Editorial UCA
Los conflictos y encontronazos entre el presidente Funes y la empresa privada no son nuevos. Muchos de estos se han ventilado en los medios de comunicación, aunque en realidad no se ha trastocado el modelo económico que los grandes empresarios defienden a capa y espada, y al que Funes ha achacado muchos de los males que padece el pueblo salvadoreño. El sábado por la madrugada se escribió un nuevo capítulo de estas diferencias cuando se aprobaron reformas a las leyes orgánicas de 19 entidades autónomas del Gobierno por parte del bloque de partidos FMLN, GANA, PES y CN.
Desde hace muchos años, en instituciones autónomas como el ISSS, la ANDA y CEPA, por citar tres de las más importantes, la empresa privada, a través de su principal gremial, la ANEP, ha formado parte de las juntas directivas. Así, la ANEP, codo a codo con representantes del Gobierno, ha sido actor deliberante en las grandes decisiones de las autónomas, que en la actualidad manejan en conjunto un presupuesto superior a los mil 600 millones de dólares. En concreto, las reformas le quitan a la ANEP la potestad de designar a sus representantes en las juntas directivas de las autónomas.
De esta forma, dejan en manos del Presidente de la República la decisión de nombrar a los miembros de las juntas directivas, seleccionándolos de entre un abanico más amplio de instancias no gubernamentales, incluidas las gremiales empresariales.
El tema es un asunto muy complejo; tiene muchas aristas que merecen análisis sosegado y a profundidad. Comencemos echando un vistazo a dos de ellas. En primer lugar, la aprobación de estas reformas ha desatado reacciones muy airadas por parte de los empresarios y de Arena. De acuerdo al comunicado de la ANEP, el presidente Funes y los partidos que lo respaldan buscan apropiarse de las instancias del Estado, tal como, dice la gremial, lo están haciendo con el aparato de justicia. En el fondo, sostuvieron algunos legisladores areneros en las intensas discusiones de la medianoche del viernes, lo que quieren es disponer del dinero de esas entidades y evitar la contraloría social de la empresa privada, la que, según ellos, ha sido la garante del manejo adecuado y honesto de los fondos en cuestión. En realidad, Arena está recibiendo otra cucharada de su propia medicina. El FMLN, ahora aliado con los partidos que antes respaldaban al partido de derecha, no hace más que repetir vicios y mañas que usaba Arena cuando la correlación de fuerzas le favorecía. Es decir, el patrón de actuación es el mismo, pero los actores han intercambiado papeles.
Por su parte, la empresa privada, acostumbrada a ser tratada como dueña del país, ve cómo este privilegio de decidir sobre grandes temas nacionales le es arrebatado. Los defensores del neoliberalismo ven a la empresa privada como el único actor que genera riqueza y bienestar, y por tanto, saca del subdesarrollo a los países. La imagen de la copa que rebalsa de riqueza, desparramando bienestar sobre la población, ha sido usada por los defensores del modelo. En las últimas dos décadas, la realidad nos ha demostrado que la copa nunca rebalsa y que el apetito de los grandes no tiene fin. Ha fracasado la premisa de que solo con crecimiento económico se puede generar bienestar para la gente. Porque debe ser lo contrario: solo elevando el nivel de vida de la población, se puede generar crecimiento económico. O sea, lo que hay que hacer es invertir en el mejor recurso que tiene el país, su gente, como lo sostiene argumentativamente el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglizt.
La empresa privada dice que es la garante del uso adecuado de los recursos. Sin embargo, ¿dónde estaba la probidad de los empresarios cuando se privatizaron los bancos en 1990? ¿No eran parte de la directiva del Seguro Social cuando se perpetraron los tremendos fraudes que todavía no se terminan de conocer? ¿No fue en los Gobiernos de Arena cuando hubo escandalosa corrupción en el Fondo de Inversión Social, el Banco de Fomento Agropecuario y la Federación de Fútbol? ¿No había representantes de la ANEP en la directiva de la ANDA cuando se defraudó a la economía pública por unos 100 millones de dólares? Y podríamos seguir enumerando casos que demuestran que la presencia de la empresa privada en estas instancias no evita la corrupción ni contribuye a la transparencia o a la rendición de cuentas.
En segundo lugar, veamos la otra arista, la del lado del presidente Funes y del FMLN. Aunque parece importante y justo extender la representación de la sociedad civil en los organismos directivos de las instituciones autónomas del país más allá de la gran empresa privada, la aprobación apresurada de estas reformas y su contenido dejan lugar a muchas dudas. Como se dijo antes, el proceso se llevó a cabo de madrugada, al mejor estilo de muchas de las manipulaciones legales que se han dado antes. Además, las 19 reformas se hicieron con dispensa de trámite, un mecanismo legal extraordinario y en teoría reservado solo para temas de gran urgencia para el país. ¿Era tan urgente la necesidad del Presidente como para saltarse, de madrugada, los trámites regulares? También levanta suspicacias sobre la honestidad de la decisión el hecho de que los autores de las reformas sean los mismos partidos que han actuado como bloque en el conflicto por las sentencias de la Sala de lo Constitucional.
A nuestro juicio, lo más peligroso de estas reformas es dejar solo en manos del Presidente de la República la decisión de nombrar a los integrantes de las juntas directivas de las entidades autónomas. Esta tendencia excesivamente presidencialista no es nueva, pero es muy peligroso que estos nombramientos, con cuyos titulares se pretende de alguna manera fiscalizar la labor del Ejecutivo, sean potestad exclusiva del Presidente. Ya hemos probado lo nocivo de ello cuando Funes vetó a 30 personas propuestas por diversas instancias de la sociedad para integrar el Instituto de Acceso a la Información Pública. Privilegiar la opinión de una sola persona sobre la de muchas es equivalente o peor que dejar en manos de la ANEP la designación de los representantes de toda la sociedad civil. La medida propuesta por Funes y aprobada por el FMLN y sus aliados coyunturales abre las puertas para un ejercicio autoritario y excluyente de la Presidencia.
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