Enfoque Jurídico
EL PERFUME AMARGO DE LA MUERTE.
Se acercaba la noche, para Romero la oscuridad que viste el final de un día se convertían en temores, en esos temores que nacen por la calidad de humanos que tenemos, las amenazas por callar su voz se habían convertido en el insomnio rutinario que ni el cansancio más profundo podía quitar, de hecho un par de aguacates caídos en el techo de su habitación ubicada en el Hospital de la Divina Providencia, producto del juego de las ardillas, se volvían anécdotas valientes, que contaba a las monjas y a su amigo Salvador Barraza, luego de la oración que acompañaba el alba.
Ya en febrero de mil novecientos ochenta, el Arzobispo de San Salvador había sido sujeto de una serie de amenazas de muerte, a tal punto de solicitar a sus colaboradores no acompañarlo en sus salidas, para evitar que corriesen riesgos innecesarios.
El nueve de marzo de mil novecientos ochenta, en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, Monseñor Romero ofició una misa por la memoria de Mario Zamora, quien fuese Procurador General de la República, asesinado quince días antes en su domicilio, sólo a horas después de que el ex-Mayor de la Guardia Nacional, Roberto D’Aubuisson, quien dirigía en ese momento el Frente Amplio Nacional (FAN), lo acusara públicamente de ser miembro de grupos subversivos. Sin embargo éste no era el día en que las homilías de Oscar Arnulfo serían silenciadas, pues el día lunes 10 de marzo de 1980, se encontró tras el púlpito, un aparato explosivo fabricado con 72 candelas de dinamita comercial camufladas dentro de un maletín color negro, colocado entre dos pilares del Altar Mayor.
El olor a muerte cada vez era más común alrededor de las vivencias de Monseñor Romero, hombre humilde, callado, que se exponía en sus homilías al denunciar las injusticias que se cometían por parte de la Fuerza Armada que ya manejaba y controlaba el gobierno, esa exposición fruto del amor por los más desprotegidos, por los pobres, que escuchaban en sus prédicas notas de esperanza al encontrar a alguien que velaba por sus intereses, como un padre lo hiciere por sus hijos.
LA PRENSA, CÓMPLICE NECESARIO DE UN ADIÓS.
Mientras tanto, los medios de comunicación mantenían una fuerte campaña acusándolo de terrorista y subversivo, se leía en sus páginas “un arzobispo demagogo que estimuló desde la Catedral la adopción del terrorismo” y todo porque en sus homilías exponía graves violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado.
Casi se cumplía un año de la muerte de doña Sarita, madre de Jorge Pinto, un periodista amigo de Monseñor Romero, quien habría publicado en los periódicos la celebración de la misa de su madre para el lunes 24 de marzo (1980), en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, misma que sería oficiada por el Arzobispo de San Salvador.
Sor Luz Chuevos, directora en ese momento del Hospital, el 23 de marzo de 1980, observó el anuncio de la celebración de la misa de la madre de Jorge Pinto, mismo que le pareció imprudente por las amenazas a las que se veía expuesto su Pastor, recomendándole a Monseñor Romero no celebrar la misa, quien le respondió “Me he comprometido, si no ha llegado mi hora no me pasará nada. Pero si algo pasa, estoy en las manos de Dios”.
LA PLANIFICACIÓN DEL VENENO Y LA SERENIDAD DEL FINAL.
En la mañana del 24 de marzo de 1980, 24 horas después de haber suplicado a los militares salvadoreños que cesaran la represión, el ex-Mayor Roberto D’Aubuisson, el ex-Capitán Alvaro Saravia y Fernando Sagrera se reunieron en casa de Alejandro Cáceres, en San Salvador. Llegó el Capitán Eduardo Ávila, quien se había enterado que el Arzobispo Romero oficiaría una misa ese mismo día, opinando que ésta era una buena oportunidad para asesinarle. El ex-Mayor D’Aubuisson ordenó que se hiciese y responsabilizó al ex-Capitán Saravia del operativo.
Mientras tanto, Monseñor Romero en horas de la mañana, se reunió con el sacerdote del Opus Dei, Fernando Sáenz Lacalle, era la tercera vez que planeaban hacer un charla entre ellos una vez que se había ordenado Arzobispo de San Salvador, pero por las múltiples ocupaciones de Romero no se había podido realizar. Sí, mientras el ex-Mayor Roberto D’Aubuisson planificaba el veneno mortal en contra de Romero, el Arzobispo junto a Sáenz Lacalle y tres personas más se dirigían hacia el mar, específicamente a un centro de la pastoral juvenil, el motivo, estudiar un documento de la Congregación Vaticana para la Educación y los Seminarios.
Al llegar a la playa la casa estaba cerrada, y quien la cuidaba había entendido, que era hasta el día martes que iban a llegar los sacerdotes; fue así que Fernando y Óscar se subieron a un tapial, saltando el jardín para abrir la puerta para que entraran los demás sacerdotes, ambos riendo por lo que hacían, disfrutando como niños inocentes, olvidando el contexto en que vivían.
Al observar las condiciones para realizar la muerte anunciada, y poner claros todos los requerimientos malignos, el capitán Ávila se comprometió a contactar por medio de Mario Molina a un francotirador.
Romero junto a los cuatro sacerdotes se sentaban bajo la sombra de una palmera a estudiar el documento. Unos al finalizar se bañaron en el mar, Monseñor prefirió dar un paseo por la playa, caminando tranquilo, con la serenidad de tener a Dios como su protector. Llegó la hora del almuerzo, un mantel sobre la yerba y luego, Romero se acostó en una silla de playa y durmió unos minutos. Al despertar, como quien camina hacía su calvario, les invitó a los sacerdotes a llevarlo al Hospital de la Divina Providencia porque tenía un compromiso… Y así fue!
Romero llegó en horas de la tarde, habló con Salvador Barraza y le encargó preparar fuera de Catedral la plataforma para la ceremonia del Domingo de Ramos. Luego a las cuatro de la tarde se dispuso a ver a su confesor.
EL Capitán Saravia salió de su residencia a las cinco de la tarde, solicitándole a Amado Antonio Garay, que manejara un vehículo color rojo de cuatro puertas, marca Volkswagen; el parqueo del Hotel Camino Real sirvió de punto de encuentro antes de dirigirse a la Capilla. En ese lugar un francotirador barbado, como de unos veinticinco años de edad, bien parecido, alto, delgado, pelo liso con entradas en la frente, junto con el arma asesina ingresó al carro rojo, que conducía Garay.
Garay siguió a un vehículo que iba adelante hasta llegar a un portón negro, ahí el individuo barbado que iba en el asiento trasero, con voz fría como el insensible viento que paraliza en el desierto, le dijo que cruzara a la izquierda y entrara a dicho portón, que dejara de seguir el vehículo que iba adelante; al cruzar se incorporaron a una calle adoquinada que conducía a una iglesia, pasaron primero frente a la casa donde Óscar grababa sus pensamientos, hasta pasar frente a la capilla, el francotirador le dijo que diera vuelta al carro, obedeciendo Garay, luego éste detuvo el vehículo como a unos tres o cuatro metros antes de llegar frente a la Iglesia, el francotirador le dijo: “No, párese frente a la Iglesia”.
El carro avanzó unos metros y quedó justo frente a la capilla, justo frente al altar, el hombre barbado sosteniendo un fusil con ambas manos, con dirección al lado derecho de la ventana trasera del vehículo a punto hacia el profeta, ahí momentos antes de la consagración, una voz temerosa, de un sacerdote humilde, pero con un gran corazón exclamaba: “Con fe cristiana sabemos que en este momento la hostia de trigo se convierte en el cuerpo del Señor que se ofreció por la redención del mundo y que en ese cáliz, el vino se transforma en la sangre que fue precio de la salvación. Que este cuerpo inmolado y esta Sangre Sacrificada por los hombres nos alimente también para dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor, como Cristo, no para sí, sino para dar cosechas de justicia y de paz a nuestro pueblo. Unámonos pues, íntimamente en fe y esperanza a este momento de oración por Doña Sarita y por nosotros…” Escuchándose una explosión, ruido que ponía el punto final en la vida de Romero, por lo menos en este mundo, Óscar Arnulfo Romero, fue asesinado a las 6:25 minutos del día 24 de marzo del año de 1980, con un disparo al corazón. (Escuchar audio últimas palabras de Monseñor Romero)
“””Con fe cristiana sabemos que en este momento la hostia de trigo
se convierte en el cuerpo del Señor que se ofreció por la redención del
mundo y que en ese cáliz el vino se transforma en la sangre que fue
precio de la salvación. Que este cuerpo inmolado y esta Sangre
Sacrificada por los hombres nos alimente también para dar nuestro cuerpo
y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor, como Cristo, no para sí,
sino para dar cosechas de justicia y de paz a nuestro pueblo. Unámonos
pues, íntimamente en fe y esperanza a este momento de oración por Doña
Sarita y por nosotros…”””
El ejecutor del crimen y el chofer retornaron al mismo sitio de donde salieron con el vehículo color rojo, en el lugar esperaba el Capitán Saravia, al verlo el sujeto barbado le hizo una venía con la mano derecha y dijo: “Misión Cumplida”.
En la capilla del Hospital Divina Providencia, había un mar de gritos, al caer Monseñor a los pies de Cristo crucificado, el señor Pedro N. Martínez auxilió al Pastor para conducirlo a un Centro Asistencial, esto le valió para que una fotografía que retrataba ese momento, llegase a manos equivocadas.
CIENTO CATORCE DÓLARES POR UN PASTOR CALLADO. COMPLICIDAD DEL ESTADO, CSJ Y FGR
Este caso llegó a competencia del Juez Cuarto de lo Penal, Atilio Ramírez Amaya, quien advirtió “omisiones premeditadas de parte de los servidores de la justicia”, encaminadas a “encubrir el asesinato desde el principio”. Lo anterior lo concluyó pues la Sección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional, en el asesinato de Monseñor Romero, llegaron cuatro días después de ocurrido el hecho y no proporcionaron al tribunal ningún dato ni prueba de una investigación del crimen. Lo mismo ocurrió con la oficina de la Fiscalía General de la República; el Fiscal llegó a la escena del crimen hasta el 28 de marzo, debido a las instrucciones de presentarse a las diligencias por parte del Juzgador.
En la autopsia del cadáver del Arzobispo de San Salvador se extrajeron de la caja torácica tres esquirlas para su estudio, por su peso, la Policía Nacional confirmó que el proyectil era de calibre 22, sin embargo, esta diligencia no constó en el expediente judicial, así como tampoco constan las radiografías del tórax tomadas durante la autopsia.
Tres días después del asesinato, el ex-Mayor D’Aubuisson ordenó la entrega de 1.000 colones a Walter Antonio “Musa” Álvarez quien, junto con el asesino de barba, recibió el pago correspondiente.
Las acciones maléficas por borrar o desaparecer la verdad continuaban, en casa del Juez Cuarto de lo Penal, Atilio Ramírez Amaya, la empleada doméstica, María Hernández, permitió la entrada a dos jóvenes desconocidos que dijeron llegar de parte de una persona a quien el Juez buscaba. Atilio Ramírez Amaya, sospechaba de un atentado, llegó ante los desconocidos con una escopeta. Uno de ellos sacó una metralleta, el juez levantó la escopeta para dispararle, lo que no pudo hacer porque la señora Hernández había quedado entre él y los desconocidos. Los jóvenes aprovecharon para huir, pero antes dispararon varios tiros, uno de ellos hirió a la empleada en la cadera. Tras el atentado el Juez Ramírez Amaya presentó su renuncia y abandonó el país.
El 13 de abril de 1980, 20 días después de haber presenciado la ejecución de Monseñor Romero, y haberle ayudado a cargarlo para llevarlo al hospital, la foto que retrató ese momento, fue su sentencia de muerte, Pedro N. Martínez, desapareció, y no fue encontrado, dicha desaparición del testigo no se investigó debidamente.
El 7 de mayo de 1980, en un allanamiento a la finca “San Luis” en Santa Tecla, fueron capturados doce militares y doce civiles, entre ellos el Mayor Roberto D’Aubuisson, a quienes se acusó formalmente de conspirar para derrocar al gobierno. En el allanamiento se incautaron varios documentos, entre ellos una agenda perteneciente al Capitán Álvaro Rafael Saravia y dos listas con nombres de miembros de la Fuerza Armada salvadoreña.
La agenda de Saravia aporta varios datos relevantes respecto al asesinato del Arzobispo de San Salvador. La misma contiene referencias a compras y entregas de numerosas armas y municiones; conforme al peritaje balístico ordenado por el Juez Ramírez Amaya, varias de ellas correspondían al tipo utilizado en el asesinato. Ciertos nombres de personas contra las cuales existían indicios de haber participado en la planificación, designación, ejecución o encubrimiento del asesinato, aparecían en forma reiterada. También aparecen referencias sobre el chofer Amado Garay, quien transportó al asesino, así como los recibos por gasolina para el vehículo rojo, a disposición del Capitán Saravia, desde el cual se perpetró el asesinato. La agenda nunca fue agregada formalmente al caso de Monseñor Romero.
El 5 de julio de 1980, cuatro meses después del asesinato de Monseñor Romero, la Oficina del Socorro Jurídico en El Salvador fue allanada. El hecho habría sido ejecutado por integrantes de los cuerpos de seguridad, quienes sustrajeron los expedientes del caso de Monseñor Romero, incluyendo testimonios que involucraban a la Fuerza Armada en el asesinato, así como otras evidencias importantes.
Walter Antonio “Musa” Álvarez fue secuestrado en el mes de septiembre de 1981, las investigaciones apuntan que el motivo fue porque conocía la identidad del asesino, lo que podría implicar ya sea al asesino o a Saravia, entre otros, en el asesinato del Arzobispo de San Salvador; se le encontró muerto poco tiempo después.
Roberto D’Aubuisson participó en una transmisión televisiva durante la campaña para las elecciones presidenciales, en marzo de 1984, en la que presentó una confesión grabada por un supuesto comandante del FMLN. En la grabación, el supuesto comandante llamado, “Pedro Lobo”, expresaba haber sido cómplice en el asesinato de Monseñor Romero. Casi inmediatamente, “Pedro Lobo” fue identificado como un preso común que estuvo recluido entre 1979 y 1981, quien confesó que le habían ofrecido U.S. $50.000 para responsabilizarse públicamente del asesinato. Aun después de este incidente, D’Aubuisson continuó insistiendo en que la guerrilla había asesinado al Arzobispo de San Salvador.
El 20 de noviembre de 1987, la Fiscalía General de la República presentó a Garay como testigo ante el Juez Ricardo Alberto Zamora Pérez, el Juez dispuso la detención del Capitán Saravia el 24 de noviembre de 1987. También ofició al Consejo Central de Elecciones para que expidieran certificación de la condición de Diputado de D’Aubuisson, primer paso para solicitar que se levantara su inmunidad parlamentaria para que pudiese declarar ante el Juzgado.
El Capitán Saravia interpuso un recurso de habeas corpus. En diciembre de 1988, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, específicamente la Sala de lo Constitucional, conformada por el Doctor Francisco José Guerrero, el Doctor Gabriel Mauricio Gutierrez Castro, el Doctor Fabio Hércules Pineda, el Doctor Jorge Hernández Colocho y el Doctor Eduardo Alfredo Cuéllar, sostuvo que “la referida prueba testimonial de Garay no merece entera fe… el testigo rindió su declaración siete años, siete meses, veinticuatro días después de haber ocurrido el hecho sobre el cual depone le resta completa credibilidad a su testimonio”. También consideró que el Fiscal General carecía de facultades para solicitar la extradición del Capitán Saravia a los Estados Unidos de América, donde se hallaba dicha persona.
CONCLUSIÓN
Error tras error en el proceso Judicial, colaboración de impunidad por parte de un Estado silencioso, una Fiscalía General de la República cómplice, desaparición de testigos, eliminación de evidencias, contaminación de la escena del crimen, amenazas a Jueces, medios de comunicación vendidos, y los desprotegidos y vulnerables sufriendo aún más al no tener a alguien que denunciara sus lamentos para que llegaran hasta el cielo.
Según se ha establecido por parte de la Comisión de la Verdad, creada por las Naciones Unidas, y el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Arzobispo de San Salvador fue asesinado con la participación intelectual y material del Mayor Roberto D’Aubuisson, y los capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila. También participaron los civiles Fernando Sagrera, Mario Molina y un “asesino profesional” de identidad desconocida. D’Aubuisson es la persona responsable de la orden de asesinar a Monseñor Romero, y de impartir instrucciones precisas a miembros de su entorno de seguridad, quienes actuaron como integrantes de un escuadrón de la muerte en operativo de la ejecución extrajudicial.
El 20 de marzo de 1993, cinco días después de presentado el informe de la Comisión de la Verdad, la Asamblea Legislativa de El Salvador dictó la Ley de Amnistía General mediante el decreto n° 486. La Corte Suprema de Justicia de nuestro país se declaró incompetente para revisar su constitucionalidad por considerar que la amnistía constituía un acto “eminentemente político.”
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