El Presidente, su Ministro de Hacienda y el Comisionado Presidencial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, no deben olvidar que se puede jugar con el santo pero no con la limosna.
Académico, Firmante de los Acuerdos de Paz
Uno de los conceptos que se aprende en las primeras clases de licenciatura en economía es el de costo de oportunidad, y es una de las definiciones que se olvida más rápido tanto en economía como en política. Costo de oportunidad es el valor de la mejor opción no realizada.
El costo de oportunidad es aquel costo en que se incurre al tomar una decisión y no otra. Es el valor o utilidad que se sacrifica por elegir una alternativa A y despreciar una alternativa B. Tomar un camino significa que se renuncia al beneficio que ofrece el camino descartado.
En El Salvador la alternativa que el gobierno desprecia al insistir tozudamente en proponer un cargo del 10 % sobre la factura de telefonía, cable e internet es: la opción de proponer una reforma integral de la política fiscal que sea fruto de un acuerdo nacional.
El Gobierno de El Salvador está renunciando a construir una estructura tributaria basada en principios de equidad y progresividad por una alternativa que no solucionará los históricos problemas de recaudación del país y que, de aprobarse, lo único que conseguirá es hacer más regresivo el sistema tributario.
El Régimen sacrifica la posibilidad que la sociedad salvadoreña alcance un Pacto Fiscal, por la obtención “fácil y rápida” de recursos a partir de una “contribución especial” y esto tiene un alto costo de oportunidad y tendría un alto costo político si la medida se propusiera a las puertas de una elección de diputados o presidencial.
En la situación actual insistir obstinadamente en aumentar la factura telefónica sabiendo que no hay elecciones en lo inmediato, ni votos que perder es una medida considerada por el Órgano Ejecutivo como de costo político cero, pues los funcionarios del gobierno, se atienen a que la población olvida rápido, por lo que no hay problema en hacer una propuesta de este tipo. Pero el cálculo político es equivocado cuando se trata de dinero.
El Presidente, su Ministro de Hacienda y el Comisionado Presidencial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, no deben olvidar que se puede jugar con el santo pero no con la limosna, y deben tomar en cuenta que se podrían ahogar en un mar de olas enfurecidas si no conducen bien la nave gubernamental, ofreciendo alternativas viables a los graves problemas de delincuencia, falta de recursos públicos y crisis del sistema de pensiones. Ojo. Se puede levantar una tormenta perfecta.
Es impresionante: Que el 5 de noviembre de 2013 Salvador Sánchez Ceren candidato a la presidencia afirme en su oferta electoral llamada “Programa de Gobierno para la profundización de los cambios” que su compromiso 19 sería: “Cerrar el portón de los privilegios y del delito. Con una política de cero tolerancia a los delitos de evasión, apropiación delictiva del IVA y contrabando. Así también, eliminar los privilegios y los tratamientos diferenciados contenidos en la matriz de la elusión tributaria” y el 17 de septiembre de 2015 salga con la diminutamente ridícula propuesta de una Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia. Señores, son Robin Hood al revés: Le quieren quitar dinero con impuestos a los pobres y seguir permitiendo que los ricos se hagan más ricos pagando la menor cantidad de impuestos posibles.
La verdadera realidad es que todavía existe un margen apreciable para incrementar la recaudación sin elevar impuestos. Pero para ello es indispensable tener voluntad política. El gobierno, en primer lugar, debería combatir más efectivamente la evasión tributaria que supera $900 millones anuales. Esto es una condición básica para garantizar un incremento significativo en el nivel de ingresos corrientes.
Hay más opciones fiscales si se quiere hacer política tributaria en serio, Hay que proponer un gravamen a las transacciones de los bancos y las financieras, es decir, una tasa Tobin a la salvadoreña. Se trata de establecer impuestos a las ganancias de actividades financieras especulativas que gozan de exenciones tributarias. Además se podrían considerar el impuesto predial y mayores impuestos a los productos altamente dañinos para la salud como el licor y el tabaco.
En concreto, soluciones para recaudar más ingresos para el gobierno existen, lo que no hay es voluntad política para corregir el carácter regresivo y poco equitativo de la política fiscal. No hay voluntad política para fortalecer la tributación directa y combatir la evasión, la elusión fiscal y el contrabando.
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