La guerra popular de liberación en Libia causa bajas al agresor imperialista

Empleando como fuente informativa el blog de Leonor descubrimos que:

- El ejército libio afirma haber derribado 6 helicópteros de la OTAN en Al Breda y otros en Zintan.

 Que Gadafi pregunte a Al Duri qué hay que hacer con los helicópteros Apache

- Ajdabiya ha sido liberado de natoterroristas por el ejército.

- En Darna ha explotado una fábrica de armas de los terroristas y una tribu local se ha levantado. Tras liquidar al jefe del autoproclamado "emirato" local integrista fascista llamado Amin Abdala la ciudad está liberada y proclama su apoyo al gobierno legítimo.

- El campo Almajda en Tobruk ha sido eliminado y los terroristas ejecutados.
- El gobierno libio amnistía a 500 antiguos opositores armados quienes han entendido que estaban sirviendo a los criminales imperialistas en su intento de colonizar su país y se han entregado.

- 2 mil personas de la Tribu Warfala se han manifestado en Bengasi con banderas verdes. Los terroristas están intimidados porque es la principal tribu del país y no se atreven a reprimirla por miedo a las consecuencias.

Aunque parezca increíble la heroica acción conjunta política y militar de las tropas y las masas está quitando toda iniciativa al ataque criminal de la OTAN y sus mercenarios integristas y terroristas. Las masas árabes y africanas ya han tomado a Gadafi como un nuevo Nasser, un nuevo Nkrumah, un nuevo héroe de la Libertad contra el colonialismo.

El Partido Comunista de Venezuela exige a Chávez anular pactos de inteligencia con Colombia

Porque viola la soberanía nacional y la información son usados por la inteligencia norteamericana y sionista de Israel, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) demandó al gobierno venezolano, dejar sin efecto la cooperación en materia de inteligencia con el gobierno y policía colombiana

Kaos. Venezuela | Tribuna Popular | 

 

 

Porque viola la soberanía nacional y la información son usados por la inteligencia norteamericana y sionista de Israel, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) demandó al gobierno venezolano, dejar sin efecto la cooperación en materia de inteligencia con el gobierno y policía colombiana.

Así lo expresó Oscar Figuera, Secretario General del PCV en la rueda de prensa de este lunes, a propósito de los antecedentes entregados por el propio gobierno venezolano, sobre la cooperación que mantiene en materia de inteligencia con el gobierno de Colombia que han significado la captura y entrega de cuadros revolucionarios al régimen narcoparamilitar de la oligarquía colombiana.

“El Partido Comunista considera que está cooperación en materia de inteligencia, están vulnerando la soberanía de nuestro país”, indicó el dirigente comunista.

De acuerdo a los antecedentes que maneja el PCV y entregados por las propias autoridades venezolanas, fue Colombia quién informó a Caracas de la presencia del cantautor y miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), “No es posible que la inteligencia colombiana, en este caso el DAS pueda señalarle al gobierno venezolano donde están actuando los revolucionarios y revolucionarias en nuestro territorio, si no tienen agentes colombianos en territorio venezolano”, señaló Figuera.

Para el Partido Comunista de Venezuela, esta actuación de los agentes colombianos vulnera la soberanía nacional.

Pero también el PCV denunció que está cooperación de inteligencia con el gobierno colombiano, directamente está siendo utilizada por los organismos de inteligencia norteamericanos y de Israel, toda vez que es conocido los acuerdos en esta materia que tiene el Gobierno de Colombia con la CIA y Mossad del Estado sionista de Israel.

“Existe información que la data que se entrega en Venezuela a la inteligencia colombiana es del conocimiento, dominio, manejo y utilización por parte de la inteligencia norteamericana y del sionismo internacional”.

Por estas dos razones –la violación a la soberanía nacional y el uso de la información por parte de enemigos declarado de nuestro país, como son el norteamericano y el sionismo israelí- el Partido Comunista demandó dejar sin efecto los convenios de cooperación en materia de inteligencia con el gobierno colombiano.

GOBIERNO VENEZOLANO VULNERA EL DERECHO A LA DEFENSA

El Partido Comunista de Venezuela, también se refirió a lo que público y notorio, el abandono del gobierno nacional de los derechos que tiene todo ciudadano nacional o extranjero, el derecho mínimo a la defensa.

“Así como se le garantiza el derecho a la defensa de los ciudadanos venezolanos en cualquier país de mundo, en Venezuela que trabajamos y luchamos por constituir una nueva sociedad y un Estado Revolucionario, debe garantizarse a las y los revolucionarios, al menos, el derecho a la defensa”, demandó el PCV.

Situación que no ha sucedido en el caso de las entregas y deportaciones que el gobierno nacional a realizado por la vía administrativa, vulnerando así las leyes nacional, la Constitución Bolivariana de Venezuela y los acuerdos internacionales.

Pero además frente a las expresiones que se han venido señalando en torno al caso del Cantautor de las Farc, Julián Conrado, el Partido Comunista pidió al Ejecutivo Nacional que no se equipare y se ponga en una misma balanza, a los paramilitares que son parte del gobierno colombiano y al narcotráfico, con las y los luchadores colombianos.

“No se corresponde con una valoración ideológica y política transformadora, el que nosotros echemos en un solo saco a quienes actúan en actos de delincuencia común, a quienes sirven al Estado terrorista y narcoparamilitar colombiano, como son los paramilitares, con quienes resisten la dominación del imperialismo y del estado colombiano”, enfatizó Figuera.

Niños cubanos reclaman libertad de los Cinco

Don José Artigas, protector de los pueblos libres

 

http://elmuertoquehabla.blogspot.com/ 

Video sobre el Gral. Don José Gervasio Artigas, emitido en la serie Caudillos del canal argentino Encuentro, y más allá de algunas omisiones o errores, contiene importantes y valiosos testimonios de historiadores uruguayos, como el Prof. Gonzalo Abella entre otros
Es a través de estos testimonios que se puede reconstruir una imagen de ese hombre que fue el Gral. Artigas, sus orígenes, infancia, juventud en el campo...sus años "charrúas" conviviendo con sus hermanos como un igual y reconocido por éstos como un líder...el Karai Guazú...

De allí surge esa relación especial de Artigas con la macro-etnia charrúa como con las otras culturas que poblaron estas tierras hasta el Paraná, incluyendo los guaraníes, chanás, guenoas, todos partícipes junto a los afro-orientales, y los criollos, de esa multiculturalidad que protagonizó una de las epopeyas de mayor singularidad, tanto por el sueño de una Confederación de estados como forma organizativa de las Provincias Unidas, como por la característica esencial de la lucha independista liderada por Artigas: la de ser un pueblo en armas y en asamblea, que defendía las libertades y derechos de los que ya gozaban, y se consagraban con el proyecto artiguista...

Que los más infelices fueran los más privilegiados...Artigas resumía el proyecto federal, la integración multicultural, la justicia y la dignidad. Eso es lo que fue reconocido en su proclamación de Protector de los Pueblos Libres y lo que explica la conformación de la Liga Federal o Liga de los Pueblos Libres o Protectorado de Artigas, y que reunía a la Banda Oriental, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, las Misiones Orientales y Córdoba...

Enfrente de este conglomerado de hombres libres, que peleaban por mantener una forma de vida y plasmar un tipo de organización que consagrara sus libertades y si integración multicultural, se posicionaba claramente el proyecto unitario de la oligarquía porteña, plasmado el 9 de Julio de 1816, pero que ya había sido hecho a saber a Artigas en 1813, cuando en Buenos Aires se rechazan sus diputados en una reunión de representantes de todas las provincias, estos diputados orientales portaban las llamadas "Instrucciones del año XIII", resultado de una consulta entre todas aquellas culturas discriminadas por el proyecto unitario y reafirmada frente a los muros de Montevideo, y en donde el 4 de Abril de 1813 Artigas definirá con claridad:

"Ciudadanos: el resultado de la campaña pasada me puso al frente de vosotros por el voto sagrado de vuestra voluntad general (...)"
"(...) La Asamblea general tantas veces anunciada empezó ya sus sesiones en Buenos Aires. Su reconocimiento nos ha sido ordenado. Resolver sobre el particular ha dado motivo a esta congregación porque yo ofendería gravemente vuestro carácter y el mío (...) si pasara a decidir por mí una materia reservada sólo a vosotros (...) Examinad si debéis reconocer la Asamblea por obedecimiento o por pacto (...)" y si bien recomienda lo segundo, aclara: "(...) Esto ni por asomo se acerca a una separación nacional; garantir las consecuencias del reconocimiento no es negar el reconocimiento"
Los orientales deciden mandar a sus diputados, pero con instrucciones a las que deberán ajustarse...De esas "Instrucciones del año XIII" se resalta:
"Art 1. Primeramente pedirá la declaración de la Independencia absolutas de estas colonias, que ellas serán absueltas de toda obligación a la Corona de España y familia de los Borbones y que toda conexión política entre ellas y el estado de España es y debe ser totalmente disuelta.
Art.2. No admitirá otro sistema que el de confederación para el pacto recíproco con las provincias que forman nuestro estado (...)
Art 3. Promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable (...)"
Los diputados orientales no son aceptados...

"(....) Artigas va fortaleciendo las redes de las culturas discriminadas y para ello tiene sabios asesores entre los caiques charrúas, los jefes tapes, los gauchos y los afro-orientales como Joaquín Lencina. Luego del segundo sitio "el Montevideo español se derrumba. Primero entran los porteños, luego éstos son derrotados por Artigas en Guayabos y Fernando Otorgues (uno de los lugartenientes de Artigas) irrumpe con sus gauchos dentro de las murallas de la ciudadela. Artigas no entra. En realidad, desde los catorce años de edad, las pocas veces que José Artigas se aproxima a alguna ciudad es para sitiarla (...)"

Como dato adicional, la bandera artiguista que se enarbola en Montevideo en ese momento, tiene una disposición diferente de las franjas, y llega a nuestros días como "la bandera de Otorgués", bandera que el Frente Amplio en 1971 toma como distintiva de la fuerza política hasta nuestros días.

Los cables de la embajada

Los cables entregados a El Faro por WikiLeaks confirman a la embajada de los Estados Unidos como una contraparte decisiva a la que todas las esferas del poder nacional acuden en busca de apoyo o beneplácito, a la vez que desvelan conspiraciones geopolíticas, los dobles discursos de los gobernantes y hasta las palabras de algún político que admite haber incurrido en delito.

José Luis Sanz y Rodrigo Baires

elfaro.net

Mercado Cuartel. San Salvador. Foto El Faro

En El Salvador hay decenas de sedes diplomáticas, pero solo una embajada, o al menos solo una a la que no haya que poner apellido, que no necesite bandera al ser nombrada. En El Salvador, por tradición histórica y por influencia política, cuando uno habla de “la embajada” se refiere a la estadounidense. La huella de la ayuda militar de la administración Reagan a la estrategia contrainsurgente del ejército salvadoreño durante la guerra civil de los 80 mantiene a la embajada presente aun hoy, 19 años después de los Acuerdos de Paz, en las teorías conspirativas de la izquierda y en las fotos de familia de la derecha. Su voz o su silencio en época de campaña electoral posiblemente haya decantado miles de votos entre quienes temieron por años que un resultado adverso a los deseos de Washington pudiera cortar el flujo de remesas familiares desde Estados Unidos. En las calles anida el mítico rumor de que sus instalaciones en la colonia residencial Santa Elena, en el municipio de Antiguo Cuscatlán, a las afueras de San Salvador, solo son superadas en tamaño por la embajada estadounidense en Israel.

De esa embajada omnipresente proceden la mayoría de los 942 cables diplomáticos que WikiLeaks entregó hace algunas semanas a El Faro para su análisis y publicación, y que esta semana empezamos a revelar. Su contenido transparenta la visión que la diplomacia norteamericana tiene del proceso de posguerra salvadoreño, y es un escaparate de la naturaleza y funcionamiento de las relaciones de Estados Unidos con el gobierno y los principales actores políticos y económicos de un país al que considera, según se recoge varias veces en los cables, su “leal aliado”.

Si a las puertas de la embajada de Santa Elena acuden a diario en peregrinación cientos de hombres y mujeres en busca de visa para migrar hacia el Norte, donde ya habita un tercio de la población salvadoreña, sus despachos aparecen también, documento a documento, como lugar de paso obligado para las élites nacionales. Durante años, prominentes funcionarios públicos, líderes partidarios y empresarios han visitado la embajada para compartir con diplomáticos estadounidenses sus temores y opiniones personales, así como estrategias políticas ocultas que no confesarían en público a los ciudadanos salvadoreños.

Las actas de algunas de esas visitas ponen en evidencia, por ejemplo, el doble discurso del gobierno de Antonio Saca en cuestiones de política internacional, constatan las estrategias conspirativas de sectores de la empresa privada temerosos de una victoria del FMLN en las elecciones de 2009 y descubren a una oposición que, ante la posibilidad de alcanzar el Ejecutivo, corre a congraciarse con Washington y se desdice de promesas de campaña anteriores.
Sentados frente a funcionarios norteamericanos, políticos salvadoreños admiten incluso la comisión o conocimiento de diferentes tipos de delito, como la presentación de firmas falsas en el proceso de legalización de un partido ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), un organismo que la embajada califica en varios de los cables como “dominado por Arena”. En este sentido, es especialmente dramático asistir al detallado relato que ciertos cables hacen de conversaciones en las que altos funcionarios o incluso un Fiscal General de la República trasladan a los representantes del gobierno de Estados Unidos sospechas de corrupción o acusaciones directas contra ministros o contra jefes policiales por presuntos delitos que van desde el enriquecimiento ilícito hasta el encubrimiento de lavado de dinero. Ninguno de los funcionarios que hicieron al oído de Estados Unidos estas denuncias divulgó las pruebas que dijo tener en su poder o emprendió una investigación formal, aun cuando hacerlo estuviera, por ley, entre sus atribuciones.

La administración Saca

El paquete de 942 cables entregado por WikiLeaks a El Faro para su análisis y divulgación es parte de los 250 mil cables del Departamento de Estado entregados hace un año al New York Times, El País, The Guardian, Der Spiegel y Le Monde, y comprende 564 documentos tipificados como desclasificados, 271 como confidenciales y 17 como secretos. 878 fueron redactados por la embajada estadounidense en El Salvador y enviados a distintas instancias del Departamento de Estado, a menudo con copia a otras delegaciones diplomáticas en la región. Los otros 64 se originaron en la sede de la Secretaría de Estado o en terceros países con presencia diplomática norteamericana. Dos de ellos proceden de la embajada estadounidense en Polonia y se refieren a procesos políticos o negociaciones petroleras en Europa central, sin ninguna relación con El Salvador.

El primero de los cables en poder de El Faro está fechado el 27 de febrero de 2003 y el último el 23 de diciembre de 2008, pero solo los primeros cinco pertenecen al período del gobierno de Francisco Flores. Casi la totalidad corresponden, por tanto, a los años en que el presidente de la república era Antonio Saca, y el canciller era Francisco Laínez y es su administración la que resulta retratada en las revelaciones que durante las próximas semanas hará El Faro. En el período que abarcan los cables entró en vigor el CAFTA, ocurrieron los sucesos del 5 de julio de 2006, se ventilaron en plena campaña electoral las sospechas de vínculos entre el FMLN y las FARC tras la muerte de Raúl Reyes y la captura de sus computadoras, se enviaron 11 contingentes militares salvadoreños a Iraq, se impulsó una reforma fiscal, se crearon dos fideicomisos, renunciaron un ministro de Hacienda y un secretario técnico de la presidencia, se celebró una elección legislativa y municipal en 2006 y se eligieron dos candidatos a la presidencia con la mirada puesta en 2009.

Asimismo, los cables originados en la embajada en El Salvador corresponden a los períodos de los embajadores Douglas Barclay y Charles L. Glazer. Barclay, senador estatal de Nueva York durante 20 años, fue un fuerte financista de las campañas electorales de George W. Bush y estuvo destinado en San Salvador entre diciembre de 2003 y julio de 2006. Glazer, un banquero de inversiones de Connecticut, estuvo en el país desde enero de 2007 hasta enero de 2009. Destacados miembros del partido republicano ambos, ninguno de los dos tenía experiencia diplomática previa cuando llegó a San Salvador.

Durante la misión de ambos embajadores, las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y El Salvador fueron fluidas a la luz de lo que recogen los cables, y estuvieron marcadas principalmente por tres temas: la presencia de tropas salvadoreñas en Iraq, la insistente búsqueda de un nuevo tratado de extradición entre los dos países y la constante deportación de ciudadanos salvadoreños desde Estados Unidos.

Esas deportaciones fueron, según hacen constar funcionarios estadounidenses en diferentes cables, “el único punto de roce” ocasional entre la administración Saca y el gobierno de Bush. Las actas de reuniones entre la embajada y funcionarios de Cancillería o del gabinete de Seguridad recogen repetidos reclamos de las autoridades salvadoreñas, que relacionaban en buena medida el problema de criminalidad del país con la llegada de deportados con antecedentes penales en Estados Unidos. Irónicamente, según muestran los documentos, en 2006 el gobierno salvadoreño accedió a abanderar los procesos de deportaciones masivas. Por el contrario, la presencia de tropas en Iraq aparece como el mayor punto de afinidad entre ambos gobiernos. El constante envío de nuevos contingentes del Batallón Cuscatlán entre 2003 y 2008 sirvió para que Estados Unidos valorara a El Salvador como un aliado incondicional en la lucha contra el terrorismo internacional promulgada por Bush, hasta el punto de que Washington se atrevió a solicitar a Saca que acogiera en su territorio a presos de Guantánamo.

Fuera de estos tres asuntos bilaterales y de la preocupación compartida por la creciente incidencia del gobierno venezolano en Centroamérica, es la política interna salvadoreña la que concentra la mayor parte de los intercambios epistolares entre la embajada y la sede de la Secretaría de Estado en Washington. Los cables retratan a El Salvador como un país en lento proceso de construcción institucional; en el que Arena y el FMLN son, según firmaba Barclay en septiembre de 2006, “dos extremas polares que trabajan más uno contra el otro que por el bien común”; cuya economía está controlada “por un pequeño grupo de gente”; y en el que tanto en el sector público como en el privado “es más importante a quién conoces que lo que sabes”, en palabras de Glazer en agosto de 2007.

En cuanto a la administración Saca, la embajada la perfila en sus primeros años como eficiente en su gestión económica y comprometida con la solución de los problemas de seguridad del país, aunque a medida que avanza el tiempo se van consolidando entre los funcionarios estadounidenses fuertes dudas sobre la capacidad del gabinete de Seguridad y una creciente preocupación por la solvencia financiera del gobierno salvadoreño, que en diciembre de 2008 sufría según fuentes de la embajada un grave problema de liquidez por culpa, según Glazer, de “políticas económicas poco meditadas”.

La principal constante en los casi mil cables analizados por El Faro es, en todo caso, una evidente preocupación de Estados Unidos por las elecciones presidenciales de 2009. Durante toda la gestión Saca, la embajada interpretó cada movimiento del voluble panorama político salvadoreño bajo el criterio del efecto que pudiera tener en el desempeño electoral de Arena. Esto explica que durante todo 2007 la representación diplomática prestara especial atención a la posible candidatura presidencial del alcalde de San Miguel, Wil Salgado, por el impacto que esta hubiera podido tener entre los votantes de derecha. 

Cuestiones esenciales de las relaciones bilaterales, como le renovación del TPS, la implementación del CAFTA, la posible designación de El Salvador como Aliado Importante No-OTAN o el ritmo de desembolsos de los fondos de la Cuenta del Milenio también se analizaron teniendo en cuenta, entre otros criterios, su posible efecto en la elección de 2006 primero y en la de 2009 después. La conformación de alianzas entre partidos y el proceso de elección de candidatos, con especial atención al “interés de Saca en que René Figueroa sea su sucesor”, que Barclay ya reseña en 2006, reciben abundante espacio y derivan incluso en propuestas de acción enviadas por la embajada a Washington para que interfiera en el proceso.

Enfrente, los cables reflejan también los esfuerzos del FMLN por mejorar sus relaciones con la embajada estadounidense a partir de la segunda mitad de 2006 -después de los asesinatos de policías cometidos por Mario Belloso en una manifestación- y en 2007, especialmente durante los meses previos a la postulación oficial del ahora presidente Mauricio Funes como candidato. Funes era, según revelan los cables, un candidato en el que la embajada estadounidense no confiaba. Por un lado, oficiales políticos de la embajada dudaban de cuál era en detalle su ideología. Después, el mismo embajador Glazer expresó dudas sobre la capacidad que el ex periodista tendría para gobernar de forma independiente frente a un FMLN que a ojos de la diplomacia norteamericana oscila desde hace años entre un “marxismo semidemocrático” y el “estalinismo centralista”, y que a pocos meses de la elección de marzo de 2009 concentraba todavía todos los miedos históricos de Estados Unidos hacia la izquierda centroamericana que impulsó las revoluciones de los 70 y los 80.

Los cables de WikiLeaks, con frecuencia, parecen retratar la gran distancia que puede haber entre los discursos y los argumentos públicos de los gobernantes y los políticos, y las convicciones o razones que estos expresan lejos de cámaras, micrófonos y grabadoras.

COLOMBIA ES EL PAÍS CON MÁS DESPLAZADOS Y REFUGIADOS INTERNOS

En los últimos años Colombia se convirtió en el líder global en número de desplazados internos y de refugiados. A este triste fenómeno están vinculados sectores muy poderosos, incluyendo a terratenientes, mafias, sectores políticos y empresas multinacionales.

Una de las víctimas de ese desplazamiento es Janeth, que actualmente se dedica a ayudar a familias que han sido forzadas a abandonar sus casas y parcelas. Un desalojo forzado, según ella, es una de las experiencias más amargas que pueden padecerse.

“Incursionaron a las casas violentando las puertas a la madrugada del 19 de diciembre. De las casas sacaron a todos los habitantes y nos reunieron en la iglesia del pueblo. Ellos llevaban un listado y fueron llamando a unas personas, entre ellas a mi esposo. Entonces, yo me fui para la casa y esperaba que él regresara”, cuenta Janeth.

Pero su esposo nunca regresó. Pocos días después, Janeth huyó con sus cuatro hijos, abandonando todo lo que tenía. De eso hace ya 11 años, pero aún mantiene vivo el recuerdo de su pareja asesinada por los paramilitares. Su preocupación ahora es que sus hijos tengan un destino diferente y próspero, algo por lo que lucha cada día.

Los registros oficiales indican que 3,7 millones de personas sufren esta situación en Colombia. Y un reciente informe de Codhes (una ONG especializada), señala que más de cinco millones de colombianos viven lejos de sus hogares. Estas cifras ubican al país como 'líder' global en número de desplazados internos y de refugiados en el mundo, por delante de países como Sudán, Irak o Afganistán.

Para hacer frente a esta crisis estructural, el Gobierno atiende a esta población apoyándose en la justicia y aplicando compensaciones económicas para las víctimas y se lucha para prevenir este fenómeno. Es lo que pide Janeth para su familia. Ella necesita una ayuda económica para terminar de educar a sus hijos, un sueño que comparte con miles de desplazados. Sus objetivos no son otros que los de que se haga justicia con su caso y mejorar sus condiciones de vida.

“Eso es muy importante, porque es reconocer que el conflicto armado, pero, además, muchas otras conflictividades sociales y políticas, tienen raíces muy profundas en la inequidad social”, señala Carolina Tejada, subdirectora del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP).

Numerosos especialistas están de acuerdo en que el desplazamiento es además un mecanismo para la acumulación de riqueza, ya que a través de él se generan influencias para el control de territorios y recursos. El mayor índice de desplazamiento se presenta en las regiones ricas, que están en el punto de mira de las empresas mineras o en tierras que pueden ser dedicadas a cultivos extensivos, como el de la palma de aceite, que generan cuantiosos beneficios.

Los datos oficiales muestran una disminución en las cifras del desplazamiento de población y el Gobierno plantea una restitución de las tierras usurpadas. Pero paliar la situación actual del país al respecto no es sencillo. Quizá la solución del problema llegue por abordar la impunidad con que se llevan a cabo estos hechos.

Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/america_latina/issue_24887.html

Movimiento Social, Movimiento Político

  

Dagoberto Gutiérrez

Las sociedades humanas se mueven a partir de sus intereses encontrados, es decir, de sus contradicciones. Es cierto que la idea de contradicción implica mucho más que los intereses diferentes y, filosóficamente, va más allá que las necesidades organizadas; pero podemos explicar la acción colectiva y social, que llamaremos movimiento social, a partir de una acumulación sucesiva de intereses económicos, políticos, ideológicos, que en un determinado momento, y luego de una larga, sucesiva e ininterrumpida organización, entran en un momento de estallido aparente, incluso en una organización que casi siempre parece espontánea.

Lo que llamamos movimiento social surge frente al Estado, en un distanciamiento que parece indicar y recordar la existencia de Estado y sociedad como dos cosas diferentes y como expresiones de dos intereses encontrados. El movimiento social viene de abajo y de adentro de la sociedad, es decir, de adentro de la vida y de abajo de las estructuras sociales; por eso mismo, el movimiento social es, al mismo tiempo, popular.

El Estado expresa los intereses de una parte de la sociedad. En tal sentido, el movimiento social, al surgir frente al Estado, también lo está haciendo en contra de los intereses que el Estado expresa y defiende. Entonces, el movimiento social actúa contra el Estado.

Se trata de una acción social colectiva, independiente del Estado, que no requiere del Estado ni lo necesita, que extrae sus energías, sus recursos, sus planteamientos políticos, de las entrañas sociales, sin requerir legalidad estatal ni recursos estatales.

Esta independencia separa y enfrenta al movimiento social de los partidos políticos, que siendo instrumentos estatales que aplican políticas del Estado, están siempre en la mira de los movimientos sociales. Estos partidos resultan ser los que suelen concentrar, en su contra,  el mayor malestar, reclamo, oposición, y hasta odio social.

El accionar de los movimientos sociales es político porque usan métodos y recursos, precisamente políticos, tienen un discurso político, se mueven usando canales y vías no convencionales, es decir, que se comunican fuera de la televisión, las radios o los grandes diarios, pero llegan a tener comunicación efectiva sin adquirir, necesariamente, expresiones orgánicas de organización y sin que se levanten estructuras convenidas de dirección tradicionales. El movimiento social resulta ser un movimiento en donde convergen las personas unidas y convocadas por el llamado de los intereses convergentes y del malestar creciente. Es una especie de BASTA YA! ante un determinado orden de cosas.

El movimiento social expresa de manera inmediata un des-orden, es decir, algo que surge fuera del orden y contra el orden. Usando formas políticas de expresión y convocatoria, el movimiento social puede atraer a personas de diferentes clases sociales que se sienten convocadas por una situación insoportable y carente de límites, en donde el régimen político aparece con las vísceras al aire, putrefacto y ofensivamente expuesto ante todo el mundo.
El movimiento social parece ser un estallido, pero en realidad no lo es, porque se trata, como ya lo hemos dicho, de un proceso acumulativo largamente larvado, sin momentos de respiro pero sí con momentos agravantes que suelen precipitar el surgimiento del BASTA YA!.

El movimiento social resulta ser convocante, lleno de energía y de formas organizativas novedosas, no usa formas ni métodos tradicionales de los partidos políticos; en ningún caso depende de los partidos políticos tradicionales, y ni puede ni debe ser absorbido ni controlado por estos partidos, ni es, en realidad, movimiento político vinculado al Estado.
Aquí  aparece la diferencia con los partidos políticos. Estos, en ningún caso, son o pueden ser movimiento social porque forman parte de la aparatura estatal. Y, cuando un movimiento social se transforma en partido político, deja de ser movimiento social y muere como tal en función del Estado.

En realidad, un partido político no puede llegar a ser movimiento social pero un movimiento social sí puede llegar a ser partido político; es decir, que puede llegar a ser cooptado por el Estado, y esto requiere desaparecer como movimiento social para convertirse en aparato estatal.

El movimiento político es aquel que tiene una clara opción por el poder político, esto lo caracteriza y lo define porque este movimiento busca, entonces, la captura del aparato estatal y esto lo diferencia del movimiento social, que no busca necesariamente el poder político y que cuando se expresa como movimiento político deja de ser movimiento social y entonces requerirá programa político, organización política, dirigencia política. Y, en determinadas circunstancias, deberá cumplir el requisito legal de participar como partido político en determinados eventos políticos.
En estas circunstancias, el movimiento político tiene dos opciones: por un lado puede optar por dejar de ser movimiento político y pasar a ser partido político, o por otro lado puede seguir siendo movimiento político y usar un partido político como su instrumento electoral.

En estas condiciones, ya no estaremos refiriéndonos a un movimiento social, ya sea porque éste se ha transformado en movimiento político o porque ha desaparecido.

El Salvador es un escenario maduro para el surgimiento de movimientos sociales, apurado por la crisis del régimen político y acicateado el proceso por la necesidad insoslayable de construir un nuevo Estado protagónico y participativo que sustituya al viejo y agónico Estado oligárquico.

Crimen de Estado: El caso PARLACEN (Libro)

Capítulo 1
Un macabro hallazgo
El hallazgo de un casquillo de una ametralladora AK-47 fue el principio de todo: el crimen de los tres diputados salvadoreños, y su conductor, lo habían cometido policías. La noticia de ese múltiple asesinato estremeció hasta los más inconmovibles por la lección de crueldad humana que se descubrió en una finca de las afueras de la ciudad de Guatemala.

El teléfono celular de Atila sonó dos o tres veces. Rodrigo Ávila Avilés, un ingeniero industrial quien con poco más de 40 años era ya un veterano policía y también jefe por segunda vez de la institución policial salvadoreña, miró su teléfono. La comunicación se originaba en Guatemala, donde la tierra se había tragado a cuatro salvadoreños, tres de ellos representaban a su país ante el Parlamento Centroamericano (parlacen).
Lunes 19 de febrero del 2007, 7:10 de la noche. Rodrigo Ávila respondió, apresuradamente. Ese coleccionista de gorras, insignias y emblemas de todas las policías del mundo reconoció la voz de Erwin Johann Sperisen Vernon, jefe de la Policía de Guatemala, un cuarentón como él, educado en Estados Unidos. Erwin Sperisen soltó sus primeras palabras como si lanzara cuidadosos dardos.
—Lo siento, mano. No sé cómo decírtelo. Realmente no sé cómo hacerlo... Pero tengo que informarte que apareció el carro en que viajaban los diputados de tu país. De verdad, mano, lo siento. El carro está incinerado y hay cuatro cuerpos quemados—, le dijo Sperisen a Ávila.

El jefe de la Policía de El Salvador miró, por los cristales de su oficina, la gigantesca embajada de Estados Unidos en San Salvador, localizada en el exclusivo barrio de Santa Elena. Cuando escuchó aquello, su rostro se tornó sombrío. Desde varias horas atrás estaba animado de un puntilloso, aunque muy lógico, deseo de saber algo de los diputados desaparecidos, pero esta noticia no era, precisamente, lo que quería escuchar.
El espigado y atlético jefe policial llevaba horas siguiendo los rastros de los tres diputados de su país ante el parlacen. La noticia que llegaba desde Guatemala colocaba a los legisladores en la antesala de la muerte. Hasta el más descreído sabía eso.
Los pasillos de las principales oficinas de seguridad del Gobierno de El Salvador estaban agitados. La desaparición de los legisladores había corrido como pólvora entre los responsables de la seguridad salvadoreña. Desde el presidente Elías Antonio Saca hasta los principales comisarios de la Policía, pasando por el canci-ller Francisco Laínez, estaban enterados de que los tres legisladores no acudieron a los encuentros personales que debieron sostener. Mucho menos llamaron, telefónicamente, a sus familiares para notificar su llegada a Guatemala. Eso empeoró la situación y alentó las suspicacias y las solicitudes de ayuda de sus familiares para localizarlos.

Los tres legisladores, y su conductor, viajaron, desde la mañana de ese 19 de febrero, en un Toyota Land Cruiser hasta ciudad de Guatemala. Se sabía que siguieron la ruta Panamericana que une los dos países y que cruzaron la frontera común. Pero, a las 7:10 de la noche de ese lunes, literalmente, nadie sabía de ellos.
Ninguno de los diputados se registró en el hotel Radisson como lo tenían planeado. Tampoco respondían sus teléfonos. Por eso es que, desde las 3 de la tarde, y ante una serie de solicitudes de las esposas de los parlamentarios, Ávila se comunica con Sperisen y le pide cooperación para tratar de localizarlos.
En altos círculos del Gobierno salvadoreño existía una alerta general. Desde mucho tiempo atrás, la carretera que une a los dos países se había convertido en el peor de los escenarios de asaltos, vejámenes y asesinatos de salvadoreños en tránsito. Por eso es que para localizar a los diputados ante el parlacen intervenían casi todos los miembros del gabinete de seguridad del Gobierno de Saca.

Cuando Ávila escuchó el breve informe de su colega guatemalteco, se le secó la garganta. Sabía la trascendencia del primer informe que le llegaba desde Guatemala sobre el destino de un vehículo Toyota Land Cruiser con placas salvadoreñas P 186-171, en el que viajaban Eduardo José d'Aubuisson Munguía, de casi 33 años, el hijo menor del fallecido mayor Roberto d'Aubuisson Arrieta, un militar anticomunista, principal figura y fundador del entonces partido oficial salvadoreño Alianza Republicana Nacionalista (arena). Eduardo d'Aubuisson no solo era amigo personal de Ávila. Su hermano, Roberto, diputado de arena ante la Asamblea Legislativa, era, desde mucho tiempo atrás, uno de sus mejores amigos.
En el vehículo también viajaba William Rizziery Pichinte, un productor de escobas y sombreros, nacido en la ciudad de Cojutepeque, localizada a 34 kilómetros al oeste de San Salvador, cuya fortuna había crecido rápidamente. Pichin- te había llevado una camioneta, matriculada a nombre de su esposa Carmen. Días antes, D'Aubuisson y Ramón González le habían pedido a él que los transportara hasta Guatemala porque pretendían acudir al inicio de las sesiones ordinarias del parlacen, cuya sede se encuentra en la capital.

El tercer parlamentario era José Ramón González Rivas, un ingeniero agrónomo, quien, por mucho tiempo, fue el hombre que administró al partido arena. El cuarto desaparecido era Gerardo Napoleón Ramírez Castellanos, el conductor y guardaespaldas, por muchos años, de Pichinte y su familia.
Todos ellos habían salido desde las 7 de la mañana de San Salvador. Pichinte, González y D'Aubuisson se reunieron en un restaurante, en el fronterizo departamento de Ahuachapán, con el resto de diputados salvadoreños ante el parlacen, todos ellos de diferentes agrupaciones políticas. Allí desayunaron y salieron en una caravana de cuatro vehículos. Lo extraño era que los compañeros de los diputados designados por arena no llegaron a su destino. Las habitaciones del hotel de D'Aubuisson, Pichinte y González estaban vacías cuando Sperisen dio la primera explicación de que eso sucediese.
La travesía de los diputados fue antecedida por una solicitud formal ante las autoridades guatemaltecas para que policías escoltaran la caravana de vehículos, debido a la inseguridad en las carreteras de ese país. William Pichinte había recolectado información entre sus compañeros para hacer la solicitud y contribuir con el trámite. Esa fue la primera vez que se hizo una petición de esa naturaleza, pero la llamada telefónica de Sperisen a Ávila presagiaba que algo había realmente salido mal.

Por eso es que cuando Rodrigo Ávila escuchó al jefe de la Policía guatemalteca hablar de un vehículo quemado y cuatro cadáveres calcinados lo único que atinó a decir fue: «¡A la puta!». Luego, nerviosamente, le preguntó a Sperisen: «¿Los cuerpos son de los diputados?»
Sperisen guardó unos segundos de silencio y, casi arrastrando las palabras, respondió: «No sé si los cuerpos quemados son los de los diputados. De lo que sí estoy seguro es que mis hombres me informan que el vehículo es el mismo que buscábamos. Las placas lo confirman. Eso es lo que dicen mis hombres que están en el lugar».
Sperisen le describió a Ávila el sitio del hallazgo. Relató que los bomberos fue-ron los primeros en llegar a un solitario recodo a unos 4 kilómetros de la carretera hacia El Salvador, a la altura del kilómetro 36. El vehículo todavía humeaba.
Al escuchar todo, Ávila le dijo a Sperisen que, tan pronto como pudiera, se marcharía para Guatemala y que le avisaría cuando estuviese en la capital, situada a 230 kilómetros al norte de San Salvador.
Cuando acabó la comunicación telefónica, Ávila, quien se encontraba en su despacho rodeado de algunos de sus principales colaboradores, llamó al ministro salvadoreño de Gobernación, René Figueroa, y le transmitió la mala noticia que había recibido de Guatemala. «¡Dios mío!», fue la respuesta de Figueroa, mientras trataba de digerir aquel informe sobre el vehículo quemado. El ministro ya conocía las primeras alertas sobre la desaparición.

La noticia sobre el hallazgo corrió rápidamente. Pronto la supo el presidente salvadoreño, Elías Antonio Saca, quien ordenó que Ávila viajara a Guatemala en el helicóptero presidencial, una moderna aeronave con la capacidad para volar de noche y aterrizar en lugares insospechados.
Después de un cruce de varias llamadas telefónicas, Ávila alistó el equipo humano que lo acompañaría. Pidió a algunos jefes policiales que viajaran con él. Eso sí: solicitó a su secretaria que convocara a un médico forense. Después de escuchar a Sperisen, pensó lo peor. No podía hacer otra cosa que convocar a un experto en necropsias.
Mientras se preparaba el viaje, radioemisoras y televisoras salvadoreñas comenzaron a resbalar las primeras informaciones que se recibían. Entonces, la desaparición de los diputados ya no fue más un secreto oficial.

Que los tres diputados salvadoreños viajaran, ese 19 de febrero del 2007, en el mismo vehículo Toyota Land Cruiser color beige hacia Guatemala fue una verdadera casualidad.
Eduardo d'Aubuisson tenía su viejo Ford 4×4 en el taller mecánico. Por eso llamó a William Pichinte para pedirle que le permitiera viajar con él. Ramón González, que siempre andaba de buen humor, también poseía sus propias motivaciones: una de sus hijas estaba a punto de dar a luz y por eso decidió dejar su vehículo en San Salvador. González quería que fuese ocupado por su esposa para trasladar a su hija hacia el hospital ante una emergencia anunciada.

Guatemala no era un país ajeno para D'Aubuisson. Su padre vivió varios años en ese país, huyendo de sus enemigos políticos. Desde ahí planeaba sus mayo-res conspiraciones anticomunistas y luchas contra Gobiernos estatistas que no eran de su agrado. Fue en Guatemala donde nació el partido arena. Además, Eduardo d'Aubuisson era un administrador de empresas graduado en la afamada Universidad Francisco Marroquín. Quizá por eso es que, dos días antes de viajar a Guatemala, analizaba con su hermano Roberto la posibilidad de establecer una empresa importadora de vehículos usados como una manera de fortalecer la economía familiar.

D'Aubuisson sufrió, muy joven, un accidente automovilístico que le dejó una cojera permanente tras soportar, después, 37 operaciones quirúrgicas. Eso no lo inhibió. Mucho menos lo acomplejó. Era un joven extrovertido y siempre estaba de buen semblante. Muy pronto sacó su mejor talento político hasta llegar a presidir a la Juventud de arena.
Ramón González también mostraba una larga trayectoria en el partido que había colocado ya a cuatro presidentes de la República. A sus 53 años era para arena uno de sus hombres claves. Sobre todo porque manejaba las finanzas internas. Aunque rehuía las apariciones públicas, todos sabían que Monchito era uno de los personeros más respetados por todos los presidentes y dirigentes que habían pasado por la agrupación de derecha más importante de El Salvador.

William Pichinte poseía una fábrica de escobas y sombreros en El Salvador. También quería montar un negocio similar en Guatemala, donde tenía varios amigos empresarios y otras viejas amistades. En los últimos años la buena fortuna se la acercó a Pichinte. Sus negocios caminaban bien, al igual que su trabajo político, aunque no era un hombre de confianza del presidente Saca en el 2007.
Pichinte la noche anterior de hacer el viaje hacia la ciudad de Guatemala pidió sin sobresaltos a Gerardo, su conductor, que llenara de combustible el tanque del vehículo porque saldrían muy temprano de Cojutepeque.
Por todo eso es que, cuando el helicóptero presidencial salvadoreño levantó vuelo desde el helipuerto de la Casa de Gobierno, poco después de la 9 de la noche, muchos esperaban que pronto llegaran informes sobre lo que, realmente, sucedía en las afueras de ciudad de Guatemala.

Los más angustiados eran los familiares de los diputados, porque varios medios de comunicación manejaban, públicamente, la tesis de desaparición de los legisladores centroamericanos. Rompiendo fuegos, algunos periodistas hasta relataban detalles de la aparición del vehículo humeante con cuatro cuerpos calcinados. La sociedad salvadoreña comenzaba a mostrarse horrorizada. En la Casa de Gobierno salvadoreña las circunstancias llevaban los sentimientos al ritmo de los miedos.
En la aeronave presidencial, adecuada con 12 plazas para pasajeros, viajaron, además de Ávila, el secretario de Comunicaciones, Julio Rank; José Luis Tobar Prieto (Toto), el segundo al mando de la Policía salvadoreña; Jorge Giammattei, asistente de Ávila; varios investigadores; un médico forense y el diputado salvadoreño Roberto d'Aubuisson, hermano de Eduardo, a quien alguien le dijo, poco antes de subir al helicóptero: «Tené huevos, hermano».

Antes de sentarse en aquella aeronave, Ávila se aseguró de que una de sus armas estuviese debajo de la pretina del pantalón. No solo él viajaba armado. La verdad es que la orden suya fue colocar, dentro del helicóptero presidencial, un verdadero arsenal que incluía ametralladoras, pistolas y mucha munición.
Poco tiempo después, el helicóptero presidencial salvadoreño descendía en el aeropuerto militar de La Aurora, donde el ministro de Gobernación de Guatemala, Carlos Roberto Vielmann Montes, y el jefe de la Policía, Erwin Sperisen, esperaban a los salvadoreños para llevarlos al sitio donde apareció el vehículo en el que viajaban los diputados. El número de placa de la camioneta era la mayor delación y adelanto de que un hecho grave había sucedido ahí.

Casi de inmediato todos ellos, salvadoreños y guatemaltecos, abandonaron el aeropuerto y llegaron a un terreno baldío de la finca La Concha, en el municipio de Villa Canales, a la altura del kilómetro 36 de la carretera que conduce de Guatemala a El Salvador.
Cuando los salvadoreños llegaron ahí, la escena era dantesca, monstruosa. Sobre todo cuando se miraban los cuerpos calcinados. Dos de las víctimas se encontraban cerca del vehículo. Otros dos se encontraban dentro, aunque no estaban totalmente quemados.
El lugar estaba repleto de periodistas y autoridades que levantaban, con la ayuda de luces especiales, los indicios más importantes de todo lo que había acontecido en ese lugar. Los funcionarios salvadoreños debieron hacer esfuerzos para no mostrar el horror que les causaba todo aquello. El diputado Roberto d'Aubuisson prefirió quedarse atrás, lejos de las miradas de los periodistas que caminaban por el lugar a trompicones. Aunque casi todos esperaban el desenlace de los resultados de los médicos forenses sobre las identidades de los muertos, los susurros eran de espanto. Había una fuerte excitación en el lugar, aunque en Guatemala la violencia vuelve habitual lo inverosímil.

Los asesinos escogieron el sitio perfecto para eliminar a las cuatro personas. La vivienda más cercana está a un kilómetro. Se trata de una calle desolada que está rodeada por cafetales. Distantes se miran algunos pastizales y se observa, a los lejos, los vehículos que recorren la carretera Panamericana en Guatemala. Lo más cercano es la aldea El Jocotillo que está localizada a varios cientos de metros.
Cuando médicos forenses guatemaltecos, peritos en la escena del crimen, especialistas en explosivos e incendios, químico-biólogos del Ministerio Público de Guatemala y otros trataban de hacer su trabajo, Rodrigo Ávila, el jefe de la Policía salvadoreña, caminó, cuidadosamente, por el lugar. Sabía que no podía intervenir en el lugar por problemas técnicos forenses. Además, aquella no era su jurisdicción. Pero es un hombre que sabe interpretar la escena del crimen.

En medio de la nube de especialistas y periodistas, Rodrigo Ávila miró un casquillo de bala. Como pudo se agachó sin provocar sospechas, tomó aquella vainilla y la introdujo en su bolsillo, discretamente. Poco después aparecerían ocho vainillas más.
Era un casquillo de bala calibre 7.62 que se utilizan en los fusiles AK-47, Kaláshnikov. Ávila se apartó un poco del lugar y con una lámpara examinó, cuida-dosamente, las características de la vainilla.
Lo que miró en ella llamó su atención. Ávila sabía que, tres meses antes, la Policía guatemalteca había comprado armas y municiones soviéticas. También recordó que, varias semanas atrás, el subjefe de la Policía guatemalteca, Javier Estanislao Figueroa Díaz, le había regalado una caja pequeña de municiones para AK-47, durante un encuentro que sostuvieron ambos.

Esa pequeña caja la guardaba Ávila en su casa. Entonces se escabulló, tomó el teléfono celular, procuró que nadie lo escuchara y llamó a Celina, su esposa, a San Salvador, y le dijo que por favor buscara en un clóset una caja de balas, color café, que le había obsequiado Figueroa. Ávila estaba ansioso. La mujer le respondía que no encontraba la caja de balas. Él la apuraba y también guiaba desde el teléfono.
Cuando Celina le dijo que ya le tenía consigo, entonces Ávila le dijo que sacara una bala y le leyera la leyenda impresa en la base.
—WRS 98 y al otro lado se imprimió Wolf—, le mencionó Celina.
—Gracias, después te explico—, le respondió Rodrigo y cortó la llamada telefónica. «¡Bingo!», dijo. Sabía que el hallazgo era la primera gran pieza para descifrar el enorme rompecabezas.

Ávila siguió hurgando en el terreno. También trataba de examinar que los médicos forenses guatemaltecos hicieran bien su trabajo. Poco después, José Luis Tobar, el subjefe de la Policía salvadoreña, se le acercó y le dijo: «Jefe, yo creo que son policías quienes los mataron».
—Yo también y después te diré por qué– replicó Ávila, mientras se frotaba el bolsillo para cerciorarse que la vainilla de la bala siguiera ahí.

España pide detención contra militares salvadoreños, por matanza de jesuitas en 1989

 Hunnapuh

La justicia española pidió detención y encarcelamiento a 20 militares salvadoreños por delitos de Lesa Humanidad en la matanza de los sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, de la Universidad José Simeón Cañas, crimen presuntamente cometido y ordenado por la Fuerza Armada Salvadoreña en el marco de la Ofensiva Guerrillera “Hasta el tope y Punto” en noviembre de 1989.

La resolución publicada este lunes 30 de mayo, y en ella, el magistrado Eloy Velasco ordena la busca y captura internacional de los 20 procesados y su prisión provisional comunicada y sin fianza.

También ordena que cada uno de ellos deposite una fianza de 3.200.000 euros para afrontar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de una eventual condena.

En noviembre de 2008, dos organizaciones de defensa de los derechos humanos presentaron ante la justicia española una denuncia contra el ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani (1989-1994) y 14 militares por los asesinatos de los seis jesuitas y las dos mujeres. En enero de 2009, el juez Velasco admitió a trámite la querella.

Los militares procesados son los siguientes:

Rafael Humberto Larios
René Emilio Ponce
Juan Rafael Bustillo
Juan Orlando Zepeda
Francisco Elena Fuentes
Jose Ricardo Espinoza Guerra
Gonzalo Guevara Cerritos
Oscar Mariano Amaya Grimaldi
Antonio Ramiro Ávalos Vargas
Ángel Pérez Vásquez
Tomás Zarpate Castillo
José Alberto Sierra Ascensio
Inocente Orlando Montano
Guillermo Alfredo Benavides
Joaquín Arnoldo Cerna Flores
Carlos Mauricio Guzmán Aguilar
Héctor Ulises Cuenca Ocampo
Oscar Alberto León Linares
Carlos Camilo Hernández Barahona
René Yusshy Mendoza Vallecillos

Por el momento no se acusa al ex presidente Cristiani quien inicialmente aparecía como implicado.

Gracias a unas grandes Blogueras y Tuiteras les dejo el auto de detención girado en contra de los militares salvadoreños, en él se encontrarán los antecedentes y resumen de los hechos así como los involucrados:

http://es.scribd.com/doc/56660456/Auto-Jesuitas-El-Salvador

Dicho documento detalla al final los procesados y la orden de detención europea e internacional, como pueden leer en esta transcripción:

PARTE DISPOSITIVA

SE DECLARA PROCESADOS por esta causa y sujetos a sus resultas a RAFAEL HUMBERTO LARIOS, RENÉ EMILIO PONCE, JUAN RAFAEL BUSTILLO, JUAN ORLANDO ZEPEDA, FRANCISCO ELENA FUENTES, JOSE RICARDO ESPINOZA GUERRA, GONZALO GUEVARA CERRITOS, OSCAR MARIANO AMAYA GRIMALDI, ANTONIO RAMIRO ÁVALOS VARGAS, ÁNGEL PÉREZ VÁSQUEZ, TOMÁS ZARPATE CASTILLO, JOSÉ ALBERTO SIERRA ASCENSIO, INOCENTE ORLANDO MONTANO, GUILLERMO ALFREDO BENAVIDES, JOAQUÍN ARNOLDO CERNA FLORES, CARLOS MAURICIO GUZMÁN AGUILAR, HÉCTOR ULISES CUENCA OCAMPO, OSCAR ALBERTO LEÓN LINARES, CARLOS CAMILO HERNÁNDEZ BARAHONA y RENÉ YUSSHY MENDOZA VALLECILLOS, como responsables de ocho delitos de asesinato terroristas y un delito de crimen de lesa humanidad o contra el Derecho de gente, debiendo entenderse con los mismos las sucesivas diligencias en el modo y forma previsto en la Ley, y a quienes se les hará saber esta resolución, enterándoles de los derechos que le concede. Averígüese el actual domicilio y paradero de GUILLERMO ALFREDO BENAVIDES, JOAQUÍN ARNOLDO CERNA FLORES, CARLOS MAURICIO GUZMÁN AGUILAR, HÉCTOR ULISES CUENCA OCAMPO, OSCAR ALBERTO LEÓN LINARES, CARLOS CAMILO HERNÁNDEZ BARAHONA y RENÉ YUSSHY MENDOZA VALLECILLOS. DECRETAR LA PRISIÓN PROVISIONAL COMUNICADA Y SIN FIANZA, BUSCA Y CAPTURA NACIONAL E INTERNACIONAL, CON INGRESO EN PRISIÓN PROVISIONAL, de RAFAEL HUMBERTO LARIOS, RENÉ EMILIO PONCE, JUAN RAFAEL BUSTILLO, JUAN ORLANDO ZEPEDA, FRANCISCO ELENA FUENTES, JOSE RICARDO ESPINOZA GUERRA, GONZALO GUEVARA CERRITOS, OSCAR MARIANO AMAYA GRIMALDI, ANTONIO RAMIRO ÁVALOS VARGAS, ÁNGEL PÉREZ VÁSQUEZ, TOMÁS ZARPATE CASTILLO, JOSÉ ALBERTO SIERRA ASCENSIO, GUILLERMO ALFREDO BENAVIDES, JOAQUÍN ARNOLDO CERNA FLORES, CARLOS MAURICIO GUZMÁN AGUILAR, HÉCTOR ULISES CUENCA OCAMPO, OSCAR ALBERTO LEÓN LINARES, CARLOS CAMILO HERNÁNDEZ BARAHONA y RENÉ YUSSHY MENDOZA VALLECILLOS, ratificando la de INOCENTE ORLANDO MONTANO MORALES (f. 1933 y 1938) , quienes serán llamados por requisitorias para que en el término de DIEZ DIAS comparezcan ante este Juzgado Central, bajo apercibimiento de ser declarados rebelde si no lo realizan.
A tal efecto, remítanse las oportunas requisitorias al Director General de la Policía y de la Guardia Civil para que procedan a la busca y captura nacional, y líbrense orden europea de detención y entrega y orden internacional de detención para su busca y captura internacional, con entrega a las mismas al los Servicios de INTERPOL y SIRENE

Requiéranse de nuevo los antecedentes penales de todos los procesados.
REQUIÉRASE A LOS PROCESADOS para que en el plazo de un día presten fianza individual en la cantidad cada uno de 3.200.000 EUROS para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva pudieran imponérseles, en cualquiera de las clases admitidas en el artículo 591 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y de no verificarlo dentro de las veinticuatro horas siguientes, embárguesele bienes suficientes para cubrir dicha suma, acreditándose en caso de no poseerlas su insolvencia en legal forma.
Notifíquese este auto al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas, haciéndoles saber que la resolución no es firme y que contra la misma cabe recurso de Reforma en el plazo de TRES DÍAS y/o Recurso de Apelación en el plazo de CINCO DIAS ante este juzgado.
Así lo acuerda, manda y firma D. ELOY VELASCO NUÑEZ, Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, doy fe.

?

El 16 de noviembre de 1989, militares salvadoreños asesinaron a tiros a los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría (rector de la Universidad Centroamericana), Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, así como al salvadoreño Joaquín López y a una colaboradora doméstica, Elba Ramos y a su hija Celina de apenas 15 años.
.
La Audiencia Nacional es un tribunal especial que atiende “delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales Españoles”, según detalla el propio reglamento, entre otras competencias.

DETRÁS DE LA NOTICIA : AJEDREZ POLÍTICO