Rodrigo Ávila había sido advertido de que Pichinte era narcotraficante
Un reportaje del periódico El Mundo reveló que
los diputados salvadoreños asesinados en Guatemala transportaban una
maleta con 5 millones de dólares y posiblemente 2 kilogramos de cocaína.
Además, que el director de la PNC salvadoreña en el momento del crimen,
Rodrigo Ávila, sabía que el legislador William Pichinte transportaba
una maleta con dinero.
Redacción El Faro
elfaro.net
El periódico Diario El Mundo publicó este lunes un reportaje
en el que se asegura que una estructura criminal guatemalteca asesinó a
los tres diputados salvadoreñoas al Parlacen en 2007, con el móvil de
robarles 5 millones de dólares en efectivo que estos transportaban
dentro de un compartimento secreto de su vehículo.
Los periodistas costarricenses Lafitte Fernández y Miguel Jara aseguran haber tenido acceso a un informe elaborado por un equipo multinacional y multidisciplinario conformado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Lo establecido en este informe plantea hipótesis distintas a las que actualmente sostiene la Fiscalía guatemalteca en pleno juicio contra los acusados de la autoría de los homicidios de los diputados Eduardo d´Aubuisson, Ramón González y William Pichinte, además del asesinato del motorista de estos.
Según los expedientes de CICIG citados por El Mundo, el motivo de los homicidios fue quedarse con el dinero que supuestamente era transportado en dos valijas por el diputado Pichinte, y un cargamento de dos kilogramos de cocaína. En cambio, en el juicio, la Fiscalía guatemalteca dice que el móvil fue una venganza del ex diputado pecenista Roberto Silva Pereira contra el partido Arena por haber promovido su desafuero en la Asamblea Legislativa cuando se le descubrió actos de corrupción y posible lavado de dinero.
El informe sobre la investigación fue engavetado y los resultados de las pesquisas nunca se hicieron públicos. Ese informe señalaba como responsables de la planificación del crimen a las más altas esferas de seguridad pública guatemaltecas. La mayor parte de funcionarios involucrados están detenidos o muertos: el ex ministro de gobernación, Carlos Vielman, el antiguo jefe de la policía de Guatemala, Edwin Sperissen, y el ex subjefe de ese cuerpo, Víctor Figueroa. También se menciona al anterior jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales, Víctor Hugo Soto y a uno de los asesores de Vielman, el venezolano Víctor Rivera, conocido como "Zacarías".
El homicidio de los diputados ocurrió en febrero de 2007, y por el hecho se capturó a cuatro policías guatemaltecos. Estos policías fueron asesinados en la prisión El Boquerón, y las autoridades acusaron a pandilleros como los responsables del múltiple homicidio de los agentes. Sin embargo, hubo presos que aseguraron que hubo una especie de operativo que incluyó vehículos, en los cuales los asesinos ingresaron al recinto y directamente se dirigieron a donde estaban recluidos los policías para darles muerte.
Zacarías, uno de los principales responsables de ordenar la intercepción de los diputados salvadoreños, según las investigaciones citadas por El Mundo, murió también asesinado al cabo de dos meses.
Según la publicación de El Mundo, los investigadores que elaboraron este informe desestimaron la hipótesis que actualmente maneja la fiscalía guatemalteca, en la que se señala como principales responsables al ex diputado salvadoreño Silva Pereira y a un ex legislador guatemalteco, Manuel de Jesús Castillo, conocido como “Manolillo”.
Los periodistas costarricenses Lafitte Fernández y Miguel Jara aseguran haber tenido acceso a un informe elaborado por un equipo multinacional y multidisciplinario conformado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Lo establecido en este informe plantea hipótesis distintas a las que actualmente sostiene la Fiscalía guatemalteca en pleno juicio contra los acusados de la autoría de los homicidios de los diputados Eduardo d´Aubuisson, Ramón González y William Pichinte, además del asesinato del motorista de estos.
Según los expedientes de CICIG citados por El Mundo, el motivo de los homicidios fue quedarse con el dinero que supuestamente era transportado en dos valijas por el diputado Pichinte, y un cargamento de dos kilogramos de cocaína. En cambio, en el juicio, la Fiscalía guatemalteca dice que el móvil fue una venganza del ex diputado pecenista Roberto Silva Pereira contra el partido Arena por haber promovido su desafuero en la Asamblea Legislativa cuando se le descubrió actos de corrupción y posible lavado de dinero.
El informe sobre la investigación fue engavetado y los resultados de las pesquisas nunca se hicieron públicos. Ese informe señalaba como responsables de la planificación del crimen a las más altas esferas de seguridad pública guatemaltecas. La mayor parte de funcionarios involucrados están detenidos o muertos: el ex ministro de gobernación, Carlos Vielman, el antiguo jefe de la policía de Guatemala, Edwin Sperissen, y el ex subjefe de ese cuerpo, Víctor Figueroa. También se menciona al anterior jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales, Víctor Hugo Soto y a uno de los asesores de Vielman, el venezolano Víctor Rivera, conocido como "Zacarías".
El homicidio de los diputados ocurrió en febrero de 2007, y por el hecho se capturó a cuatro policías guatemaltecos. Estos policías fueron asesinados en la prisión El Boquerón, y las autoridades acusaron a pandilleros como los responsables del múltiple homicidio de los agentes. Sin embargo, hubo presos que aseguraron que hubo una especie de operativo que incluyó vehículos, en los cuales los asesinos ingresaron al recinto y directamente se dirigieron a donde estaban recluidos los policías para darles muerte.
Zacarías, uno de los principales responsables de ordenar la intercepción de los diputados salvadoreños, según las investigaciones citadas por El Mundo, murió también asesinado al cabo de dos meses.
Según la publicación de El Mundo, los investigadores que elaboraron este informe desestimaron la hipótesis que actualmente maneja la fiscalía guatemalteca, en la que se señala como principales responsables al ex diputado salvadoreño Silva Pereira y a un ex legislador guatemalteco, Manuel de Jesús Castillo, conocido como “Manolillo”.
Tal como lo relata El Mundo, fueron, de hecho, los principales
implicados en el asesinato los que estimularon la construcción de la
versión en la que Silva Pereira y Manolillo son los autores
intelectuales del crimen.
El informe fue desatendido por el entonces jefe de la CICIG, el español Carlos Castresana, lo que ocasionó la renuncia de buena parte del equipo que elaboró ese informe.
Hace unas semanas, la ex investigadora de la CICIG Gisele Rivera dijo en una entrevista a un periódico guatemalteco, que Castresana había frenado la divulgación de una investigación sobre unas ejecuciones sumarias en la cárcel de Pavón, ocurridas el año anterior a la muerte de los diputados salvadoreños. Rivera dijo que las autoridades de seguridad pública de Guatemala estaban involucradas en el crimen, y añadió que el crimen de los diputados salvadoreños estaba vinculado también a las mismas personas.
Ávila tenía indicios contra Pichinte
El informe fue desatendido por el entonces jefe de la CICIG, el español Carlos Castresana, lo que ocasionó la renuncia de buena parte del equipo que elaboró ese informe.
Hace unas semanas, la ex investigadora de la CICIG Gisele Rivera dijo en una entrevista a un periódico guatemalteco, que Castresana había frenado la divulgación de una investigación sobre unas ejecuciones sumarias en la cárcel de Pavón, ocurridas el año anterior a la muerte de los diputados salvadoreños. Rivera dijo que las autoridades de seguridad pública de Guatemala estaban involucradas en el crimen, y añadió que el crimen de los diputados salvadoreños estaba vinculado también a las mismas personas.
Ávila tenía indicios contra Pichinte
En la publicación de El Mundo, se asegura que las dos maletas en las
que se transportaban los 5 millones de dólares eran propiedad del
diputado de Arena William Pichinte y que el ex jefe de la policía
salvadoreña, y ex candidato presidencial, Rodrigo Ávila, había sido
advertido de las actividades ilícitas de este diputado.
Según los periodistas, Ávila les confirmó que dos investigadores de CICIG se entrevistaron con él para conversar sobre el crimen y que les reconoció que había sido advertido por sus homólogos guatemaltecos –días después de los homicidios- de que Pichinte era narcotraficante, pero que él nunca vio motivos para sospechar del legislador.
El reportaje cita a Ávila diciendo que fueron precisamente las autoridades que ahora están siendo juzgadas las que le aseguraron que Pichinte tenía negocios con Manolillo y que esos negocios le costaron la vida.
Según los periodistas, Ávila les confirmó que dos investigadores de CICIG se entrevistaron con él para conversar sobre el crimen y que les reconoció que había sido advertido por sus homólogos guatemaltecos –días después de los homicidios- de que Pichinte era narcotraficante, pero que él nunca vio motivos para sospechar del legislador.
El reportaje cita a Ávila diciendo que fueron precisamente las autoridades que ahora están siendo juzgadas las que le aseguraron que Pichinte tenía negocios con Manolillo y que esos negocios le costaron la vida.
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