Cinco adjetivos para el impuesto a las telecomunicaciones

 

Élmer Menjivar

 

 

En el declive económico de cualquier civilización, las élites políticas recurren de manera rutinaria a un libro de jugadas muy limitado: más deuda, más regulación, más restricción a las libertades, más devaluación de la moneda, más impuestos, y control más insidioso. [...] Además, la máquina de propaganda va a toda marcha, asegurándose de que la clase trabajadora también sea engañada por el fervor patriótico para que no pueda notar que está siendo saqueada por el Estado.

—Simon Black, en Business Insider (Lithuania, 2012)

Cuando me enteré del impuesto del 10 % que el gobierno quiere cargarle a los servicios y dispositivos de telecomunicación me pareció un abuso; cuando leí los argumentos oficiales tan a la defensiva me indigné. Leí el proyecto de ley, y entre más me informo, más cuestionable me parece esta medida temporal de 10 años. Entre cientos de adjetivos que me parecían pertinentes para calificar esta "contribución especial", seleccioné cinco que me propongo desarrollar en lo que sigue de este texto.

1. Cínico

Según publicó el Diario el Mundo, dice el ministro de Hacienda: Esta es una contribución que el pueblo hace a su seguridad”, y sostuvo que "las telefónicas no tienen por qué no estar de acuerdo, serán meros recaudadores”.

La lógica del ministro es fulminante: imponerle un impuesto inconsulto a quien no hará nada realmente impactante para hacer valer su desacuerdo: el pueblo. Las telefónicas sí protestan, sí amenazan, sus gremios las apoyan y sí hacen presión mediática y económica, tienen un poderoso lobby y funcionarios con intereses en el sector, entonces mejor no molestarlas. La ciudadanía, en cambio, es dócil, mansa, olvidadiza, solo se queja en redes sociales, pero eso no es ninguna amenaza. ¡Qué pague la ciudadanía! Esta ciudadanía, la salvadoreña, es una presa bien fácil.

También hay otra dosis de cínico oportunismo al tomar una medida tan antipopular ahora, aprovechando que faltan dos años y medio para las próximas elecciones y contando con la mala memoria que ha caracterizado al electorado. Tan desmemoriados somos que pocos recuerdan que hace pocas semanas el mensaje del gobierno era que las crisis de seguridad era invención de los medios de comunicación y campañas de desprestigios, y ahora dicen que es tan grave la cosa que se ven obligados a pasarle esta factura al pueblo.

Y por si fuera poco, para el anuncio el ministro apareció acuerpado por los líderes partidarios de sus colores afines, el mensaje no verbal dice "esto va a suceder, les guste o no les guste". Ya verbalmente soltó las descalificaciones a priori para cualquiera que se oponga, y no vaya a ser la Sala de lo Constitucional la que atienda a ciudadanos que quieran reclamar sus derechos constitucionales, literalmente espetó: "Los enemigos de la justicia siempre van a ir a presentar sus demandas y esperamos que la Corte (Suprema de Justicia) esta vez apoye por el bien de la nación”. Así las cosas.

2. Injusto

La primera vez que un personero del gobierno habló públicamente de una “contribución especial” habló de imponerla a las ganancias de las empresas telefónicas, quizá el sector más pujante e imparable en el mundo y en el país –desde 2013 se calcula un promedio entre 1.4 y 3 celulares por persona en El Salvador– y uno de los más señalados por su pasiva participación en actos criminales como las extorsiones (llamadas y cobros) y por su resistencia a limitar la señal para los centros penales, desde donde, vía telefónica, se ordenan muchos crímenes a diario. Hay que decir también que el Estado tampoco ha establecido las regulaciones que amerita el contexto. No tengo claro si esa fórmula de recaudación fiscal sería legal o económicamente sensata, pero en la simplista lógica ciudadana de que deben pagar más impuestos quien más gana y desde la ilusa opinión de que las industrias más rentables deberían ser más solidarias y responsables socialmente, no parecía una mala idea, pero ya me corregirán los expertos.

Al darse a conocer la versión final del proyecto, resultó que sí se quiere afectar al sector de las telecomunicaciones, pero solo a la parte más vulnerable de sector: el consumidor de a pie, a la ciudadanía de a pie, al pueblo. Como dice el ministro Cáceres, la empresas telefónicas “serán meros recaudadores”, es decir, sus ganancias no están en la mira.

Otra capa de injusticia asoma en ese elevado 10 %. Veamos, ya pagamos 10 % de renta, muy cerca del 13 % que también pagamos de IVA. Ningún impuesto "especial" vigente es tan alto. Por ejemplo, el impuesto especial para inmuebles suntuarios es del 1 % (uno por ciento), y si revisamos el caso del combustible, pagamos por cada galón $0.16 de impuesto de guerra (¡de guerra! nunca no se firmó la paz) que representa un aproximado del 4.5 %, además de $0.20 para el Fovial (un aproximado de 5.7 %), y $0.10 para subsidiar el combustible de nuestros amigos los buseros (aproximadamente 2.9 %). Hace algunos años la Sala de lo Constitucional declaró ilegal los $0.04 de impuesto (también para Seguridad) por minuto de llamada internacional, pero nunca nos devolvieron ni un centavo de lo que nos cobraron ilegalmente.

3. Tramposo

Si la Asamblea Legislativa lo aprueba, la “contribución especial” del 10 % se reflejará sobre la factura “de servicios de telecomunicaciones en todas sus modalidades” –es decir todo servicio de telefonía, radio, televisión y transmisión de datos a través de computadoras, es decir, internet–. A diferencia del IVA del 13 %, que se ya aplica al total facturado, esta “contribución especial” se realizará, según el ministro, por alicuota, es decir, se aplica a cada parte o proporción de estos servicios según se establezca, y esto podría ser a cada minuto prepago o postpago de llamadas nacionales o internacionales, a cada mega de datos móviles o residenciales que tendrán por separado un incremento del 10 %. Pero no sólo se gravará los servicios, la “contribución especial” también recaerá “sobre la transferencia de cualquier tipo de dispositivo tecnológico, terminales, aparatos y accesorios de los mismos que permitan la utilización de servicios de telecomunicación”, es decir aparatos telefónicos (inteligentes o no), tablets, consolas de videojuegos, consolas de televisión digital y similares. En el proyecto de ley se establece que quedan excluidos "los ordenadores o computadoras electrónicas y televisores", sin embargo, me queda la duda sobre la precisión que se tendría durante 10 años. Es decir ¿qué debemos entender por computadora?, ¿qué debemos entender por televisor? En un par de años ambos aparatos podrían transformarse en dispositivos con una tarjetas que contengan el módulo de identificación de abonado (SIM) que adquiera la forma de una tablet, por ejemplo, u otro hardware nuevo que desarrolle la industria.(*)

4. Inculto

Detallo todo esto no solo para evidenciar el gran negocio estatal que representa esta “contribución especial” (140 millones de dólares al año, dice el ministro), también lo hago para hacer notar que todos estos servicios y aparatos sirven para la comunicación humana, sirven para tener acceso a información, a conocimiento, a educación, a consumir cultura. Como está planteado hasta ahora, es como si pusieran un impuesto temporal de 10 años a los libros y a cuotas escolares. Están poniéndole un ancla al desarrollo educativo y cultural.

La telecomunicación no se trata de un consumo suntuario, el acceso a internet fue declarado uno de los derechos humanos altamente protegido por la Organización de las Naciones Unidas desde 2011. La cadena de acceso a internet incluye todo a lo que el gobierno salvadoreño quiere afectar con una alicuota impositiva del 10 %.

Es cierto que llamar por teléfono, chatear o publicar en redes sociales, a simple vista no es una práctica cultural, consumo o producción de conocimiento, pero sí lo es, quizá no de forma latente, pero sí de forma patente y, sobre todo, potencial. Estas actividades, al igual que la lectura, la investigación, la transferencia de conocimientos, las redes de información y la educación a distancia se desarrollan en internet y es por eso que el acceso a internet es ahora un derecho humano altamente protegido. De hecho, los países que destacan por sus logros en desarrollo humano sostienen sus apuestas en educación y cultura en las telecomunicaciones y particularmente en reducir la brecha entre conectados y desconectados a la gran red. Este impuesto revela que este gobierno carece de una visión estratégica sobre las telecomunicaciones, propia de una generación de funcionarios gobernantes –y asesores incluidos– que no ha abierto sus ojos a los nuevos tiempos, y si lo ha hecho no entendió lo que vio y prefiere caminar de espaldas.

5. Facilón

Está claro que se necesita dinero para atender los graves problemas de seguridad del país y los impuestos son la vía más rápida, sin embargo, este impuesto es altamente cuestionable, no solo porque se aprovecha de la indefensión y la pasividad ciudadana, sino porque evita deliberadamente tomar otros caminos por comodidad, porque proponer una verdadera reforma fiscal o impuestos a las ganancias de industrias poderosas es conflictivo y desgastante políticamente, y en este país está demostrado que la clase empresarial nunca ha estado dispuesta a ceder ni una mínima parte de sus utilidades para el bien común –así en la paz como en la guerra– y para resguardarse está dispuesta a mantener incendiados los periódicos a diario, a veces con verdades y a veces con mentiras.

No soy de los que cree que una crítica es más válida si es acompañada por una propuesta, creo que la crítica es válida en sí misma siempre y cuando hay argumentos y apertura para un buen debate. Pero en esta ocasión sí traigo ideas con ánimo propositivo.

¿Otras alternativas a este impuesto? Sin ser economista, se me ocurre al menos explorar con un nuevo incremento de impuestos al tabaco –El Salvador es reconocido en el mundo por el bajo precio de los cigarros–, a los juegos (casinos, apuestas, tragaperras y similares), a la distribución y consumo de alcohol, a comercialización de armas, a los carros de lujo, yates, jet privados. Otra idea: establecer de una vez el impuesto predial, somos de una minoría de países que no lo tiene. Pero no hay que olvidar que la verdadera reforma fiscal es una tarea fundacional pendiente, la más difícil y desgastante, pero cualquiera que aspire a gobernar un país debe saber que gobernar bien nunca debe ser fácil.

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Seguramente a usted se le ocurrirán más u otros adjetivos mejores, y le invito a compartirlos y a platicar, aprovechemos antes de que estás pláticas telecomunicadas sean un 10 % más caras.

Los objetivos del milenio

Editorial UCA

Cuando hace quince años entrábamos al nuevo milenio, la comunidad internacional se puso de acuerdo para marcar ciertos objetivos: reducir la pobreza y la muerte infantil, y eliminar el hambre. Como plazo se daban quince años. Algunos objetivos se cumplieron en varios países mientras otros quedaron con déficit. Ahora, la ONU ha definido nuevos objetivos del milenio de cara a 2030. Repasarlos y reflexionar sobre nuestro país será sin duda tarea a lo largo de los próximos cinco lustros. Por el momento, conviene pasar revista a algunos de ellos.

El primero es “poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo". En El Salvador, el flagelo continúa teniendo una presencia grave; según cifras oficiales, el 28% de la población vive en pobreza. Pero tanto si se ajustara la canasta básica como si se midiera multidimensionalmente, el porcentaje aumentaría. El Banco Mundial decía recientemente que para salir de la pobreza se necesita un ingreso superior a los cuatro dólares diarios por persona. Así, una familia de cuatro miembros tendría que disponer de 480 dólares mensuales para lograrlo. Dado el nivel salarial del país, demasiada de nuestra gente no alcanza esa cantidad. Poner fin a la pobreza dentro de los próximos 15 años debería ser un acuerdo nacional. Pero tal y como está el patio político, y tal y como se maneja a ese nivel el tema impuestos, no parece que a ese acuerdo se llegue pronto con seriedad.

Por supuesto, los políticos dirán que todos están de acuerdo con vencer la pobreza y que cada partido es capaz de lograrlo. Pero mientras no haya un acuerdo nacional bien estipulado, con una política fiscal que lo sustente, ese discurso se quedará simplemente en palabrería. En el fondo, porque este objetivo tiene mucho que ver con el décimo: “Reducir la desigualdad en y entre los países”. Intentarlo en El Salvador ha enfrentado siempre terribles resistencias por parte de quienes tienen más. Y normalmente los políticos tienen miedo a esos sectores partidarios de la desigualdad, cuando no son simplemente sus marionetas.

Vinculados a la eliminación de la pobreza están otros objetivos: alcanzar una agricultura sostenible, eliminar el hambre, abrir paso a una industrialización sostenible e inclusiva, dar acceso al agua y al saneamiento universalizado, etc. Pero también hay otros objetivos en los que tenemos serios problemas. Por ejemplo, en el cuarto: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. Esto supondría duplicar el presupuesto nacional de educación, especialmente si tratamos de universalizar la educación entre los 4 y los 18 años de edad. Pasar de aproximadamente 900 millones de dólares a 1,800 millones es un verdadero desafío. Pero debía ser un compromiso para los próximos 15 años. De nuevo, no un compromiso de palabra, que se pospone siempre para el presupuesto del siguiente año o para las promesas de la próxima elección, sino parte de un acuerdo nacional al que todos nos sintamos obligados.

El objetivo 3, “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”, toca el tema de la salud. Al respecto es necesario preguntarse si seremos capaces de organizar un sistema público de salud universal, igual para todos, con calidad y buen servicio. Cuando Costa Rica lo logró, tenía unas posibilidades económicas inferiores a las nuestras ahora. Por tanto, podemos hacerlo. Pero estamos tan acostumbrados a tener sistemas de salud deficientes, a estratificar el derecho a la salud dando mejor o peor servicio según el ingreso, que es muy difícil pensar en un cambio de mentalidad. Aquí tiene que ser la población la que exija. Porque los políticos han consentido no solo este modo injusto y desigual de cubrir un derecho básico, sino que de un modo corrupto han desarrollado el hábito de pagar seguros de salud privada con fondos públicos para funcionarios y empleados de instituciones del Estado.

Los objetivos del milenio están ahí. Es importante conocerlos, difundirlos, debatirlos y buscar los caminos más eficaces y rápidos para que nuestro país los consiga. Para ello, como ya decíamos recientemente en otro editorial, es necesario llevar a cabo una reforma fiscal que aumente la recaudación y que haga que paguen más quienes tienen más. Esta reforma, una vez más, tiene que ser fruto de un acuerdo nacional de desarrollo. Mientras no avancemos en esa dirección, difícilmente lograremos los objetivos del milenio. O dicho con otras palabras, seguiremos hundidos en el subdesarrollo, la violencia y la corrupción.

FMLN criticado por rumbo tributario

Laura Bernal 

Analistas consideran que con decisiones fiscales del actual gobierno, el FMLN está también lejos de ser un partido social demócrata

No solo partidos de oposición han cuestionado la medida del Ejecutivo de incorporar un nuevo impuesto a las telecomunicaciones, analistas también consideran que el partido de izquierda en El Salvador, FMLN, en lugar de oponerse al sistema tributario aplicado en los últimos gobiernos, se ha unido.

Para el firmante de los Acuerdos de Paz, Roberto Cañas, con las últimas decisiones tomadas por el actual gobierno, el instrumento de lucha que le dio origen al FMLN previo al conflicto armado salvadoreño “ha sido en vano”.

Y precisamente, Cañas hace alusión a la última propuesta del Ejecutivo de incorporar un diez por ciento de impuesto para el servicio de telefonías, internet y televisión por cable, a fìn de reunir fondos para financiar la ejecución de programas destinados al combate a la inseguridad.

A juicio de Cañas, la ausencia de formación política, la falta de elaboración teórica, la introducción del pensamiento, falta de iniciativas para presentar propuestas y análisis de la realidad son los síntomas de un padecimiento que está acabando con el ahora partido oficialista.

De hecho, para Cañas, “no es excusa” que la actual administración intente sostener que es difícil acabar con un sistema tributario ya instalado por gobiernos liderados por la derechista, ARENA.

“Llevamos 26 años de un sistema bipartidista y el sistema regresivo de las finanzas del país no ha cambiado, los conceptos básicos de un sistema fiscal no cambia. Mientras en El Salvador el FMLN se niegue a construir una cultura tributaria basada en equidad y progresividad vamos mal. Por obtener fondos rápidos, sacrifican la oportunidad de un pacto fiscal. De tomar al corno por los cuernos”, apunta sobre la urgencia de crear una política fiscal integral.

Pero el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, reiteró este lunes que la propuesta del nuevo presupuesto responde a “una urgente necesidad” de garantizar la seguridad pública del país, a la cual “todos deberían contribuir”.

Sin embargo, representantes del Partido Comunista de El Salvador (PCS), refundado en marzo de 2005, pero aún no considerado un instituto político como tal, también cuestionan el rumbo del FMLN.

Según el PCS, si lo que busca el FMLN es adaptar sus ideales a un socialismo demócrata, lejos del comunismo reconocido en Venezuela o Cuba, “aún y así, están muy lejos de lograrlo”.

“La social democracia, en ánimos de generar una distribución más equitativa de las riquezas de un país plantea la construcción de una forma de tributación progresiva (el que tiene más pague más); en consecuencia la acción directa es crear impuestos al gran capital (renta a las ganancias y otros impuestos al patrimonio)”, aclara el documento compartido en su sitio web.

“El gobierno de Sánchez Cerén debe de modificar su planteamiento sobre el tema y el partido FMLN debería de empujar al gobierno para que se decante por una estructura tributaria progresiva, haciéndole honor a los documentos que se discutirán en el congreso de dicho partido”, agregan representantes del PCS.

Pero para el analista Edwin Lima, “que el FMLN no de más la talla para resolver las necesidades como nación, no hay duda”. Lo cuestionable es la necesidad de crear una nueva organización, explica.

“Pero esta organización debe surgir en las calles, no en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y antes de un nuevo partido político necesitamos una organización social que recupere el espíritu combativo y reivindicativo que fue característico de los movimientos de masas de la década de los setenta, comienzo de los 80”, agrega

Lima insiste que “de la misma forma que el FMLN conquistó espacios políticos, no a través de concesiones, sino más bien de conquista y lucha, así los salvadoreños no pueden continuar esperando que sean las urnas o la buena voluntad de la oligarquía, del FMLN y ARENA, que le traigan mejores condiciones de vida a la gente”.

Precisamente, Cañas coincide con Lima, y aclara que es imposible ver al FMLN sin el quehacer de los movimientos sociales, a quienes “abandonó desde hace muchos años”, asegura.

Ese “pecado mortal,” como lo califica el ex firmante de los Acuerdos de Paz, le ha costado la credibilidad y el apoyo de gran parte de su militancia a las nuevas decisiones tomadas desde el gobierno.

“Ser social determina la conciencia social y la cúpula del FMLN ha cambiado bruscamente su condición económica y social, no se van a ensuciar los zapatos para trabajar con las comunidades”, critica.

Pero para discutir el papel de su militancia y el rumbo que tomará el partido en los próximos años, el FMLN se prepara para su próximo Congreso General, programado para noviembre de este año.

De acuerdo a dirigencia del partido de izquierda, dicho Congreso “permitirá continuar y profundizar los cambios y convertir El Salvador en un país donde valga la pena vivir”

Impuesto a la telefonía: El costo de oportunidad es muy alto

El Presidente, su Ministro de Hacienda y el Comisionado Presidencial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, no deben olvidar que se puede jugar con el santo pero no con la limosna.

Roberto Cañas López
Académico, Firmante de los Acuerdos de Paz 

Uno de los conceptos que se aprende en las primeras clases de licenciatura en economía es el de costo de oportunidad, y es una de las definiciones que se olvida más rápido tanto en economía como en política. Costo de oportunidad es el valor de la mejor opción no realizada.

El costo de oportunidad es aquel costo en que se incurre al tomar una decisión y no otra. Es el valor o utilidad que se sacrifica por elegir una alternativa A y despreciar una alternativa B. Tomar un camino significa que se renuncia al beneficio que ofrece el camino descartado.

En El Salvador la alternativa que el gobierno desprecia al insistir tozudamente en proponer un cargo del 10 % sobre la factura de telefonía, cable e internet es: la opción de proponer una reforma integral de la política fiscal que sea fruto de un acuerdo nacional.

El Gobierno de El Salvador está renunciando a construir una estructura tributaria basada en principios de equidad y progresividad por una alternativa que no solucionará los históricos problemas de recaudación del país y que, de aprobarse, lo único que conseguirá es hacer más regresivo el sistema tributario.

El Régimen sacrifica la posibilidad que la sociedad salvadoreña alcance un Pacto Fiscal, por la obtención “fácil y rápida” de recursos a partir de una “contribución especial” y esto tiene un alto costo de oportunidad y tendría un alto costo político si la medida se propusiera a las puertas de una elección de diputados o presidencial.

En la situación actual insistir obstinadamente en aumentar la factura telefónica sabiendo que no hay elecciones en lo inmediato, ni votos que perder es una medida considerada por el Órgano Ejecutivo como de costo político cero, pues los funcionarios del gobierno, se atienen a que la población olvida rápido, por lo que no hay problema en hacer una propuesta de este tipo. Pero el cálculo político es equivocado cuando se trata de dinero.

El Presidente, su Ministro de Hacienda y el Comisionado Presidencial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, no deben olvidar que se puede jugar con el santo pero no con la limosna, y deben tomar en cuenta que se podrían ahogar en un mar de olas enfurecidas si no conducen bien la nave gubernamental, ofreciendo alternativas viables a los graves problemas de delincuencia, falta de recursos públicos y crisis del sistema de pensiones. Ojo. Se puede levantar una tormenta perfecta.

Es impresionante: Que el 5 de noviembre de 2013 Salvador Sánchez Ceren candidato a la presidencia afirme en su oferta electoral llamada “Programa de Gobierno para la profundización de los cambios” que su compromiso 19 sería: “Cerrar el portón de los privilegios y del delito. Con una política de cero tolerancia a los delitos de evasión, apropiación delictiva del IVA y contrabando. Así también, eliminar los privilegios y los tratamientos diferenciados contenidos en la matriz de la elusión tributaria” y el 17 de septiembre de 2015 salga con la diminutamente ridícula propuesta de una Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia. Señores, son Robin Hood al revés: Le quieren quitar dinero con impuestos a los pobres y seguir permitiendo que los ricos se hagan más ricos pagando la menor cantidad de impuestos posibles.

La verdadera realidad es que todavía existe un margen apreciable para incrementar la recaudación sin elevar impuestos. Pero para ello es indispensable tener voluntad política. El gobierno, en primer lugar, debería combatir más efectivamente la evasión tributaria que supera $900 millones anuales. Esto es una condición básica para garantizar un incremento significativo en el nivel de ingresos corrientes.

Hay más opciones fiscales si se quiere hacer política tributaria en serio, Hay que proponer un gravamen a las transacciones de los bancos y las financieras, es decir, una tasa Tobin a la salvadoreña. Se trata de establecer impuestos a las ganancias de actividades financieras especulativas que gozan de exenciones tributarias. Además se podrían considerar el impuesto predial y mayores impuestos a los productos altamente dañinos para la salud como el licor y el tabaco.

En concreto, soluciones para recaudar más ingresos para el gobierno existen, lo que no hay es voluntad política para corregir el carácter regresivo y poco equitativo de la política fiscal. No hay voluntad política para fortalecer la tributación directa y combatir la evasión, la elusión fiscal y el contrabando.