Revolución: El cruce de los Andes (pelicula)

Narcotráfico e intervencionismo en Costa Rica

Jacinto Granda

La presencia del narcotráfico en Costa Rica se ha incrementado durante los últimos meses. Las autoridades locales parecen no estar preparadas para enfrentar un problema que ya se ha vuelto incontenible en países de América Central. El fortalecimiento de las mafias va acompañado de una campaña para que las sociedades acepten más bases militares y efectivos estadunidenses en la región

El camino de las drogas incluye a Costa Rica y a su paso deja una urdimbre que motiva temores en esa nación centroamericana.

Mientras el narcotráfico perfecciona sus vías, la policía presenta grandes limitaciones para combatirlo y pueden aparecer propuestas de soluciones que amenazan la soberanía.
El jefe de la Policía de Control de Drogas, Mauricio Boraschi, reconoció recientemente que “si queremos evitar que las drogas continúen contaminando el país, vamos a necesitar asistencia de nuestro gobierno y de la comunidad internacional”.
En sus declaraciones al periódico Costa Rica Hoy, Boraschi añadió: “Simplemente no tenemos los recursos para combatir adecuadamente la cantidad de narcotráfico que estamos viendo actualmente”.
Igualmente, José María Tijerino, quien dimitió como ministro de Seguridad el pasado 25 de abril, afirmó que Costa Rica no puede mejorar la seguridad nacional sin aumentar su inversión en efectivos policiales.


“Faltan vehículos policiales, equipo moderno, efectivos policiales y el estado de las fuerzas armadas en ciertas partes de la nación es deplorable”, aseveró.
Las mencionadas limitaciones de las fuerzas antidrogas costarricenses debido al poco apoyo del gobierno y la aludida necesidad de ayuda internacional pueden convertirse en un pretexto para pedir el aumento de la presencia de fuerzas armadas estadunidenses, coinciden diversos comentaristas.


Bajo la supuesta lucha contra el narcotráfico, el gobierno estadunidense mantiene efectivos militares en varias naciones latinoamericanas y así fortalece aún más su injerencia en la región.
La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó el ingreso de 46 naves y otros efectivos de Estados Unidos, a pesar del rechazo de diversos sectores sociales.
Los buques operan en aguas de la zona económica exclusiva costarricense en el Océano Pacífico y el Mar Caribe, desde el 1 de enero y hasta el 30 de junio de este año.


La presidenta del Consejo Mundial de la Paz, la brasileña María Socorro Gomes, repudió la presencia de bases militares de Estados Unidos en El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica y Colombia, además de la de Guantánamo, Cuba.
En una sesión del II Seminario de Paz por la Abolición de Bases Militares Extranjeras, efectuada en Guantánamo, extremo oriental cubano, Gomes subrayó que esa práctica de la Casa Blanca forma parte de la política de reconquista de América Latina, impulsada por la administración de Barack Obama.


A esas carencias de la policía costarricense en la lucha antidroga, se suma que los narcotraficantes recurren a formas cada vez más ingeniosas para enviar sus cargamentos por el mundo, declararon fuentes policiacas citadas por la prensa nacional.
Hace unos días fueron incautados 204 kilos de cocaína en Toledo, España, que estaban ocultos en cajas de piñas ahuecadas.
La carga fue remitida desde Costa Rica, confirmó la operación realizada por la policía de ambos países.


Pero las piñas ahuecadas son sólo una de las vías utilizadas en el tráfico de drogas. Se han encontrado narcóticos escondidos en otros envíos de frutas, vegetales, pescados, bebidas, productos enlatados, tablas de surf y hasta juguetes.
En Panamá, las autoridades localizaron cocaína escondida dentro de una estatua de la Virgen María, que fue enviada desde la capital de Costa Rica.


El envío de cocaína en forma líquida también se está volviendo más común, revela la policía.
Ésta es más difícil de detectar porque no tiene olor y puede esconderse en botellas y latas de jugo y otros líquidos.
Al mismo tiempo que en los países centroamericanos se incrementa el narcotráfico dirigido a Estados Unidos y Europa –los cada vez más grandes consumidores mundiales–, la región es también víctima del creciente consumo de estupefacientes.


Relacionada estrechamente con este flagelo, la inseguridad es hoy uno de los mayores males que encara este territorio, como se observa diariamente en sus medios de difusión.
En las noticias sobre hechos criminales, en el más lamentable de esos sucesos, crecen los cometidos por las pandillas juveniles o maras, muchas veces integradas hasta por niños.


Estos países tienen una tasa de 32 homicidios por cada 100 mil habitantes, siete puntos más que el promedio de toda América Latina, informa el diario Prensa Libre, de Guatemala.
Esas cifras convierten a Centroamérica en una de las regiones más violentas del planeta.


De ahí la preocupación de los costarricenses por las deficiencias de la policía para enfrentar este flagelo, las cuales se hicieron ahora más evidentes por las propias declaraciones de las autoridades antidrogas.
Representantes de organizaciones populares y diputados de la oposición alegan que el gobierno debe brindar un apoyo superior a la lucha contra las drogas, pero sin pedir mayor presencia de tropas extranjeras en el país, lo cual sólo serviría para perder más soberanía.

Los militares populares del Perú - Los Humala

por Hugo Blanco /Red Voltaire



En la última etapa de Fujimori, se levantó Ollanta Humala, militar en actividad, acompañado de sus soldados, en contra de la jerarquía militar corrupta y de Fujimori.

Ollanta Humala

Marchó fuera de su cuartel y avanzó hacia otra zona.

Convocó a los exsoldados (reservistas) que le apoyaron.

Los superiores no se atrevieron a atacarle ni a apresarle, tal era la crisis del régimen.
Cuando cayó Fujimori él se entregó, pero creo que no duró ni dos días preso. Además volvieron a incorporarlo al ejército como él exigía. Le quitaron mando de tropa y lo enviaron como agregado militar de la embajada de Francia, luego lo enviaron a Corea y en diciembre último le dieron de baja.


En esa oportunidad casi todo el movimiento antifujimori lo consideró un héroe y lo apoyó.
Ante la ausencia física de Ollanta, su hermano Antauro, mayor retirado, tomó la posta. Convocó a la formación del Movimiento Etnocacerista sobre la base de los reservistas.
Según dicen el ideólogo es el papá de ambos, Isaac Humala.

Dicen que el movimiento lo conforman 1000 reservistas en todo el país.
Antauro editó el periódico “Ollanta” que era vendido por los reservistas uniformados.


Su ideario


Es algo confuso. Se llaman “etnocaceristas” por Andrés Avelino Cáceres, militar que resistió contra la invasión chilena desde la sierra, en la guerra de 1879, cuando ya Lima se había rendido. Cáceres encabezó el movimiento guerrillero indígena. Sin embargo como los indígenas no querían luchar sólo contra los chilenos sino contra sus enemigos permanentes los hacendados, Cáceres les traicionó e hizo fusilar a sus dirigentes; luego, cuando fue presidente del Perú, el latifundismo continuó existiendo bajo el amparo gubernamental.
Humala saben eso, sin embargo reivindican a Cáceres.


Reivindican la raza indígena. Están en contra del imperialismo y del neoliberalismo. Desenmascaran la falsa “democracia” que hay en el Perú. Reivindican a Chávez y defienden la revolución bolivariana.


Plantean que el remedio es un golpe de estado nacionalista, reivindican a Velasco Alvarado, que fue un gobierno surgido de un golpe que decretó la Reforma Agraria, nacionalizó el petróleo, la minería, la pesca. Su positivo nacionalismo fue acompañado de dictadura, no admitía discrepancias. Entre otras cosas me deportó porque yo opinaba que la Reforma Agraria debía seguir los lineamientos que las bases campesinas determinaran. Por esa razón hubo y hay movimientos campesinos que luchan contra las estructuras burocráticas instauradas por Velasco, en defensa de su organización tradicional, la comunidad campesina (hoy escuché que la comunidad de Ondores ha tomado las tierras de la estructura fabricada por Velasco, la SAIS Tupac Amaru).


Los Humala son militarmente verticales en su organización.

Otro de sus planteamientos es el de fusilar a todos los corruptos.
Plantean que el gran enemigo es Chile, apoyan esta afirmación en que hay una fuerte presencia de capital chileno en el país.


Su accionar


El periódico “Ollanta” denunciaba la corrupción del sistema y las acciones del imperialismo, en mi opinión lo hacía en forma extraordinaria, en lenguaje sencillo, directo, sin tapujos. Tocaba temas que son muy sentidos por el pueblo. Por eso ganó la simpatía no sólo de los reservistas sino de gran parte de las capas bajas de la población peruana.


Cuando el campesinado cocalero estaba en Lima, los reservistas de Humala hacían de fuerza de choque en defensa de ellos que les están muy agradecidos. Cuando quisieron hacer lo mismo con los obreros de Construcción Civil sin consultarles, fueron expulsados por ellos que se bastan para defenderse. Muchos sectores populares invitaban a Antauro para exponga su posición.
Quisieron participar en las elecciones, pero las leyes de nuestra “democracia” hacen imposible para el movimiento popular su participación (están poniendo obstáculos al izquierdista Partido Democrático Descentralista de Javier Diez Canseco).


Andahuaylas


No comprendo por qué Antauro, que es inteligente, cometió esa aventura. En un principio pensé que los contactos que tiene en el ejército iban a hacer algo. Además creí que era una de varias acciones en el país. Aún así era una aventura, el ambiente es antitoledista, pero la gente no está dispuesta a moverse para echar a Toledo como sí lo estuvo para echar a Fujimori. En esa ocasión la gente decía “¡Que salga Fujimori y que entre Toledo!”. Me parece que la gente ahora piensa “Lo saco a Toledo ¿y a cual de los otros corruptos vendepatrias pongo?”. Antauro pedía que entre el vicepresidente Weisman, eso no significaría el más mínimo cambio.


Por lo que sé la policía de Andahuaylas no era especialmente abusiva o corrupta.
Me cuesta creer que el motivo fue la expulsión de Ollanta de las FFAA.


Afortunadamente no hubo masacre en Andahuaylas.


Desgraciadamente el gobierno ha de usar lo sucedido para desatar una cacería de brujas contra el movimiento etnocacerista, aunque no es más que una mínima parte de él que puede ser acusada de haber cometido algún delito.
Se ha visto en Andahuaylas y en otras partes del país el apoyo moral de gran parte de la población, fundamentalmente juvenil, que tuvo su desafío al sistema. El pueblo de Andahuaylas le pedía a Antauro que no se rinda.


Nuestro deber


Todos quienes estamos contra el sistema neoliberal corrupto y de falsa “democracia”, debemos unirnos para evitar la cacería de brujas.
Todos debemos aprender a usar el lenguaje del periódico Ollanta, a tocar los temas que él tocaba, a desenmascarar abiertamente la dictadura del gran capital enmascarada como “democracia representativa”.


Naturalmente que considero que el remedio no es un golpe de estado sino el avance de la organización popular. Especialmente la coordinación de los brotes de movimiento popular antisistémico. Así, desde abajo, en forma realmente democrática, como dice Chávez con una “democracia revolucionaria”, iremos forjando las bases del poder popular que sustituya a la dictadura del gran capital contra el pueblo en general y contra la naturaleza.


Creo que el remedio contra la corrupción no es una serie de fusilamientos sino la vigilancia y fiscalización populares que estamos logrando con fuerte lucha en niveles inferiores. Así, luchando, conquistaremos más altos niveles de fiscalización popular.


El enemigo no es el pueblo chileno que ha conseguido la reclusión de Pinochet y que se movilizó masivamente contra Bush. El enemigo es el gran capital fundamentalmente de los países imperialistas del norte con EEUU a la cabeza, pero también chileno, peruano o de donde fuera.


Alto a la cacería de brujas de humanistas. Ellos son nuestros hermanos de lucha.

Los enemigos de la democracia no son ellos, sino la corrupta clase gobernante, la oficialista y la oposición! Son enemigos de la democracia, del pueblo peruano y de la naturaleza.Construyamos desde abajo el poder popular verdaderamente democrático del pueblo!

¿Para que han servido sus ejércitos a los pueblos de Latinoamérica?

Carlos Maldonado

El narcoterrorismo parece ser la nueva variante del Imperialismo para frenar a los pueblos en búsqueda de su libertad y desarrollo propio. Los unos, a través de gobiernos progresistas que han emprendido la ruta de la segunda independencia en América Latina; los otros, en lucha constante contra sus oligarquías. Y, por qué digo esto, pues porque observo a través de las notas periodísticas cómo miembros en activo o de baja de las fuerzas de seguridad de los Estados aún cooptados por el Imperio, son los que están fuertemente comprometidos con el narcotráfico y todo lo que ello conlleva, léase matanzas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones, secuestros, torturas, etcétera al buen estilo de los años cruentos de la guerra desatada contra sus propios pueblos por los Estados tiránicos de aquellos aciagos años de la última mitad del siglo XX cuando en América del Sur, Centroamérica y algunas partes del Caribe se sucedían gobiernos de corte fascista patrocinados por Estados Unidos dizque para combatir el “comunismo”.

Lo cierto es que hoy pareciera que esa estrategia es la utilizada por los jefes de la mafia instalada en el Pentágono y la Casa Blanca para desestabilizar a los gobiernos que no son proclives a sus designios y sembrar países de drogas con el auxilio de estructuras muy bien montadas de capos donde miembros de los ejércitos y policías juegan un rol fundamental para desde allí hacer colapsar a su mismo Estado por la sencilla razón de que éste no conseguirá ningún triunfo apreciable en el combate a los narcotraficantes por ser estos personajes los mismos que dirigen o son parte de sus instituciones de armas; hasta inyectar o infectar a los vecinos con el ánimo, luego de pregonar a los cuatro vientos en sus medios de comunicación de que esos Estados han sido ineficientes, inoperantes, débiles y “fallidos”, con el fin de justificar una intervención militar de tropas gringas de carácter humanitario para “combatir ese flagelo de las drogas”.  

Con ello, se logra no solo desbaratar los intentos de independencia de algunos estados que quieren procurar para sus pueblos una senda diferente a la vivida a la sombra del Imperio, sino ganar territorio para su lucrativo negocio de los estupefacientes. Asimismo, ante la opinión pública con el argumento de la seguridad ante los desmanes de los “capos”, instalar tropas norteamericanas que llegan para quedarse por medio de sus bases.

Es la nueva arremetida del Imperio contra una América que quiere librarse de las cadenas que éste le ha impuesto desde que a Monroe se le ocurriera aquella funesta sentencia: “América para los americanos”.

Para muestra unos cuantos botones: el narcoestado colombiano que llegó a ser reforzado por siete bases gringas más en su territorio sin lograr mayores triunfos contra el enemigo por el cual dicen haberse instalado allí. La verdadera razón estriba en el aniquilamiento de la única fuerza beligerante guerrillera que aún queda en América como son las Fuerzas Armadas Rebeldes Colombianas –FARC- y un ataque futuro a la Venezuela Bolivariana para hacerse de su petróleo. El “fracaso” del gobierno mexicano en el combate al narcotráfico representado por la inaudita cantidad de muertos y la inseguridad tremenda que hay desde que se instaló ese narcogobierno, cuando lo que en realidad se percibe bajo esa excusa es el fabuloso negocio que tanto el gobierno de Felipe Calderón como el de Obama están haciendo con el trasiego de drogas y armas, además de contener el movimiento de masas y las fuerzas guerrilleras no beligerantes de los zapatistas. Los muertos, se me olvidaba, los pone el pueblo pobre. La cantidad de bases que se están instalando en Panamá de parte de los gringos sin que el negocio de la droga haya bajado. Al contrario, está mejor que nunca y en crecimiento, además de suponer un peligro para su población que ya ha visto cómo es reprimida y asesinada por fuerzas gubernamentales apañadas por las bases militares gringas. La base que proyectan construir en Honduras aparte de la ya existente de Soto Cano (Palmerola), sin que eso garantice el combate al narcotráfico que en esa hermana nación se ha extendido. Pareciera más bien que lo que quieren es agredir a Nicaragua sandinista en un futuro cercano.

En fin, yo lo que sugiero es que se lean las noticias e ir verificando cuantos de los antiguos y actuales asesinos de nuestros pueblos, especialmente provenientes de las filas castrenses y de otros cuerpos de “seguridad” del Estado, son los que hoy engrosan las filas de los narcotraficantes para darnos cuenta de esa estrategia macabra del Imperio que si ayer utilizó a estos mismos como ejércitos de ocupación hoy los emplea como peones del hampa para hacer florecer su jugoso negocio de las drogas, reprimir a través del terror a los pueblos que quieren independencia y soberanía, así como asegurarse los territorios de dichos países por medio de la instalación de bases militares que como la historia nos lo ha enseñado, son foco de infección moral y sanitaria. Los ejemplos de ello se puede verificar en los casos de Vietnam cuando los gringos se instalaron allí y, en Honduras con la epidemia del SIDA a raíz de la proliferación de violaciones y abusos de parte de la soldadesca gringa drogadicta, alcohólica e infectada con enfermedades venéreas fruto de su licenciosa vida consecuencia de un espíritu que ha sido formado en la supremacía imperial. Igual que la soldadesca guatemalteca cuando masacró a gente de su misma etnia, porque se creía superior por pertenecer a una institución que no sirvió más que para matar y aterrorizar a su propio pueblo. Tesis que se recoge en el magnífico libro del científico social guatemalteco Manolo Vela.

Eso sirve para hacerse esta pregunta: ¿Para que han servido sus ejércitos a los pueblos de Latinoamérica? Si la represión no ha respondido para satisfacer las necesidades del pueblo, incluyendo la de seguridad, por qué entonces seguimos pregonando que lo que urge en nuestros países es mano dura, sistemas de seguridad sofisticados como los negociados por un ex-embajador norteamericano devenido en empresario de esta rama, o bases militares norteamericanas ante la inoperancia del Estado. Si son inoperantes entonces desmantelémoslas, no hay razón de su existencia. O, dignifiquémoslas como lo hicieron en su tiempo y en Guatemala , Marco Antonio Yon Sosa y Turcios Lima. ¿O, no hay dignidad de quienes les tocaría por antonomasia esto?  

Esa mano dura no permitirá que nuestro cerebro se ablande ante la realidad de nuestro pueblos y menos nuestra alma se sensibilice ante el sufrimiento de la mayoría. Servirá para que la violencia entre en una espiral dantesca. Piénselo.

PROGRAMA ESPECIAL - MIRADAS (AUDIOVISUALES UCA)

Sociedad Civil presiona por derogatoria de decreto 743

La solución de la actual crisis pasa por la inmediata derogación del Decreto 743

Tendencia Revolucionaria

Conversamos con Fidel Nieto, miembro de la Comisión Política del Movimiento por la Democracia Participativa (MDP), líder de la Tendencia Revolucionaria (TR) y Rector de la Universidad Luterana Salvadoreña, acerca de la actual crisis institucional que padece el país producto de la profundización de la Crisis Histórica, según él. Una entrevista muy reveladora y de mucha importancia para el futuro del país, desde el punto de vista del movimiento popular .

Carlos Molina: Para comenzar, el tema que ha trastocado la coyuntura del país. ¿Qué opina sobre el decreto 743 que tiene dedicatoria expresa para los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional?.

Fidel Nieto. Lo primero es ver un poco mas allá de la situación generada en el país por la aprobación del decreto 743, pues ésta  tiene a la base una crisis muy profunda que nosotros le llamamos “Crisis Histórica”. La crisis que se ha venido generando a partir del desencuentro de los partidos políticos y las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, expresa la confrontación del conservadurismo de los partidos políticos y la necesidad de transformación social de una sociedad preñada de contradicciones muy complejas que reclaman su superación.

Para comprender mejor lo que está sucediendo es necesario consignar que los Acuerdos de Paz marcaron la salida de los militares del papel de clase gobernante del país que venían jugando desde la instalación de la dictadura militar en los años treinta del siglo pasado. A partir de entonces son sustituidos por la burocracia de los partidos políticos, quienes se convirtieron en operadores del poder estatal; paulatinamente se apropiaron de los espacios institucionales del Estado y ahora asfixian a la misma democracia representativa. La férrea lucha que hoy libran los partidos por sostener su parte de botín del Estado es una arista de ésta crisis que hoy padecemos.

En segundo lugar, vistos los hechos que se han desencadenando, es obvio que  la aprobación del decreto  743 es la respuesta -defensiva pero a la vez contundente y autoritaria- de todos los partidos representados en la Asamblea Legislativa ante algunas de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional. Sentencias que de una u otra forma estaban afectando al sistema partidario en su totalidad. unos partidos más y otros menos; por supuesto que los más comprometidos  son GANA, ARENA, PCN y PDC. En el caso del FMLN está a la vista que sus diputados tenían un compromiso de apoyar ese decreto, según diversa y abundante información pública y no pública que se ha conocido. Esto explica su nula oposición a la aprobación del decreto, su ágil contribución a que llegara pronto a casa presidencial, el empeño mostrado por algunos dirigentes para que el decreto sea acatado por los Magistrados de la Sala de lo Constitucional y su renuencia a contribuir a la derogatoria, la cual está siendo reclamada por amplios sectores de la sociedad desde el mismo momento en que se conoció la precipitada sanción presidencial. 

Quiero insistir en que ésta crisis no es una crisis aislada, es producto de una crisis más profunda, económica, ambiental, de inseguridad, social y política, que se ha venido gestando a lo largo de las últimas dos décadas y cuya solución requiere la participación de los más diversos sectores de la población.

CM. Ya que llegamos al tema de las posibles soluciones. ¿Cuál podría ser  a su criterio la salida más viable a esta crisis suscitada por la aprobación del mencionado decreto?
FN. Algunos dirigentes de partidos políticos están diciendo que la solución pasa porque exista un diálogo entre los Presidentes de los tres órganos del Estado y busquen ponerse de acuerdo en una salida de la crisis; a mí me parece que si bien esto es importante -que se reúnan y dialoguen acerca de la forma mas eficiente y eficaz de cumplir cada uno con las funciones que la Constitución les establece- no significa que la situación problemática creada se pueda superar. A mi juicio, la solución de esta crisis pasa por la inmediata derogación del decreto 743 y esta es una responsabilidad ineludible de todos los partidos y por supuesto del ciudadano Presidente de la República. Cualquier otra solución que se pretenda presentar como tal a partir del diálogo de los Presidentes de los tres órganos sin revertir el decreto, no será otra cosa que una falsa solución.

A propósito de la derogación del decreto, esta demanda se ha convertido en el centro del reclamo de diferentes sectores sociales y no me cabe ninguna duda de que la  fuerza del reclamo irá creciendo cada día que pasa; ya uno de los partidos involucrados ha dado marcha atrás y los otros que aún  quieren mantenerlo, tarde o temprano tendrán que aceptar la derogación; mientras más se tarden en hacerlo, su desgaste político irá en aumento.

Para el Movimiento por la Democracia Participativa lo importante es intensificar la lucha por derogar ese decreto cuanto antes. Ningún partido debe poner pretextos para su derogatoria. La idea es entonces y lo reitero, buscarle solución, no a esta crisis que es parcial, sino a los problemas más complejos y que están a la base de la actual crisis.

CM. En tal sentido es viable preguntar ¿Cuál debe ser el papel a jugar del movimiento popular en el actual contexto?.
FN: Hasta ahora han aparecido ciertos sectores populares en el escenario expresándose, pero el pueblo como tal, apenas comienza a movilizarse, a discutir la problemática. Me parece que en breve pasaremos a una nueva fase en la cual serán los sectores laborales, las comunidades, los sectores organizados del país los que protagonizarán este nuevo momento que está por llegar.

Tenemos información de que organizaciones que tienen presencia en el interior del país están planificando actividades en los próximos días demandando que el decreto 743 sea derogado, lo que implica que en esta nueva fase las organizaciones populares tendrán mayor protagonismo. Si esta crisis no se resuelve pronto, habrá un esfuerzo por extender esta lucha a nivel nacional, pero también a tomar otras acciones como paros cívicos y otras que seguramente aparecerán.

CM. ¿Qué opina sobre el abanico de ideologías políticas que existe en el movimiento contra el decreto 743?.
FN: Es importante lo acontecido con esta coyuntura de defensa de la democracia en el país, y es que en la misma han coincidido diversos sectores como nunca antes, desde de los acuerdos de paz. Es un hecho inédito, pero hay que reconocer que dichos sectores que estamos participando de esta batalla, tenemos intereses y enfoques diferentes. Es cierto que estas coincidencias no suceden todos los días pero hay que recordar que en gestas democráticas importantes como la que provocó la caída del General Máximiliano Hernández Martínez en 1944, también se produjo la participación de diversos sectores de la población, desde los trabajadores, universitarios, estudiantes de secundaria, sindicalistas, campesinos  sectores de la fuerza armada y empresariales de ese entonces. En la actualidad hay características muy parecidas de aquella gesta de 1944.

La probidad del juzgador

Por: Alirio Montoya

Indudablemente ser aplicador de justicia es una labor muy delicada en cualquier país del mundo. El Juez o Magistrado debe estar revestido de una ética y una moral intachable para que sus resoluciones se apeguen a derecho, en tanto y por cuanto entre la moral, la ética y el derecho existe una relación indisoluble. Además, es de tener presente que es a un ser humano a quien enviará a la cárcel en caso de encontrarlo culpable, o puede que deje en libertad a alguien que efecto sí cometió el ilícito por el que se le procesa. De ahí lo delicado de tan importante cargo. Es obvio que cualquier juzgador se enfrenta todos los días ante una situación muy difícil, al momento de hacer en su constructo el cotejo axiológico entre la eficacia de la persecución punitiva y la yuxtaposición ante esa imperiosa necesidad jurídica, porque se enfrenta también ante la garantía de los derechos fundamentales de las personas procesadas. En otras palabras, el juzgador busca la efectividad del ius puniendi (Derecho de castigar) del Estado; pero no debe pasar en modo alguno sobre los derechos fundamentales del procesado para lograr tal cometido.

A un Juez o Magistrado no debe temblarle bajo ninguna circunstancia el pulso para emitir una resolución. Debe pensar antes que nada en la esencia del derecho, que no es otra cosa que la justicia. Los aplicadores de justicia no deben ser atemorizados ni sugestionados por los medios de comunicación o por cualquier otro poder fáctico, ni debe pensar en preservar su trabajo ante una resolución en la cual está en juego la libertad de un ser humano.

Es decir, que hacer un balance axiológico entre la libertad de un persona o la preservación de su cargo no es válida desde el punto de vista de la moral, la ética y el derecho. Se han visto ciertos casos en los cuales han habido juzgadores que han enviado a la cárcel a muchas personas inocentes porque han sido presionados o porque sobre la lógica, la sana crítica y el derecho ha sopesado más el qué dirán los medios de comunicación si sobresee definitivamente a una persona que, no encontrando ni los mínimos indicios acerca de su culpabilidad, han sido enviados a pagar largas penas. Por ello es importante que el juzgador esté preparado éticamente hablando para desempeñar un cargo de semejante responsabilidad. La participación delictiva de una persona debe quedar bien acreditada en base a pruebas irrefutables; en otras palabras, en pruebas que son admitidas por nuestra Constitución y demás Leyes.

Se me vienen a la mente dos novelas que tienen que ver con lo antes detallado. No, no es una de esas novelas de John Grisham, nada que ver. Me refiero al "Extranjero" de Albert Camus y a "El Proceso" de Franz Kafka. En la primera novela –muy existencialista-, el autor principal recibe una nota vía correo donde se le comunica que su madre ha muerto. Dice: "Tu madre ha muerto, entierro mañana". Si recibí la carta ahora –dice en sus adentros- puede que el entierro sea ahora, de tal manera que no llegaré a tiempo –concluye-. Pero de inmediato le solicita permiso a su jefe, y éste de mala gana le concede el permiso, a lo que el protagonista, el señor Meursault le increpa tal actitud al decirle: "que nos es culpa mía que mi madre haya muerto". No obstante que en el transcurso de la novela el protagonista comete un asesinato –en el fondo más en legítima defensa que otra cosa-, la parte fiscal sostiene un absurdo argumento en su contra, consistente en que el señor Meursault es culpable porque ni tan siquiera derramó una tan sola lágrima en la velación de su madre, por tanto es una persona sin sentimientos concluyó la parte acusadora. De esos argumentos muy parecidos alegan nuestros brillantes fiscales.

En la segunda novela, Josef K. es acusado de un crimen que no ha cometido. Se enfrenta a tortuosos interrogatorios, en un sistema judicial excesivamente burocratizado. El señor Josef K. vive un tremendo suplicio aun sin merecerlo. Josef K. sufre también de una inusitada angustia existencial producto de la lentitud de su defensa pero a causa del mismo sistema judicial imperante en su época. Casos como los planteados en ambas novelas se ven reflejados a diario en el sistema de judicial salvadoreño; pero lo que viene a dar signos de esperanza es que contamos con cuatro Magistrados de la Honorable Sala de lo Constitucional que han venido a demostrar que la probidad, imparcialidad e independencia judicial del juzgador es posible en este país.

Que la Asamblea Legislativa no le esté dando cumplimiento al pie de la letra a esas resoluciones, pues esa es otra cosa, la factura a lo mejor y se la cobre el pueblo en las próximas elecciones. Y con mucha más razón ahora que la ultraderecha se unió para hacer una reforma encaminada a que las resoluciones sean tomadas por unanimidad, es decir, por los cinco Magistrados; hasta un párvulo intuye que uno de ellos siempre votará en contra de los cuatro. Néstor Castaneda será el Magistrado de Oro; esa es la perversa estrategia de tal reforma. El Presidente ha sancionado ese Decreto y ha mandado a publicarlo en el Diario Oficial de manera expedita, el FMLN -la derecha moderada del Congreso- da unas declaraciones a través del Presidente de la Asamblea Legislativa, catalogando lo del Presidente Funes como una "aberración"; sin embargo Lorena Peña y Lourdes Palacios -tambiérn del FMLN- firman el Decreto alegando cuestiones de "tecnicismo". De eso todavía me estoy sonriendo con mis camaradas. ¿A quién pretenden engañar? Pero ese no es el punto central de este tema, enseguida hablaremos sobre esa problemática tan delicada para la gobernabilidad e institucionalidad del país.

En nuestro sistema de justicia encontramos muchas fallas a la hora de aplicar la ley, en muchos casos es porque se presentan requerimientos que no logran probar ni el menor indicio de la participación del encartado. En otras ocasiones se han corrompido jueces y eso viene a acrecentar más la incertidumbre y la desconfianza de la gente en la aplicación de justicia. Naturalmente, nos encontramos con jueces y magistrados que desempeñan muy bien su labor, y los encontramos casi en todo el país, por supuesto que son una minoría. No obstante, esta realidad debe ir cambiando conforme las instituciones sean manejadas por personas que en primer lugar tengan la capacidad de desempeñar el cargo, pero sobre todo que gocen de probidad.

Se han dado casos que le han dado mérito a pruebas obtenidas por medios ilícitos, en donde el juzgador alega que es para seguir el encadenamiento circunstancial de los hechos y llegar a la Apariencia del Buen Derecho (Fomus boni juris), y con ello es suficiente para restringirle la libertad ambulatoria a un presunto implicado. Para el caso, en la llamada "cadena de custodia" se han dado irregularidades que el Juez las ha dejado pasar por inadvertidas, en otros casos se le ha dado cierto valor a intervenciones telefónicas o de correos electrónicos en procesos donde la Constitución de la República todavía prohibía esas intervenciones. Esas actuaciones son ilegales. Es como si Juan X haya asesinado a cierta persona y salga huyendo para Afganistán. Estando en ese país, es interrogado mediante la tortura, la cual es válida en dicho país. Esa confesión no es válida en nuestro país porque la Constitución prohíbe la tortura; pero como fue cometida en Afganistán –dirá cualquier leguleyo-, se le puede valorar e incorporarla al proceso para el solo hecho de la "Apariencia del Buen Derecho" y que el juicio siga su curso. Eso sería una tremenda ilegalidad y conllevaría a la nulidad del proceso. Esperamos que casos similares como el ejemplificado anteriormente no ocurran nunca en nuestro país.

Pronunciamiento UCA-Decreto 743

POSICIÓN DEL FMLN SOBRE LA APROBACIÓN POR EL BLOQUE DE DERECHA DEL DECRETO 743, QUE CAMBIA LA FORMA DE VOTACIÓN EN LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CSJ

Programa De Frente a las 7:30” Radio Maya Visión 106.9 FM y 1600 AM. PROGRAMA DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL FMLN Lunes 6 de junio de 2011 Tema: Análisis de Coyuntura Invitada: Diputada Norma Guevara, Jefa del Grupo Parlamentario del FMLN

Norma Guevara

Compañera Norma, la derecha cerró filas para la aprobación de este decreto  ¿Por qué el FMLN no dio sus votos para aprobar esta iniciativa?

La derecha se unió en la Asamblea Legislativa para votar este decreto, no era la primera vez que había este intento. El hecho es jurídico, se cambia la forma de votar, de cuatro a cinco votos, de mayoría a unanimidad, ese es un hecho jurídico. Pero la votación tiene un fondo político y lo están empezando a decir los que votaron por eso, nosotros no votamos para aprobarlo. Podemos especular que hay una coincidencia de enfoques: un tipo es el de una respuesta a sentencias que han sido emitidas por la sala y otro tipo es el de prevención a sentencias que pueden venir de la sala. 

Nosotros no votamos, como dice el comunicado de nuestra Comisión Política, por respeto elemental a la racionalidad que el derecho debe de tener, nos parecía suficiente cuatro votos. Es difícil interpretar esto como defensa, no es defensa personal, es defensa a la institucionalidad. 

Ahora ¿qué hacen las personas en una institución en un momento determinado? Nuestro comunicado lo deja perfectamente claro,  y es motivo de preocupación algunas actuaciones que la Sala ha tenido, que las consideramos como invasivas de atribuciones exclusivas de la Asamblea Legislativa,  o que habiendo texto expreso en la Constitución, son resueltas con criterio diferente, pero como son el máximo juez, una vez establecida aunque uno tenga esta certeza de ser diferente estamos para cumplirla.

Por eso es que para mí el voto es político, esa decisión es política, igual que la del Presidente al sancionarla. Él tiene una atribución constitucional, no es primera vez que un decreto que vota la derecha unida, es sancionado. Casi siempre los decretos de naturaleza transitoria, como este que tiene una duración hasta julio del próximo año, son prontamente sancionados.

Quiero aclarar, porque hay una campaña perversa, a pesar de que nuestra oposición es clara, pero las compañeras y compañeros miembros de Junta Directiva, tienen la obligación de Ley de firmar los Decretos, especialmente quienes son Secretarios o Secretarias. Hay en páginas, correos y carteles, una malvada campaña en contra de las Diputadas Lorena Peña y Lourdes Palacios, ellas cumplieron su deber de firmar. También se denota una separación falsa de Roberto (Lorenzana), que no estaba en el país, estoy segura de que si hubiera estado firma aunque no vote, como hemos votado por muchos Decretos, pero ellos como directivos están en el deber de firmar, porque es una función administrativa, que responde a la voluntad mayoritaria del pleno hayan o no votado ellos a favor de un decreto.

Entonces, encima de desdibujar la responsabilidad de la derecha, quieren extender el argumento de decir: dos Diputadas traidoras. Esto lo digo especialmente para los simpatizantes y militantes del FMLN, que no se dejen manipular, porque quienes hacen ese tipo de comunicación y divulgación, esa persona está serena, cuerda y tiene un cálculo,  de que no se mire la diferencia entre ARENA y el FMLN. Hasta una Diputada arenera dice: “si hasta el FMLN firmó el decreto”,  como si esta Diputada de ARENA no supiera que lo que vale es quienes votan, no quienes firman el decreto, porque todos los que son directivos están obligados; pero se da la circunstancia que cuando ya un decreto tiene seis firmas, el grupo interesado ya no sigue buscando más, porque son suficientes y lo despacha; esto es lo que pasó. 

Quiero dejar absolutamente claro, para los radioescuchas, que ni Lorena, ni Lourdes votaron, no son traidoras y que la diferencia de que no haya firmado Sigfrido y Roberto es porque uno no estaba, y porque cuando la derecha consiguió la sexta firma sencillamente no busco las demás. Esto es para clarificar, porque en medio de esto nos quedamos a ver el fondo, pero vamos dejando estos pelos que la derecha que encima de haber aprobado ese decreto, busca sacrificar a quienes no tenemos responsabilidad política, sin embargo aunque no tenemos responsabilidad no acostumbramos hacernos del ojo pacho. No es primera vez que el Presidente sanciona un decreto que no hemos votado, porque ahora sí se critica que lo sancionó, ¿por qué no se criticó cuando sancionó el de la telefonía y nosotros no votamos? a lo sumo se burlan.

La realidad institucional y especialmente la conducta de partidos como el FMLN, que tiene sus posturas, que tiene valentía política. No escondemos las posturas y decimos las cosas con claridad, cuando a los Magistrados los tenías arrinconados los sindicalistas, la postura nuestra fue clara en defensa del Gobierno, para proteger el funcionamiento de la justicia, y en contra de pretensiones laborales excesivas, y no lo escondimos. Otros posiblemente pensaban como nosotros, pero no se pronunciaron. 

Hay que tener valentía política y coraje para decirle a la gente las razones de nuestras posiciones, como lo hicimos desde el sábado; no votamos, pero reconocemos que ese hecho político de generar un cambio en la forma de votar, responde a una conducta política de la Sala, que los demás la consideran también inconveniente.

A juicio del partido, ¿que está detrás de esta decisión de la derecha que atenta contra el principio de la democracia del país?

La Sala ha emitido sentencias de todo tipo y muchas de ellas las celebramos. La Sala por ejemplo, reconoce que hubo difamación y omisión de las instancias del Estado en la dignidad de Schafik, cuando era candidato, se hizo justicia tardía pero se hizo justicia. La sala declara que las difamaciones hechas por  periodistas también son delitos. Nosotros con eso estamos plenamente de acuerdo, porque además hemos sido víctimas de esa difamación y seguimos siendo víctimas de esa difamación como la que estoy señalando ahora, contra Lourdes y Lorena.

La Sala ha emitido decretos como la elección de Moreno Niños, que es correcto, es más en la anterior le correspondía al CD y no hubo respuesta de ese órgano de justicia. La Sala declaró inconstitucional el nombramiento de una comisión especial porque interfería en la investigación a los agentes de la PNC y oficiales. La Sala resolvió tardíamente, de que en su momento hubo omisión para desinscribir a los partidos PCN y PDC. Ese es un acto de justicia tardía, y que no hicieron uso de un decreto que les daba la posibilidad de reconstituirse con pocas firmas. 

Pero en otro conjunto de temas, la Sala, y así lo dice David Escobar Galindo en un editorial, dictaminó que debía haber en el país una reforma electoral de fondo y que al no haberla por acción de los propios partidos, con sus representaciones legislativas en la Asamblea, esta reforma se está haciendo ahora desde afuera.

Esas reformas, especialmente las que tienen base constitucional, lo correcto sería reformar la Constitución. Yo no sé pero he oído decir que venían sentencias y por qué digo que la conducta de quienes votaron es de respuesta política y de anticipación.

Pienso que en algunos casos, para otras personas, se está sobrepasando y esta era una manera de impedirlo, de esto tienen convicción quienes votaron sin duda. Ellos son mayoría suficiente, porque cada vez que son 43 votos, nos guste o nos guste es Ley, igual cuando a nosotros no nos gustó cuando nos subieron el IVA de 10 a 13%, ningún Diputado del FMLN votó, pero una vez había 43 votos es Ley. Nadie puede decir, “yo no voté por lo tanto yo no pago el 13%”. Una vez que 43 votos se juntan para cambiar una Ley, es Ley nos guste o no nos guste.

Esto lo que implica para nuestra militancia y para nosotros, es que nos convenzamos del por qué hay que trabajar, esto lo que nos implica es que la Asamblea Legislativa necesita más Diputados del FMLN. No podemos, con 35 votos, detener actos que consideremos indebidos; eso es lo que está de fondo y a veces se ha dicho que hay que darle contrapesos y una asamblea suficientemente pluralista, y con ese pluralismo la mayoría cae en votos de la derecha. Esto es lo que permite coyunturas como esta, eso es lo que esta de fondo.

Pienso que algunos Diputados, y lo dijeron con claridad el PDC, lo dijo ARENA en declaraciones posteriores a la votación, que no quieren que se decrete inconstitucional la Ley de Amnistía, y quiero decir con honradez que ni en nuestro Programa de Gobierno, ni Legislativo ni Ejecutivo, tenemos contemplado eso, porque sabíamos que un compromiso de esos requiere una correlación bastante mayor que por hoy no la tenemos, algún día no sé si cambie la situación, pero en este momento no tenemos fuerza. Nueve años después de promulgada esa Ley, Schafik y compañeros de la fracción de ese momento, pidieron la derogatoria a la Asamblea y esta la mandó de inmediato al archivo. Estoy hablando de nueve años después de promulgada esa Ley. También hemos reiterado a quienes nos han pedido que eso sea un punto de plataforma, que el caso de las hermanas Serrano demuestra que la Ley no impide acceder a la justicia, es un problema de la conducta de la Fiscalía, de los jueces, son enfoques diferentes que se dan. Me imagino que eso movió a algunos a votar. Nosotros respetamos la institucionalidad, no queremos ser vistos y actuar con asomo de querer anular la diferenciación de poderes. 

Como interpreta el FMLN esa reacción inmediata del Presidente Funes, de sancionar el Decreto Legislativo y mandarlo a publicar en el Diario Oficial sin haberlo analizado detenidamente. Esta vez lo que se está sobredimensionando es que lo ha hecho con más rapidez que en otros casos.

Debe quedar claro que el Presidente de la República tiene la potestad constitucional para decidir qué decreto sanciona, qué decreto observa o qué decreto veta, y para cada uno de sus pronunciamientos, lo que rige es su razonamiento jurídico. No me cabe duda que si lo sancionó en el momento es porque está de acuerdo, y ese es un problema que no es para especular. Hay momentos en que él mismo manda los decretos y pide que se aprueben; se aprueban, se firman como esta vez, pasan a recoger las firmas para estar listos, y se despachan. 

Cuando no son iniciativas del Presidente, generalmente lleva más tiempo, días para sancionarse, pero en este caso imagino que los partidos de derecha que iban a lanzarse a esto, deben haber consultado, nosotros no porque no somos parte de este decreto, de manera que no tenemos la respuesta. Pero reconocemos y no admitimos que sea ese el punto, porque quienes dirigen al Presidente de la República el por qué sancionó, lo que quieren es tapar la responsabilidad de la unidad de la derecha. 

Cuando de repente el FMLN aprueba un decreto con GANA o el PCN o con ARENA, todos los demás critican. Hoy la derecha de forma unida quieren tapar ese hecho orientando la atención al Presidente. Es más, escandalosamente he oído en otras radios, que el culpable es la dirección del FMLN por haber propuesto a Mauricio Funes como candidato, o porque dos Diputadas firmaron el Decreto, o porque el FMLN no se pone a la cabeza de las marchas de protesta de centenares de personas que están en descontento.

El FMLN lo dijo antes de la elección Presidencial que respeta la Constitución y va a respetar las atribuciones del Presidente que nosotros proponemos y esto supone ese respeto; llegar hasta estas declaraciones, es querer ocultar lo sucedido; y el pleito de la derecha por haber hecho eso, llevarlo al seno del FMLN, que se empiece a pelear con el Presidente,  ganar doble,  hicieron lo que quisieron y encima quieren que nos pongamos a pelear. Hay que ser en esto un poquito más alcanzativo, más vivo para mirar qué quiere la derecha en medio de la conmoción que les genera, quieren dirigir el pleito hacia nosotros ¿por qué? Que le pidan cuenta los votantes de ARENA a ARENA por haber votado, lo mismo el PCN, el PDC, por qué tenemos que ser nosotros los que respondemos por la mala acción de otros.

¿Qué sucederá con la puesta en marcha de este Decreto, qué le podemos decir a la militancia y a la población? Merino del PCN está diciendo en un canal de TV, que el FMLN ya sabía de este Decreto.

Tanto lo sabíamos que lo denunciamos. Yo escribí dos artículos, uno fue el 18 de abril con el título: “Un Estado, tres órganos de Gobierno”. Roberto Lorenzana en mayo dio declaraciones de TV, y en mis artículos dejo claro que de darse una situación así, sería solo por voluntad de la derecha, pero nunca con los votos del FMLN. Nosotros lo advertimos, pero hay un ataque en tratar de ponernos como si todos somos iguales a este tipo de advertencias; algunos analistas, periodistas, ong´s no ponen atención, ahí adelantábamos la importancia de entenderse y cooperar entre los órganos. Roberto Lorenzana, también lo anunció, claro que sabíamos que esto estaba como una posibilidad, lo han querido hacer antes, y también han querido paralizar la Asamblea. 

Mientras, la derecha no está contenta y sobre seguro, porque se habla de los decretos que tienen que ver con lo electoral, las inconstitucionalidades como el caso de La Prensa Gráfica, que fue obligada a pagar a una señora por haber ganado un concurso; lo de los medios de comunicación, que no pueden tener impunidad cuando difaman. Eso no le gusta a la derecha. Nosotros decimos que la justicia constitucional le corresponde a esa Sala, nos guste o no nos guste, sus fallos se deben cumplir, ese ha sido nuestro enfoque y así hemos actuado. Quieren ocultar una actuación correcta, apegada a la Constitución, con ese tipo de argumentos. 

Quieren que cuestionemos al Presidente, o quieren que con esto nos desliguemos del Gobierno. Nosotros estamos satisfechos y nuestros militantes están divulgando lo que los medios no dicen de las buenas obras de nuestro Gobierno, a favor de las mayorías pobres, eso no nos lo van a quitar,  si bien expresemos una diferencia momentánea, el Presidente tiene sus razones y ante todo tiene facultad constitucional.