Dagoberto Gutiérrez
Cualquier reflexión de algún valor sobre la crisis actual ha de partir del hecho que no se trata, en realidad, de un conjunto de decisiones personales o de meros conflictos de individuos en pleito, y aunque hay algo de esto, hemos de saber que las crisis son movidas por factores objetivos que van más allá de las voluntades de los protagonistas. Este es el caso de la crisis que nos ocupa.
Hemos dicho que se está moviendo en el país la confrontación entre los intereses de millones de personas y los de unos cuantos partidos políticos que son propietarios del aparato del Estado y lo han puesto a su servicio, en beneficio de sus negocios, sus ganancias, sus utilidades y su bienestar económico. Aquí aparece una confrontación de intereses porque un conjunto de funcionarios encargados de la administración de la cosa pública lo hacen en efecto pero anulando todo sentido público de esa administración, apareciendo como malos administradores. La solución podría ser simple, porque entonces se trata de cambiar el administrador y poner a otro eficiente; sin embargo, como veremos, el problema no es tan sencillo.
En primer lugar, conviene saber que el ejército de funcionarios partidarios que administra la cosa pública y son dueños del aparato de Estado, son definidos como delegados y no como administradores, esto quiere decir, que en tanto delegados, solo tienen las atribuciones y competencias que la ley les da expresa, terminante y determinadamente. Además, este ejército de funcionarios viene siendo propiedad de los partidos políticos, son los partidos políticos y trabajan para los partidos políticos. Aquí aparece la división entre el partido político y la sociedad, porque contemporáneamente, los partidos políticos, muy a pesar de lo que su nombre indica, han renunciado al oficio de hacer política y se han dedicado a la lucrativa actividad de hacer negocios. Esto es lo que indica el abecedario neoliberal, según el cual, el homus economicus es la esencia de la especie.
Para su actividad económica, los partidos tienen a la mano el aparato de Estado que es jurídicamente lo que se llama institución, y así el Estado aparece y parece ante los ojos, el estómago y la vida de millones de persona haciendo negocios de la ley, de la naturaleza, de los cargos públicos y de la política. Para el caso de nuestro país, este fenómeno abarca a todos los partidos sin existir fronteras ideológicas ni políticas de ningún tipo. Por eso es que partidos como el FMLN tienen cúpulas negociantes del mismo calibre que el resto de partidos y, al igual que todos, operan divorciados de su propia militancia y de su sociedad.
Aquí está situado el problema raigal de la política porque ante semejante situación, los seres humanos llegan a asumir equivocadamente que la política es para los ladrones, para los corruptos y para los sucios, y cualquier persona digna ha de evitar meterse en política. Esta es una situación equivocada y peligrosa que beneficia a los sectores dominantes de la sociedad y muy especialmente a las cúpulas partidarias porque, desde luego, los seres humanos están indefensos ante estas maquinarias, y carecen de instrumentos para controlar o supervisar, o dar seguimiento a los funcionarios por los que ellos han votado en las elecciones. Cínicamente se les dice que es en las próximas elecciones cuando y donde el ciudadano puede corregir el rumbo; es decir, cuando todo este ya consumado y los negocios definidos. Esta astuta política es asegurada en el artículo 125 de la Constitución, en el que se dice que los diputados, para el caso, representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo. Esta última palabra aparece en minúscula, sepultada como palabra y aniquilada como la figura política y jurídica que es. Resulta que el MANDATO IMPERATIVO es el poder del elector para controlar fácticamente el desempeño del funcionario y para poder revocarle su mandato. Como se puede apreciar, nada de esto funciona en la sociedad en que vivimos, y así, figuras como plebiscitos o referéndums son consideradas como amenazas virulentas para la democracia representativa vigente.
Como podemos ver, funciona un divorcio total entre los intereses de los partidos y los del pueblo, y también un divorcio relativo entre estos intereses partidarios que usufructúan el aparato estatal y los intereses oligárquicos que 1983, en el articulo 85 de ese año, entregaron el aparato estatal a los partidos políticos. Las sentencias de la Sala Constitucional responden a peticiones ciudadanas, y al no responder a los intereses partidarios, dichas sentencias parecen y aparecen como intentos de controlar el poder político desde la Constitución. Y esto es atentatorio, ilegal, inconstitucional y peligroso para las empresas partidarias. Esto es precisamente lo que genera la mejor de las crisis, la más importante, la más bienvenida de las últimas décadas.
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