNT, Mesa Representativa Nacional Ampliada, 17/03/14
(6) “El TISA intenta eliminar o reducir al máximo las fronteras económicas internacionales, los sistemas regulatorios que preservan los derechos de los trabajadores y el papel de las empresas y servicios públicos. Todo lo cual genera pérdidas significativas de soberanía nacional y derechos democráticos. Montevideo, 20/08/2014
(7) http://www.world-psi.org/es/informe-especial-de-la-isp-el-tisa-frente-los-servicios-publicos
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