Cinco adjetivos para el impuesto a las telecomunicaciones

 

Élmer Menjivar

 

 

En el declive económico de cualquier civilización, las élites políticas recurren de manera rutinaria a un libro de jugadas muy limitado: más deuda, más regulación, más restricción a las libertades, más devaluación de la moneda, más impuestos, y control más insidioso. [...] Además, la máquina de propaganda va a toda marcha, asegurándose de que la clase trabajadora también sea engañada por el fervor patriótico para que no pueda notar que está siendo saqueada por el Estado.

—Simon Black, en Business Insider (Lithuania, 2012)

Cuando me enteré del impuesto del 10 % que el gobierno quiere cargarle a los servicios y dispositivos de telecomunicación me pareció un abuso; cuando leí los argumentos oficiales tan a la defensiva me indigné. Leí el proyecto de ley, y entre más me informo, más cuestionable me parece esta medida temporal de 10 años. Entre cientos de adjetivos que me parecían pertinentes para calificar esta "contribución especial", seleccioné cinco que me propongo desarrollar en lo que sigue de este texto.

1. Cínico

Según publicó el Diario el Mundo, dice el ministro de Hacienda: Esta es una contribución que el pueblo hace a su seguridad”, y sostuvo que "las telefónicas no tienen por qué no estar de acuerdo, serán meros recaudadores”.

La lógica del ministro es fulminante: imponerle un impuesto inconsulto a quien no hará nada realmente impactante para hacer valer su desacuerdo: el pueblo. Las telefónicas sí protestan, sí amenazan, sus gremios las apoyan y sí hacen presión mediática y económica, tienen un poderoso lobby y funcionarios con intereses en el sector, entonces mejor no molestarlas. La ciudadanía, en cambio, es dócil, mansa, olvidadiza, solo se queja en redes sociales, pero eso no es ninguna amenaza. ¡Qué pague la ciudadanía! Esta ciudadanía, la salvadoreña, es una presa bien fácil.

También hay otra dosis de cínico oportunismo al tomar una medida tan antipopular ahora, aprovechando que faltan dos años y medio para las próximas elecciones y contando con la mala memoria que ha caracterizado al electorado. Tan desmemoriados somos que pocos recuerdan que hace pocas semanas el mensaje del gobierno era que las crisis de seguridad era invención de los medios de comunicación y campañas de desprestigios, y ahora dicen que es tan grave la cosa que se ven obligados a pasarle esta factura al pueblo.

Y por si fuera poco, para el anuncio el ministro apareció acuerpado por los líderes partidarios de sus colores afines, el mensaje no verbal dice "esto va a suceder, les guste o no les guste". Ya verbalmente soltó las descalificaciones a priori para cualquiera que se oponga, y no vaya a ser la Sala de lo Constitucional la que atienda a ciudadanos que quieran reclamar sus derechos constitucionales, literalmente espetó: "Los enemigos de la justicia siempre van a ir a presentar sus demandas y esperamos que la Corte (Suprema de Justicia) esta vez apoye por el bien de la nación”. Así las cosas.

2. Injusto

La primera vez que un personero del gobierno habló públicamente de una “contribución especial” habló de imponerla a las ganancias de las empresas telefónicas, quizá el sector más pujante e imparable en el mundo y en el país –desde 2013 se calcula un promedio entre 1.4 y 3 celulares por persona en El Salvador– y uno de los más señalados por su pasiva participación en actos criminales como las extorsiones (llamadas y cobros) y por su resistencia a limitar la señal para los centros penales, desde donde, vía telefónica, se ordenan muchos crímenes a diario. Hay que decir también que el Estado tampoco ha establecido las regulaciones que amerita el contexto. No tengo claro si esa fórmula de recaudación fiscal sería legal o económicamente sensata, pero en la simplista lógica ciudadana de que deben pagar más impuestos quien más gana y desde la ilusa opinión de que las industrias más rentables deberían ser más solidarias y responsables socialmente, no parecía una mala idea, pero ya me corregirán los expertos.

Al darse a conocer la versión final del proyecto, resultó que sí se quiere afectar al sector de las telecomunicaciones, pero solo a la parte más vulnerable de sector: el consumidor de a pie, a la ciudadanía de a pie, al pueblo. Como dice el ministro Cáceres, la empresas telefónicas “serán meros recaudadores”, es decir, sus ganancias no están en la mira.

Otra capa de injusticia asoma en ese elevado 10 %. Veamos, ya pagamos 10 % de renta, muy cerca del 13 % que también pagamos de IVA. Ningún impuesto "especial" vigente es tan alto. Por ejemplo, el impuesto especial para inmuebles suntuarios es del 1 % (uno por ciento), y si revisamos el caso del combustible, pagamos por cada galón $0.16 de impuesto de guerra (¡de guerra! nunca no se firmó la paz) que representa un aproximado del 4.5 %, además de $0.20 para el Fovial (un aproximado de 5.7 %), y $0.10 para subsidiar el combustible de nuestros amigos los buseros (aproximadamente 2.9 %). Hace algunos años la Sala de lo Constitucional declaró ilegal los $0.04 de impuesto (también para Seguridad) por minuto de llamada internacional, pero nunca nos devolvieron ni un centavo de lo que nos cobraron ilegalmente.

3. Tramposo

Si la Asamblea Legislativa lo aprueba, la “contribución especial” del 10 % se reflejará sobre la factura “de servicios de telecomunicaciones en todas sus modalidades” –es decir todo servicio de telefonía, radio, televisión y transmisión de datos a través de computadoras, es decir, internet–. A diferencia del IVA del 13 %, que se ya aplica al total facturado, esta “contribución especial” se realizará, según el ministro, por alicuota, es decir, se aplica a cada parte o proporción de estos servicios según se establezca, y esto podría ser a cada minuto prepago o postpago de llamadas nacionales o internacionales, a cada mega de datos móviles o residenciales que tendrán por separado un incremento del 10 %. Pero no sólo se gravará los servicios, la “contribución especial” también recaerá “sobre la transferencia de cualquier tipo de dispositivo tecnológico, terminales, aparatos y accesorios de los mismos que permitan la utilización de servicios de telecomunicación”, es decir aparatos telefónicos (inteligentes o no), tablets, consolas de videojuegos, consolas de televisión digital y similares. En el proyecto de ley se establece que quedan excluidos "los ordenadores o computadoras electrónicas y televisores", sin embargo, me queda la duda sobre la precisión que se tendría durante 10 años. Es decir ¿qué debemos entender por computadora?, ¿qué debemos entender por televisor? En un par de años ambos aparatos podrían transformarse en dispositivos con una tarjetas que contengan el módulo de identificación de abonado (SIM) que adquiera la forma de una tablet, por ejemplo, u otro hardware nuevo que desarrolle la industria.(*)

4. Inculto

Detallo todo esto no solo para evidenciar el gran negocio estatal que representa esta “contribución especial” (140 millones de dólares al año, dice el ministro), también lo hago para hacer notar que todos estos servicios y aparatos sirven para la comunicación humana, sirven para tener acceso a información, a conocimiento, a educación, a consumir cultura. Como está planteado hasta ahora, es como si pusieran un impuesto temporal de 10 años a los libros y a cuotas escolares. Están poniéndole un ancla al desarrollo educativo y cultural.

La telecomunicación no se trata de un consumo suntuario, el acceso a internet fue declarado uno de los derechos humanos altamente protegido por la Organización de las Naciones Unidas desde 2011. La cadena de acceso a internet incluye todo a lo que el gobierno salvadoreño quiere afectar con una alicuota impositiva del 10 %.

Es cierto que llamar por teléfono, chatear o publicar en redes sociales, a simple vista no es una práctica cultural, consumo o producción de conocimiento, pero sí lo es, quizá no de forma latente, pero sí de forma patente y, sobre todo, potencial. Estas actividades, al igual que la lectura, la investigación, la transferencia de conocimientos, las redes de información y la educación a distancia se desarrollan en internet y es por eso que el acceso a internet es ahora un derecho humano altamente protegido. De hecho, los países que destacan por sus logros en desarrollo humano sostienen sus apuestas en educación y cultura en las telecomunicaciones y particularmente en reducir la brecha entre conectados y desconectados a la gran red. Este impuesto revela que este gobierno carece de una visión estratégica sobre las telecomunicaciones, propia de una generación de funcionarios gobernantes –y asesores incluidos– que no ha abierto sus ojos a los nuevos tiempos, y si lo ha hecho no entendió lo que vio y prefiere caminar de espaldas.

5. Facilón

Está claro que se necesita dinero para atender los graves problemas de seguridad del país y los impuestos son la vía más rápida, sin embargo, este impuesto es altamente cuestionable, no solo porque se aprovecha de la indefensión y la pasividad ciudadana, sino porque evita deliberadamente tomar otros caminos por comodidad, porque proponer una verdadera reforma fiscal o impuestos a las ganancias de industrias poderosas es conflictivo y desgastante políticamente, y en este país está demostrado que la clase empresarial nunca ha estado dispuesta a ceder ni una mínima parte de sus utilidades para el bien común –así en la paz como en la guerra– y para resguardarse está dispuesta a mantener incendiados los periódicos a diario, a veces con verdades y a veces con mentiras.

No soy de los que cree que una crítica es más válida si es acompañada por una propuesta, creo que la crítica es válida en sí misma siempre y cuando hay argumentos y apertura para un buen debate. Pero en esta ocasión sí traigo ideas con ánimo propositivo.

¿Otras alternativas a este impuesto? Sin ser economista, se me ocurre al menos explorar con un nuevo incremento de impuestos al tabaco –El Salvador es reconocido en el mundo por el bajo precio de los cigarros–, a los juegos (casinos, apuestas, tragaperras y similares), a la distribución y consumo de alcohol, a comercialización de armas, a los carros de lujo, yates, jet privados. Otra idea: establecer de una vez el impuesto predial, somos de una minoría de países que no lo tiene. Pero no hay que olvidar que la verdadera reforma fiscal es una tarea fundacional pendiente, la más difícil y desgastante, pero cualquiera que aspire a gobernar un país debe saber que gobernar bien nunca debe ser fácil.

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Seguramente a usted se le ocurrirán más u otros adjetivos mejores, y le invito a compartirlos y a platicar, aprovechemos antes de que estás pláticas telecomunicadas sean un 10 % más caras.