Los generales, la inteligencia y el poder

Dagoberto Gutiérrez*

Cuando los generales decidieron matar a los sacerdotes jesuitas y a sus empleadas el 16 de noviembre de 1989, lo hicieron con plena conciencia que estaban eliminando a un enemigo, que estaban matando a una inteligencia que se oponía a su poder, que era subversiva y que ellos eran parte de la ofensiva que la guerrilla desató en ese mes de noviembre de ese año.

La noción de poder apareció en la cabeza de estos jefes militares al considerar que ellos estaban en capacidad de matar a todo aquel o aquella que entrara en su línea de fuego, es decir, que una vez que fuera considerado algo o alguien cercano o aliado de las fuerzas guerrilleras, que desataron su efectiva ofensiva y enfrentaron con éxito al ejército gubernamental, podía ser aniquilado físicamente.

Es cierto que en la decisión influyó una especie de angustia y agotamiento operativo, porque estos jefes probablemente se consideraron superados, o gravemente presionados, por nuestras fuerzas y nuestra ofensiva, y tomaron una decisión supuestamente operativa, como la tomaría cualquier capitán en un momento apremiante, como romper un cerco o retirarse de una zona. Esta sería una reflexión correcta, pero no creo que esto haya sido el móvil determinante.

Es claro que la UCA de esos años era una voz llena de inteligencia, de valentía y de una intelectualidad que funcionaba como tal. Todo esto la colocó en la mira de las fuerzas más conservadoras del país, entre ellas la fuerza armada.

No olvidemos que la decisión fue invadir las instalaciones de la UCA sin ocuparla militarmente. El operativo tuvo una dirección exacta y golpeó el lugar donde ellos se encontraban. Sabían que ahí estaban durmiendo. Invadieron sus dormitorios y sus locales privados, los capturaron y los mataron de inmediato, sin trasladarlos a otro lugar y sin perder tiempo. Eliminaron a sus empleadas para deshacerse de testigos. Toda esta precisión y hasta exactitud nos lleva a concluir que se basaban en información y certeza de la ubicación exacta de quiénes eran los que estaban durmiendo en ese lugar y la orden operativa que la fuerza cumplió fue la de eliminar físicamente a este grupo.

Esta decisión la tomó el mando del ejército gubernamental como reacción ante la ofensiva guerrillera, es decir, fue una decisión para golpear a la guerrilla, y una vez puestas las cosas en este terreno, la tela de araña se convierte en maraña, porque los generales sabían que no se trataba de guerrilleros ni de mandos de ningún tipo y el trabajo mínimo de sus aparatos de inteligencia tenían que saber, por el control ejercido, que los sacerdotes no tenían ninguna relación operativa de ningún tipo con la fuerza guerrillera. Por eso la decisión fue la de eliminar a estos intelectuales por ser intelectuales.

Para estos jefes militares, el hecho de ser intelectuales significaba que eran aliados o sustentadores, de alguna manera, de la rebelión que les estaba amenazando y que era, ante todo, una amenaza muy inteligentemente organizada y brillantemente ejecutada. Sin duda, por eso, decidieron dejar a la guerrilla sin su sustentación ideológica y filosófica para poder derrotarla y cortar su ofensiva.

No es difícil entender que la base teórica de esta decisión y la decisión misma no valen nada militarmente y valió menos políticamente pero grafica a la perfección la naturaleza del poder que los sectores dominantes ejercen en nuestro país. Es cabalmente la filosofía de ese poder que autoriza el aniquilamiento de aquellos que se resistan o amenacen los intereses dominantes, sea cual sea la forma de esa resistencia y las circunstancias en que ésta se ejerza.

En el asesinato de los sacerdotes jesuitas, los jefes militares realizaron una operación militar pero también política y tomaron una decisión abundantemente ideológica y totalmente criminal porque establecieron que para el mando del ejército gubernamental no había ningún límite ni frontera, que podían entrar a cualquier parte y matar a cualquiera. En todo esto se equivocaron.

Por qué afirmamos esto?

La decisión asesina de las fuerzas armadas no afectó militarmente a las fuerzas guerrilleras. En tal sentido, el ejército gubernamental no ganó la guerra, y en esa medida la perdió; mientras que el ejército guerrillero no perdió la guerra, y en esa medida la ganó. Esta pérdida del ejército gubernamental se encuentra expresada en el Artículo 212 de la Constitución, en sus dos primeras líneas, en las cuales se está diciendo, aún sin expresarlo directamente, que las fuerzas armadas dejaron de ser la clase gobernante, calidad que ejerció desde 1932, cuando se montó la dictadura militar de derecha contra la cual se llevó adelante la guerra civil.

En el terreno político, este crimen elevó el prestigio, la justeza y la necesidad de la ofensiva guerrillera en todo el mundo. Mostró al ejército gubernamental como un ejército asesino y abrió las puertas para las acciones legales de las autoridades españolas que en 1998 celebraron un tratado de extradición con el Estado de El Salvador, cuyos términos han sido puestos en marcha.

El crimen aceleró, ciertamente, el fin de la guerra, de manera negociada. Para Washington, sostenedor y director de la guerra gubernamental, había llegado la hora de negociar, y, a contrapelo del ejército gubernamental, de la oligarquía y de los partidos derecha, echaron a andar la negociación.

En el terreno ideológico, la negociación quebró el modus operandi histórico de una clase dominante que nunca usó ni usa el consenso para ejercer su poder, y nunca se ha preocupado por parecer o aparecer como clase dirigente. Siempre se han asegurado de ser los dominantes. Cuando se vieron obligados a negociar con la guerrilla, lo hicieron presionados insuperablemente por las circunstancias de no habernos derrotado militarmente. A diferencia de 1932, cuando el ejército resulta victorioso contra campesinos insurgentes y desarmados, y la oligarquía ordena una matanza prolongada, en esta ocasión, el ejército no supo defender a los señores oligarcas y debió pagar el precio de la negociación. Con mucha más razón al aparecer asesinando a ciudadanos españoles.

Hay que agregar que esta indignación internacional por el asesinato de los jesuitas no se había aparecido en la misma forma y dimensión que cuando se trató de las tantas masacres de campesinos, pobladores y trabajadores, de las que tuvo conocimiento la opinión pública nacional e internacional. Este caso, al superar todos los límites, aisló al ejército y su oligarquía rectora no tuvo más que negociar.

A 26 años de distancia del crimen, el ejército gubernamental guarda silencio institucionalmente. Los diferentes aparatos estatales no vacilan en impedir el cumplimiento jurídico de compromisos contraídos. El poder establecido es ciego y sordo ante la necesidad del esclarecimiento de los hechos; sin embargo, la maquinaria jurídica de las autoridades legales españolas sigue su marcha y la situación es inciertamente llena de sombras porque los hechos no pueden ser enterrados y mucho menos olvidados ni ignorados. Estos son como campanas sin campanario que repiquetean, segundo a segundo, en la conciencia de todos los hombres y mujeres de este país, honrados y de buena voluntad. Por eso, las banderas de dignidad siguen y seguirán de duelo por todos los caídos y por los sacerdotes jesuitas y sus empleadas.

*Vicerrector de la Universiad Luterana Salvadoreña