Alberto Barrera
Hace casi nueve años escribí un comentario sobre la que entonces llamaban "epidemia criminal" porque a diario se cometían 10 asesinatos y eso causó alarma, pero lejos estábamos de llegar al conteo macabro de la actualidad, pues en agosto hubo 907 ó 911 muertes violentas, según la policía o Medicina Legal.
A cualquiera de las dos instituciones que citemos sobre las cifras, éstas no son frías, aunque fríos quedemos por el dolor que causa tanta muerte, y que nos llevan al tope entre los países más violentos. El mes pasado fueron casi 30 muertos al día o sea 1,2 muertos cada hora. Terrible.
Uno de estos días comentábamos con un colega que parecemos acostumbrarnos a la violencia, pues las muertes al concluir el cuarto gobierno del partido Arena -encabezado por el ex narrador deportivo y empresario radial, Tony Saca- alarmaban pues llegaron a un promedio de 12 asesinatos al día, fuimos subiendo en esa escala de luto hasta las cifras actuales.
La realidad violenta, triste y cruel, con los asesinatos de jóvenes, pandilleros o no, policías, soldados y vigilantes privados o estudiantes y profesores o conductores y cobradores del transporte colectivo o vendedores, empleados…en fin gente pobre que reside en barrios y colonias populosas o áreas rurales empobrecidas en donde conviven todos ellos y matan o los matan.
En esos días de 2006 el entonces director del Instituto de Medicina Legal (IML), Mario Hernández, me dijo que le preocupaban las cifras de muertos y temía que se llegara a los niveles del conflicto armado que en más de una década dejó un saldo de luto de más de 75,000 fallecidos por la cruel y sangrienta guerra civil.
Hernández decía sentirse inseguro por la violencia, aunque durante el conflicto recorrió todo el país como miembro de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado realizando reconocimientos o autopsias.
Y por eso pidió más control sobre las armas de fuego, pero poco o nada se hizo, claro existen negocios y cerrarlos o controlarlos significaría un atentado a la libre empresa.
Por ese entonces en El Salvador circulaban unas 450,000 armas en manos de civiles, de las cuales unas 170,000 estaban registradas, lo cual daba un promedio de 2 armas por cada 10 salvadoreños.
Las macabras cifras nos llevan a creer que nos podríamos estar deshumanizando, ya que muchos piden acabar con la situación, como sea, pero no hay fórmulas mágicas y las medidas que el Estado comienza a aplicar como la represión ha llevado a más enfrentamientos con las diferentes pandillas delincuenciales, especialmente la 18 revolucionaria, en la cual se han reportado la mayor cantidad de bajas mortales.
Oficialmente también se dice que muchos de los muertos se deben a las disputas o choques entre las mismas pandillas y aun no se confirma desde esas instancias que existan grupos de exterminio.
Y en la falta de contundencia para combatir el delito contribuyen los políticos, pues los llamados a unidad que promocionan, no van más allá “del diente al labio” y se quedan en palabras, pese a que las dirigencias de los partidos firmaron un acuerdo en Ataco, al occidente del país, pero luego se enfrascaron en luchas pueriles, discusiones estériles en la Asamblea Legislativa, guerra de cruces en las plazas Nicaragua o D’aUbuisson y protestas y marchas en plazas y avenidas de la capital, exigiendo el fin a la corrupción y la impunidad, claro eso sin tocar las fibras que corresponden a cada sector involucrado.
Mientras ellos no se pongan a pensar en favor del pueblo y solo sometan sus intereses partidarios o personales -en nombre del pueblo claro-, la situación se va a prolongar y lamentablemente con más sangre derramada y la epidemia criminal va a continuar dejando mucho luto y dolor.
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