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Una
ley de transparencia y acceso a la información debe tener al menos tres
vías: el respaldo legal del Estado para proteger sus propios bienes y
los de sus habitantes; derecho de la población a saber como se
administran los fondos públicos, es decir sus impuestos y garantizar
probidad y transparencia de todos y cada uno de los funcionarios. Si no
cumple con al menos estos requisitos señalados, sería una ley a medias,
un engaño más como tantos decretos surgidos de las “pensadas” de los
diputados, como ocurrió recientemente con el decreto emitido para
supuestamente “garantizar” las candidaturas no partidarias.
Los derechos de la población
Estamos hablando de un derecho de toda la población a saber cómo se administran los dineros, dónde ser invierte y cuáles son los porcentajes, las empresas participantes, en qué consisten las obras o los proyectos y los tiempos estipulados. En los cuatro gobiernos de Arena se cometieron millonarias estafas, recordemos algunas: el “saneamiento” de los bancos estatales quebrados al no recuperar muchos de los préstamos otorgados a “grandes” empresarios durante los años 80. Al privatizarse el sistema financiero el Banco Central de Reserva otorgó 705 millones de dólares dinero nunca devuelto a las arcas del Estado. El mismo presidente de la república, Alfredo Cristiani se apropió del Banco Cuscatlán. Fue el año 1990.
En 1991 se conoció oficialmente de un faltante de nueve millones de dólares en la CEL. Nunca se desvaneció tal situación y jamás autoridad alguna se responsabilizó de esa millonaria estafa. En 1994 se produjo la malversación en los ingenios azucareros por 15 millones de dólares. Tampoco se investigó ni se llevó a los tribunales correspondientes a los responsables. Un año más tarde se dio el fraude en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social por 2.4 millones de dólares. Nadie fue investigado ni llevado a los tribunales de justicia. Y así podríamos continuar con la interminable camándula de corrupción. ¿Por qué esos regímenes nunca patrocinaron ni presentaron un anteproyecto de una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a la Asamblea Legislativa? Habrá que preguntarles las razones a los ex presidentes de la república, Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol, Francisco Flores y Antonio Saca.
En toda democracia bien establecida, donde se respete la ley, los ciudadanos tienen el pleno derecho de exigir información sobre las licitaciones, el Presupuesto Anual de la Nación, los contratos, convenios y toda obra realizada por el gobierno con los impuestos pagados por los contribuyentes o por préstamos firmados con otros países o instituciones financieras internacionales. Del mismo modo, desde el presidente de la república al último funcionario, tienen LA OBLIGACIÓN de presentar a la Corte de Cuentas u Oficina de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, si existe, sus bienes materiales, residencias, vehículos, relación de sus empresas y sus ingresos anuales. Esta rendición de cuentas debe hacerse al asumir el cargo y al finalizar sus funciones.
Una Ley de Transparencia y Derecho a la Información Pública permite a cualquier ciudadano presentarse a la Centro Nacional de Registros o la misma Asamblea legislativa, para citar dos ejemplos, a pedir información sobre la adquisición de bienes públicos o cuando un funcionario de gobierno ha adquirido bienes como residencias, bancos, casas veraniegas o se ha asociado con otras personas para hacerse de empresas nacionales o internacionales; lo mismo para conocer de proyectos o leyes aprobadas por los diputados, saber del monto de sus salarios u otros ingresos como viáticos, remuneraciones o cuotas destinadas para gasolina u otras prestaciones supuestamente establecidas en la ley. Si un funcionario del ejecutivo, del legislativo o del Órgano Judicial ha cometido una anomalía, la Corte de Cuentas o la Fiscalía General de la República deben de proceder para seguir las investigaciones del caso y llevar al o los responsables a los tribunales correspondientes. En casos de corrupción debidamente comprobados no deben existir atenuantes ni consideraciones de ningún tipo. Nombres, cargos, montos de lo estafado o robado al Estado deben citarse y adjuntarse como pruebas para cumplir con las diligencias y proceder conforme establecen las leyes.
El presidente de la república está en el deber de sancionar, vetar o hacer observaciones al decreto enviado a su despacho por la Asamblea Legislativa; pero cometería un grave error si se opone a que se conozcan los detalles en toda su amplitud de lo estafado o del desfalco hecho a una institución pública, así como no dar nombres de los responsables. Los corruptos deben pagar por sus delitos pues al cometerlos sabían exactamente lo que estaban haciendo, a quienes estaban perjudicando y cuáles serían sus “ganancias” en el hecho cometido. Todo funcionario debe actuar con honestidad y comprometerse a ser un servidor público y no servirse de su cargo para cometer fechorías. Si no está satisfecho con sus funciones y con el salario devengado debe renunciar y dedicarse a otras actividades.
El derecho a la información de los medios
La libertad de expresión del pensamiento y el libre acceso a las fuentes de información, carecerían de objetivo final “si no se las mantuviera con el propósito de poner en plena vigencia el derecho a la información. Ese derecho social constituye la raíz del sistema contemporáneo de la comunicación colectiva”. Las sociedades se gobiernan por leyes, pero ni el gobierno ni las dependencias judiciales son los suficientemente eficaces para divulgarlas. El desenvolvimiento tranquilo y ordenado de una sociedad depende del clima de la opinión pública y esta regla rige también en lo que se refiere a la selección de los gobernantes de cualquier comunidad. El elector en el sistema democrático o los ciudadanos en cualquier sociedad necesitan de la información no sólo como fuente de sus decisiones electorales; su tarea no es únicamente la de juzgar las actuaciones de los políticos y votar a favor o en contra; su deber tiene otro y aún más importante contenido, tantas veces tiende a olvidarse, y es el deber de mantener la ley.
La razón fundamental para que en muchos casos la prensa sólo consiga alertar a un funcionario ejecutivo o al público, reside en la naturaleza de los intereses discrepantes de la gente. A consecuencia de este hecho, por ejemplo, las noticias de los periódicos y de la televisión, fueron perjudiciales para los planes hegemónicos del presidente Richard Nixon o de los planes golpistas contra el presidente Hugo Rafael Chávez, en Venezuela o contra Rafael Correa, en Ecuador. Desde luego, los medios tienen el deber cuando no la obligación de ser veraces en sus informaciones, de no faltar a la ética y no ofender o calumniar a un funcionario, como tantas veces observamos en la prensa salvadoreña, sobre todo en el diario de hoy.
La prensa no puede asumir sola la responsabilidad que le impone la ciudadanía; la tarea de verificar que se publique la verdad no corresponde sólo a los periódicos; éstos no pueden cargar unilateralmente con tamaña cruz, ni quieren hacerlo; la mayor parte, a lo más, acoge favorablemente aclaraciones o polémicas relacionadas con noticias aparecidas en sus columnas. Únicamente en las dictaduras los ciudadanos delegan al gobierno la calificación de la verdad. La tarea de que la verdad sea efectivamente conocida es en una democracia el deber de todos.
Sin que importe precisar los alcances del término “administración”, la prensa juega frente a ésta un papel singular, aun cuando parece que se impone el criterio generalizado de que la mayor parte de su utilidad radica en dar la seguridad de que el funcionario es de hecho responsable ante el pueblo y ante sus representantes elegidos. Así, cuando la prensa descubre, como lo hace a veces, malversaciones fiscales, tales como el saqueo del tesoro del Estado, las noticias tienden a determinar responsabilidades y a denunciar a los culpables ante los tribunales, si no de la justicia, por lo menos de la opinión pública. Estas acusaciones son espectaculares, interesantes y prácticas. El tiempo y el dinero gastados por los diarios para dar a conocer tales hechos están bien empleados, la prensa debe ser encomiada por esta tarea y por los resultados que obtiene al velar porque los buenos funcionarios se mantengan siempre como tales y no sucumban a ninguna tentación.
Lamentablemente en nuestro medio no siempre todos los órganos de difusión, sobre todo el diario de hoy, informan con honestidad e imparcialidad y lo hacen respondiendo a determinada agenda política. Recientemente se acusó de anomalías y de un faltante al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), la información fue sesgada y no se consultó al director de la dependencia para aclarar, aceptar o desvanecer las acusaciones. Lo mismo ha pasado con ciertas alcaldías, sobre todo las gobernadas por el FMLN. Desde luego, los funcionarios de cualquier ramo deben ejercer los deberes a su cargo inteligentemente: saber lo qué pasa, conocer lo indispensable para permanecer en su ejercicio; y en este campo la prensa debe cumplir con su deber de informar.
En síntesis, los medios suministran la información de carácter general que el funcionario encuentra adecuada para el manejo de su organización, a través de las columnas o espacios noticiosos, nacionales y extranjeros, todas éstas son en extremo útiles, pero, según el carácter de la oficina, puede haber otras fuentes de mayor y más peculiar interés. Así, los anuncios de precios de artículos de consumo son indispensables para los departamentos de estadísticas en materia laboral. Las secciones de deporte interesan en muchas facetas a todas aquellas ramas gubernamentales que tienen a su cargo programas de esparcimiento y reglamentaciones concernientes a la violación de zonas de recreación. Pero, reiteramos, la prensa diaria no puede, por lo común, hacer otra cosa que alertar al funcionario sobre las ocurrencias del momento; hacerle notar que algo está pasando y que debe informarse más a fondo sobre la materia. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública puede ser una herramienta formidable para los medios de difusión, siempre y cuando procedan con ética, honestidad e imparcialidad.
Los derechos de la población
Estamos hablando de un derecho de toda la población a saber cómo se administran los dineros, dónde ser invierte y cuáles son los porcentajes, las empresas participantes, en qué consisten las obras o los proyectos y los tiempos estipulados. En los cuatro gobiernos de Arena se cometieron millonarias estafas, recordemos algunas: el “saneamiento” de los bancos estatales quebrados al no recuperar muchos de los préstamos otorgados a “grandes” empresarios durante los años 80. Al privatizarse el sistema financiero el Banco Central de Reserva otorgó 705 millones de dólares dinero nunca devuelto a las arcas del Estado. El mismo presidente de la república, Alfredo Cristiani se apropió del Banco Cuscatlán. Fue el año 1990.
En 1991 se conoció oficialmente de un faltante de nueve millones de dólares en la CEL. Nunca se desvaneció tal situación y jamás autoridad alguna se responsabilizó de esa millonaria estafa. En 1994 se produjo la malversación en los ingenios azucareros por 15 millones de dólares. Tampoco se investigó ni se llevó a los tribunales correspondientes a los responsables. Un año más tarde se dio el fraude en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social por 2.4 millones de dólares. Nadie fue investigado ni llevado a los tribunales de justicia. Y así podríamos continuar con la interminable camándula de corrupción. ¿Por qué esos regímenes nunca patrocinaron ni presentaron un anteproyecto de una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a la Asamblea Legislativa? Habrá que preguntarles las razones a los ex presidentes de la república, Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol, Francisco Flores y Antonio Saca.
En toda democracia bien establecida, donde se respete la ley, los ciudadanos tienen el pleno derecho de exigir información sobre las licitaciones, el Presupuesto Anual de la Nación, los contratos, convenios y toda obra realizada por el gobierno con los impuestos pagados por los contribuyentes o por préstamos firmados con otros países o instituciones financieras internacionales. Del mismo modo, desde el presidente de la república al último funcionario, tienen LA OBLIGACIÓN de presentar a la Corte de Cuentas u Oficina de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, si existe, sus bienes materiales, residencias, vehículos, relación de sus empresas y sus ingresos anuales. Esta rendición de cuentas debe hacerse al asumir el cargo y al finalizar sus funciones.
Una Ley de Transparencia y Derecho a la Información Pública permite a cualquier ciudadano presentarse a la Centro Nacional de Registros o la misma Asamblea legislativa, para citar dos ejemplos, a pedir información sobre la adquisición de bienes públicos o cuando un funcionario de gobierno ha adquirido bienes como residencias, bancos, casas veraniegas o se ha asociado con otras personas para hacerse de empresas nacionales o internacionales; lo mismo para conocer de proyectos o leyes aprobadas por los diputados, saber del monto de sus salarios u otros ingresos como viáticos, remuneraciones o cuotas destinadas para gasolina u otras prestaciones supuestamente establecidas en la ley. Si un funcionario del ejecutivo, del legislativo o del Órgano Judicial ha cometido una anomalía, la Corte de Cuentas o la Fiscalía General de la República deben de proceder para seguir las investigaciones del caso y llevar al o los responsables a los tribunales correspondientes. En casos de corrupción debidamente comprobados no deben existir atenuantes ni consideraciones de ningún tipo. Nombres, cargos, montos de lo estafado o robado al Estado deben citarse y adjuntarse como pruebas para cumplir con las diligencias y proceder conforme establecen las leyes.
El presidente de la república está en el deber de sancionar, vetar o hacer observaciones al decreto enviado a su despacho por la Asamblea Legislativa; pero cometería un grave error si se opone a que se conozcan los detalles en toda su amplitud de lo estafado o del desfalco hecho a una institución pública, así como no dar nombres de los responsables. Los corruptos deben pagar por sus delitos pues al cometerlos sabían exactamente lo que estaban haciendo, a quienes estaban perjudicando y cuáles serían sus “ganancias” en el hecho cometido. Todo funcionario debe actuar con honestidad y comprometerse a ser un servidor público y no servirse de su cargo para cometer fechorías. Si no está satisfecho con sus funciones y con el salario devengado debe renunciar y dedicarse a otras actividades.
El derecho a la información de los medios
La libertad de expresión del pensamiento y el libre acceso a las fuentes de información, carecerían de objetivo final “si no se las mantuviera con el propósito de poner en plena vigencia el derecho a la información. Ese derecho social constituye la raíz del sistema contemporáneo de la comunicación colectiva”. Las sociedades se gobiernan por leyes, pero ni el gobierno ni las dependencias judiciales son los suficientemente eficaces para divulgarlas. El desenvolvimiento tranquilo y ordenado de una sociedad depende del clima de la opinión pública y esta regla rige también en lo que se refiere a la selección de los gobernantes de cualquier comunidad. El elector en el sistema democrático o los ciudadanos en cualquier sociedad necesitan de la información no sólo como fuente de sus decisiones electorales; su tarea no es únicamente la de juzgar las actuaciones de los políticos y votar a favor o en contra; su deber tiene otro y aún más importante contenido, tantas veces tiende a olvidarse, y es el deber de mantener la ley.
La razón fundamental para que en muchos casos la prensa sólo consiga alertar a un funcionario ejecutivo o al público, reside en la naturaleza de los intereses discrepantes de la gente. A consecuencia de este hecho, por ejemplo, las noticias de los periódicos y de la televisión, fueron perjudiciales para los planes hegemónicos del presidente Richard Nixon o de los planes golpistas contra el presidente Hugo Rafael Chávez, en Venezuela o contra Rafael Correa, en Ecuador. Desde luego, los medios tienen el deber cuando no la obligación de ser veraces en sus informaciones, de no faltar a la ética y no ofender o calumniar a un funcionario, como tantas veces observamos en la prensa salvadoreña, sobre todo en el diario de hoy.
La prensa no puede asumir sola la responsabilidad que le impone la ciudadanía; la tarea de verificar que se publique la verdad no corresponde sólo a los periódicos; éstos no pueden cargar unilateralmente con tamaña cruz, ni quieren hacerlo; la mayor parte, a lo más, acoge favorablemente aclaraciones o polémicas relacionadas con noticias aparecidas en sus columnas. Únicamente en las dictaduras los ciudadanos delegan al gobierno la calificación de la verdad. La tarea de que la verdad sea efectivamente conocida es en una democracia el deber de todos.
Sin que importe precisar los alcances del término “administración”, la prensa juega frente a ésta un papel singular, aun cuando parece que se impone el criterio generalizado de que la mayor parte de su utilidad radica en dar la seguridad de que el funcionario es de hecho responsable ante el pueblo y ante sus representantes elegidos. Así, cuando la prensa descubre, como lo hace a veces, malversaciones fiscales, tales como el saqueo del tesoro del Estado, las noticias tienden a determinar responsabilidades y a denunciar a los culpables ante los tribunales, si no de la justicia, por lo menos de la opinión pública. Estas acusaciones son espectaculares, interesantes y prácticas. El tiempo y el dinero gastados por los diarios para dar a conocer tales hechos están bien empleados, la prensa debe ser encomiada por esta tarea y por los resultados que obtiene al velar porque los buenos funcionarios se mantengan siempre como tales y no sucumban a ninguna tentación.
Lamentablemente en nuestro medio no siempre todos los órganos de difusión, sobre todo el diario de hoy, informan con honestidad e imparcialidad y lo hacen respondiendo a determinada agenda política. Recientemente se acusó de anomalías y de un faltante al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), la información fue sesgada y no se consultó al director de la dependencia para aclarar, aceptar o desvanecer las acusaciones. Lo mismo ha pasado con ciertas alcaldías, sobre todo las gobernadas por el FMLN. Desde luego, los funcionarios de cualquier ramo deben ejercer los deberes a su cargo inteligentemente: saber lo qué pasa, conocer lo indispensable para permanecer en su ejercicio; y en este campo la prensa debe cumplir con su deber de informar.
En síntesis, los medios suministran la información de carácter general que el funcionario encuentra adecuada para el manejo de su organización, a través de las columnas o espacios noticiosos, nacionales y extranjeros, todas éstas son en extremo útiles, pero, según el carácter de la oficina, puede haber otras fuentes de mayor y más peculiar interés. Así, los anuncios de precios de artículos de consumo son indispensables para los departamentos de estadísticas en materia laboral. Las secciones de deporte interesan en muchas facetas a todas aquellas ramas gubernamentales que tienen a su cargo programas de esparcimiento y reglamentaciones concernientes a la violación de zonas de recreación. Pero, reiteramos, la prensa diaria no puede, por lo común, hacer otra cosa que alertar al funcionario sobre las ocurrencias del momento; hacerle notar que algo está pasando y que debe informarse más a fondo sobre la materia. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública puede ser una herramienta formidable para los medios de difusión, siempre y cuando procedan con ética, honestidad e imparcialidad.
El clima de odio contra los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos fue uno de los desencadenantes del atentado del pasado sábado en Arizona, el cual dejó saldo de seis personas muertas y una congresista demócrata herida de gravedad, de acuerdo con el integrante de la organización Somos América, Alfredo Gutiérrez. 
