"El estado guatemalteco permitió barbaridades en el caso del asesinato de los diputados del PARLACEN"

Lafitte Fernández es un periodista costarricense nacionalizado salvadoreño, autor del libro "Crimen de Estado el caso PARLACEN" en el cual desnuda incongruencias en las investigaciones alrededor de la muerte de los diputados Eduardo d'Aubuisson, Ramón González, William Pichinte y su ayudante Gerardo Ramírez. Se detuvieron  investigaciones y no se le dio validez a una hipótesis que contaba con testigos. Al final hubo condenas centenarias, pero queda la posibilidad de que no se haya hecho justicia totalmente.

POR JAIME ULISES MARINERO

Foto de DIARIO LA PÁGINA por Francisco Brito

¿Por que el título del libro “Crimen de Estado”?

Porque fundamentalmente lo que el libro trata de decir es que en Guatemala existía una organización criminal dentro del Estado y --más grave aún-- dentro de las estructuras principales del Estado de Guatemala que se dedicaban a asesinar, extorsionar, matar, secuestrar, al tráfico de droga; tan grave que silenciaron a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

¿Tan grave?

Te pongo un paralelo: es  como que si acá en El Salvador el Fiscal General, el jefe de la Policía y subjefe de la Policía, jefe de Investigaciones de Criminales cada uno tuviera una banda de criminales que operan por separados o juntos. De ese nivel de gravedad.

¿Qué papel jugó Víctor Rivera?

Víctor es un hombre enigmático que tuvo muchos problemas acá.  Él quería crear una estructura paralela de investigación y  llegó a Guatemala apadrinado por empresarios importantes de este país como el gurú de los (anti) secuestros, tal y como se vendió aquí. Lo que está demostrado es que Rivera era un hombre del cartel de Jorge  Mario “El Gordo”  Paredes, sentenciado por narcotráfico y quien habría dado la orden para asesinar a Rivera,  así de claro.
Rivera fue uno de los que investigaron el crimen de los tres diputados del PARLACEN. Y aquí comienza el crimen de Estado, porque dejaron que tres delincuentes investigaran el caso del asesinato de los diputados. Víctor Rivera, Hugo Soto Diéguez y Álvaro Matus, estaban ligados a bandas.

¿Y dónde están ellos?

Rivera fue asesinado por una conspiración en la que participó hasta su asistente; Hugo Soto Diéguez, que era el  jefe de investigaciones criminales, está preso acusado de participar en investigaciones extrajudiciales, es decir, acusado de asesinatos;  Matus, fiscal de delitos contra la vida permanece con arresto domiciliar vinculado a varios delitos. Estos tres hombres hicieron las investigaciones.

¿Por qué permitieron que ellos encabezaran las investigaciones?

El crimen de los diputados se dio en los tiempos del presidente Óscar Berger y el ministro de Gobernación era Carlos Vielman, que según la CICIG era el jefe  del grupo de las organizaciones delictivas y por eso mismo están tratando de extraditarlo desde España. Por todo esto yo no me explico por qué en El Salvador en su momento nadie dijo nada.

¿Habrá sido porque nadie conocía los antecedentes de estos señores, excepto el de Víctor Rivera?

Con Soto Diéguez también había antecedentes. La PNC de El Salvador le pidió ayuda para capturar a un guatemalteco que secuestró a un salvadoreño y dos o tres meses después lo entregaron desvalijado. Al sospechoso le quitaron todas sus propiedades y quien hizo eso fue Soto Diéguez. Lo entregan 2-3 meses después desvalijado; o sea, hay una serie de antecedentes que en el más amplio sentido común nadie protestó aquí, nadie fiscalizó las investigaciones, es más, y te lo digo con sinceridad, ni la familia de los diputados, ni el mismo Estado, muchos menos los periodistas pusimos atención a eso. La prensa salvadoreña --y lo digo con todo el cariño y respeto a nuestros colegas-- lo que hizo fue legitimar las investigaciones realizadas por tres delincuentes. Si uno leía el expediente, que yo lo tengo, leía que todos los pasos de las investigaciones estaban firmados por  Víctor Rivera y su asistente Emmanuel Rivera, quien ni siquiera era técnico y ahora está preso acusado de asesinato.

En cuanto a la familia, te puedo decir que familiares de algunos diputados creyeron en las investigaciones, pero luego cambiaron de opinión. Los motivos no los sé.

¿Con esas investigaciones irregulares se llegó al juicio?

Correcto, pero yo en el libro, adrede, no me meto con el juicio, pero sí te puedo decir que en el expediente del juicio habían barbaridades que nadie se percató. Nos vendieron la idea de que había una “jueza de hierro”,  pero que dejó pasar cosas que no saben.

¿Todas estas anomalías debieron haber pesado en el juicio para haber llegado a la condena?

Me imagino que sí. Ahora bien, yo no me meto en el juicio, ni conozco a  Manolillo Castillo ni a los otros condenados, ni a familiares, ni abogados de los procesados. Yo lo que aseguro es que las investigaciones fueron encabezadas por delincuentes y que callaron a la CICIG que tenía su propia investigación realizada con fiscales de talla internacional.
Callaron a Carlos Castresana, jefe de la CICIG. No se sabe cuáles fueron los motivos, pero fue el mismo Castresana el que mandó a callar a los investigadores fiscales, incluso el que deslegitimó las investigaciones de la fiscal  costarricense Gisele Rivera, a quien persiguieron y luego le decretaron una orden internacional de arresto para que no pudiera retornar a Guatemala.

¿Cuál era la hipótesis de la CICIG?

En los anexos están los documentos que no se conocían. La hipótesis es que el diputado William Pichinte llevaba 5 millones de dólares en efectivo y que esto lo supieron las bandas chapinas. De esto se logró tener testigos que vieron cuando en maletines se llevaron el dinero luego de matar y quemar a los diputados.

¿Y bajo cuál hipótesis se siguió la investigación?

Que el crimen fue ordenado por el ex diputado Roberto Silva Pereira, en venganza porque había sido desaforado. Supuestamente el crimen lo planificaron en noviembre, cuando Silva Pereira le pidió a Manuel Castillo que lo ejecutara. Es decir que fue planificado tres meses antes, pero el viaje de los diputados se planificó tres días antes. Otra hipótesis es que el crimen lo preparó Silva Pereira porque Eduardo d'Aubuisson había hablado con la DEA sobre los pasos en los que andaba Silva Pereira. Lógicamente por lo menos una de las dos hipótesis era falsa, pero ni de eso fuimos capaces de ser críticos en el juicio. 

¿La hipótesis de los $5 millones cuánto fue contrastada?

Las cuatro víctimas eran salvadoreñas y ni siquiera vinieron al país a investigar, no fueron capaces ni de pedir las bitácoras de llamadas. La hipótesis tenía testigos, pero las autoridades guatemaltecas las desecharon. A los fiscales de la CICIG se les prohibió cruzar la frontera hacia El Salvador. Una noche vino la fiscal Gisele Rivera con un español, pero a título personal.

¿Es decir que no vinieron los investigadores a El Salvador?

Para nada. No revisaron cuentas, no hablaron con parientes.

¿El juicio se realizó con las versiones de los investigadores delincuentes?

Sí, y con esa condenaron. Lo cual no quiere decir que los condenados hayan sido inocentes. Reitero, con el juicio no me meto, pero creo que no se dio con los verdaderos autores intelectuales. He hablado con muchísimos de los investigadores que participaron, entre ellos los españoles, la fiscal costarricense, un juez antimafia de Italia, es decir, gente de muy alto nivel. Ellos creen que algunos de los condenados sí participaron, pero no todos. Tampoco fueron procesados todos.

Manolillo Castillo aparece como uno de los principales involucrados.

Los de la CICIG aseguran que era parte de una de estas bandas, pero que en este caso no estuvo involucrado. Para la justicia guatemalteca sí estuvo  involucrado, pero con base en las investigaciones irregulares.

Si no estuvo involucrado ¿tampoco lo estuvo Silva Pereira?

Así pareciera. Pero en realidad desconozco los pormenores del juicio. En el libro solo trato de demostrar que hubo un crimen de Estado en cuanto a que permitieron que tres delincuentes dirigieran las investigaciones. En el libro hay un anexo de una entrevista con Rodrigo Ávila que fue grabada con su autorización. Él dice: “Yo le dije una y mil veces a Roberto d'Aubuisson que Manuel Castillo no tenía nada que ver con esto. Lamentablemente, el periodismo legitimó lo que oficialmente se manejó en los expedientes.

Tampoco se puede absolver a Manolillo Castillo y a los demás condenados.

De ninguna manera. Lo que planteamos en el libro son las barbaridades que se cometieron y que Carlos Castresana lo sabía. Por ejemplo, dentro de las investigaciones se logró hablar con Javier Figueroa, el médico que era el subdirector de la PNC de Guatemala. En Austria, él les dice que si regresa a Guatemala es hombre muerto por lo que sabe, pero aún así se ofrece a contar todo lo que sabe si le dan régimen de protección. Él conoce lo de la muerte de los policías (supuestos autores materiales) en la cárcel de Pavón, les dice que les va a contar qué pasó realmente con la muerte de los diputados, pero cuando los fiscales regresan a Guatemala,  Castresana les dice que no y les pide callar.

¿La CICIG y la Fiscalía de Guatemala tenían buenas relaciones?

De ninguna manera, la Fiscalía siempre bloqueaba el trabajo de la CICIG. Pero en este caso hubo cosas raras que nunca se comprobaron. No se sabe si Castresana fue amenazado. Hoy ya está de vuelta en España, su patria.

Volviendo al caso ¿entonces la muerte de los tres  diputados significaba que alguno de los tres  grupos podría estar involucrado con alguno de ellos?

Eso no lo puedo asegurar, hasta ahí no llego. La intención del libro es dar a conocer las irregularidades en las investigaciones las cuales están debidamente documentadas. Lo demás la CICIG pudo haber llegado hasta el fondo.

La CICIG es la que plantea lo de los cinco millones de dólares

Y posiblemente 20 kilos de cocaína y por eso desarman el carro, pero la coca aparentemente no la encuentran; sobre el dinero la CICIG tuvo sus testigos que vieron cuando transportaban el dinero.

¿Sí hubo dinero entonces?

Esto es lo que dice esta investigación de la CICIG y lo plantean como hipótesis clara, no como especulación. Tenían un testigo que decía que ayudó a transportar el dinero y que iba en dos  valijas negras de tela.
Esto llama mucho la atención porque quien tenía el negocio en Guatemala era el diputado William Pichinte.
Por eso en el libro digo que algunos o muchos de los condenados estaban involucrados. Un ejemplo: los cuatro policías que luego fueron asesinados se movilizaban en un carro asignado a Soto Diéguez y el fin de semana habían estado juntos. Según Soto Diéguez los policías lo engañaron y tomaron un camino diferente que él nunca supo hasta después que salieron involucrados. El vehículo tenía GPS y cuando fue entregado como evidencia lo hicieron ya lavado.

¿Demasiado incongruente?

Correcto. Los primeros en ser investigados debieron ser los investigadores Matus, Rivera y Soto Diéguez. Acordémonos que fue Víctor Rivera el primero en llegar a la escena del crimen y quien estuvo en el penal apenas una hora antes de la muerte de los cuatro policías.

Otro detalle, y eso lo sabe muy bien Rodrigo Ávila: cuando matan a los cuatro agentes que mueren al mediodía, Víctor Rivera, acompañado de ocho carros y un montón de gente llama a la frontera a Rodrigo Ávila para hablar del caso y enseñarle unas fotografías.  Rodrigo Ávila envía a un emisario y las fotografías son algunas que ya habían sido vistas. En realidad era una coartada para decir que a la hora de las muertes el estaba con Ávila.
El presidente de Guatemala era Oscar Berger, él pudo haber ordenado una investigación transparente. Él era el jefe del ministro de gobernación Carlos Vielman. Hace dos semanas, en un periódico de Guatemala, salió un reportaje sobre el hijo de Berger, que se supone hacía “tumbes” de droga con Víctor Rivera. Y entonces ¿de que estamos hablando?, ¿qué fue lo que pasó?

¿Un estado fallido?

Claro, una locura. Te estás dando cuenta que el libro no es un invento, todo huele a podrido en esto. En este caso hay 15 muertos, incluyendo a los tres diputados y al chofer.
Falló la justicia guatemalteca a los salvadoreños que querían justicia, pues al margen de las corrientes ideológicas de las víctimas, eran salvadoreños y necesitaban que se hiciera justicia. Y que se nos dijera la verdad y que se hubiera dejado abrir las dos  hipótesis del caso, la que llevo la fiscalía y la que llevó la CICIG. Es lo que hace el libro: recoger la hipótesis que nunca se nos contó. Que suenan bastante obvia y que callaron.

¿Este caso deja una gran lección para todos los periodistas, no fuimos expertos en el arte de dudar?

Sí, no fuimos capaces de poner en tela de juicio las investigaciones pese a las incongruencias.

Para terminar ¿Qué lo llevó a escribir el libro?

El ejercicio periodístico. Yo a Gisele Rivera ni la conocía; solo sabía que era una fiscal famosa en Costa Rica. En un viaje que hice a Costa Rica me encontré en el estadio a un amigo periodista que me contó que la fiscal quería hablar sobre el caso. Hablamos y fue así como conocí  las barbaridades de este caso. En ese libro se pretende demostrar que el estado  guatemalteco permitió barbaridades en el caso del asesinato de los diputados del PARLACEN.

Estados Unidos planea apoderarse del petróleo de Venezuela

por Nil Nikandrov

RED VOLTAIRE | MOSCÚ (RUSIA)


Existe la impresión que Venezuela con su riqueza petrolera sería el próximo país en la mira de ataque de Estados Unidos. Uno tendría que ser un ingenuo para creer que –después de las cruzadas militares norteamericanas sobre algunos países productores de petróleo en Asia y África—los grandes yacimientos petroleros venezolanos, hasta ahora fuera del control estadounidense, están a salvo del apetito de Washington. 

De acuerdo con algunos cálculos, las reservas venezolanas deberían durar entre 100 y 150 años bajo condiciones de intensa explotación.

La ahora permanente guerra de EEUU contra Venezuela por el petróleo, comenzó en el mes de diciembre del 2002 cuando la gerencia del gigante petrolero vnezolano PDVSA (Petróleos de Venezuela SA) se lanzó a la huelga involucrando alrededor de 20 mil personas.

Los enemigos de Chávez esperaban que la desestabilización a través del sector energético venezolano, las colas en las estaciones gasolineras y problemas con el suministro de gas doméstico, haría pedazos al régimen soberano, pero los seguidores bolivarianos no se rindieron. La huelga terminó en derrota -para los golpistas- en el mes de febrero del 2003 y PDVSA fue convertida en empresa estatal. Laquinta columna enquistada en la empresa fue denunciada y muchos de sus dirigentes huyeron del país. Unos 15 mil empleados del sector petrolero fueron despedidos y las pérdidas producidas por el conflicto superaron los diez mil millones de dólares.

La reconstrucción de PDVSA fue una tarea árdua para el gobierno venezolano y para aquella parte del personal que resistió a las amenazas y el chantaje de los conspiradores. Las medidas que tomó Chávez apuntaron a fortalecer la OPEP, sometiendo la producción de crudo a una reglamentación y manteniendo precios razonables, esto contribuyó al aumento de la influencia que el cartel ejerce mundialmente. Rusia, cuya economía es fortalecida por los ingresos petroleros, se encuentra entre los beneficiarios. La acción de Chávez también ayudó a Cuba, país que era ampliamente percibido como al borde de una crisis energética.

Los pronósticos alarmistas acerca de Chávez y de sus planes, tales como la original marca venezolana de socialismo, el suministro de petróleo con descuento a países vecinos y el establecimiento de la alianza Petrocaribe, fueron agitado como un espantapájaro por analistas estrechamente vinculados a las grandes compañías internacionales petroleras pero no se concretizaron. El régimen político venezolano y la posición de Chávez en la política internacional se mantienen en gran medida por el potencial energético del país y el caso venezolano representa la simple verdad que el control estatal sobre las fuentes energéticas es en todos los casos, la clave para el mantenimiento de la estabilidad nacional.

Sería ingenuo creer la explicación norteamericana que afirma que las sanciones de Washington contra el sector petrolero venezolano y la empresa PDVSA se deben únicamente por haber enviado un buque-tanque con 20 mil toneladas de gasolina a Irán. El Sub Secretario de Estado, James B. Steinberg insistió, en un mensaje más amplio de advertencia, que compañías de otros países se exponen a sanciones similares si mantienen compromisos energéticos con Teherán.

En verdad, hasta ahora las sanciones impuestas contra Venezuela se perciben más o menos como un acto intimidatorio: el sector petrolero venezolano queda excluido de desarrollar contratos con compañías norteamericanas o con préstamos para importación y exportación sea incluso la adquisición de tecnologías avanzadas para la extracción y refinamiento de petróleo. PDVSA puede sobrevivir sin estas facilidades. Durante mucho tiempo la empresa se ha mantenido alejada del gobierno norteamericano y las finanzas estadounidenses y cuenta con un sólido parque de tecnologías.

Chávez respondió a la presiones del Departamento de Estado US vía Twitter: «¿Sanciones contra la Patria de Bolívar, impuestas por un gobierno imperialista gringo? Muy bien. ¡Entonces aplíquelas Sr. Obama! ¡No olvide que nosotros somos los hijos de Bolívar!» y declaró que PDVSA no será excluida del mercado norteamericano. Cuando se supo la noticia de las sanciones el 24 de mayo 2011, el ministro venezolano de relaciones exteriores, Nicolás Maduro, declaró a la prensa que el gobierno venezolano estaba evaluando las potenciales consecuencias para la estabilidad de PDVSA y el suministro de un millón doscientos mil barriles diarios al mercado norteamericano. Maduro prometió «una respuesta adecuada a la agresión imperialista» y dijo que Venezuela ahora más que nunca se comprometerá en mantener relaciones fraternales con Irán, las cuales de ninguna manera amenazan la paz mundial. El gobierno de Venezuela reafirmó varias veces que los alegatos en relación con las supuestas ambiciones de Teherán en el campo del armamento nuclear, es pura propaganda y un argumento nada serio.

Washington está difamando a Teherán así como difamó a Bagdad antes de invadirlo. Los medios propagandísticos hicieron creer que Saddam Hussein constituía un peligro inmediato pero se descubrió que ningún armamento de destrucción masiva existía en Irak.

El gobierno de George W. Bush fue el mayor fabricante de estereotipos anti-chavistas. Durante un tiempo se sostenía que Chávez apoyaba a terroristas árabes y mantenía campos secretos de entrenamiento en la Isla de Margarita en Venezuela, donde se sabe que reside una relativamente pequeña comunidad árabe. Tiempo atrás, cuando visité la Isla de Margarita y más de una vez, hablando ocasionalmente con amistosos vendedores árabes, no lograba imaginar que alguna vez la CIA hubiese podido declara a estos pobladores como guerrilleros de Hezbollah. Actualmente a este ficción-mito se le da amplia cobertura mediática (en los EEUU) y cada jefe militar del Comando Sur norteamericano pretende aún hoy que el campo de entrenamiento de guerrilleros dice que se enceuntra en la Isla de Margarita. Otro mito agitado por la CIA pretende que Irán explota yacimientos de uranio en el estado de Bolívar en Venezuela y que operan con laboratorios en la zona.

Recientemente, el diario alemán Die Welt, salió con un curioso descubrimiento, esta vez, se supone que Irán construirá una base misilística en la Península de Paraguaná en Venezuela apuntando hacia Estados Unidos (a propósito, hace un tiempo se le atribuyó a Rusia el mismo plan). Chávez reaccionó rápidamente durante una reunión televisada de gobierno y mostró algunas fotografías de la zona que dejan ver más bien molinos de viento, diciendo que tal vez los satélites espías norteamericanos tuvieron algún problema. El Vicepresidente Elías Jaua hizo un comentario muy serio, señalando que Washington estaba buscando un pretexto otra vez para atacar a Venezuela.

La hipótesis de Elías Jaua tiene mucha credibilidad. Las elecciones del 2012 se están acercando y las encuestas demuestran que los rivales de Chávez no tienen ninguna chance. Hasta el día de hoy, Chávez no tiene serios rivales y con iguales oportunidades de ganar. En respuesta a esta situación Estados Unidos está tratando de alimentar conflictos internos en Venezuela siguiendo un patrón como aquellos que estremecieron Túnez, Egipto y Libia, apoyándose en las redes sociales de internet, las ONG pro norteamericanas, grupos juveniles radicales y guerrilleros colombianos de las desmovilizadas Auto Defensas Unidas de Colombia, AUC.

Los coordinadores de la conspiración están buscando posibles aliados entre las filas del propio gobierno de Chávez. Numerosos elementos ambiciosos se han separado o alejado de Chávez en el transcurso del tiempo y todos estos son permanentemente bienvenidos e invitados por el canal Globovisión controlado por la oposición. La campaña de propaganda adelantada por los medios de oposición ha alcanzado proporciones impresionantes.

A los venezolanos se les insiste que su país es escenario de la delincuencia desbocada, que los barones de la droga virtualmente no tienen límites y que Chávez protege a los burócratas corruptos con el objetivo de conseguir su apoyo. También se arguye que los ingresos petroleros de Venezuela se gastan alegremente en su mayor parte para mantener a flote al ALBA y a Cuba mientras que la infraestructura del país se encuentra descuidada, dejando a la población expuesta a cortes de luz eléctrica y agua potable junto con una recurrente escasez de alimentos.

Los medios de comunicación critican duramente la cooperación económica y militar de Venezuela con Rusia y China. Por el momento, la capacidad defensiva de Venezuela está resentida a consecuencia de las sanciones norteamericanas contra CAVIM, la principal empresa venezolana de la defensa. La explicación es que Washington se enferma de ver que otros proveedores se coman su parte en el mercado mundial de venta de armamentos.

El asesinato de un político de oposición o de un grupo de activistas de oposición podría ser organizado para provocar un estallido de agitación en Venezuela. El resto del plan es bastante predecible –la OTAN tendría el tristemente famoso Plan Balboa para el país.

Partidocracia, perversión de la democracia

Carlos Ayala Ramírez, director de Radio YSUCA

Teóricamente hablando, la democracia es la forma de gobierno o régimen en el cual el pueblo es el soberano. Algunos de sus principios doctrinarios más importante son la realización de elecciones regulares y libres, la separación y balance de poderes, libertad de información y de culto, la rendición de cuentas de los gobernantes y el derecho a exigirla, y la existencia de una sociedad civil activa, capaz de ejercer funciones de contraloría social sobre el Gobierno y los grupos de interés. La democracia admite y presupone una visión crítica de la misma; por ejemplo, se habla de dos modelos de democracia: la representativa y la participativa. El primero es el gobierno querido por el pueblo, porque este vota para elegir a sus representantes, aunque no ejerce el poder directamente. El segundo es el gobierno ejercido por el pueblo a través de la participación ciudadana directa, la cual no solo tiene lugar en los momentos electorales, sino sobre todo en los diferentes procesos y etapas del quehacer público, tanto local como nacional.

Ahora bien, uno de los instrumentos fundamentales de la democracia representativa son los partidos políticos, cuya función primordial es constituirse es uno de los vehículos que le facilitan al elector escoger a sus representantes en los gobiernos nacional o municipal. En consecuencia, a este tipo de democracia le es necesario que haya partidos políticos, a condición de que estos desarrollen una institucionalidad también democrática. La legitimidad y confianza que la ciudadanía pueda otorgar a los partidos políticos dependerá, en gran medida, de la capacidad y disponibilidad de estos para cambiar sus prácticas tradicionales de hacer política; especialmente, la práctica de acumular y concentrar los espacios políticos excluyendo a la sociedad civil: lo que se ha dado en llamar el mal de la partidocracia. Esta se puede definir como una perversión del papel que les corresponde a los partidos políticos en la democracia representativa. La teoría política distingue, al menos, cuatro rasgos principales de la partidocracia.

En primer lugar, el monopolio partidario de la representación. En El Salvador, por ejemplo, la Constitución, en el artículo 85 inciso 2.º, expresa que los partidos políticos son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del Gobierno. Esta exclusividad legal representa serias limitaciones para que los ciudadanos puedan ejercer un voto libre y directo: a la hora de votar, no hay más remedio que hacerlo entre las opciones que ofrece el partido. Además, por lo general, los partidos escogen a los candidatos para los cargos públicos entre personas que garanticen primero los intereses partidarios; las necesidades de la ciudadanía no suelen ser prioridad. Por eso, en las reformas electorales recién aprobadas ha habido una insistencia en que se mantenga la opción de marcar la bandera del partido. Al final de cuentas, el pueblo vota, pero no elige; y las candidaturas independientes quedan sin posibilidades reales de ganar.

El segundo rasgo de la partidocracia es el control partidario sobre los representantes elegidos. Los diputados, por ejemplo, deben seguir la línea del partido y no necesariamente el programa legislativo que se ofreció al electorado, con lo cual no hay en la práctica independencia del legislador y este se convierte en un vocero del partido, no en un representante del pueblo. El funcionario rinde cuentas a su partido —que es en última instancia quien lo elige como candidato—, no a la población a quien, se supone, debe servir. Una muestra clara de lo que afirmamos lo constituye la aprobación —activa o pasiva— del decreto 743, y la negativa a derogarlo, como pide buena parte de la ciudadanía. El 743 es, según lo declarado por los mismos partidos, una especie de cerrojo para —entre otras cosas— frenar las reformas electorales que puedan disminuir o eliminar su control y hegemonía, y evitar que se declare la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. La línea fue detener las sentencias de inconstitucionalidad que pudieran perjudicar sus intereses, aunque eso implicara violar el principio democrático de los pesos y contrapesos del Estado.

El tercer rasgo es el llamado patrimonialismo partidarista, que consiste en hacer uso de la posición institucional para apropiarse o repartirse recursos del Estado. Un ejemplo emblemático de esta práctica lo tenemos en la Corte de Cuentas de nuestro país. Por muchos años estuvo en manos del Partido de Conciliación Nacional (PCN) gracias a “acuerdos” entre fracciones legislativas. Se esperaba que la elección de las nuevas autoridades no fuera producto de componendas partidarias, sino que estuviera basada en criterios de idoneidad e independencia para garantizar eficacia y eficiencia en la contraloría de los fondos públicos. Estas expectativas nuevamente fueron frustradas y la institución se convirtió, otra vez, en una especie de botín compartido; la necesidad de una Corte técnica y no partidaria quedó nuevamente como una asignatura reprobada.

El cuarto rasgo es la partidización de la sociedad civil; es decir, los partidos buscan tener influencia sobre las organizaciones sociales para la consecución de su propia agenda política y estas, a su vez, mantienen una vinculación orgánica con los partidos como condición de posibilidad para incidir en las políticas públicas. En todo caso, esta relación desigual conlleva el peligro de la pérdida de autonomía que requiere la recta politización de la sociedad civil. De ahí la importancia de fortalecer la organización y la movilización social. Los grupos locales de indignación ciudadana suscitados a raíz del decreto 743 son un buen signo de esperanza en ese sentido.

¿Qué hacer entonces ante la partidocracia? Lo primero, trabajar por una democracia incluyente que valore la necesidad de promover la organización de la sociedad civil, los medios de comunicación independientes, la política económica orientada hacia los derechos humanos y la separación de poderes. Pero de eso hablaremos en otra ocasión.

Entrevista a Alirio Montoya sobre el Reclutamiento Obligatorio

 

Por: Raúl Hernández*

La presente entrevista se realizó a raíz de que el gobierno, ante la problemática social incontrolable de las pandillas en El Salvador, pretende implementar un plan de prevención dirigido a aquellos jóvenes menores de edad en riesgo de ingresar a las pandillas. El anteproyecto consiste en la implementación del Reclutamiento Obligatorio para estos jóvenes en riesgo de ingresar a las pandillas. Para lo cual se coordinó y concertó una entrevista con el Licenciado Alirio Montoya, un articulista y analista político de izquierda, para saber su opinión acerca de este plan.

-          ¿Qué opina de la propuesta del gobierno sobre el reclutamiento obligatorio a los jóvenes en alto riesgo de ingresar a las pandillas? ¿Será esta la solución al problema de inseguridad en nuestro país?

Primeramente creo que antes de contestar a tus preguntas es preciso hablar del tema de las pandillas o maras; es decir, saber cómo, cuándo y por qué surgen estas agrupaciones, para después ir entendiendo el origen del problema y lograr determinar con la requerida puntualidad si el plan es bueno o malo. El origen de las pandillas se remonta a finales de la década de 1970. Lo que quiero decir es que si no entendemos el problema desde sus orígenes y sus causas, no estaríamos siendo acertados en cuanto a emitir un juicio, sea este de hecho o en el mejor de los casos de valor.

Es justamente en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, donde surgen estas agrupaciones juveniles que en su mayoría provenían de hogares pobres, marginados y desintegrados. La lógica de conformar y de ingresar a estos grupos por parte de aquellos jóvenes era para compartir y tratar de suavizar, casi como entre hermanos, la exclusión de la que eran víctimas. Lo que pretendían era encontrar un mundo mejor para ellos. En ciertas ciudades norteamericanas se dio el aparecimiento de este tipo de fenómenos sociales juveniles, pero es precisamente en la ciudad de Los Ángeles donde se da con mayor énfasis; y es de hacer notar que a inicios de la década de 1980 ya existía una considerable población salvadoreña en esa ciudad. Fue de esa manera que comenzaron a ingresar a estos grupos llamados pandillas o maras, debido a un doble estigma; primero, por haber sido excluidos en su país por el hecho de pertenecer a la clase históricamente desposeída, y segundo, una vez radicados en los Estados Unidos, son también estigmatizados y marginados por el hecho de su status de inmigrantes. 

Finalizada la guerra civil en nuestro país, a inicios de la década de 1990, comienzan las deportaciones masivas de nuestros compatriotas en Estados Unidos hacia El Salvador; en su mayoría eran jóvenes pandilleros que habían cometido delitos en ese país del Norte. Fue de esa manera que en El Salvador para esa fecha las pandillas comienzan a gestarse. Por tanto ya hay una primera valoración: el fenómeno de las pandillas fue algo importado, el problema no nació aquí en El Salvador, nació en los Estados Unidos.

Pero lo curioso de todo esto es que quienes ingresaban a estas pandillas o maras eran jóvenes que provenían de hogares muy pobres y desintegrados. Hay estudios sociológicos que te demuestran que una de las causas que inciden para que los jóvenes ingresen a las pandillas es porque vienen de hogares de los estratos más bajos y marginados del país. Es decir que, la exclusión social, la enorme desigualdad en este país y la riqueza concentrada en pocas manos, es la raíz de todo este problema. Por supuesto que el desempleo viene a ser otro factor que incide en un país donde la tasa de desempleo es del 7.5 por ciento, dejando por un lado el índice de subempleo el cual es muy alto; por otra parte, según estudios de la CEPAL, te detallan que en El Salvador la pobreza es del 58 por ciento.

En cuanto a la educación andamos muy mal también. El libro del Doctor Salvador Arias, “El Atlas de la Pobreza en El Salvador”, es bastante ilustrativo en cuanto al manejo de datos económicos y sociales de nuestro país. Para el caso, en el departamento de La Unión el nivel de escolaridad es de 5° grado, pero en la capital es de 6° grado, es decir, la diferencia no es mucha; por tanto, te encuentras en un país con un bajo nivel de educación y con un alto índice de pobreza y desempleo. Esas son motivaciones negativas para que muchos jóvenes ingresen a las pandillas.

Ahora, la propuesta del gobierno sobre el reclutamiento obligatorio me parece una aberración, porque es bastante difícil que en 6 meses un “pandillero” o alguien en riesgo de ingresar a las pandillas se reformen o se abstengan de pertenecer a esos grupos. Esta medida a mi juicio es precipitada e inconsulta. Quién te puede asegurar que con la implementación de una disciplina militar estos jóvenes se van a formar de la noche a la mañana con otros valores. Tengo entendido que el grupo mexicano los “Zetas” está conformado por ex militares y ex policías, por tanto esa tesis de que una disciplina militar vendría a prevenir y reformar a estos jóvenes creo que es una tesis errática. Además, la firma del Acuerdo de Paz tenía como eje central la desmilitarización de la sociedad salvadoreña, en ese sentido sería un retroceso.

Este gobierno viene ingeniándose planes similares a los implementados por ARENA. En la administración del ex presidente Francisco Flores se creó la famosa “Mano Dura” y su Ley Antimaras; la cual fue declarada inconstitucional, pero vino a agravar más la situación; muchos dicen que esos planes “alborotaron más el panal”. Luego aparece en la administración del ex presidente Elías Antonio Saca el plan “Supermanodura”, que también en su parte represiva se aprobó lo que se le conoció como la “Segunda Ley Antimaras”. De cada 100 capturados en esas redadas publicitarias, 5 de ellos llegaban a la etapa de sentencia y solamente 2 eran condenados pero no por pertenecer a pandillas, sino, por portación ilegal de armas de fuego. La ley era inaplicable por muchos jueces porque la misma hacía prevalecer el Derecho Penal de Acto sobre el Derecho Penal de Autor, lo cual era algo inconcebible. Era un verdadero adefesio jurídico. Y es importante señalar que el plan “Supermanodura” se propuso en el marco de una campaña electoral; es decir que, ARENA mediante una suntuosa campaña publicitaria y sobre el dolor y sufrimiento de la gente se montó una campaña mediática-electoral.

En otras palabras, estos planes solamente venían a combatir los efectos de la exclusión social, no así las verdaderas causas de este fenómeno social. Mientras persistan las desigualdades sociales y la riqueza nacional esté concentrada en pocas manos nunca se solucionará el problema. Hay casos muy ejemplarizantes como en Cuba, en donde no hay pandillas por que el analfabetismo es cero, la tasa de mortalidad infantil es baja, hay prestación en un 100 por ciento de los servicios básicos. Así también en los países nórdicos como Noruega, Suecia y Finlandia. El asunto es que en esos países los niveles de pobreza son mínimos y el nivel educativo es muy alto. Ese plan de reclutamiento obligatorio no vendría a combatir las causas, por ello y otras cosas es que considero que sería una medida aberrante por parte de este gobierno.

-          ¿Qué gobiernos se caracterizan por implementar este tipo de medidas?

Los gobiernos que han implementado estos mecanismos “preventivos” son para mí gobiernos de corte fascistas; para el caso en la Colombia de Álvaro Uribe, pero más concretamente durante el fujimorismo en el Perú. Pero eso no vino a solucionar el problema porque en el caso de Perú, durante estuvo vigente el reclutamiento obligatorio a menores de edad existieron muchos casos de tortura y tratos degradantes. Por eso en verdad me extraña que un gobierno que se define de “izquierda” venga con una propuesta de una política pública de ese tipo. Pero mi enfoque quisiera centrarlo más en el aspecto jurídico en el marco de la Constitución de la República, convenios internacionales y leyes de la República como la LEPINA.

-          ¿Cree que los millones se podrían utilizar en otras áreas como en lo social por ejemplo, no cree que se estarán desperdiciando esos fondos públicos?

Esta propuesta de política pública para combatir las pandillas se la escuché al señor presidente en su discurso de dos años de gestión el primero de junio, y casi lo dijo al final de su discurso. La verdad es que desconozco si son millones. Considero que en efecto, eso debería invertirse en educación. La entrega de útiles escolares y uniformes me parece una medida muy acertada de este gobierno porque ha aumentado la demanda educativa; pero eso no es suficiente, se debe mejorar la educación en su conjunto, mediante una política educativa integral, empezando por un programa amplio de alfabetización; los pedagogos cubanos nos podrían asesorar en ese sentido. Ahora bien, me parece que el gobierno debería diseñar un plan preventivo a corto plazo, pero eso del reclutamiento obligatorio en lo personal no me parece correcto desde el punto de vista jurídico, vuelvo a repetírtelo, desde el punto de vista jurídico. A mediano y largo plazo debería proponerse el gobierno erradicar la exclusión social y tratar de disminuir significativamente los índices de pobreza y desempleo.

-          Según su análisis jurídico ¿Cuáles son los preceptos constitucionales que violaría ese plan, y cuales convenciones y leyes de la república?

Violaría indudablemente el artículo 3 de la Constitución de la República, también el 32 y siguientes, y el 215 de la Constitución. Por supuesto que ese plan vendría a violar la Convención de Derechos del Niño, el Pacto Facultativo a la Convención en lo relativo a participación de niños en conflictos armados, y finalmente la ley LEPINA, entre otras cosas.

-          ¿Podría ejemplificar o explicar por qué la violación a los artículos 3, 32 y 215 de la Constitución de la República?

En primer lugar quiero hacer una aclaración. Yo no estoy defendiendo en modo alguno el accionar de estos grupos llamados pandillas o maras; porque en ciertos medios se me acusó de “defender a los pandilleros”; “¿Y los Derechos Humanos de las víctimas?, se me preguntó. El asunto es que las autoridades encargadas de combatir y hacerle frente a estos grupos son la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República. Pero una persona, cualquier persona que cometa un crimen, no pierde bajo ninguna circunstancia sus Derechos Humanos; se le suspende sus derechos políticos y su libertad ambulatoria, pero nunca su dignidad, que es la esencia de los Derechos Humanos. Entonces los Derechos Humanos velan porque ningún funcionario o autoridad viole los Derechos Humanos, ya que un particular cuando delinque no viola Derechos Humanos, sino, lesiona un bien jurídico y por ello se le aplica una pena.

Ahora bien, este plan violaría a mi criterio el artículo 3 de la Constitución de la República, tanto en cuanto no se puede crear una ley especial para aplicársela a un grupo de personas en particular. La exposición de motivos del Código Penal establece claramente la evolución punitiva consistente en evitar tanta ley especial; para ello existe el Código Penal y también la Ley de Proscripción de Pandillas, esta última al parecer es inaplicable y nadie explica por qué. Entonces, violaría el artículo 3 porque los pandilleros o mareros en este país lindan por los 32 mil miembros, y si a eso le sumamos los familiares, estamos, sociológicamente hablando ante un nuevo estrato o una casta social de nuestro país; en consecuencia, no se puede dar un trato específico y desigual a un segmento particular de la sociedad; quien no lo ve así es porque no quiere asimilar el problema que se nos ha venido encima.

El artículo 32 y siguientes de la Constitución de la República nos habla respecto a la familia y la obligación del Estado para con ella. Nos dice el artículo 32 que “La familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado…”. Es decir que es justamente en el seno familiar donde se les brindan valores a los menores de edad, por ello es que me pregunto si en verdad en 6 meses de adiestramiento militar estos menores encontrarán el cariño y la comprensión que no encuentran en su hogar.

Respecto al artículo 215 de la Constitución de la República, éste establece que el reclutamiento es obligatorio para todos los salvadoreños comprendidos entre los dieciocho y los treinta años de edad. Aquí la solución es reformar este artículo de la Constitución. Pero estaríamos siempre ante una disyuntiva frente a los convenios internacionales y la ley LEPINA.

-          De implementarse la medida, ¿Qué le aconsejaría al presidente Mauricio Funes y al Ministro de Defensa Munguía Payés?

¿De implementarse la medida? Bueno, al implementarse no tendría nada que decirles. Lo que en estos precisos momentos puedo atreverme a decirles es que tomen en cuenta los preceptos constitucionales ya señalados antes de implementar cualquier política pública, asimismo como los convenios internacionales en materia de Derechos Humanos. No me cabe duda que a lo mejor y las intenciones sean buenas en cuanto a prevenir que estos menores de edad ingresen a las pandillas, lo cual es un gesto a reconocer, pero habría de preguntarse qué harán estos menores cuando regresen a sus colonias o barrios. Este plan, a mi parecer serviría para suavizar temporalmente la situación, pero de lo que se trata es de erradicar las causas. Y esas causas ya las señalamos: exclusión social, desempleo, falta de educación, la amplia brecha entre ricos y pobres; pero sobre todo la riqueza concentrada en pocas manos. Por tanto, soy del criterio que se haga énfasis en combatir y erradicar las verdaderas causas de estos fenómenos sociales.

*El periodista es colaborador de Radio YSUES (Universidad de El Salvador)

E-mail: raulmaldonado07@gmail.com

¿Comienza una revolución anticapitalista?

Por Atilio A. Boron


En un pasaje memorable del Manifiesto Comunista Marx y Engels sostienen que con su ascenso la burguesía desgarró impiadosamente el velo ideológico que impedía que hombres y mujeres percibieran la verdadera naturaleza de sus relaciones sociales ahogando “el sagrado éxtasis del fervor religioso, el entusiasmo caballeresco y el sentimentalismo del pequeño burgués en las aguas heladas del cálculo egoísta”.


La actual crisis del capitalismo y las crecientes protestas y movilizaciones populares en contra de las políticas de ajuste promovidas por el FMI, el BM y el Banco Central Europeo corrobora que las palabras del Manifiesto son de una fuerza profética incomparable. La nueva crisis general del capitalismo ha sumergido las ilusiones fomentadas por los mentores y beneficiarios de la democracia liberal “en las aguas heladas del cálculo egoísta”. Como decía una de las pancartas enarboladas en la Puerta del Sol de Madrid “esto no es una crisis, es una estafa”. Y de la mano de ese doloroso descubrimiento iba otro: la estafa no sólo se ejecutaba en el terreno económico. No menor era el fraude montado en el ámbito político al haber inducido al grueso de la población a creer que la sórdida e inescrupulosa plutocracia bajo cuya férula se desenvolvían sus vidas era una democracia. Por eso las quejas y reclamos exigiendo una “real democracia ya”, una “democracia verdadera” que reemplace a la pseudodemocracia cuyo interés excluyente es la preservación de la riqueza de los ricos y el poderío de los poderosos.
La crisis tuvo por efecto hacer consciente a los pueblos del mundo desarrollado que tanto ellos como nosotros en el Sur global somos víctimas de un sistema que, habiéndose despojado de los ropajes que ayer disimulaban su verdadera naturaleza, somete a unos y otros a “una explotación abierta, descarada, directa y brutal”. Y que lo que llaman democracia es en realidad la dictadura de la oligarquía financiera, que como lo recordaba el Che en la Conferencia de Punta del Este, es incompatible con la democracia.


Días atrás el Financial Times de Londres hizo público un informe sobre las remuneraciones que percibían los máximos ejecutivos de las más grandes empresas. La nota decía que “en lo que respecta a los banqueros la era de la contención (salarial) ha terminado”. En 2010, mientras el mundo continuaba su caída libre hacia el desempleo de masas, las ejecuciones hipotecarias y el empobrecimiento generalizado de la población, la “retribución media de los máximos responsables de los 15 mayores bancos europeos y estadounidenses aumentó un 36 por ciento, hasta (alcanzar una media anual de) 9,7 millones de dólares”. En España, conmovida hasta sus cimientos por la oleada de manifestaciones de los “indignados”, el presidente del BBVA, Francisco González, se conforma con ganar unos 8.000.000 de dólares al año mientras que su colega del Banco Santander, el más importante de España, fue más ambicioso y calmó su ansiedad al ver recompensado sus esfuerzos en pro de sus ahorristas con trece millones de dólares.


Ante esta situación cabe preguntarse por el destino de estas orgullosas y arrogantes pseudo democracias, desmitificadas al calor de una crisis que demostró que son fraudulentos regímenes políticos puestos al servicio de las oligarquías y la opresión de los pueblos. ¿Serán estas protestas y movilizaciones el precipitante de una revolución anticapitalista? Difícil de saber, aunque parece ser cierto que “los de abajo no quieren y los de arriba no pueden seguir viviendo como antes”, para usar la clásica formulación de Lenin.

Las protestas que hoy conmueven a Europa tal vez puedan ser la antesala de una revolución anticapitalista, pero ésta es un proceso, no un acto. La lucha de clases y la resistencia al imperialismo y sus “perros guardianes” en el sistema financiero mundial (el FMI, el BM, el BCE) pueden hacer que lo que al principio comenzó como una protesta contra el desempleo, la reducción salarial y los recortes en las prestaciones sociales terminen siendo el motor que impulse una hasta hace poco improbable e imprevisible revolución en el corazón del capitalismo desarrollado. Es demasiado pronto para saber, Pero lo que sí sabemos es que de ahora en más las cosas serán distintas: que los condenados de la tierra no quieren seguir viviendo como antes y los ricos comienzan a percibir que no podrán seguir dominando como antes. Son condiciones necesarias –si bien no suficientes– de una revolución, lo cual no es poca cosa.


* Director del PLED del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.

Ken Hawkins : El acto más inhumano que he presenciado

Testimonio del fotógrafo Hawkins de la masacre del 8 de mayo de 1979



Por Eduardo B. Rodríguez (*)


SAN SALVADOR - El experimentado fotógrafo a pesar de cubrir asignaciones de guerra en Vietnam y Nicaragua, nunca vivió hecho más atroz y lo que si le sirvió de su experiencia fue el sentir los bellos de su cuello erizarse cuando ese martes presintió lo peor y persuadió a sus dos colegas a moverse lejos de las gradas de Catedral, hecho que probablemente les salvó la vida. Varias de las personas del Bloque Popular Revolucionario (BPR), organización a la que pertenecían los estudiantes, campesinos y otros, que ese día no tuvieron la misma suerte y que se manifestaban pacíficamente por la liberación de 5 de sus dirigentes que el régimen había apresado.

Ken Hawkins regresó a El Salvador, para tratar de “sanar su corazón” herido desde un 8 de mayo de 1979, cuando presenció la masacre cometida por la Policía Nacional contra estudiantes y campesinos en las gradas de la Catedral Metropolitana. Treinta y dos años después, Ken hizo su viaje al país para hablar de lo que vio y compartirlo con sobrevivientes de dicha matanza perpetrada por una especie de dios Crono, caníbal y temeroso de ser destronado: “un gobierno asesinando a sus propios hijos” como el mismo fotógrafo lo diría.
Al momento de la masacre, Hawkins cubría para la revista francesa Paris Match, la efervescente situación política salvadoreña, incluyendo la toma por el BPR de las embajadas de Francia y Venezuela, así como del máximo templo católico de San Salvador. En su regreso, diversos escenarios sirvieron para el encuentro del fotógrafo internacional con los hechos que aún rondan su memoria.
La Catedral y el Cementerio General de San Salvador, así como el Museo Tecleño, sirvieron de espacio para el intercambio, la fotografía, el conversatorio y el proceso de sanación. Invitado por la Asociación Pro Memoria Histórica de Santa Tecla (ASMEMORIA), a un conversatorio sobre la historia no oficial de los sucesos del 8 de mayo, Ken Hawkins pudo dar su versión, así como conocer las historias personales detrás de los muertos y de los sobrevivientes.
En la Catedral y sus gradas, donde “bajaron ríos de sangre” como lo dijera a la BBC, se reencontró con ese pasado de dolor para fotografiar y conversar con tres sobrevivientes de ese fatídico hecho. Dos de ellos, adolescentes en esa época y el tercero, un estudiante universitario. El Grupo Maíz los acompaño con fotos de la masacre y de los asesinados. Los transeúntes se detenían y veían las fotos. Ken seguramente fotografió tantas imágenes como recordó las que a través del lente vio ese mediodía de muerte para 23 estudiantes y campesinos.
Ken Hawkins recuerda de esa fecha, el hablar en las gradas con una mujer embarazada y de quien al siguiente día vería su cuerpo sin vida tendido en el piso de la Catedral, ambas vidas cegadas por la práctica de una doctrina de seguridad nacional, impuesta desde fuera y enfrascada en someter con violencia, miedo y muerte las aspiraciones justas de los sectores populares. Como lo dijera Monseñor Romero, de quien Hawkins se recuerda con reverencia y a quien también le rindió tributo en la cripta donde yacen sus restos:
“… la absolutización de la riqueza y de la propiedad lleva consigo la absolutización del poder político, económico y social… En nuestro país, ésa es la raíz de la violencia represiva...” (Entrevista con Prensa Latina, 15 de febrero de 1980)
Esa violencia represiva llevó a los policías nacionales apostados en la Plaza Barrios, a disparar contra los manifestantes. En las fotos del fotógrafo estadounidense y que el Museo Tecleño (MUTE), exhibe sobre el 8 de mayo de 1979, se puede observar que los manifestantes estaban pacíficamente sentados frente a catedral y que lo que portaban en sus manos eran globos “de color amarillo” como Ken los recuerda.
Totalmente diferente de la versión oficial que retrató a los del BPR como violentos y provocadores de la matanza. Versión que se le quiso imponer al fotógrafo, primero robando en su habitación del Camino Real, varios rollos con fotos que él tomó, y después, haciéndole ver por medio de un enviado de Casa Presidencial, que lo que ocurrió no fue lo que Hawkins vio, sino, lo que el gobierno dijo que sucedió.
La versión de Ken sobre los sucesos contrasta la versión oficial: los policías nacionales sin provocación comenzaron a disparar contra las espaldas de indefensos manifestantes después de una señal del oficial al mando. Como él lo expresaría claramente, fue “el acto más inhumano que he presenciado”. Sus fotografías no dejan dudas, policías cubiertos por vehículos y provistos de fusiles, contra un mar de manifestantes desprotegidos y apiñados en las gradas de Catedral.

Las más de doscientas personas que el 4 de junio pasado acudieron al conversatorio de ASMEMORIA en el MUTE, pudieron escuchar la versión imparcial y no oficial de un testigo casual a quien la vida puso en ese momento de horror, para poder compartir con la memoria del El Salvador de ahora, detalles de su propia historia. Antes del conversatorio, Ken pudo honrar la memoria de los que murieron regresando al sitio del entierro de hace 32 años.
El Cuadrante Mansferrer, en el Cementerio General de San Salvador, sirvió de telón a las fotos que Ken dejó para su exhibición, donde centenares de salvadoreños acompañaron los ataúdes de esos jóvenes y campesinos, símbolos de una necedad a no renunciar a la libertad. Las fotos de este pasado 4 de junio ya no tienen multitudes ni ataúdes, solo un par de sobrevivientes y sus historias no olvidadas de las personas que yacen en las sepulturas. Ahí Ken conoció con esos relatos a las Normas, Ramiros, Fideles, Rosas y Manueles que él vio en el lente de su cámara aún vivos y llenos de juventud ese 8 de mayo.
Al ver El Salvador de hoy, con sus intentos de regreso al pasado como su intolerancia política, sus matices de la vieja política de seguridad, la violencia permanente, la inequidad que separa, la pobreza que no termina y la inconstitucionalidad a boca de decretos, espero que la actividad de memorizar que nos deja la visita de este amigo, sea como decía el slogan de la manta en el conversatorio del sábado, “Prohibido Olvidar”, solo eso nos puede ayudar a no repetir un camino al que no queremos regresar.
Cuando salíamos del cementerio, le hice un gesto de despedida a las tumbas de mis compañeros y Ken aprovechó para disculparse en vos alta con ellos por haber tardado tanto en regresar… le sonreí y le dije que no se preocupara, ellos ya sabían que vendría. La verdad y la memoria al final no solo sanan corazones, también nos hace más humanos. Es lo que quieren nuestros muertos, lo que necesita El Salvador.

La Ley de la Selva

(VIDEO) Vea "Detrás de la Noticia" con Eva Golinger (19.06.11)


Por: Actualidad RT

Una fiesta sin antifaces

Dagoberto Gutiérrez


La crisis es una buena palabra aunque produce sobresaltos y temores; pero en sus pliegues sinuosos esconde las oportunidades para aquel o aquellos con el poder suficiente para resolver la crisis a su favor. De eso se trata la lucha política y eso es, precisamente, lo que encierra la actual coyuntura.
Es necesario saber que no son las instituciones las que están en crisis, porque estas, Los Aparatos de Poder, están funcionando a todo vapor como siempre funcionan, pero mostrando y demostrando, como nunca antes, su verdadera naturaleza política, su rostro real, sus vísceras retintas, sus intereses reverberantes, tal como corresponde a todo Aparato de Estado que concentra poder político. Esto y no otra cosa son La Asamblea Legislativa, La Corte Suprema y El Poder Ejecutivo. En otras palabras, el pueblo esta asistiendo, sin invitación, a una fiesta total de transparencia total, donde nadie puede usar antifaz y donde todos los reyes están desnudos.


Pocas veces ocurre este evento en la vida de los pueblos, es como nacer y morir que solo ocurre una vez en la vida y no vuelve a repetirse. Esta crisis nos ofrece aparatos políticos saludables actuando al desnudo, sin ninguna crisis, precisamente por eso, es que la gente sabe que el decreto 743 es, realmente una maniobra y no solo una figura jurídica, no se necesita ser un jurista para saber esto, el pueblo también puede saber que no existe Asamblea Legislativa sino partidos políticos que la integran, que no decide la asamblea sino los partidos, que son, los reales legisladores.


Esta desnudez también alcanza, mas allá de los aparatos fundamentales, a otros aparatos que como el partido FMLN han mantenido una naturaleza llena de sombra y una imagen sostenida con la luz del heroísmo, la sangre y las lágrimas del pueblo, heroico y maravilloso que produjo al FMLN durante los años de acero y luz.


La coyuntura permite ubicar a una cúpula partidaria que intenta, con desesperación, impedir el surgimiento de un Sujeto Político que le de continuidad al proceso histórico, proceso interrumpido cuando EL ESTADO, luego de terminada la guerra y muerto el FMLN, produce un actor político: el partido FMLN, dedicado totalmente a las campañas electorales, al usufructo del botín de la cosa publica, a la producción de funcionarios públicos y a la fabricación de una historia en el que, una izquierda gubernamental puede actuar como derecha y pensar como izquierda o actuar como izquierda y pensar como derecha, todo de acuerdo a las circunstancias; pero en ningún caso asumiendo las banderas reales de la lucha real de la gente real, y por el contrario, erigiéndose en defensores fieles de las instituciones y de su institucionalidad, sobre todo de aquellas que le son beneficiosas, pero en ningún caso, defendiendo a los débiles, mucho menos cuando esa defensa los puede enfrentar a los poderosos, pero siempre pidiendo los votos a los votantes.


Esto es lo que ocurre cuando en la actual coyuntura en la que entra en crisis El Poder Político Tradicional levantado a fines del siglo XIX, y cuando la sociedad entera se levanta contra la burocracia partidaria incluida la del partido FMLN, la cúpula de este partido se afana en presentar el fenómeno critico como una conspiración de la derecha contra su partido , como si sus funcionarios pudieran distinguirse de los de derechas o como si el pueblo hiciera distingos entre partidos de derechas e izquierdas; este abordaje resulta cómodo para aquellos que se niegan a pensar mínimamente y piensan, de manera equivocada, que el pueblo carece de cabeza política y que a estas alturas pueda haber persona que no piense que ARENA y FMLN son los dos pilares que sostienen el régimen político salvadoreño y que por eso mismo, en una gran consecuencia ideológica, la cúpula del partido FMLN, resulta ser la defensora mas segura del sistema político del país, mucho mas segura que el partido ARENA.

Esto resulta ser como una gota cristalina de agua cristalina, cuando esa cúpula se convierte en defensora firme del decreto 743, el que amordaza y silencia a la sala de lo constitucional, para impedir que esta sala restaure la condición política de la CSJ y la saque del pantano del partidismo. El partido ARENA, en una dificultosa maniobra, desnudó a la cúpula efemelenista, que se ubica cómodamente a la derecha de la posición arenera. Esta postura resulta indefendible ,porque una vez mas el rey esta desnudo y entonces esta cúpula piensa que es la hora de las fábulas, como aquellas que dicen que si el partido FMLN se debilita la derecha se fortalecerá , o aquella otra que dice que el pueblo que se manifiesta en las calles pidiendo la derogatoria del decreto 743, que es lo que pide todo mundo, es la derecha viva porque ahora, según esta cúpula, los enemigos son los 4 magistrados de la sala de lo constitucional, los que han resuelto que cualquier ciudadano puede ser candidato libre de los partidos, han resuelto que sea diputado aquel que sea mas votado por el pueblo, sin que sea controlado por las cúpulas partidarias. Por esto, según esta cúpula, son los enemigos más peligrosos y quieren o creen que el pueblo crea semejante barbaridad.

En todo caso, la mejor de las historias de esta cúpula, consiste en creer, e intentar hacer creer que una cúpula partidaria, puede actuar como derecha, hacer lo que hace la derecha, pensar como derecha, soñar como derecha, persignarse como derecha y luego, durante esta festividad de derechas, pedirle a la gente que piense o acepte que esta cúpula es de izquierdas. Este drama aparece en aquellas sociedades donde antiguos y muy antiguos insurgentes, renuncian a una postura crítica y dejando de ver la realidad de una manera negativa, como debe ser, si se intenta negar esta realidad, pasan a ver esta misma realidad de manera positiva, como la miraría un banquero, un poderoso industrial o un exitoso comerciante.


Resulta que esta crisis del poder político también esta mostrándonos, con todas sus luces, la crisis de la filosofía del poder de las derechas, de todas las derechas incluidas aquellas que gustan presentarse en salones humildes como de izquierdas y en salones suntuosos como de derechas. El momento ya no permite juegos de palabras porque los actores, como los partidos políticos, han dejado de ser instrumentos para actuar como fines y esta mutación los hace depender del aparato estatal en la misma medida, que los aleja, sin retorno, del pueblo que los desconoce y los niega.