Juan Paz y Miño Cepeda
El domingo 19 de febrero/2017 se realizaron en Ecuador las elecciones para presidente y vicepresidente, miembros de la Asamblea Nacional, Parlamentarios Andinos y una consulta popular para que los funcionarios públicos y dignatarios no puedan tener capitales en paraísos fiscales.
El SÍ ganó en la consulta (al menos 55%); y Alianza País (AP) tendrá mayoría en la Asamblea (proyectadas 64 de 138 curules) y gana en el Parlamento Andino.
¿Y el Ejecutivo?
Todas las encuestadoras anticiparon el triunfo del binomio de AP Lenin Moreno/Jorge Glas. Pero el conteo oficial, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) ubicó a ese binomio con el 39.33% y al ex banquero Guillermo Lasso con el 28.19%. Moreno ha quedado prácticamente a un punto de llegar al 40% requerido (y además tener 10 puntos por lo menos sobre el candidato que le siga en votaciones), para ganar en primera vuelta.
Pero esa diferencia ha destapado a la derecha política, económica y mediática que apoyó al banquero. En una bien orquestada estrategia, antes del proceso electoral no sólo lanzaron una “campaña sucia”, sino que sembraron la idea de que se preparaba un “fraude electoral”; y con los resultados en marcha, se activaron otros mecanismos indudablemente ya preparados: videos de individuos retenidos con mochilas llenas de votos premarcados; simpatizantes de Lasso convocados a tomar las calles, exigir la segunda vuelta aún antes de conocerse los resultados oficiales y vociferar contra el escandaloso “fraude”.
Asimismo hicieron circular supuestos pronunciamientos de las fuerzas armadas pidiendo “transparencia” del proceso, desmentidos por el Comando Conjunto; y levantaron la agresividad contra todo “cholo” y “correísta”. La “peluconería” (término que grafica a esos agresivos sectores de la “alta” clase) se ha movilizado tal como los “escuálidos” en Venezuela.
La derecha política ecuatoriana tiene larga experiencia histórica sobre el éxito que les puede proporcionar esas campañas, que cuentan ahora con el respaldo de una serie de medios de comunicación privados, que han pasado a ser sus instrumentos ideológicos.
Las derechas promovieron una intensa campaña contra el referéndum constitucional de 1978 y atacaron de “comunista” a la nueva Constitución. El mismo año, en la primera vuelta quedó adelante el progresista Jaime Roldós, quien en la segunda debía confrontar con el socialcristiano Sixto Durán Ballén, cuyo partido levantó entonces la idea del “fraude”, al mismo tiempo que Durán era presionado para abandonar su candidatura y crear así un vacío que impidiera las elecciones.
Finalmente ganó Roldós (1979-1981). Su gobierno y el del sucesor Osvaldo Hurtado (1981-1984) fueron sistemáticamente atacados de “comunistas” por las derechas políticas y empresariales.
En las elecciones de 1984, el perdedor en primera vuelta fue el socialcristiano León Febres Cordero y nuevamente sus partidarios vociferaron contra el “monstruoso fraude” electoral a favor de Rodrigo Borja, candidato de la Izquierda Democrática que fue el triunfador; pero como Febres ganó la segunda vuelta, nunca más volvieron a hablar del asunto.
El gobierno de Febres Cordero (1984-1988) fue el de los empresarios y así lo proclamaron. Con él hubo imposiciones violentas sobre el Congreso, donde no tenía mayoría. Y el país vivió una administración violadora de la Constitución y los derechos humanos, que inauguró la hegemonía del modelo empresarial/neoliberal, con varios escándalos de corrupción que involucraron a personajes del gobierno.
En cada elección posterior, las derechas se anticiparon a prever un “fraude”, cada vez que les convino Así volvieron a decirlo cuando triunfó Rodrigo Borja (1988-1992). Si ellos no están en el poder, no hay fraude. Esa es la consigna de su experiencia histórica. Hoy han preparado el camino con eficacia y, para la segunda vuelta, lanzarán todo su arsenal mediático y político a fin de impedir el triunfo de los candidatos de AP.
Es evidente que hay una alianza poderosa entre las derechas políticas, las elites empresariales de las cámaras de la producción y los medios de comunicación privados colocados a su servicio. No les preocupa carecer de mayoría en el Legislativo, ni la misma Constitución de 2008, sino el control del Ejecutivo en un sistema presidencialista en el cual el presidente es jefe del Estado y jefe del gobierno; y porque, además, saben cómo imponerse a toda institucionalidad contraria a sus intereses, sin descartar -como la experiencia histórica del país lo verifica-, el uso de la represión, el autoritarismo y la prepotencia.
En Ecuador está en juego un tipo de economía y de sociedad iniciado por la Revolución Ciudadana, que quedaría truncado si es que triunfa el otro proyecto del ex banquero Lasso y sus fuerzas de sustento. No solo eso. En Ecuador está en juego la vigencia del ciclo de gobiernos progresistas, democráticos y de nueva izquierda, a los cuales busca derrotar una internacional derechista y, sin duda, el imperialismo que puede exhibir sus “triunfos” en Argentina y en Brasil.
Pero sobre todo está en juego la posibilidad de que la población ecuatoriana avance en mayores conquistas sociales, en institucionalidad y en democracia. Buena parte de los ciudadanos parecen olvidar la historia y se han dejado seducir por la idea de que el “cambio” ofrecido vendrá de la mano de las élites que siempre los han dominado.
El triunfo de AP en la primera vuelta no es garantía para la segunda, porque no sólo tendrá que enfrentar a las fuerzas poderosas antes señaladas, sino tratar de modificar la conciencia de amplios sectores de la población que votaron en su contra.
AP gana en las siete provincias de la Costa, lo que altera el predominio derechista en esa región, aunque la tradicional oligarquía costeña y particularmente de Guayaquil mantiene una base electoral nada despreciable. AP ha perdido en cinco de las 10 provincias de la Sierra, donde hay un giro conservador, incluso en provincias centrales con significativa presencia indígena donde gana Lasso; también pierde en Galápagos y en cinco de las seis provincias de la Amazonía, donde probablemente pesó el cuestionado extractivismo minero.
De modo que el triunfo en primera vuelta tiene algo de sabor amargo, al que hay que sumar el hecho de no haber alcanzado al menos el 40% de la votación para evitar la segunda vuelta.
No solo cuentan las fuerzas opositoras que han avanzado; han pesado también los dos últimos años de la administración del Presidente Rafael Correa, por ciertos giros conceptuales, decisiones sobre leyes laborales, el tratado comercial con Europa, las alianzas público/privadas, el endeudamiento, la fuerte recesión económica y las magnificadas denuncias opositoras sobre la corrupción que, al parecer, han alejado a los antiguos simpatizantes.
Todo ello no impide evaluar que en una década Ecuador ha tenido cambios económicos, sociales, políticos e institucionales inéditos en el siglo XX, algo reconocido incluso por distintos organismos internacionales como Cepal, Pnud, BM e incluso FMI. Pero el balance de la gestión y los logros de una década indudablemente ganada -en la que el liderazgo del presidente Rafael Correa ha sido rector e indiscutible-, tampoco ha sido suficiente para crear una conciencia social que impida las posibilidades de reversión de lo logrado.
No cuenta, por tanto, sólo la política o la economía, sino la conciencia social; y trabajar sobre ella es un asunto arduo, difícil en el tiempo. En América Latina hay momentos de progreso democratizador y otros de largos retrocesos, que esperamos no se repitan por decisiones populares en la segunda vuelta presidencial que se realizará el próximo 2 de abril. Alianza País está optimista en que triunfará.
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