Efren Lemus, Sergio Arauz, Óscar Martínez y Carlos Dada
Publicado el 26 de Junio de 2012
Los agentes encubiertos Samuel y Adriel entraron a aquellas oficinas
para tener la primera conversación con el hombre al que pretendían
engañar. Ellos sabían que Jesús Sanabria era un tipo con deudas, pero
cuando aquel viernes 11 de noviembre de 2011 fueron a verlo a Santa Ana,
a las oficinas administrativas de su balneario Apuzunga, no sabían que
aquel hombre abriría la boca con tanta rapidez. A este viernes 11 de
noviembre de 2011 le llamaremos el día uno.
Ese mismo día por la mañana, la División Antinarcóticos (Dan) de la
Policía Nacional Civil (PNC) había autorizado a los agentes para que
realizaran el primer contacto con el objetivo. Samuel y Adriel fueron
hábiles. Llegaron con la coartada de querer conocer el precio de los
servicios de Apuzunga. Pronto, los agentes condujeron la conversación en
una dirección que les permitió hacerle saber a Sanabria que ellos eran
hermanos que se dedicaban a los negocios. En el expediente judicial del
caso, la palabra "negocios" está entre comillas.Los supuestos hermanos explicaron a Sanabria que eran prestamistas,
usureros que entregaban dinero esperando el 5% de interés mensual,
siempre y cuando el endeudado tuviera una propiedad que pudiera ofrecer
como garantía. Samuel y Adriel sabían que Sanabria era un empresario de
Metapán en apuros financieros. Sanabria, que quizá había captado algún
guiño, inauguró el nuevo rumbo de la conversación: —Si en el futuro hacemos un negocio, yo soy de las personas que nunca queda mal –les dijo.
Sanabria pareció tomar confianza con aquellos extraños y siguió
hablando. Les reveló que hacía tiempo le había ido mal en un negocio
grande que le habría dejado buenas ganancias, y esto fue como una luz
verde para los agentes, que veían cómo el empresario iba confirmando la
versión que ellos manejaban.
Samuel y Adriel aprovecharon la oportunidad para subirle el tono a la
plática. Respondieron que ellos también realizaban otro tipo de
negocios muy rentables, aunque peligrosos. En este punto, uno de ellos
le dijo, como haciendo un guiño: "Si no los hacés bien, te toca la
cárcel o el cementerio". Sanabria mordió el anzuelo.
—Mirá, hermano, estamos hablando de lo mismo -dijo a los agentes.
Entonces, Samuel fue al grano:
—¿En qué capacidad estás para hacer negocios de este tipo? –preguntó el agente.
—Mirá, hermano, últimamente la capacidad que tengo para negociar es de 20 kilos máximo, pero es polvo de buena calidad.
Después de decir eso, Sanabria le sonrió a Samuel, según registra el relato que sale del archivo judicial del caso.
El proceso contra Sanabria está a cargo del Juzgado Especializado
contra el Crimen Organizado en Santa Ana, que preside el juez Tomás
Salinas, un funcionario con un antejuicio abierto en la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) por dilatar la investigación contra la clica de una
pandilla. Quienes denunciaron en la Fiscalía al juez Salinas fueron las
magistradas de la Cámara Especializada contra el Crimen Organizado
Sandra Luz Chicas y Gloria de la Paz Lizama.
Sanabria, conocido como Chus, es un hombre robusto y calvo, en cuyo
rostro destaca un grueso bigote que hace recordar al que llevaba el
famoso héroe de la revolución mexicana Pancho Villa. Es más, Sanabria es
un hombre que no solo de bigote, sino también de rostro, se parece a
Pancho Villa. Es cierto que en Metapán es conocido por ser el dueño del
balneario Apuzunga, pero, sobre todo, Chus es conocido porque en los
días en que cayó en la trampa de Samuel y Adriel ocupaba un cargo
público.
Desde las elecciones de 2006, Sanabria era concejal de la
Alcaldía de Metapán, en poder del Partido de Conciliación Nacional –hoy
Concertación Nacional-. Ahora, luego de ser arrestado gracias a las
investigaciones de los agentes Samuel y Adriel, está siendo juzgado por
intentar vender cinco kilogramos de cocaína. Sin embargo, ese es el
final de una historia no contada hasta hoy.
El día uno había cerrado como una jornada exitosa para los agentes.
Un concejal de un municipio donde las autoridades de seguridad pública
han ubicado desde hace más de una década una estructura de narcotráfico,
acababa de ofrecerles una buena cantidad de cocaína. Sin embargo, la
negociación que tenía por objetivo último develar la jerarquía superior
de la estructura, la infiltración en instituciones del Estado y una zona
donde abunda la cocaína apenas acababa de empezar.
Los agentes y el concejal Sanabria acordaron verse otro día, fuera de la oficina, y seguir negociando.
Sanabria pone el precio
Casi un mes después del día uno, al mediodía del 9 de diciembre –también viernes-, los agentes y Sanabria se reunieron en una pastelería en el centro comercial Metrocentro, en la salida sur de Santa Ana.
El encuentro se realizó en la Bam Bam y para entonces el concejal ya
mostraba diligencia, pues ya tenía hechas gestiones para conseguir
cocaína. El expediente judicial dice que en aquellas cuatro semanas
anteriores Sanabria aprovechó para viajar a Costa Rica y Panamá. "Le
ofrecieron buenos precios", escribió el agente Samuel. Sanabria no
mencionó los nombres de sus contactos en esos países, pero dejó muy
claro que era un hombre necesitado de auxilio para resolver su problema
financiero. Llevó una copia de las escrituras de Apuzunga e invitó a los
agentes a que verificaran el documento con un notario. El concejal
seguía interesado en un posible préstamo de parte de los que creía eran
agiotistas.
Samuel y Adriel no apuntaron más detalles de la promesa del préstamo.
Esa reunión, según el expediente, terminó con una oferta precisa de
negocio: Sanabria ofreció cada kilogramo de cocaína a 12 mil dólares.
Más bien cada "animalito". Esa fue la palabra que el concejal utilizó
para referirse a los paquetes de droga. Haciendo matemáticas, esto
quiere decir que Sanabria era un hombre con capacidad de mover una
cantidad máxima de cocaína por valor de 240 mil dólares, aunque al final
terminara ofreciendo solo cinco kilogramos, o sea, 60 mil dólares. La
operación continuaba a buen paso.
En busca del Cártel de Texis
Aquellos dos agentes encubiertos no habían llegado hasta la Bam Bam
para atrapar a un concejal con capacidad de mover 20 kilogramos de
cocaína. Desde el inicio, la Subdirección de Investigaciones de la PNC,
en aquel momento dirigida por el comisionado Howard Cotto, y la
Fiscalía, aspiraban a más.
Según el expediente judicial, la trama que las autoridades urdieron a
Sanabria empezó de manera formal tres días antes del día uno, el martes
8 de noviembre, a las 3 de la tarde en las oficinas regionales de la
Dan en Santa Ana. "El timbre del teléfono sonó", relata el expediente
judicial. "Era un informante que dijo conocer a unas personas del sexo
masculino, el primero, de nombre Jesús Sanabria, siendo el encargado de
la droga; y al segundo lo conoce como Nilson. Sabe que en el interior de
ese turicentro hacen negociaciones de droga..."
El turicentro al que se refieren es Apuzunga, un parque acuático en
el cantón Piedras Blancas, de Metapán, que aprovecha las aguas de los
ríos Guajoyo y El Desagüe para ofrecer servicios de restaurante, camping
y rafting, además de unos cómodos ranchos con hamacas y una serie de
piscinas. La propiedad está valorada en cerca de un millón de dólares.
Los expedientes judiciales son escuetos en algunas partes. Consignan
ciertos hechos sin explicar las lógicas que los soportan, porque estas
se sobreentienden en el mundo de las cortes. Los informantes no suelen
llamar por altruismo a las oficinas de la Dan. Suele tratarse de
personas que son criminales o que lo fueron. Personas que conocen a
otros criminales y sus puntos débiles: si son habladores, alcohólicos,
drogadictos, mujeriegos, endeudados... los informantes piden dinero por
contar a los policías esos secretos. En esta ocasión, según una de las
fuentes vinculadas a las investigaciones, el informante recibió más de 4
mil dólares.
El informante, según el expediente, les dijo más en aquella llamada:
"(Sanabria) Tiene problemas financieros por haber perdido un cargamento
considerable de droga. Está en la capacidad de negocios de entre 10 y 20
kilos y está dispuesto a poner en garantía el turicentro valorado en 1
millón de dólares".
Todo apunta a que al informante lo venían trabajando desde antes, y
que aquella llamada a la Dan era pura formalidad. Cuando le preguntamos
al jefe de la Unidad Antinarcotráfico de la Fiscalía, Jorge Cortez,
sobre estos tiempos, su respuesta fue: "El nombramiento de un agente
encubierto no surge de la noche a la mañana, sino que es a partir de
investigaciones ordinarias que han sido dirigidas a cierta persona que
está siendo señalada como inmersa en una narcoactividad".
Es evidente que los agentes creían que la información era buena, pues
al día siguiente de la llamada a la Dan, el 9 de noviembre, ya contaban
con la autorización de la Fiscalía para actuar como infiltrados e ir el
día uno a las oficinas de Apuzunga, cerca de Metrocentro Santa Ana, a
tratar de ganarse la confianza de Sanabria.
Dos días después, los agentes Samuel y Adriel iniciaron la operación
con aquella conversación con el concejal en las oficinas de Apuzunga. Se
trataba de una investigación que en principio pretendía infiltrarse en
los altos mundos del narcotráfico de Metapán, una que pretendía utilizar
al endeudado Sanabria como vehículo para transitar hacia aquel otro
objetivo mayor.
Dos fuentes que participaron en el caso, una de la Policía y otra de
la Fiscalía, fueron tajantes al explicar que la idea era utilizar a
Sanabria como escalera para llegar más arriba. Y, ante la pregunta de
qué significa más arriba, una de las fuentes puntualizó: el alcalde de
Metapán, Juan Umaña Samayoa; el empresario José Adán Salazar, mejor
conocido como Chepe Diablo, y la gente que los rodea. Es decir, dos de
los que según diferentes informes de inteligencia del Estado son los
líderes del Cártel de Texis,
la estructura de crimen organizado que opera la ruta conocida como El
Caminito, un atajo centroamericano para la cocaína y mercadería ilegal
que, entrando desde Honduras por el polvoriento San Fernando, en
Chalatenango, hace una curva hasta salir hacia Guatemala por Metapán.
En los días de la investigación, el director de la PNC era Carlos
Ascencio, ahora embajador en México. Este 25 de junio, Ascencio tomó en
la capital mexicana una llamada telefónica de El Faro, y corroboró lo
que las fuentes anónimas habían dicho dos meses antes: que el objetivo
establecido en el operativo en que cayó Jesús Sanabria eran los
señalados como dirigentes del Cártel de Texis.
—Ese operativo se quedó hasta ahí porque hubo flagrancia en el
decomiso. Si no me equivoco se capturaron con cinco kilos de cocaína–
empezó diciendo el ex director de la PNC–. Pero esa investigación quedó
abierta por incidencia del narcotráfico en la zona, que no se resolvía
con ese operativo.
—¿Quiere decir que iban por más gente?– preguntamos.
—Sí, era un marco investigativo que no estaba delimitado a un número X (de capturas), sino que podían salir otras personas más.
—¿Ese operativo pretendía llegar hasta Juan Umaña Samayoa y José Adán Salazar?
—Así es. Ellos estaban relacionados con investigaciones que se hacían
en otras áreas. Umaña y José Adán Salazar. Esto no es nada ajeno para
mí. Ahora, del operativo no le puedo dar más detalles, porque hay puntos
en que interviene ya la fiscalía, y a ellos les compete.
Al saber que la diana a la que apuntaban no era el dueño de Apuzunga,
sino que la mafia de Metapán, surgen preguntas: ¿por qué la Policía y
la Fiscalía interrumpieron la escalada? ¿Por qué arrestaron a un hombre
del concejo municipal de Metapán que podía llevarlos más arriba? ¿Por
qué quedarse con cinco kilogramos de cocaína en las manos si podían
aspirar a mucho más?
La respuesta que se obtiene de las fuentes es que las investigaciones
habían abierto otras rutas, y que el concejal Sanabria había empezado a
sospechar de los agentes encubiertos y a solicitar ciertas pruebas de
confianza. Era hora de detener al pez pequeño antes de quedarse sin nada
en la red.
No está de más recordar que muchos de los casos que la Fiscalía
resuelve en El Salvador los construye con base en el testimonio de un
delincuente atrapado. Alguien que, sin ser el de más arriba de la
estructura criminal, cayó en la trampa. Alguien como el concejal
Sanabria.
Los socios invisibles del concejal Sanabria
El día uno había sido un éxito y la reunión en la panadería Bam Bam
auguraba más revelaciones de parte de Sanabria. Pasaban unos minutos del
mediodía de aquel viernes 9 de diciembre de 2011, y la segunda plática
entre el concejal Sanabria y los agentes encubiertos seguía revelando
pistas importantes sobre la red que trafica cocaína en el noroccidente
del país. Apenas terminó la conversación sobre el precio de "los
animalitos", el entonces funcionario municipal les dijo que no estaba
solo en el negocio de vender polvo blanco.
El posible acceso a otras piezas de esa estructura que ofrecía
negociar cocaína de buena calidad fue una revelación que los
investigadores plasmaron en un informe ese mismo día. El documento lo
consigna así: "Juntamente con su hermano y otra gente de Metapán con los
que están asociados se los podían entregar (los paquetes de droga a los
agentes)". Sanabria no detalló el nombre ni la descripción de las
personas involucradas, pero el hilo de la investigación en los
siguientes dos meses llegó hasta una madeja que incluía contactos en
Guatemala y en la Policía salvadoreña.
En los siguientes dos meses, el trabajo de campo de los
investigadores ya les permitía esbozar un perfil de los colegas de
Sanabria. A la luz de una tercera conversación entre Sanabria y los
agentes encubiertos, los socios del concejal salen dibujados como dueños
de mansiones, lugares de lujo donde se puede negociar cocaína sin
contratiempos.
Esa información surgió en una reunión que tuvo lugar a las 11:15 de
la mañana del sábado 7 de enero, casi dos meses después del día uno. Los
policías encubiertos se apostaron a dos cuadras de Los Roros, un
restaurante ubicado en las cercanías de Metrocentro Santa Ana, en la
colonia Loma Linda. Sanabria llegó a bordo de un vehículo Mitsubishi
acompañado de un hombre de 32 años, un moreno fornido de cabello negro
ondulado, Edgar Aquileo López Matute, alias El Negro.
El Negro es un residente del caserío Conchagua; Conchagua es un
puñado de casas mixtas modestas del cantón Las Piedras, en Metapán,
donde Sanabria tiene el parque acuático Apuzunga. Cuando el concejal
estuvo frente a los policías encubiertos presentó a El Negro como su
hombre de confianza. Les explicó que este participaría en la venta de
una pequeña porción de droga, una muestra, que pretendía convencer a los
compradores de que se trataba de un producto de buena calidad. La
propuesta del concejal fue realizar la pequeña transacción en un lugar
privado, pero Samuel reaccionó con cautela y dio a entender que
rechazaba esa proposición. Temía por su seguridad.
—No te preocupés. Es una mansión, mi hermano –le respondió Sanabria, tratando de tranquilizarlo.
La frase de Sanabria no convenció al policía encubierto, quien
insistió en buscar un lugar más seguro para la transacción, porque temía
el tumbe del dinero.
—No me parece mucho porque no sé quien está adentro de la casa. ¿Qué tal si me ganan el billete? –se excusó el agente.
Entonces fue Sanabria quien propuso realizar la transacción en un
lugar público, el restaurante Los Arcos, a unos dos kilómetros del casco
urbano de Texistepeque.
—El lugar es apropiado y pasamos desapercibidos, ya he realizado este
tipo de negocios en el restaurante -se jactó Sanabria, y agregó una
ventaja para su interlocutor-. Vos podés disponer de más tiempo para
verificar la merca y yo de contar el dinero.
Sin más rodeos ni preámbulos, aquellos hombres acordaron que la
primera transacción, la de prueba de la mercancía, se realizaría cuatro
días más tarde, el 11 de enero. Los agentes encubiertos entregarían 40
dólares y Sanabria les daría a cambio una bolsita con polvo blanco. Ese
sería un paso previo para iniciar una negociación más grande. Sanabria
estaba listo para vender, y los agentes para comprar unos "animalitos",
unas "vaquitas", que son los términos que el concejal Sanabria utilizaba
para referirse a kilogramos de droga, según las actas de la Policía.
—Seguro que lo vamos a hacer, la merca ya la tengo -anunció Sanabria.
El día convenido, el 11 de enero de 2012, el agente encubierto Samuel
recibió una llamada de El Negro a las 11 de la mañana. En aquella
conversación telefónica, El Negro le confirmó que ya tenían el producto
–la cocaína- y que estaban listos para mostrárselo en el restaurante Los
Arcos. Dos meses después del día uno, aunque aún estaban en el período
de prueba de la mercancía, la operación iba develando cómo se puede
hacer cierto tipo de negocios en Metapán, cómo es sencillo contactar a
alguien que mueve cantidades importantes de droga, cómo ese municipio
fronterizo con Guatemala es una de las mecas del tráfico en el país.
Justo lo que seis años antes un alcalde de Metapán había anticipado que
ocurriría...
La profecía de Chindo
Al frente de aquella muchedumbre que ondeaba banderas del partido
Arena, y acompañado por las máximas autoridades del partido, la tarde
del sábado 25 de febrero de 2006, el entonces alcalde de Metapán, José
Gumercindo Landaverde Galdámez, hacía un ardoroso discurso en el que
destacó una frase que sería un mal presagio para el municipio.
Faltaban solo 15 días para las elecciones municipales del 12 de
marzo, y estaban en la recta final de la campaña electoral. Landaverde,
conocido como Chindo, quería un tercer mandato, pero sabía que la lucha
en las urnas iba a ser sumamente reñida, sobre todo con uno de sus
contrincantes.
Aquel hombre obeso y de tez morena a cuyo mandato de tres años le
quedaban dos meses de vida organizó un mitin en el parque central de
Metapán para decir a los electores que sus promesas no eran castillos en
el aire. Para intentar convencer a los metapanecos de que sus proyectos
tenían respaldo del gobierno nacional, Chindo invitó al cierre de
campaña al entonces presidente de El Salvador y de Arena, Antonio Saca,
quien se hizo acompañar de las máximas autoridades del partido y también
de su gobierno.
Apostado al lado izquierdo del mandatario, Chindo lucía un pantalón
de mezclilla, camisa y chaleco blanco en el cual se distinguían
discretamente los colores de la bandera arenera en el cuello y bolsas.
Sonrió, habló de Saca como un amigo, comprometió al gobernante a apoyar
la construcción de una planta para el tratamiento de aguas negras y alzó
los brazos en señal de victoria. La multitud vitoreaba en el mitin.
Todo eso está registrado en dos videos del cierre de campaña que una
fuente entregó a El Faro.
Entre la agitación de las porras y banderas tricolores, a medio
discurso, Chindo pasó de las promesas electorales a lanzar una
advertencia que dejaba mal parado a su principal rival, Juan Umaña
Samayoa, el entonces candidato a alcalde por el Partido de Conciliación
Nacional (PCN). Detrás de Chindo estaba el estado mayor de Arena y el de
la administración Saca parecía escuchar atento el discurso, sonrientes,
incluso cuando Chindo pronunció aquella frase que pintaba un panorama
sombrío para Metapán.
Ahí estaban el ministro de Relaciones Exteriores y director de actas y
acuerdos del Consejo Ejecutivo Nacional de Arena, Francisco Laínez; el
secretario de la Juventud y director de asuntos políticos del Coena,
César Funes, y el secretario de comunicaciones de la Presidencia y
coordinador de la campaña electoral, Julio Rank. También se escucha al
maestro de ceremonias mencionar a la diputada Carmen Elena Calderón de
Escalón, quien buscaba la reelección; y los candidatos a diputados Juan
Miguel Bolaños, Rafael Murillo y Patricia Costa de Rodríguez. También
estaba ahí Carlos Rodríguez Bou, el entonces director departamental de
Arena. Cuatro años después de aquel mitin, Costa de Rodríguez aparecería
mencionada en diferentes informes de inteligencia como la persona que
pidió el traslado de un jefe policial de Santa Ana que investigó el
Cártel de Texis.
El cuadro de dirigentes areneros y miembros del gabinete de gobierno
lo completa René Figueroa, entonces vicepresidente de ideología de Arena
y ministro de Gobernación, la dependencia que controlaba la Policía
Nacional Civil (PNC). Frente a esos personajes que representaban a la
máxima autoridad del país y de Arena, Chindo, originario del cantón San
Juan Las Minas, tomó el micrófono y lanzó aquella acusación contra su
principal adversario político.
—Yo sé que hay parte del narcotráfico involucrado también en esos
negocios que anda haciendo Juan Samayoa. ¡Pero el que lo reciba, que lo
reciba!... ¡A él no le va a pasar nada... el problema va a ser el
futuro, cuando el crimen organizado ingrese a Metapán! -dijo el alcalde.
¿Quién era ese hombre que, según Chindo, invertía dinero del
narcotráfico en sus negocios? Su nombre completo es Juan Umaña Samayoa,
había sido concejal del gobierno municipal de Chindo, y ahora es alcalde
de Metapán por tercer período consecutivo. Aquel sábado 25 de febrero,
Umaña Samayoa ya vestía el color azul del Partido de Conciliación
Nacional (PCN), y 15 días más tarde ganaría la elección.
Umaña Samayoa incluyó en su concejo municipal a Jesús Sanabria, el negociador de "los animalitos”.
Chindo hablaba sobre su rival político como quien habla de un viejo
conocido. Y en cierta medida así era. Umaña Samayoa integró el concejo
municipal de Chindo en dos períodos municipales. Una fuente que trabajó
en la Alcaldía de Metapán explica que el ahora alcalde intentó ser
protagonista en las decisiones que tomaba el concejo municipal, pero
Chindo nunca lo permitió. Antes de concluir el período 2003-2006, Umaña
Samayoa renunció como concejal y se convirtió en candidato a alcalde.
Cuando en aquel mitin Chindo dijo que había dinero del narcotráfico
en los negocios de Umaña Samayoa, la afirmación no sorprendió al
entonces ministro de Gobernación, René Figueroa, quien a finales de 2006
pasó a ocupar la titularidad de una nueva dependencia bautizada como
Ministerio de Seguridad. En el video del cierre de campaña de Arena,
Figueroa aparece justo a la derecha de Saca. Unas horas antes, ambos
habían aterrizado en el aeropuerto en Comalapa. Venían de Washington, de
una visita oficial al presidente George W. Bush, con quien hablaron de
pandillas y crimen organizado en El Salvador.
Hace dos semanas, el pasado miércoles 13 de junio, Figueroa, quien
tenía tres años sin dar declaraciones a la prensa, nos contó que el
nombre de Juan Umaña Samayoa no le era nada extraño cuando Chindo lanzó
su profecía. "Cuando Chindo dice esto, ya había investigaciones".
Le mostramos al ex ministro el vídeo de cierre de campaña en el que
un cantante le dedica a Umaña Samayoa el narcocorrido El Jefe de jefes,
de los Tigres del Norte, durante el cierre de campaña pecenista en
Metapán. Ante eso, Figueroa reaccionó con la siguiente explicación: "El
nombre de quien aparece en el vídeo y que ustedes mencionan siempre
apareció en las líneas de investigación del Consejo de Seguridad
Nacional", en referencia al alcalde metapaneco.
Dicho organismo agrupaba y ponía en común la información de todas las
oficinas de inteligencia del Estado: el Centro de Inteligencia
Policial, el Organismo de Inteligencia del Estado, Inteligencia Militar e
Inteligencia de Centros Penales.
—Siempre hubo investigaciones sobre narcotráfico, pandillas y crimen
organizado, y ese nombre (el de Juan Umaña Samayoa) siempre sonó
-recalcó Figueroa.
Según el ex ministro, aunque el nombre del actual alcalde de Metapán
aparecía en diferentes investigaciones, nunca lograron una prueba
contundente que pudiera terminar en un operativo de captura.
De lo mal que se hablaba de Umaña Samayoa no sólo sabían Chindo y el
Consejo de Seguridad Nacional. A juzgar por uno de los discursos durante
el cierre de campaña del PCN en Metapán, el 8 de marzo de 2006, el
partido conocía de los cuestionamientos en contra de su candidato. Pero
el actual alcalde siempre tuvo el apoyo de la alta dirigencia. El
secretario nacional de ideología del PCN, Hernán Contreras –en ese
tiempo también presidente de la Corte de Cuentas-, dijo durante el acto
público que lo que se decía en contra de Umaña Samayoa era obra de
"espíritus ruines". Lejos de pedir cuentas a su candidato, Contreras se
decía orgulloso de ese fichaje: "Me cabe ese privilegio y ese honor de
ser amigo de una persona que merece el respeto de todo el mundo. Juan
Samayoa no necesita de padrinos que vengan a esta tarima a presentarlo,
ni de madrinas... ni de protectores, porque Juan Samayoa brilla con luz
propia (...) cualquier otro partido quisiera tenerlo de candidato", dijo
durante el mitin.
Chindo y Umaña Samayoa eran dos políticos que se conocían sus
debilidades y, al calor de la campaña, comenzaron a intercambiar
acusaciones. Umaña Samayoa –gracias a una auditoría que la Corte de
Cuentas, en manos del PCN, había filtrado unos meses antes- acusaba a
Chindo de corrupto, porque había contratado a su empresa, La Metapaneca,
para proveer materiales de construcción a la Alcaldía. El contraataque
de Chindo fue vincular la fortuna de Umaña Samayoa al narcotráfico y el
contrabando.
Los discursos de cierre de campaña 2006 se centraron en esos tópicos.
En el mitin de cierre del PCN, el equipo de Umaña Samayoa distribuyó
entre sus simpatizantes escobas para difundir un mensaje: barrer la
corrupción de Chindo. Chindo respondió con sus menciones sobre el dinero
del narcotráfico. Dos semana después de su cierre de campaña, Chindo
perdió las elecciones, y 17 semanas más tarde perdió la vida al ser
asesinado a balazos.
El 11 de julio de 2006, Chindo fue atacado con arma de fuego en las
afueras de un negocio de polarizado de vehículos, en el barrio San
Miguelito, de Santa Ana. Uno de los testigos dijo que escuchó cinco
disparos. Chindo quedó herido de gravedad, pero permaneció con vida dos
días más en el hospital del Seguro Social de Santa Ana. El 13 de julio
murió.
Pocas horas después de su muerte, Arena pidió una investigación
completa del caso. En declaraciones a La Prensa Gráfica, el diputado
Mario Marroquín dijo que era importante la captura de tres autores
materiales del crimen –dos mujeres implicadas quedaron libres en la
primera audiencia, pocas horas después de su aprehensión-, pero
consideró necesario "dar con los autores intelectuales". El reclamo de
los políticos coincidía con una línea de investigación de la Fiscalía.
"Los asesinos de Landaverde actuaron como sicarios (...) se están
haciendo más indagaciones para poner ante la ley a los autores
materiales e intelectuales", decía el entonces jefe fiscal de Santa Ana,
Carlos Godoy. Esas indagaciones nunca prosperaron...
Sobre la muerte de Chindo, el ex ministro Figueroa asegura que el
asesinato los afectó mucho, pues Chindo no era cualquier arenero, pero
no explica por qué si les pareció que había que tomar medidas no las
tomaron estando en control del gobierno.
—Yo dije: metamos diente rápido, yo me sentí afectado, Chindo fue uno
de los primeros en respaldar la candidatura (presidencial) de Tony
Saca. El Coena se indignó.
La semana antepasada, le preguntamos a Francisco Laínez, en ese
entonces ministro de Relaciones Exteriores, si el partido había tomado
alguna acción sobre la denuncia de Chindo, pero el funcionario dijo que
no recordaba ni siquiera haber participado en el mitin donde Chindo
lanzó su acusación. El ahora precandidato presidencial agregó que en una
campaña siempre se escuchan acusaciones de narcotráfico. "Lo he oído en
muchos mitines, porque cuando los ánimos se caldean se acusan de todo.
Cuando hay algo de la magnitud que ustedes mencionan se debe llegar a
las autoridades correspondientes".
Le replicamos a Laínez que ellos eran las máximas autoridades del
país ante aquella denuncia pública. ¿Por qué el Coena no recomendó a
Chindo denunciar el caso a la Fiscalía? ¿Por qué no profundizaron la
investigación del asesinato? Laínez respondió con poca concreción:
"Después de que las cosas han pasado, mucha gente tiende a decir: ¿no
creen que deberían haber hecho esto? ¿No creen que deberían haber hecho
lo otro? Uno debe ser pragmático, cuando hay una acusación se debe
acudir a las instituciones que pueden tomar acción y resolver una
situación”.
—¿Eran infundadas las acusaciones de Chindo durante la campaña? –preguntamos.
—Como no estuve ahí, y no me recuerdo, no te puedo decir si era infundado o no.
El asesinato de Chindo fue el preámbulo de una serie de crímenes que,
en los siguientes años, tendrían como protagonistas-víctimas a las
autoridades de la Alcaldía de Metapán. Tres homicidios más, un intento
de asesinato, concejales capturados en relación con el tráfico de
cocaína...
El 1 de diciembre de 2007, Bertín Valle Marín, síndico municipal,
murió de un disparo en la cabeza. La versión oficial fue esta: dos
hombres borrachos se agarraron a tiros en medio de un jaripeo de un
cantón sin nombre en Metapán y el síndico fue víctima de una bala que no
fue disparada contra él.
En el mitin de cierre del PCN, celebrado el 8 de marzo, el síndico
fue uno de los pocos subalternos del alcalde que tuvo la oportunidad de
dirigirse a sus correligionarios. "Les garantizamos que la persona que
cometa corrupción en nuestra administración la vamos a mandar a Mariona;
pueden estar seguros porque por eso hemos luchado y estamos unidos
todos", prometió. Valle Marín fue asesinado 19 meses después de asumir
el cargo, y la versión oficial de su muerte se pone en duda en un
informe de una de las agencias de inteligencia del Estado. El documento
dice que durante la investigación del crimen, el alcalde Umaña Samayoa
se empeñó en desvirtuar la hipótesis de que se trataba de rencillas
entre narcotraficantes.
Muerto Valle Marín, Israel Peraza Díaz fue nombrado nuevo síndico
municipal. La vida de este funcionario municipal terminó solo ocho meses
después de sustituir a su predecesor. El 4 de agosto de 2008 fue
secuestrado a plena luz del día y en su propio carro, luego fue llevado a
un predio de un caserío de Metapán, donde le dispararon 13 veces.
Tres semanas antes, el mismo alcalde Umaña Samayoa y sus tres
guardaespaldas habían sido atacados a balazos. Un empleado del alcalde
murió en la balacera ocurrida en un camino conocido como "punto ciego",
en San Jerónimo, un lugar fronterizo con Guatemala y que es parte de El
Caminito, el atajo de la zona noroccidental por el cual se trafica
cocaína.
Al rosario de ataques armados que han sufrido miembros de la Alcaldía
de Metapán se suman dos capturas que recuerdan una de las frases que
Chindo pronunció en 2006. "El problema va ser a el futuro, cuando el
crimen organizado ingrese a Metapán". Tres años después de aquella
advertencia, el 25 de enero de 2009, al recién electo concejal Amadeo
Figueroa Morales le decomisaron 2.42 kilogramos de cocaína, valorados en
12 mil dólares. Seis años después de aquella advertencia, en enero de
2012, el concejal Jesús Sanabria, el de "los animalitos", fue apresado
por negociar cinco kilogramos de cocaína.
De los concejos municipales de Umaña Samayoa han resultado dos
concejales asesinados, otros dos capturados con cocaína, y un empleado
más muerto en el ataque contra el alcalde. ¿Hay una relación entre los
asesinatos y el narcotráfico? En Metapán, las fuentes consultadas
responden con susurros...
"Existe un autor intelectual"
El pasado abril decidimos acercarnos a la zona. Era un intento de
conversar con exconcejales de Chindo que vivieron la campaña previa a su
asesinato. Tras una semana de búsqueda, teníamos los teléfonos de
algunos de ellos, y preferimos llamarles desde cerca para poder
reaccionar rápidamente si alguno aceptaba una conversación en persona.
Sin embargo, la primera parada fue con una fuente con la que ya
habíamos acordado reunirnos. En Metapán y en algunos otros municipios
del departamento de Santa Ana, si se habla de narcotráfico se hace en
susurros. De la persona con la que hablamos solo diremos que es una
persona que vive en el departamento y que supo de voz de familiares y
políticos detalles del homicidio de Chindo, que por ciertas razones
estuvo muy al tanto de todo lo que ocurrió al respecto.
Según esta persona, Chindo olía su muerte. "Recibió amenazas durante
la campaña y después. Por eso se deshizo de los guardaespaldas, porque
decía que mejor solo lo mataran a él".
La frase con la que esa persona se despidió de nosotros fue la
siguiente: "Aquí todos se conocen, no vayan a dejar que me identifiquen,
porque si eso pasa, mándenme una tajada de limón para ponérmela en la
boca cuando me maten".
El resto de la tarde no arrojó ningún resultado. Las llamadas a los
que fueron concejales de Chindo solo lograron asustarlos. Dos de ellos
contestaron angustiados y preguntando por qué les llamábamos por
teléfono, que ellos no querían problemas, que dejáramos de llamarlos.
Uno de ellos, con voz insegura, dijo que aceptaba reunirse esa misma
tarde con nosotros en un restaurante en las afueras de Metapán. Lo
esperamos durante una hora. Nunca apareció y nunca volvió a contestar su
teléfono.
Más adelante, en San Salvador, buscamos a alguien que pudiera hablar
desde una posición más segura. La diputada de Arena por Santa Ana,
Carmen Elena Calderón de Escalón, aceptó una conversación sobre este
crimen. Sin embargo, aún desde su investidura, lo que ofrece son frases
difusas de las que puede interpretarse que su partido, que en ese
momento tenía la Presidencia de la República, nunca hizo real presión
porque se llegara al fondo del asunto.
—¿La única decisión tomada por Arena fue pedir una investigación? –le preguntamos.
—Eso pedimos y nos dimos cuenta tiempo después de quién había
disparado. La persona que está presa, no tenía... Era una persona que
cumplía una orden, pero no se supo mayor cosa –respondió.
Según la hermana de ex presidente Armando Calderón Sol este es un caso emblemático de impunidad.
En Santa Ana nos detuvimos a revisar el expediente judicial del
asesinato de Chindo, que estuvo a cargo del Tribunal Segundo de
Sentencia. Lo que nos entregaron fue un documento raquítico, de una sola
pieza, en el que se resumían los hechos del día del asesinato, y se
anexaban las burocracias de oficio. Nada más. El relato del expediente
es el de un hombre que asesina a otro sin qué ni para qué. No hay móvil
del crimen, solo un pistolero y una víctima.
Los imputados eran tres. El principal, el que está preso por haber
disparado, es un pandillero de la Mara Salvatrucha de nombre Jabán David
Pérez, que cuando en 2006 mató a Chindo tenía 20 años de edad. Las que
fueron acusadas de haberlo ayudado a huir y a intentar esconderse son
Lorena Elizabeth Flores, entonces de 34 años; y Karina Maricela
Rodríguez, entonces de 23.
El relato dice que a las 12:40 de la tarde del 11 de julio de 2006,
Chindo había llegado al taller Lemus, de Santa Ana, a polarizar su
vehículo, cuando Jabán bajó de un pick up Mazda verde doble cabina y
disparó una pistola de calibre 9 milímetros contra Chindo. Corrió de
vuelta al vehículo y escapó hacia el pasaje Río Zarco, de Santa Ana, a
la casa de Karina Maricela Rodríguez, donde guardaron el vehículo en una
cochera. Sin embargo, una patrulla los seguía luego de haber recibido
por radio las características del vehículo, y a las 12:48 los detuvieron
dentro de la casa de Rodríguez. En los asientos del pick up verde los
policías encontraron un cartucho de 9 milímetros, de los que encontraron
siete más en los cuartos de la casa, así como dos radios de
comunicación. En esos momentos, Chindo era trasladado al Hospital
Regional del Seguro Social, donde moriría en la unidad de cuidados
intensivos a las 7 de la noche dos días más tarde. El arma con que le
dispararon nunca apareció.
Jabán y Lorena Elizabeth Flores no tenían récord limpio. Ambos tenían
órdenes de captura. Él, por el homicidio agravado imperfecto contra un
hombre; ella, por un homicidio agravado. La persona con la que hablamos,
la que pidió una tajada de limón en caso de develar su identidad,
aseguró que durante el proceso se intentó dar criterio de oportunidad a
Jabán, convertirlo en testigo protegido del caso para que denunciara a
su empleador, pero que nunca quiso aceptar.
La persona que nos dio información incluso asegura que el pandillero
de la MS dijo que la gente con la que trataba era demasiado poderosa, y
que él temía por su vida. Las dos mujeres fueron exoneradas en la
primera audiencia, mientras que Jabán fue condenado a 35 años de
prisión, que cumple en el penal de Ciudad Barrios.
En todo el expediente no hay ni una referencia a las razones que
llevaron a este pandillero a asesinar a sangre fría al exalcalde. Solo
una persona se interesó por pedir que se investigara más, que se llegara
al móvil de este homicidio. Perdidas entre las menos de 300 páginas del
expediente, en uno de los documentos finales, el acta del Tribunal de
Sentencia, hay dos líneas donde se consigna lo que dijo la esposa de
Chindo cuando le permitieron hablar ante los jueces: “La señora María
Estela Argueta de Landaverde, en su calidad de ofendida, pidió que se
hiciera justicia, que siente que existe un autor intelectual”.
Caen en la trampa
En el kilómetro 85 de la carretera que va hacia la frontera Anguiatú
con Guatemala, entre las ciudades de Texistepeque y Metapán, hay un
restaurante de carretera que invita a parar. Se llama Los Arcos. Entre
la carretera y el galerón hay una terracería donde caben unos 20
vehículos. El galerón es eso, unas columnas que sostienen un techo,
abierto, con sillas y mesas de madera en tres hileras. A un extremo del
galerón hay un pequeño mostrador con tres amables mujeres que atienden a
toda prisa y despachan cervezas y pequeñas porciones de carne o ceviche
por un dólar; al otro extremo, un televisor de plasma colgado de la
pared y una rocola. Como anexo, en la parte de atrás del galerón, Los
Arcos tiene un espacio más privado. Entre el galerón y una solitaria
cancha de fútbol rodeada por laderas de tierra, Los Arcos tiene un
pequeño pasillo techado. Eso, pilares y techo, una hilera de mesas de
madera y pequeñas palmeras que rodean el pasillo. Ahí fue donde ocurrió
la balacera entre los narcotraficantes y los policías.
El 11 de enero pasado, dos meses después del día uno, los agentes
encubiertos Samuel y Adriel ya sabían que se trataba de cocaína y no de
un timo, pues habían recibido una muestra de 40 dólares. A este momento,
tanto Samuel como Adriel, como se relata en el expediente judicial,
sabían que estaban tratando con gente peligrosa y querían minimizar los
riesgos. "Temen porque sus vidas corren peligro, ya que hicieron
negocios con miembros activos de una red de narcotraficantes que opera a
nivel internacional", se lee en el documento.
Pasaron 12 días. Uno de los agentes ya había recibido la llamada de
El Negro Matute, el cómplice de Sanabria, pero fue hasta el mediodía
cuando el concejal mismo marcó al agente para confirmarle que ese 23 de
enero sería el día de la transacción de "los animalitos". Sanabria
confirmó que enviaría a El Negro, y aseguró que se trataba de un hombre
de su total confianza. "Yo estaré pendiente de él", dijo, y luego
insistió en que todo estaba listo. La frase de un narcotraficante que
espera que no se le caiga nuevamente un negocio.
—Las vaquitas ya están en el corral, son cinco vaquitas, no me vayás a
fallar. No me vayás a fallar, es producto de buena calidad –dijo
Sanabria por teléfono.
Esa tarde, en una camioneta Land Cruiser verde, un pick up Ford rojo,
un pick up Nissan gris, un vehículo Honda negro y una motocicleta Honda
gris llegaron siete hombres encabezados por El Negro al restaurante Los
Arcos y se sentaron en el área más privada. Del pick up rojo bajaron
una bolsa negra que, minutos después, se comprobó que llevaba cinco
paquetes en forma rectangular. Al poco tiempo, un operativo policial
encabezado por Adriel y Samuel llegó al grito de: "¡Alto, policía!"
Uno de los cómplices del concejal, Carlos Amaya, fue el primero en
reaccionar. El expediente solo consigna que sacó un arma y disparó
directamente contra los dos agentes encubiertos que llevaron el caso.
Los agentes tuvieron mejor puntería y le atinaron en la pierna izquierda
a Amaya. Otro de los traficantes, Alberto Barrios Mauris, tenía en sus
manos una subametralladora tipo Uzi, pero prefirió no enfrentarse a las
decenas de policías encabezados por Samuel y Adriel y tirarla en la
parte de atrás de una de las camionetas.
El expediente judicial no agrega más detalles de la balacera, pero
una de las personas que estuvo ahí asegura que los delincuentes
opusieron resistencia, que no se trató solo del intento de Amaya, sino
que fue un prolongado intercambio de disparos. El drama siguió incluso
después de terminada la balacera cuando, al ocaso, la luz se fue del
restaurante Los Arcos, y por unos instantes los policías pensaron que
perdían control de la zona. Esa fuente asegura que una vez que lograron
someter a los siete hombres de Sanabria la consigna fue una rápida
retirada. La comitiva de policías y fiscales temía que llegaran
refuerzos a apoyar a sus adversarios arrestados.
Cuando las autoridades verificaron las identidades de los siete
detenidos, se llevaron una prueba más de que se trata de una estructura
criminal que ha permeado las instituciones del Estado. Uno de los
arrestados era el sargento de la PNC Amaldis Alcindo Ramírez Vargas,
destacado en un lugar clave: la frontera de Anguiatú. "Los controles
migratorios son una línea que estamos investigando. Es un eslabón
importante del caso: establecer el nexo de las salidas o entradas de
estas personas (hacia Guatemala) cuando el agente (Ramírez Vargas)
estaba trabajando, para determinar si facilitaba el ingreso de
sustancias o si facilitaba la movilización de estas personas en el
recinto", explicó el fiscal Jorge Cortez la importancia de la detención
del sargento.
Al día siguiente de la balacera, el 24 de enero, el contenido de los
cinco paquetes que llevaban los hombres arrestados en Los Arcos fue
sometido a pruebas con el reactivo químico trocianato de cobalto que, al
entrar en contacto con la cocaína, se vuelve azul. En esta ocasión, se
volvió azul.
Ese mismo día, a las 11 de la mañana, en el barrio El Calvario, de
Metapán, la PNC detuvo al líder de la operación, el concejal Jesús
Sanabria, a quien al parecer no habían dejado de darle seguimiento para
evitar que escapara. 74 días después del día uno, el hombre al que
engañaron en las oficinas de Apuzunga tenía las esposas en las muñecas.
Una parte de la maraña se desentrañó con la captura de siete personas
el lunes 23 de enero y la captura del concejal el día 24. Sin embargo,
es un hecho que la Fiscalía y la PNC saben que los ahora procesados son
una pequeña pieza de la red, y por eso manejan con hermetismo la
investigación para determinar quiénes eran los socios de Sanabria.
Cuando a finales de mayo le consultamos al subdirector general de la
PNC, el comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, si pretendían seguir
escalando en la investigación, se limitó a proteger la información, pero
llamó "inicial" a las pesquisas que terminaron en ese operativo: "Eso
no se lo puedo responder, sería una transgresión grave. Una
investigación inicial es reservada".
El coordinador fiscal Alexis Ayala, minutos después de que brindó una
conferencia de prensa sobre las capturas, dejó entrever un poco más las
intenciones de su institución: "Solo le puedo dar detalles con los que
ya están detenidos; con el resto, la investigación continuará, y en su
momento se hará público lo que corresponde".
Las autoridades, por razones lógicas, no comentan nada acerca de si
las investigaciones continúan, de por dónde intentan escalar hacia la
mafia de Metapán, hacia los líderes del Cártel de Texis. Lo único que se
sabe es que tanto Samuel como Adriel, por su seguridad, fueron
retirados del caso. Ellos ya cumplieron su misión y, además, saben que
se metieron en la boca del lobo. O, como se lee en el expediente y vale
la pena recalcar: “Hicieron negocios con miembros activos de una red de
narcotraficantes que opera a nivel internacional”.
Epílogo
Este martes, 26 de junio de 2012, llamamos al alcalde de Metapán,
Juan Umaña Samayoa, por medio de su teléfono celular. Le dijimos que
informes de inteligencia del Estado y las declaraciones de dos
exfuncionarios –el exdirector de la Policía, Carlos Ascencio, y el
exministro de seguridad, René Figueroa- lo relacionan con una estructura
de crimen organizado que opera en el noroccidente del país. Una voz, la
del alcalde, cerró la posibilidad de una conversación abruptamente: “Yo
no me meto en esos chambres de putas”. Colgó y ya no contestó la
siguiente llamada, a pesar de que se le dejó un mensaje de voz.
Minutos después le planteamos la misma información a José Adán
Salazar Umaña, un empresario que la inteligencia policial perfila como
uno de los líderes de esa estructura. Sin exaltarse, con un tono
tranquilo, él se definió como un hombre trabajador y honrado que no se
explica por qué en la última década tres gabinetes de seguridad –dos de
Arena y uno del FMLN- lo perfilan como sospechoso de actividades de
narcotráfico y lavado de dinero.
-¿A qué atribuye que su nombre aparezca en informes policiales en los últimos 10 años?
-Pues mire, Dios sabe lo que hace… Soy un hombre que le digo me
siento orgullosamente honesto, y las cosas caen por su peso. Si cuando
ustedes sacaron semejante publicación (El Cártel de Texis)… Si eso
hubiera sido cierto, eso tendría que haber pasado a la Fiscalía de
inmediato, así tendría que haber sido la ley, y si no es así, pues yo no
sabría decirle… No tengo nada que opinar con respecto a eso porque las
instituciones tienen que hacer bien su trabajo, incluyendo a los
investigadores. Lo que yo me pregunto es: ¿por qué no actúan?
-Eso es lo mismo que preguntamos a las autoridades…
-Porque no encuentran argumento. Hay cosas que se tienen que tener
prudencia para decirlas porque el daño moral que le hacen a las
personas… Si usted no tiene nada que comprobar, ¿por qué tendría que
mencionar mi nombre? ¿Por qué le haría tanto daño moral a mis empresas, a
mi familia? Todo por sacar una noticia queriendo creerles a las
autoridades. Ya es suficiente lo que me han hecho daño (sic). ¿Por qué
no estoy preso? Por eso no tendrían por qué mencionar mi nombre.
-Su nombre no lo mencionamos nosotros, eso está en los informes oficiales. Ahí se habla de que hay lavado de activos por medio de sus empresas
-Para nada, para nada, yo encantado de la vida aquí, que las
autoridades investiguen, trabajo para una empresa americana. ¿Cómo va a
creer que voy a tener negocios con una empresa americana, con Chevron, y
le voy a depositar dinero, todos los días, pagándole combustible? ¿Cómo
va creer que una persona que está implicada en eso no va pasar por una
coladera en los Estados Unidos con una empresa que es mundial?
-¿Por qué diferentes administraciones de gobierno lo mencionan en sus informes?
-Fíjese que definitivamente le digo que no tengo ni idea, este mundo
está compuesto de gente buena gracias a Dios, hay más buenos que malos,
pero también hay gente odiosa que definitivamente no pueden ver a otro
trabajando y progresando.
Por la mañana buscamos también al diputado del CN por Santa Ana,
Francisco Merino. Antes de que entrara a presidir una comisión de
trabajo, le pedimos unos minutos para conversar sobre el alcalde de su
partido en Metapán. Se negó diciendo que iba a comisión, pero que al
terminar podría hacer el espacio. Al término de la sesión, luego de dar
declaraciones a varios medios sobre otros temas, el diputado se retiró
rápidamente a una oficina privada cuando vio que los reporteros de El
Faro intentaban abordarlo. Lo único que logramos decirle fue que
necesitábamos hablar con él sobre algo que involucraba al alcalde de
Metapán. “No tengo tiempo. Luego”, prometió.
Realizamos también la gestión formal con el departamento de prensa
del CN en la Asamblea Legislativa, pero el jefe de esa oficina, a quien
le explicamos el caso, nos dijo que la respuesta formal del diputado era
que prefería no hablar hasta no conocer el caso. Se le planteó al
empleado del CN que eso queríamos, explicarle el caso a Merino, para
poder conversar al respecto, pero se plantó en que esa era la respuesta
oficial del diputado.
Quien sí aceptó hablar fue el presidente de la Comisión de Seguridad y
Combate a la Narcoactividad, Antonio Almendáriz, diputado de CN.
Almendáriz dijo que su partido le ha dado su voto de confianza al
alcalde Juan Umaña Samayoa ya que no hay pruebas contundentes aportadas
por la Fiscalía que determinen la culpabilidad de todas las personas que
aparecen señaladas como parte de una red criminal. “En este caso se ha
preguntado a la Fiscalía: ¿Hay un comprometimiento tanto de las personas
mencionadas o no? El señor Fiscal no nos ha dicho que existe… eeeh…
hasta el momento, el fiscal no nos ha dicho que existe un
comprometimiento”.
La
prevención social de la violencia y el delito debe incluir las
estrategias y medidas encaminadas a reducir los factores sociales que
generan violencia y a disminuir el riesgo de que se produzcan delitos
dice la Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia.
