Preguntas para su perseguido político favorito

Sergio Arauz

Funes, el perseguido por la oligarquía

La Corte Suprema ordenó enjuiciar por enriquecimiento ilícito al expresidente Mauricio Funes. Lo decidieron 9 magistrados a partir de una investigación de la Sección de Probidad que concluyó que existen indicios suficientes para que el exmandatario expliqué cómo gastó más de lo que tenía y logró ahorrar 150 mil dólares. El expresidente ha respondido que el juicio obedece a una venganza de la derecha oligárquica. Se ha declarado un perseguido político.

Independientemente de las razones y los criterios que usó la Corte para enviar a juicio al primer presidente de izquierda del país, Mauricio Funes debe -debería o deberá- responder preguntas muy concretas sobre el origen de los fondos que le permiten vivir como vive y aclarar a la ciudadanía algunas de sus actuaciones como gobernante. *

Su gobierno favoreció con pasaportes diplomáticos, nombramientos en instituciones públicas y con préstamos de un banco del Estado a la mamá -Ada Mitchell Guzmán Sigüenza- y a la abuela - Ada Sigüenza de Guzmán- de uno de sus hijos. ¿Eso no es abuso de poder?

¿Considera ético y moral que un expresidente arriende una casa de más de 700 mil dólares que compró la empresa de su amigo, financista y también millonario contratista del Estado en servicios de seguridad?

¿Por qué no hubo movimientos en ninguna de sus cuentas bancarias ni las de uno de sus hijos ni de su grupo familiar al momento de adquirir vehículos por más de 100 mil dólares?

¿Cómo pagó más de 200 mil dólares en deudas sin registrar movimientos formales en sus cuentas bancarias?

¿Los 250 mil dólares que le prestó una sociedad -casi desconocida- los recibió en efectivo? ¿Sigue pagando ese préstamo?

¿Qué influencia tuvo en su gobierno Herbert Saca**, el operador político del expresidente Antonio Saca *** y uno de los mecenas del partido Gana?

Flores, el perseguido por los comunistas****

Más allá de sus políticas de gobierno -privatización, dolarización, manodura contra las crecientes pandillas-, el expresidente Francisco Flores falleció sin responder ni dar cuentas de algunos de sus actos por los que, entre otras cosas, fue procesado en los tribunales salvadoreños. Aunque estas preguntas no las puede responder el expresidente Flores, su partido, que pretende salir limpio y actúa como si durante 20 años no hubiera instaurado prácticas corruptas, debería dar luces sobre algunas de las interrogantes.

¿Por qué destinó 10 millones de dólares a su partido político en lugar de ayudar a la comunidad más afectada por uno de los terremotos de 2001?

¿Por qué no delató a todas las personas que se beneficiaron con el dinero de Taiwán y se tragó solo la responsabilidad?

Aunque hay sobradas razones de que no actuó solo. De hecho, el 7 de enero 2014 y el 28 de enero frenó bruscamente sus palabras cuando le pidieron más detalles de cómo hizo llegar el dinero a los destinatarios. ¿Quiénes le ayudar a desviar el dinero?

¿Qué es International Consultant, una empresa panameña creada y cerrada, después de trasladarle un millón de dólares?

¿Quién es Karen Herrera, la estudiante a la que emitió casi 900 mil dólares en cheques?

¿Por qué instauró la práctica ilegal de los sobresueldos de su gabinete?

Nayib, el perseguido por los poderes fácticos

Es obvio que en este país tenemos sobradas razones de sospechas de La Prensa Gráfica. En sus páginas, promueve la imagen de un empresario que ya parece precandidato presidencial de Arena -Carlos Calleja- . Lo hace desde sus secciones informativas y confunde publicidad con noticia. Dicho esto, diría mucho del talante democrático del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, que explicara su relación con las personas a las que la Fiscalía ha detenido por duplicar una página web del periódico, con la que ironiza y daña la imagen del medio y su dueño.

¿Por qué no sale de su zona de confort y solo permite preguntas controladas por usted o su equipo de comunicaciones?

¿Por qué no acepta preguntas incómodas?

¿Por qué no acepta preguntas incómodas sobre su relación con la empresa Bunker y el grupo de personas que manejan miles de cuentas de Twitter que defienden y difunden sus ideas?

En detalle, ¿cuáles son todas las tareas que realiza para usted Ernesto Sanabria, exasesor de de la bancada de Gana, lobista de Herbert Saca y exempleado del gobierno del expresidente Antonio Saca?

Los militares, perseguidos por su pasado

Rafael Humberto Larios, general y ministro de Defensa en el momento del asesinato; Juan Rafael Bustillo, general y comandante de las Fuerza Aérea Salvadoreña que participó de las reuniones en el Estado Mayor; Juan Orlando Zepeda, en aquel momento coronel viceministro de Defensa; Francisco Elena Fuentes, coronel y comandante de la Primera Brigada de Infantería en San Salvador; Guillermo Alfredo Benavides, exdirector de la Escuela Militar que comandó la brigada que atacó la Universidad; Joaquín Arnoldo Cerna Flores, coronel miembro del Estado Mayor; Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, exdirector Nacional de Inteligencia que el 13 de noviembre ostentaba el rango de coronel; Óscar Alberto León Linares, teniente coronel y comandante de batallón Atlacatl; José Ricardo Espinoza Guerra, teniente y miembro del batallón Atlacalt; Gonzalo Guevara Cerritos, teniente segundo del batallón Atlacalt; Héctor Ulises Cuenca Ocampo, teniente destacado en la Dirección Nacional de Inteligencia; Antonio Ramiro Ávalos García, sargento que confesó que mató a dos jesuitas; Tomáz Zárpate Castillo, sargento; Ángel Pérez Vásquez, Cabo; Óscar Mauricio Amaya Grimaldi, soldado raso que mató al padre Ellacuría; y José Alberto Sierra Ascencio, soldado que confesó haber matado a una empleada de los padres y la hija de esta.

Según la cadena de mando, ¿a quién se le ocurrió matar a los sacerdotes jesuitas? ¿Participó en la decisión el expresidente Alfredo Cristiani, como comandante general? ¿La decisión fue tomada únicamente por el alto mando militar?*****

¿Por qué los mataron? ¿Cuál era la estrategia?

¿Por qué, si hay registros de que ordenaron matar a seis sacerdotes jesuitas sin dejar testigos, ahora no asumen las consecuencias?

¿Por qué no colaboran ni colaboraron con la justicia? ¿Por qué ordenaron quemar los libros de entrada y salida del Estado Mayor de esas fechas?

¿Por qué huyen si no tienen nada que temer?

¿Cómo pueden negar toda la evidencia judicial de las violaciones, asesinatos y torturas que permitieron durante la guerra civil que otros países reconocen como válida?

¿Violar, matar y torturar gente que no era objetivo militar entra en el concepto de servicios prestados a la patria?

¿Pedirían perdón y olvido si a ustedes les hubiera hubieran matado a su familia y los autores intelectuales y materiales estuvieran libres gracias a un dudoso juicio?

*Las auditorías a los tres expresidentes -Funes, Saca y Flores- comenzaron a trabajarse a partir de la petición de acceso a información de una persona que pidió la auditoría de estos expresidentes. El caso de Funes es el primero de tres expresidentes que debían estudiarse en tres semanas seguidas. El caso de Funes, entiendo yo, por el monto, era el menos complejo. La Corte Plena -con 15 votos- creó una comisión de cinco magistrados, tres de ellos votaron en contra de enviar a juicio al expresidente, que coordina el trabajo de una Sección de Probidad que está empezando a caminar. Ayer martes 16 de febrero, con 15 votos, los magistrados acordaron auditar el patrimonio de los expresidentes Alfredo Cristiani (1989-1994), Armando Calderón Sol (1994-1999) y del presidente Salvador Sánchez Cerén y el vicepresidente Óscar Ortiz.

**Herbert Saca fue un operador político durante el gobierno de su primo, ayudó a fundar el partido Gana y también aparece como vendedor o comprador de algunos de los vehículos congelados en los juicios de enriquecimiento ilícito que enfrentan el exdirector del Seguro Social Leonel Flores Sosa y el expresidente Mauricio Funes.

***En este cuestionario no entra el expresidente Saca debido a que no se ha declarado perseguido político

****En este cuestionario se incluyó al expresidente Flores porque las interrogantes del juicio de corrupción siguen vigentes. Además, su partido y colaboradores cercanos, en lugar de rendir cuentas, decidieron acudir al recurso fácil: declararlo perseguido político.

*** Pregunta para el expresidente Cristiani: Si solo se enteró del crimen de los jesuitas hasta después de cometido, ¿por qué nunca denunció a quienes cometieron uno de los peores errores tácticos del Ejército salvadoreño?

¿Por qué son Sanders y Trump una amenaza al establishment estadounidense?

Pero a pesar de la demagogia de Trump y Sanders, ambos han expuesto a sus partidos como un cascarón vacío.

 

Por: Arun Gupta

Los desafíos de los partidos Demócrata y Republicano son un síntoma del decreciente apoyo de los estadounidenses por la globalización capitalista.

Los resultados en los caucuses de Iowa, en los que prácticamente hubo un empate entre Bernie Sanders y Hillary Clinton en la carrera demócrata, y el segundo lugar de Donald Trump detrás de Ted Cruz en el lado republicano, muestran que los dos candidatos que han atormentado los partidos del establishment no son más que tigres de papel. Trump aún es el favorito para triunfar en la nominación del Partido Republicano, situación que era impensable hace seis meses; Sanders, por otra parte, está demostrando que es un obstáculo más difícil de lo que se había pensado para la coronación de Hillary Clinton.

Su éxito es un síntoma del quiebre en el consenso liderado por la élite. Trump y Sanders son amenazas al proyecto de globalización capitalista liderado por Estados Unidos. ¿Cómo sucedió esto?

El capitalismo desbocado no le está cumpliendo a los más de 100 millones de estadounidenses en pobreza o en el umbral de ella. Casi el 73 por ciento de los estadounidenses tienen ahorros de 1000 dólares o menos en sus cuentas, lo que indica que están a un cheque de caer en la pobreza si se desata una crisis. En el otro extremo, los ricos son más leales al lugar donde se encuentran sus activos que donde viven y esa lealtad de los millonarios no va más allá de su sed de lucro. Es la culminación de cuatro décadas de una lucha de clases de parte de los ricos, que es mejor conocida como neoliberalismo.

La división de clases ha creado brechas en las elecciones de este año para que la izquierda y la derecha consigan apoyo, cada uno a su manera, en contra del establishment estadounidense. El nativismo, la xenofobia y el racismo de Trump son un gran peligro político para la globalización. Él podría arruinar a Wall Street y las aventuras militares, pero al enfocar su furia en contra de China, los musulmanes y los inmigrantes indocumentados, Trump podría alejar la ayuda extranjera clave. Aunque Sanders es en esencia un capitalista, es una amenaza económica. Él enfoca su indignación hacia el 1 por ciento de la población privilegiado al abogar por la redistribución a través de un sistema de salud universal, gratuidad de la educación superior, permisos familiares remunerados e incrementos masivos a los impuestos de los más ricos. Ambos critican el sistema de pagar para jugar que se usa en las campañas y que tiene como consecuencia que menos de 200 familias tengan más influencia en las elecciones que el resto de los hogares estadounidenses combinados.

Trump está mejor posicionado para ganar las elecciones debido a que, muy probablemente, dominará las primeras cuatro primarias: Iowa, New Hampshire, Nevada y Carolina del Sur, y eso le abre claramente el camino hacia el triunfo.

Sanders es la gran amenaza existencialista, pero tiene menos posibilidades de ganar la nominación porque Hillary Clinton tiene la maquinaria, las conexiones y el dinero para ganar el careo, junto con un frente unido de capitalistas detrás de ella. Si Sanders ganase la nominación de los demócratas, sería imposible contar el dinero que gastarían los ricos para derrotarlo en unas elecciones generales.

Pero a pesar de la demagogia de Trump y Sanders, ambos han expuesto a sus partidos como un cascarón vacío. Los partidos Demócrata y Republicano y los candidatos del establishment están en un aprieto porque dependen demasiado de Wall Street y este no les garantiza soluciones significativas a las crisis sociales que son consecuencia de un sistema político y económico amañado.

Hasta ahora la estrategia de Clinton es vestir el manto de Obama y ubicarse como la única mano capaz de guiar a Estados Unidos en este mundo peligroso. Asociarse a un presidente popular es algo obvio, pero Clinton se presenta como una candidata segura y que dirá lo que sea para resultar electa. Ella juega en los dos bandos, disfruta del brillo de la presidencia de Bill Clinton anterior al 11S mientras afirma que rechaza políticas como NAFTA, más policías y prisiones, liberalización financiera, el trato duro hacia los inmigrantes indocumentados y la destrucción del bienestar social.

Sin embargo, para los estadounidenses en apuros mantener el curso actual es el camino para más sufrimiento y marginalización. Con sus políticas redistributivas, Sanders presta atención a las graves condiciones de la clase trabajadora aunque su base es mayoritariamente blancos educados y liberales. Él tiene la visión y la pasión, además de un infeccioso llamado a la “revolución política”. Clinton no posee eso y por eso cae en el modelo del establishment que le ha impedido aplastarlo. Se prevén problemas para Clinton en noviembre porque deberá maniobrar entre el odio visceral que le profesa la derecha y el disgusto que los progresistas le tienen al cinismo de los Clinton. Su multimillonaria campaña le asegurará mucho músculo político, pero ella carece de una narrativa contundente que es un elemento clave para triunfar en una campaña presidencial.

Los republicanos sufren de la misma enfermedad: la política habitual. Incapaces de competir con el circo que es Donald Trump y los tres demonios que lo conforman: ego, ordinariez y dinero, sus adversarios tratan de ganar ventaja entre ellos con una morbosa adulación a Reagan, la exclusión de los pobres y el belicismo. Luego de décadas de llamados para reducir los impuestos, atacar a los derechos reproductores, y guerras; más de lo mismo atrae a unos cuantos trabajadores blancos. Trump ha apelado a un nacionalismo populista blanco y se ha dado cuenta que romper con la ortodoxia republicana lo ha beneficiado. Él habla favorablemente de los sindicatos, se opone a los pactos de negocios y desea imponer impuestos a las importaciones y deportar a los trabajadores indocumentados. Ha criticado la “guerra al terrorismo” por haber malgastado billones de dólares que pudieron haberse usado para revivir la economía estadounidense. Ni siquiera Sanders, cuyo socialismo termina en las fronteras de Estados Unidos, iría tan lejos. El principal atractivo de Trump son los chivos expiatorios, que atrae a ciertos sindicalistas, pero la evidencia indica que sus políticas económicas perjudicarían a los trabajadores que lo apoyarían.

Sanders y Trump han catalizado un quiebre en la política nacional sin precedentes en la era moderna. Ambos han atacado exitosamente al consenso neoliberal del libre comercio y el bienestar social corporativo que se oponen diametralmente a los términos de redistribución en la izquierda y la exclusión en la derecha. Esto va más allá de una crisis partidista interna que trajo a colación Ted Cruz. Los republicanos desprecian a Cruz porque ha desviado sus redes de poder, no porque sea una amenaza fundamental a la existencia del partido.

Sin embargo, el Estado profundo y su constelación de corporaciones, Estado, ideología y el poder político es lo suficientemente resistente para ajustarse a una presidencia de Trump o Sanders. Algunos republicanos dicen que podrían vivir con Trump porque él es “pragmático”. Trump podría funcionar con un Congreso de derecha para aprobar leyes discriminatorias y recortes de impuestos a los más ricos, mientras que este, al mismo tiempo, podría bloquear gran parte de su agenda, por ejemplo, los impuestos, que llevarían a la ruina económica. Sin embargo, sería incapaz de cumplir las promesas de deportaciones masivas y encarcelar a todos los musulmanes, una presidencia de Trump podría impulsar la violencia organizada, además de dañar las relaciones con países de Latinoamérica, Oriente Medio y Asia Oriental; todo eso perjudicaría el poder estadounidense y la economía y se daría inicio a otro ciclo de nativismo frenético.

Si Sanders ganara, el Congreso estaría en un punto muerto permanente. Los demócratas diluirían sus políticas hasta hacerlas irreconocibles y ese sería el precio de su apoyo; los republicanos formarían un muro de hierro opositor mientras los medios aullarían incesantemente porque un socialista tomó el poder. Los mercados financieros no quieren a ninguno de los candidatos, pero podrían hundirse con una victoria de Sanders y se dispararía una nueva recesión. El control de Sanders de la burocracia federal y el ejecutivo le permitirían realizar algunos cambios importantes; así, la oposición capitalista probablemente inspiraría a que la izquierda y los trabajadores se organizaran, pero la derecha que tiene una mejor organización también se beneficiaría, incluyendo a las milicias extremistas y los grupos supremacistas blancos.

Clinton es la favorita para triunfar el próximo noviembre y los republicanos probablemente se unirán detrás de Marco Rubio para detener a Trump. Los liderazgos de ambos partidos tratarán de adaptarse a las particularidades, pero son indiferentes al creciente sufrimiento y, sin duda, no tienen planes para detenerlo. A pesar de lo que suceda en las elecciones, el apoyo de los estadounidenses a la globalización capitalista continuará disminuyendo e incrementará las probabilidades de un juicio final debido a las décadas de lucha de clases. El asunto es si serán los pobres los que paguen el precio o los ricos.

¿Por qué no cae ningún capo gringo del narcotráfico?

xoanmdelrio

 

 

Lo llamaron “Plan Colombia” y se inscribía en la estela de la “guerra contra las drogas” declarada por el mentiroso presidente Nixon hace 40 años. Lo suscribieron su sucesor Bill Clinton y uno de los peores presidentes que haya sufrido Colombia, Andrés Pastrana.

La pasada semana se celebró en Washington el 15 aniversario del “Plan”. Con reunión masiva en el ala este de la Casa Blanca y una superfiesta en la embajada colombiana, que inauguraba local. Allí se anunció una secuela que se llamará “Paz Colombia”, si el Senado le aprueba a Obama unos cientos de miles de dólares que añadir a los teóricos 10.000 millones ya gastados.

En principio, el objetivo central del Plan era combatir el narcotráfico, acabar con la producción y consumo de drogas, especialmente de la cocaína. Pero pronto, en la estela de una guerra fría que seguía vigente en América Latina, se orientó fundamentalmente a la lucha contra la subversión, representada especialmente por las FARC, que entonces contaban con 25.000 miembros y podían poner en jaque al Estado en numerosas zonas del territorio colombiano.

Helicópteros, pertrechos, asesores, para acabar con la “guerrilla comunista”, fueron el centro del convenio. Más adelante, a través de operaciones encubiertas con la CIA y la NSA (Agencia Nacional de Seguridad) tristemente célebre por las revelaciones del perseguido Edward Snowden sobre sus actividades de interceptación y espionaje ilegal en todo el mundo, se vendió al Gobierno de Uribe tecnología sofisticada, especialmente las denominadas “bombas inteligentes” que contribuyeron a abatir jefes guerrilleros como el mando militar Jojoy, Alfonso Cano o Raúl Reyes, este último en territorio ecuatoriano mediante el apoyo logístico de la base militar estadounidense de Manta, hoy clausurada por el presidente Correa.

A pesar de los duros golpes infligidos a la guerrilla, “daños colaterales” incluidos, el Plan Colombia no consiguió terminar con las FARC, que han seguido ocupando territorio con más de 10.000 efectivos y manteniendo en jaque a las fuerzas militares. Por eso el actual presidente, Juan Manuel Santos, aun cuando fue ministro de Defensa con el guerrerista Uribe, decidió nada más iniciar su mandato entablar unas conversaciones de paz que se han desarrollado en los últimos años en La Habana, que ya han conseguido la tregua en las acciones de la guerrilla y permitirán alcanzar la paz negociada en los próximos meses. Lo que no consiguieron el Plan Colombia ni el Ejército en medio siglo, lo han logrado civiles y jefes guerrilleros sentados en una mesa desarmada en la capital cubana.

Junto al énfasis guerrero, la vertiente “antidrogas” del Plan Colombia ha desplegado su acción en los últimos 15 años, principalmente centrada en la fumigación aérea de los cultivos. Así como en el aspecto militar del acuerdo el dinero “donado” debía emplearse en la compra de todo lo empleado – “incluidas las botas de los soldados”, según me informaba un alto cargo del Gobierno Uribe–, en este caso, las beneficiarias de la fumigación eran, además de los aviones alquilados, las multinacionales químicas Monsanto y Dow Chemical, que se deshacían en Colombia a precio de oro de venenos cuya aspersión ya está prohibida en el mundo civilizado por la presión ecologista e incluso de los organismos de Naciones Unidas.

Cuatro millones de hectáreas han sido fumigadas en territorio colombiano durante el Plan Colombia, obligando al traslado de cultivos sin eliminarlos, antes bien aumentando el área sembrada de coca y, según el gran periodista Antonio Caballero (antiguo columnista de Público), “arrojando a los campesinos cocaleros en brazos de las guerrillas que los defienden y a las que pagan protección”.

Junto al Plan, los agentes de la poderosa agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) han operado en Colombia a sus anchas como una dependencia clave de la Embajada en Bogotá. Con sus investigaciones han logrado centenares de detenciones seguidas de extradición, para que cuenten lo que saben y enriquezcan el patrimonio informativo y la capacidad de presión de la agencia a todos los niveles, incluyendo centros de poder económico y político.

Más de mil extraditados desde Colombia. Célebres narcos como Pablo Escobar abatidos o grandes narcos, como los jefes del cártel de Cali, conducidos a cárceles estadounidenses. En estos días, el Chapo Guzmán, tras su enésima fuga, trincado en medio de la horterada que persigue a este tipo de personajes y reclamado de inmediato por la potencia del Norte…

Pero la pregunta que servía de titular a este comentario sigue en el aire.

Las toneladas de cocaína y heroína llegan puntualmente a Estados Unidos desde Colombia, México, Panamá o Perú para su distribución en su inmenso territorio mediante redes bien organizadas, hasta llegar, con pureza variable, al ejecutivo de Wall Street o al negro lumpen del Bronx…¿Quién las recibe? ¿Qué fantasmas invisibles se hacen cargo de las avionetas, los submarinos o las mulas viajeras que arriban a los aeropuertos con su carga de coca?

¿Por qué se habla de “chapos”, “escobares”, “orejuelas”, y jamás de un capo estadounidense? ¿Por qué nadie investiga cómo se manejan las inmensas cantidades de dólares que sin duda manejan los bancos lavadores del destino final de la droga, infinitamente superior en valor al de la compra de la hoja al perseguido campesino cocalero?

Hace tiempo, García Márquez le preguntó reservadamente a Clinton sobre todo esto. Más o menos le contestó que la respuesta era un grave problema de Estado y que se sabría, al modo de los misterios de Fátima, dentro de varias décadas.

Mientras tanto, los mayores consumidores y agentes del negocio de la droga son de la misma potencia que aparece como perseguidora implacable del narcotráfico.

Como decía el paisano citado por Carlos Fuentes refiriéndose a los gringos: “Ellos ponen sus narices, nosotros los muertitos”.

La era de los prosumidores

Ignacio Ramonet presenta en este libro una reflexión sobre el periodismo, cómo le afecta la crisis, cómo se introduce en internet y cómo los medios de comunicación se ven hipnotizados por las fuerzas políticas. Sin embargo, lo más importante de la obra es la forma de comparar, observar y narrar el cambio que sufre el periodismo y sus seguidores, desde los propios redactores en las empresas hasta los lectores que sufren transformaciones sin percatarse. “La explosión del periodismo” es un libro breve y conciso que en 150 páginas explica intensamente la situación actual; palabras y situaciones que todo periodista debe llevar consigo en el camino de la información.

El primer problema que presenta y que destacaría es la crisis de identidad que escuchamos constantemente. ¿Qué es un periodista? “Si ahora cualquiera puede ser periodista”, afirma el autor. El periodismo ha cambiado de significado desde que internet empezó a estrangular a las redacciones y al diario de papel aunque los más afectados han sido los periodistas como personas con vocación y ganas de trabajar. El periodista del siglo XXI “sabe de todo” o parece que sepa de todo, es un blogger, un aficionado a captar videos, un fotógrafo apasionado o un licenciado en periodismo buscando un hueco en el mundo de las redes sociales; esta “sabiduría universal” ha aparecido por la presión de las empresas, y es que ahora uno tiene que saber hacer una foto decente, montar un video y entender a la perfección cada sección de un diario on-line. Quizás sea doloroso para algunos saber que ya no existen los usuarios en la red, que el periodismo ha cambiado de una forma asombrosa con la llegada de los llamados “prosumidores” (productores-consumidores) que Ramonet presenta en su libro, pues entre ellos está el periodista con su perfil en Twitter o Facebook que observa que la comunicación ha abierto su puerta de atrás para que todos tengan derecho a comunicar, sea bien o mal.

Si a todo lo anterior le sumamos las condiciones pésimas de los periodistas, la crisis económica y una pérdida cada vez mayor de la credibilidad; podemos encontrarnos en mitad de un tornado que no sabemos ni dónde ni cuándo parará. Ignacio Ramonet expone que ahora hay un “tratamiento menos completo de la información, supresión de puestos de corresponsales en el extranjero, y lo que es más grave, liquidación programada de géneros que se consideran demasiado caros o no rentables como el periodismo de investigación y los reportajes de campo”, algo que nos hace reflexionar todavía más en la calidad de la información y en la desaparición de la investigación, faceta realmente importante e identificativa del buen periodismo.

“Mentirosos Compulsivos” es el título de uno de los capítulos más interesantes del libro, junto al de “WikiLeaks”, ya que Ramonet explica la importancia de la verdad y de que la información esté contrastada, noticias de calidad que no sean escudos de los poderes políticos y que eviten que estos dominen los medios de comunicación. “Manipulación mediática a gran escala” es lo que este autor refleja con todos los casos de control por parte de los gobiernos; internet se está convirtiendo en el arma de la sociedad ante una democracia que ha perdido su significado, una sociedad que tiene muy presente la manipulación que están sufriendo.

La última cuestión que destacaría es esa pregunta que cada día tiene una contestación distinta, muchos opinan que el papel desaparecerá y otros como Ramonet insisten en el aforismo del físico Walt de Heer: “Los aviones no han sustituido a los barcos”, una afirmación más que razonable puesto que la televisión no sustituyó a la radio ni ésta al papel; ahora llega un medio con infinidad de oportunidades que dan giros de 180º a la profesión, pero que servirán para darnos cuenta de que la veracidad va por encima del capitalismo. Una era de prosumidores que no dejan de reclamar información fiable y que aportan pruebas de que los medios cada vez son menos creibles.

“La victoria de la actualidad en los medios de masas”

“Los nuevos usuarios se acercan a los perfiles periodísticos”

“Internet sumerge al papel en un mar de dudas”

“La crisis de la especialización y la profundización periodística”

“La manipulación mediática ya no pasa desapercibida, los usuarios exigen veracidad”

Perder la guerra un cuarto de siglo después

Carlos Dada

Estoy de acuerdo: hay que mirar hacia adelante. No hay otra forma de construir un mejor país que imaginándolo, y solo se puede imaginar hacia el futuro. Hay que mirar hacia adelante.

Pero ese país no será mejor si no garantizamos que no cometeremos los errores que hemos cometido en el pasado. Si no garantizamos que nadie puede cometer crímenes de lesa humanidad, pasar por encima de nadie, violar nuestros derechos más elementales. Que aquel que lo haga será castigado. Por eso es tan importante analizar y juzgar lo que debe ser juzgado y avanzar hacia la construcción de ese país mejor, en el que no cabe la impunidad.

Quienes dicen hoy que no hay que reabrir heridas, y que es mejor no mirar atrás, esgrimen un argumento que vale igual para justificar que no se revisen las administraciones de los expresidentes Flores, Saca o Funes. O sus cuentas personales. Al fin y al cabo eso ya es parte del pasado.

El operativo policial lanzado la noche del viernes pasado para capturar a 17 militares, acusados del asesinato de los sacerdotes jesuitas en 1989, es apenas el último de una serie de decisiones judiciales tomadas en los últimos años, referidas todas ellas a personajes y acciones ocurridas durante el conflicto armado.

Las capturas de cuatro (apenas cuatro) de los 17 militares requeridos por interpol se dieron pocas horas después de que un tribunal de Estados Unidos concediera la extradición de otro militar involucrado en ese mismo crimen, el coronel Inocente Orlando Montano, hacia España, para ser juzgado en la Audiencia Nacional de ese país. Montano está en una prisión norteamericana desde hace dos años; técnicamente por mentir en una solicitud migratoria. Durante su juicio, la justicia estadounidense lo responsabilizó de más de medio millar de torturas y decenas de ejecuciones y desapariciones durante sus más de 30 años de una carrera militar que lo llevó, de acto brutal en acto brutal, hasta el viceministerio de Seguridad, desde donde fue, entre otras cosas, partícipe de la orden para asesinar a los sacerdotes.

Si uno lee las reacciones que han circulado estos días por redes sociales, pensaría que nada ha cambiado en El Salvador desde enero de 1992, cuando los Acuerdos de Paz pusieron fin a la guerra. Lo mismo parece confirmar el comunicado de tres importantes partidos políticos salvadoreños (Arena, PCN y PDC) en el que condenan las recientes capturas porque “se enmarcan en actuaciones que agravan la polarización, reabren heridas en la sociedad salvadoreña y atentan a la letra y espíritu de los Acuerdos de Paz firmados en 1992”.

Pero pensar que nada ha cambiado sería erróneo. Hoy un comandante guerrillero es presidente del país, en el segundo gobierno del FMLN que ha demostrado tanta negligencia para gobernar, capacidad para negociar con mafias y tolerancia con la corrupción en sus propias filas como lo hicieron los gobiernos de la derecha.

Hoy los militares están casi completamente fuera de la arena política (salvo por la decisión de Mauricio Funes de otorgar poder político a David Munguía Payés, un coronel retirado al que reactivó y ascendió a general y pasó de Defensa a Seguridad Pública y que hoy, bajo la administración Sánchez Cerén, ha logrado mantener su cuota como ministro de Defensa); y algunos coroneles y generales, que hace apenas un cuarto de siglo controlaban la vida y muerte de los salvadoreños, hoy están prófugos.

Pocas imágenes dan muestra de qué tanto ha cambiado el mundo desde esos años como la de dos exministros de Defensa, los otrora todopoderosos Guillermo García y Eugenio Vides Casanova, llegando a San Salvador esposados en un avión para deportados. Ambas deportaciones sucedieron a larguísimos procesos judiciales en tribunales civiles estadounidenses, en los que jurados y jueces encontraron a los dos militares culpables de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes contra la humanidad. En ese mismo proceso se encuentra otro exministro de Defensa, también encontrado ya culpable en Estados Unidos de gravísimas violaciones a los derechos humanos: el general Nicolás Carranza.

El exalcalde de San Salvador, Norman Quijano, reaccionó airado ante las capturas con una respuesta común entre las filas de la derecha: “Si van a extraditar a nuestros soldados, que nos defendieron, que se lleven a Sánchez Cerén y todos los que asesinaron y destruyeron el país. Alerta salvadoreños, o todos en la cama o todos en el piso. ¿Quién responderá por los asesinatos cobardes del FMLN durante el conflicto?”. Hay algo de verdad y mucho de amnesia en esa respuesta.

La parte rescatable de la respuesta de Quijano es que los crímenes no son exclusivos de un solo bando. La legitimidad de las víctimas no depende del bando ideológico que las victimizó. Víctimas son víctimas y todas tienen derecho a que se les restaure su dignidad a través de la justicia. Todas. Si algunas personas, o sus deudos, se consideran agraviados por un crimen cometido por quien sea, tienen derecho a la justicia y el Estado la obligación de proveerla. A todos.

La parte amnésica, falsa, de la reacción de Quijano, es sostener que el Ejército “nos defendió” de rebeldes que “asesinaron y destruyeron el país”.

Hace 24 años se firmaron los acuerdos que pusieron fin a la guerra, a partir del mutuo convencimiento de las partes de que era imposible que una se impusiera militarmente; y que era inviable políticamente mantener el conflicto tras la caída del muro de Berlín. Entonces se declaró un empate, se firmaron los acuerdos y la derecha, que a través de Arena gobernó el país durante 20 años, intentó registrar la posguerra como su triunfo ideológico sobre la izquierda, a la que calificaron errónea y uniformemente como comunista.

En realidad ha sucedido todo lo contrario: La derecha está ahora, un cuarto de siglo después, perdiendo aquella guerra.

Hoy la historia, que suele ser paciente, comienza a poner en su lugar las piezas de nuestro cruento conflicto. No se trató de la defensa del ejército contra la agresión comunista; sino, por el contrario, de la existencia de una dictadura militar apoyada en grupos paramilitares y sostenida por la oligarquía salvadoreña, cuyo único objetivo era perpetuar una de las sociedades más desiguales e injustas de occidente en la que la mayoría de la población vivía en la miseria para beneficio de oligarcas y militares corruptos.

La guerra no surgió porque el ejército se vio obligado a defender a la patria de una agresión comunista. La guerra surgió por la imposibilidad de sacar del gobierno a través de las urnas a una dictadura militar; por el cansancio de las clases obreras y campesinas ante la brutal represión de ese ejército y la descarada, inhumana explotación que de ellos hacía la oligarquía agroindustrial. Es indudable que movimientos internacionales y gobiernos de izquierda alimentaron en gran medida la capacidad de los grupos guerrilleros, pero eso no los convierte en el origen de la guerra.

El origen está en un sistema dictatorial y criminal al servicio de unos pocos.

Tres pilares fundamentales sostenían ese sistema injusto: la oligarquía, los militares y la iglesia católica. En 1932, cuando el coletazo de la gran crisis del 29 en Estados Unidos nos alcanzó y la economía salvadoreña se deprimió, los campesinos indígenas, hambrientos, exigieron mejores condiciones, algo insultante para los patronos de las fincas cafetaleras. En 1932, el uno por ciento (¡Uno por ciento!) de la población controlaba el 90 por ciento de la riqueza nacional. A los campesinos que protestaron les llamaron comunistas y el ejército, encabezado por el dictador Maximiliano Hernández Martínez, se encargó de dar una lección histórica: asesinó a 30 mil de ellos. El dictador dijo que estaba defendiendo a la patria del comunismo. Y entonces comenzó aquello del odio de clases.

En otras palabras, desde entonces la justificación de quienes sostenían a fuego y hambre el sistema era que los campesinos hambreados, en su mayoría indígenas, que habían sido despojados de sus tierras y cuyos hijos se estaban muriendo de hambre, esclavizados por terratenientes y terriblemente reprimidos por el ejército, odiaban a los ricos y por eso protestaban, por comunistas. Odio de clase. Los terratenientes y el ejército no odiaban a nadie. Mantenían hambreados a los campesinos, pero si los mataban era para defender a la patria del comunismo. De paso, eliminaron toda expresión de la cultura indígena en El Salvador.

Virginia Tilley, en un trabajo académico citado en El Faro Académico, lo resumió así: “La Matanza de 1932 se debe comprender teniendo en mente su historia: no como una revuelta campesina con un ángulo racial sino como la última convulsión de la rebelión indígena contra el colonialismo. Para 1931 los indígenas estaban perdiendo rápidamente sus parcelas, su ingreso de subsistencia e incluso las modestas compensaciones del clientelismo ladino, al mismo tiempo que el sistema de peonaje por deudas transfería la tierra a los ladinos. El movimiento comunista solamente proporcionó el fósforo que dio fuego a este material combustible de resentimiento étnico. La revuelta en sí, sus slogans, liderazgo, blancos y metas, sugieren una ‘guerra de razas’, con grupos indígenas asaltando los emblemas del poder ladino. La represión subsiguiente indicaba las mismas dinámicas raciales.

“Ciertamente el ejército desempeñó un papel asesino en los primeros días y semanas. Pero el alcance genocida de la Matanza (cuya escala no se conoce con precisión pero que decimó y devastó a las comunidades indígenas) fue responsabilidad de grupos civiles ladinos y autoridades municipales que desearon con particular inquina ‘que se extermine de raíz la plaga’”.

La matanza de 1932 granjeó a la oligarquía y al ejército medio siglo de “tranquilidad” en las fincas. Nadie se rebelaba por temor a otra matanza y los indígenas dejaron de vestirse a su manera tradicional y de hablar otro idioma que no fuera el castellano.

El sistema se mantuvo alimentado, ya en la guerra fría, por la obsesión norteamericana contra el comunismo, urgida por el triunfo de la revolución cubana. El ejército salvadoreño solía premiar a sus oficiales más sangrientos, particularmente después de la guerra contra Honduras y en el camino hacia la guerra civil.

Los jesuitas fueron, en América Latina, el grupo religioso que de manera más radical adoptó las enseñanzas del Concilio Vaticano II, que llamaba a la liberación del hombre en esta vida. El derecho del hombre a una vida digna. En ningún lugar parecía más urgente esa liberación que en una América Latina plagada de dictaduras militares garantes de sistemas sociales tan injustos como el nuestro. En ningún lugar de América Latina tanto como en esa parte de América Central que hoy conocemos como el CA-4.

Cuando el general Carlos Humberto Romero llegó al poder mediante un nuevo fraude electoral, en 1977, El Salvador era el país de América Latina con el más largo periodo de gobiernos militares en la región: 50 años (desde que el coronel Maximiliano Sanchez Hernández derrocara al gobierno de Arturo Araujo, en 1931). Poco antes de asumir la presidencia, aún como ministro de Defensa, las tropas bajo el mando del general Romero asesinaron al sacerdote jesuita Rutilio Grande.

En 1990, un año después del asesinato de Ignacio Ellacuría y los otros sacerdotes jesuitas, el mayor Roberto Molina, jefe de la oficina de derechos humanos del Ejército, le dijo a la misión investigadora de America’s Watch: “Los clérigos progresistas tienen una gran responsabilidad por lo que ha pasado en este país. Han lanzado una guerra de clases. Negros contra blancos. Pobres contra ricos. Pequeños contra grandes”.

No fueron muy distintas, el sábado pasado, las palabras del actual director del sector empresarial de San Salvador en Arena, Alfredo Pereira. Ante un llamado del hermano del asesinado jesuita Ignacio Ellacuría de que el crimen no quedara en la impunidad, Pereira respondió a través de su cuenta de Twitter: “si su hermano vino a ES sin ser llamado y vino a promover la teologia de la liberación y odio de clases cosecho lo que sembro (sic)”. Después borró el tuit.

Estas expresiones son inadmisibles, pero son parte del último intento desesperado de la derecha de conservar algún lugar digno en la historia prepaz.

No es posible, afortunadamente, conservar ningún lugar digno en ninguna historia defendiendo algunos de los más horrendos crímenes que registra el Siglo XX en nuestra región. Si la derecha quiere rescatar alguna legitimidad, debe hacerlo defendiendo una perspectiva de nación donde se vislumbre un bienestar para todos sus ciudadanos. Para todos. Esto no es posible hacerlo legitimando criminales y asesinos.

Un cuarto de siglo después de que terminara la guerra, la derecha la está perdiendo. El sistema que defendía es insostenible y es criminal. Estaba basado en beneficios para un pequeño grupo o clase a costa de los otros. Esto, justamente, es odio de clases. Esto es lo que la historia nos ha enseñado apenas un cuarto de siglo después.

Pero aquí hay que hacer una aclaración: el principio dice que a mayor poder mayor responsabilidad. Los soldados, también la mayoría de ellos de origen humilde, que participaron en la guerra y que posiblemente cometieron la mayor parte de los crímenes que hoy conocemos, tienen un nivel responsabilidad menor que el de sus jefes, y así hacia arriba. La responsabilidad de mando significa haber dado órdenes o, sabiendo que sus subalternos habían cometido atrocidades, no castigarlos ni hacer nada para evitar que esto se repitiera. (En las capturas del pasado viernes, tres de lo cuatro capturados eran, en 1989, soldados de tropa que ya confesaron haber sacado de sus casas a lo sacerdotes jesuitas y, a sangre fría, haberles disparado. El cuarto es el coronel Benavides, exjefe de la Escuela Militar, que ya fue juzgado y condenado por el hecho en un irregular juicio en San Salvador poco después de la masacre. Casualmente, ninguno de los coroneles y después generales acusados del crimen estaban en sus casas a altas horas de la noche).

Según la Comisión de la Verdad, la inmensa mayoría de los crímenes fueron cometidos por las fuerzas militares o paramilitares, pero esto no exime a la izquierda. No la exime ni justifica.

Es cierto que algunos grupos izquierdistas pretendían instaurar gobiernos “totalitarios”, como me argumentó hace poco un veterano arenero. Algunos, pero no todos. Le recordé que la lucha contra el régimen logró unificar incluso a demócratas cristianos, algunos más cercanos a la derecha, con comunistas, socialdemócratas y socialcristianos, como sucedió en la Unión Nacional Opositora. Por otro lado, ¿qué sistema puede ser más totalitario que uno controlado durante medio siglo por un ejército represor y una oligarquía asfixiante? ¿Qué libertades representa una dictadura militar en la que la protesta es castigada con la tortura y la muerte? ¿Qué país de oportunidades aquel en el que una pequeña minoría concentra una parte tan escandalosa de la riqueza nacional, y controla de manera casi absoluta el bienestar de su población? Esto, incluso para él, es ya indefendible. Pero él y sus correligionarios necesitan justificar algún nivel de legitimidad en su lucha. Difícilmente la encontrarán en los años del conflicto armado, ya no se diga en expresiones tan ofensivas, ignorantes y estúpidas como la de justificar el asesinato de unos religiosos intelectuales.

El asesinato de los jesuitas acabó costando la guerra a la derecha. Es hora de que lo reconozcan y vean hacia adelante.

La izquierda, en cambio, está perdiendo la paz. Pero eso requiere de una nueva columna.

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*Carlos Dada es periodista de El Faro. Fue fundador del periódico y su director entre 1998 y 2014. Ha recibido numerosos premios internacionales y sido becario Knight en la Universidad de Stanford, y Cullman en la Biblioteca Pública de Nueva York. Actualmente imparte clases en la universidad de Yale mientras escribe un libro sobre el asesinato de Monseñor Romero y los escuadrones de la muerte en El Salvador.

Especialistas de Radiola (I)

Armando Salazar

Primera de tres anécdotas sobre la estratégica importancia que tuvo para la guerrilla, el despejar un importante corredor en Chalatenango

Al interior de las FPL se estableció que cada frente de guerra tenía que se jefeado por un miembro de la Comisión Política. Pero para Radiola, después de la toma de Cinquera, “nadie quiso ir”. Fue cuando hicieron la excepción y nombraron a un miembro del Consejo Revolucionario.

Radiola fue un frente extremadamente complicado durante la guerra. Pequeño, con peligrosas barreras como el lago Suchitlán y la calle nueva a Suchitoto y cruzado por muchos riachuelos y serranías muy vegetadas de poca y mediana altura. Pero la complicación más importante procedía que el área también estaba bajo la jurisdicción militar directa de la Fuerza Aérea.

Su sobrenombre surge en la época de FECCAS para designar en la década de los 70 al área de organización popular campesina de Cinquera, Tejutepeque, Jutiapa y alrededores de Suchitoto así como de Tenancingo. Igualmente toda la zona estaba saturada de despiadados paramilitares de ORDEN que incluso muchos eran familiares de los “organizados”.

El gobierno, los norteamericanos y el ejército otorgaron gran importancia debido a que el frente de Radiola colindaba directamente con la presa hidroeléctrica del Cerrón Grande y estaba relativamente a pocos kilómetros de la vertebral carretera panamericana en el centro del país.

Comprendía un reducido territorio que posiblemente no sobrepasaba los 70 kilómetros cuadrados, pero era un espacio de alta y densa intensidad de guerra. En los primeros años de guerra, el ejército terminó de despoblar a pura bomba y masacres de los batallones élites entrenados por los norteamericanos, principalmente el Atlacatl y a mediados de la guerra los norteamericanos aplicaron a fondo sus tácticas contrainsurgentes de la llamada “baja intensidad”.

La toma de las posiciones militares de Cinquera fue dramática. El ejército tenía a una compañía del Destacamento # 2 de Sensuntepeque y a medio centenar de agresivos patrulleros que procedían de las fuentes originales y más atroces de ORDEN. Por años, antes del inicio de la guerra, los paramilitares junto a la Guardia Nacional habían cometido espantosos crímenes para liquidar la organización campesina de FECCAS.

Antes del 8 de mayo de 1983, varios ataques guerrilleros de distintas organizaciones se habían realizado y solo a dejar muertos iban. Fue cuando los destacamentos de Chalatenango que formarían el batallón que sería el X-21 cruzaron en pequeñas lanchas y cayucos el Lago Suchitlán para juntarse con las tropas del K-93 de Radiola de las FPL y unidades de las FAL-PCS procedentes de Guazapa.

La maniobra era amplia en todo el terreno, que no solo comprendía el asalto militar sino también el ataque a muchas posiciones atrincheradas en las serranías periféricas y emboscadas en las calles de acceso departamental.

Gérman Serrano iba jefeando las tropas del X-21 a Cinquera, afamadas por su experiencia en el asalto y aniquilamiento de posiciones fijas, a las que se sumaron unidades de las FAL. Se atacaba simultáneamente las posiciones del cerro La Mesa, el Azacualpa, El Tortuguero y Santa Rita y en total constituían más de 30 posiciones, anillos de trincheras y en varias de ellas existían túneles y zanjas de comunicación, dispositivos no detectados con precisión en las exploraciones.

La operación fue sumamente complicada y sangrienta. Finalmente, al amanecer, se había aniquilado numerosa fuerza del ejército, paramilitares y refuerzos, se hicieron más de 50 prisioneros y se capturaron gran cantidad de armas. Pero esa operación costó 84 bajas guerrilleras entre muertos y heridos, que tuvieron que salir de las filas de los batallones. Era la operación de mayor importancia en el Frente Central que se hacía por parte de las FPL inmediatamente después de los “Sucesos de Abril”.

A partir de allí, en los siguientes seis meses, se desencadenaron operaciones y fuertes combates en Jutiapa, Tejutepeque, la Calle Nueva a Suchitoto, cerro Tecomatepe, Tenancingo y cerca de Santa Cruz Michapa a escasos kilómetros de la Carretera Panamericana.

Radiola quedó “despejada” de posiciones militares con la excepción de Suchitoto y la presa hidroeléctrica del Cerrón Grande. Con ello se ampliaba la zona controlada y se liberaba el corredor guerrillero de Chalatenango a la zona central y las rutas de comunicación y logística con otras zonas y frentes.

Cuando las FPL se tomaron exitosamente el Cerrón Grande un año después, el ejército, ya era conducido en lo estratégico, táctico y lo diario prácticamente por los norteamericanos, quienes comienzan a ejecutar nuevas tácticas para ingresar e intentar golpear a las fuerzas guerrilleras de Radiola, apoyándose fundamentalmente en la Fuerza Aérea.

A Radiola también se le comienza a mencionar como el “Viet Nam” de los frentes por las tropas y jefaturas guerrilleras. Radiola se convirtió en una zona de sustos recíprocos y de formas poco convencionales y conocidas de hacer la guerra en El Salvador.