Derecha salvadoreña con apoyo de presidente Funes realiza peligrosa maniobra

Roberto Pineda

El panorama político salvadoreño ha sido estremecido por la aprobación el pasado jueves 2 de junio por los partidos de derecha (ARENA, GANA, PCN y PDC) en la Asamblea legislativa, de un decreto que posteriormente fue sancionado el mismo día por el presidente Funes, que establece el consenso, como la forma de tomar decisiones en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La elección de una nueva Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es uno de los principales logros alcanzados a partir del proceso abierto con la derrota de la derecha el 15 de marzo de 2009 y la llegada al gobierno de Funes y del FMLN. Y las sentencias de esta sala siempre han sido por mayoría de votos. Y las ultimas sentencias han golpeado fuertemente el sistema de impunidad construido por la derecha, incluso han decretado la cancelación de dos de los partidos (PCN y PDC) que hoy aparecen disfrutando "la miel de la venganza." El establecer el consenso obedece a que uno de sus cinco miembros es una persona identificada históricamente con la derecha y por supuesto se encargará de garantizar que el consenso no sea alcanzado y bloqueara así las decisiones sobre temas neurálgicos aun pendientes como la dolarización, el TLC, etc. Lo que se pretende es evitar que se siga emitiendo sentencias. Que fue lo que obligó al presidente Funes a sancionar este cuestionado decreto es todavía un misterio. Lo que si esta claro es que por esta acción el presidente Funes va a sufrir un fuerte desgaste político, en la medida que la ciudadanía indignada le pase la factura. Y todo parece indicar que esta vez habrá factura. El presidente ha perdido legitimidad y le será difícil recuperarla. Esta decisión política más no jurídica del presidente Funes, es la señal más significativa de su acercamiento a sectores de derecha. Constituye a la vez una peligrosa maniobra que vulnera la estabilidad institucional del país así como marca un retroceso del proceso iniciado de rescate de la institucionalidad jurídica. Una maniobra de este tipo es natural en partidos como el PCN y el PDC, es incluso su especialidad, y podía también esperarse del principal partido de oposición, de ARENA y hasta de su retoño, el partido GANA. Lo que sorprende a propios y extraños es que el presidente Funes participe y activamente en este vulgar contubernio. Tienen que ser poderosos intereses los que garantizaron su prisa por firmar. Es interesante que incluso sectores de la oligarquía (ANEP, FUSADES) y de la derecha mediática marquen su distancia de este enredo. Estamos quizás presenciando, al inicio del tercer año de gobierno, el surgimiento de una nueva correlación de fuerzas, en la que el presidente Funes decide gobernar desde la derecha y con la derecha. Ya la destitución de la ministra y vice-ministro de Trabajo y la casi destitución del ministro de Obras Publicas presagiaba este desenlace. Y suerte que el presidente Funes habló de dialogo el pasado 1 de junio. Este nuevo alineamiento político representa una amenaza para la voluntad de cambio de los sectores populares, que depositaron sus esperanzas en este gobierno. Para el partido de gobierno, FMLN, que fue el partido que llevó al periodista Mauricio Funes a la presidencia, es una situación complicada. Por una parte, su presencia con ministros esta plenamente justificada y son espacios ganados legítimamente, pero por la otra, su presencia en un gobierno que cada vez más se oriente hacia la derecha le traerá costos políticos, para las futuras elecciones de marzo de 2012. Es por esto que su posición ante esta situación que todavía no conocemos, seguramente será mesurada. No obstante esto, dos de sus más destacados dirigentes, el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, han expresado categóricamente su rechazo a esta maniobra de la derecha. Asimismo lo ha hecho el vocero oficial, Roberto Lorenzana. Hay que esperar la posición oficial del FMLN. Vivimos un momento de definiciones. Y vivimos un momento de lucha. Es previsible una respuesta popular que adoptara los cauces de la institucionalidad ganada. Es urgente la convocatoria a una asamblea ciudadana que asuma la tarea de evitar que sea bloqueado el esfuerzo que desde la Sala de lo Constitucional de la CSJ se ha venido realizando para rescatar la institucionalidad democrática. Hay que salir a las calles. El movimiento popular y social debe cobrar esta factura. Hay que evitar que la derecha con el apoyo del presidente Funes logren detener la lucha popular por los cambios y el trabajo esmerado de los 4 magistrados de la CSJ que en pocos meses se han proyectado como los verdaderos continuadores de ese Monseñor Romero, con cuyo nombre en varias ocasiones el presidente Funes pretende cobijarse. La lucha continua…

Monseñor Romero y Funes

La derecha se quiere adueñar del baile

Luis Alvarenga

Rebelión

Usté que era el más quedao

se quiere adueñar del baile

Víctor Jara

¡Qué bien que todavía existe indignación en la sociedad salvadoreña! La reacción en contra del decreto legislativo que obliga a que las resoluciones de los magistrados de lo Constitucional sean unánimes y la sanción expresa de dicho decreto por parte del Ejecutivo movilizó a diversos sectores sociales a protestar el viernes pasado frente a Casa Presidencial. Qué bien. Pero no todo está bien.
 
Porque la derecha, que en pleno aprobó lo que el diputado Sigfrido Reyes calificó de “golpe de estado técnico” y lo que Armando Salazar denunció como “secuestro” de la democracia, esa misma derecha, pero usando otras expresiones, quiere también capitalizar la indignación ciudadana para sus fines electorales. 

La estrategia es el contrabando ideológico. Como toda mercancía contrabandeada (lo de mercancía no es ninguna sutileza: para el capitalismo, las ideas son viles mercancías), se pasa inadvertidamente donde las defensas están bajas y en-menos-de-lo-que-canta-un-gallo, el contrabando está diseminado por todos lados. Así con las ideas.

Una de estas ideas se nutre del cansancio ciudadano por el sistema de partidos. Y utiliza una causa que puede estar movidas por las buenas intenciones: la lucha por las listas abiertas y las candidaturas independientes. No fue sorpresivo que frente a Casa Presidencial se encontraban representantes de un movimiento que desde hace años viene exigiendo que se admitan candidaturas independientes de los partidos políticos en las contiendas electorales, un movimiento cuyos integrantes son de derecha. Y tampoco es sorpresivo que el adefesio perpetrado por los diputados de ARENA, PCN, PDC y GANA, todos de derecha, sea utilizado como bandera en esta lucha por las candidaturas independientes. 

En un país como El Salvador, donde estamos frente a una lucha del poder tradicional frente a un proyecto de izquierdas aún muy incipiente, es muy difícil pensar que en la práctica se den candidaturas “independientes” de cualquier interés político. Esto puede darse en la cabeza de alguien, pero en la vida real, no. La consabida afirmación de que nadie es políticamente neutral porque el lugar que se ocupa en una sociedad define también su ubicación política en gran medida, se vuelve aún más contundente en un país donde existe una confrontación entre el poder que nos ha gobernado durante décadas y una posible alternativa a la cual se le ataca desde la cuna y desde todos los flancos posibles, con todo y que no siempre estemos de acuerdo con todo lo que hace el partido político que plantea esta alternativa desde el gobierno.


Las candidaturas independientes buscan dividir el voto que puede ser de izquierdas, ya que la derecha está pasando un mal momento, por decirlo con cierta cordialidad. Además, no es nada nuevo que, de la nada, salga un outsider del sistema político establecido y se convierta en el portaestardante de la derecha, como ocurrió en el Perú con Alberto Fujimori. Así que cuidado con la ideología de la “independencia”. Veamos mejor de quiénes o de qué dependen los “independientes”. 

La segunda forma de contrabando ideológico es movilizar el descontento por el decreto en mención y utilizarlo en contra del FMLN, que, junto a Cambio Democrático, fue el partido que se negó a acompañar el desmán que hoy nos preocupa. No se puede decir que si Funes sancionó el decreto es señal inequívoca de apoyo al mismo por parte del FMLN. No puede decirlo mucho menos la derecha, que, cuando le ha convenido, ha manejado mediáticamente la imagen de un FMLN separado irreconciliablemente de Funes, o de un FMLN que sabotea al gobierno. Aquí, según lo dictado por la conveniencia, se está manejando la imagen de que el FMLN y Funes han actuado de consuno y que los diputados del partido oficial han apoyado el decreto... ¡aunque no hayan votado por él!
No nos dejemos llevar por aquellas voces que piden la democratización del sistema electoral cuando han sido las mismas que a lo largo de la historia y hasta el día de hoy han pervertido ese sistema, mediante el robo de elecciones en el pasado y por medio del asalto político, como acaba de ocurrir. 

La guerra popular de liberación en Libia causa bajas al agresor imperialista

Empleando como fuente informativa el blog de Leonor descubrimos que:

- El ejército libio afirma haber derribado 6 helicópteros de la OTAN en Al Breda y otros en Zintan.

 Que Gadafi pregunte a Al Duri qué hay que hacer con los helicópteros Apache

- Ajdabiya ha sido liberado de natoterroristas por el ejército.

- En Darna ha explotado una fábrica de armas de los terroristas y una tribu local se ha levantado. Tras liquidar al jefe del autoproclamado "emirato" local integrista fascista llamado Amin Abdala la ciudad está liberada y proclama su apoyo al gobierno legítimo.

- El campo Almajda en Tobruk ha sido eliminado y los terroristas ejecutados.
- El gobierno libio amnistía a 500 antiguos opositores armados quienes han entendido que estaban sirviendo a los criminales imperialistas en su intento de colonizar su país y se han entregado.

- 2 mil personas de la Tribu Warfala se han manifestado en Bengasi con banderas verdes. Los terroristas están intimidados porque es la principal tribu del país y no se atreven a reprimirla por miedo a las consecuencias.

Aunque parezca increíble la heroica acción conjunta política y militar de las tropas y las masas está quitando toda iniciativa al ataque criminal de la OTAN y sus mercenarios integristas y terroristas. Las masas árabes y africanas ya han tomado a Gadafi como un nuevo Nasser, un nuevo Nkrumah, un nuevo héroe de la Libertad contra el colonialismo.

El Partido Comunista de Venezuela exige a Chávez anular pactos de inteligencia con Colombia

Porque viola la soberanía nacional y la información son usados por la inteligencia norteamericana y sionista de Israel, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) demandó al gobierno venezolano, dejar sin efecto la cooperación en materia de inteligencia con el gobierno y policía colombiana

Kaos. Venezuela | Tribuna Popular | 

 

 

Porque viola la soberanía nacional y la información son usados por la inteligencia norteamericana y sionista de Israel, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) demandó al gobierno venezolano, dejar sin efecto la cooperación en materia de inteligencia con el gobierno y policía colombiana.

Así lo expresó Oscar Figuera, Secretario General del PCV en la rueda de prensa de este lunes, a propósito de los antecedentes entregados por el propio gobierno venezolano, sobre la cooperación que mantiene en materia de inteligencia con el gobierno de Colombia que han significado la captura y entrega de cuadros revolucionarios al régimen narcoparamilitar de la oligarquía colombiana.

“El Partido Comunista considera que está cooperación en materia de inteligencia, están vulnerando la soberanía de nuestro país”, indicó el dirigente comunista.

De acuerdo a los antecedentes que maneja el PCV y entregados por las propias autoridades venezolanas, fue Colombia quién informó a Caracas de la presencia del cantautor y miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), “No es posible que la inteligencia colombiana, en este caso el DAS pueda señalarle al gobierno venezolano donde están actuando los revolucionarios y revolucionarias en nuestro territorio, si no tienen agentes colombianos en territorio venezolano”, señaló Figuera.

Para el Partido Comunista de Venezuela, esta actuación de los agentes colombianos vulnera la soberanía nacional.

Pero también el PCV denunció que está cooperación de inteligencia con el gobierno colombiano, directamente está siendo utilizada por los organismos de inteligencia norteamericanos y de Israel, toda vez que es conocido los acuerdos en esta materia que tiene el Gobierno de Colombia con la CIA y Mossad del Estado sionista de Israel.

“Existe información que la data que se entrega en Venezuela a la inteligencia colombiana es del conocimiento, dominio, manejo y utilización por parte de la inteligencia norteamericana y del sionismo internacional”.

Por estas dos razones –la violación a la soberanía nacional y el uso de la información por parte de enemigos declarado de nuestro país, como son el norteamericano y el sionismo israelí- el Partido Comunista demandó dejar sin efecto los convenios de cooperación en materia de inteligencia con el gobierno colombiano.

GOBIERNO VENEZOLANO VULNERA EL DERECHO A LA DEFENSA

El Partido Comunista de Venezuela, también se refirió a lo que público y notorio, el abandono del gobierno nacional de los derechos que tiene todo ciudadano nacional o extranjero, el derecho mínimo a la defensa.

“Así como se le garantiza el derecho a la defensa de los ciudadanos venezolanos en cualquier país de mundo, en Venezuela que trabajamos y luchamos por constituir una nueva sociedad y un Estado Revolucionario, debe garantizarse a las y los revolucionarios, al menos, el derecho a la defensa”, demandó el PCV.

Situación que no ha sucedido en el caso de las entregas y deportaciones que el gobierno nacional a realizado por la vía administrativa, vulnerando así las leyes nacional, la Constitución Bolivariana de Venezuela y los acuerdos internacionales.

Pero además frente a las expresiones que se han venido señalando en torno al caso del Cantautor de las Farc, Julián Conrado, el Partido Comunista pidió al Ejecutivo Nacional que no se equipare y se ponga en una misma balanza, a los paramilitares que son parte del gobierno colombiano y al narcotráfico, con las y los luchadores colombianos.

“No se corresponde con una valoración ideológica y política transformadora, el que nosotros echemos en un solo saco a quienes actúan en actos de delincuencia común, a quienes sirven al Estado terrorista y narcoparamilitar colombiano, como son los paramilitares, con quienes resisten la dominación del imperialismo y del estado colombiano”, enfatizó Figuera.

Niños cubanos reclaman libertad de los Cinco

Don José Artigas, protector de los pueblos libres

 

http://elmuertoquehabla.blogspot.com/ 

Video sobre el Gral. Don José Gervasio Artigas, emitido en la serie Caudillos del canal argentino Encuentro, y más allá de algunas omisiones o errores, contiene importantes y valiosos testimonios de historiadores uruguayos, como el Prof. Gonzalo Abella entre otros
Es a través de estos testimonios que se puede reconstruir una imagen de ese hombre que fue el Gral. Artigas, sus orígenes, infancia, juventud en el campo...sus años "charrúas" conviviendo con sus hermanos como un igual y reconocido por éstos como un líder...el Karai Guazú...

De allí surge esa relación especial de Artigas con la macro-etnia charrúa como con las otras culturas que poblaron estas tierras hasta el Paraná, incluyendo los guaraníes, chanás, guenoas, todos partícipes junto a los afro-orientales, y los criollos, de esa multiculturalidad que protagonizó una de las epopeyas de mayor singularidad, tanto por el sueño de una Confederación de estados como forma organizativa de las Provincias Unidas, como por la característica esencial de la lucha independista liderada por Artigas: la de ser un pueblo en armas y en asamblea, que defendía las libertades y derechos de los que ya gozaban, y se consagraban con el proyecto artiguista...

Que los más infelices fueran los más privilegiados...Artigas resumía el proyecto federal, la integración multicultural, la justicia y la dignidad. Eso es lo que fue reconocido en su proclamación de Protector de los Pueblos Libres y lo que explica la conformación de la Liga Federal o Liga de los Pueblos Libres o Protectorado de Artigas, y que reunía a la Banda Oriental, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, las Misiones Orientales y Córdoba...

Enfrente de este conglomerado de hombres libres, que peleaban por mantener una forma de vida y plasmar un tipo de organización que consagrara sus libertades y si integración multicultural, se posicionaba claramente el proyecto unitario de la oligarquía porteña, plasmado el 9 de Julio de 1816, pero que ya había sido hecho a saber a Artigas en 1813, cuando en Buenos Aires se rechazan sus diputados en una reunión de representantes de todas las provincias, estos diputados orientales portaban las llamadas "Instrucciones del año XIII", resultado de una consulta entre todas aquellas culturas discriminadas por el proyecto unitario y reafirmada frente a los muros de Montevideo, y en donde el 4 de Abril de 1813 Artigas definirá con claridad:

"Ciudadanos: el resultado de la campaña pasada me puso al frente de vosotros por el voto sagrado de vuestra voluntad general (...)"
"(...) La Asamblea general tantas veces anunciada empezó ya sus sesiones en Buenos Aires. Su reconocimiento nos ha sido ordenado. Resolver sobre el particular ha dado motivo a esta congregación porque yo ofendería gravemente vuestro carácter y el mío (...) si pasara a decidir por mí una materia reservada sólo a vosotros (...) Examinad si debéis reconocer la Asamblea por obedecimiento o por pacto (...)" y si bien recomienda lo segundo, aclara: "(...) Esto ni por asomo se acerca a una separación nacional; garantir las consecuencias del reconocimiento no es negar el reconocimiento"
Los orientales deciden mandar a sus diputados, pero con instrucciones a las que deberán ajustarse...De esas "Instrucciones del año XIII" se resalta:
"Art 1. Primeramente pedirá la declaración de la Independencia absolutas de estas colonias, que ellas serán absueltas de toda obligación a la Corona de España y familia de los Borbones y que toda conexión política entre ellas y el estado de España es y debe ser totalmente disuelta.
Art.2. No admitirá otro sistema que el de confederación para el pacto recíproco con las provincias que forman nuestro estado (...)
Art 3. Promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable (...)"
Los diputados orientales no son aceptados...

"(....) Artigas va fortaleciendo las redes de las culturas discriminadas y para ello tiene sabios asesores entre los caiques charrúas, los jefes tapes, los gauchos y los afro-orientales como Joaquín Lencina. Luego del segundo sitio "el Montevideo español se derrumba. Primero entran los porteños, luego éstos son derrotados por Artigas en Guayabos y Fernando Otorgues (uno de los lugartenientes de Artigas) irrumpe con sus gauchos dentro de las murallas de la ciudadela. Artigas no entra. En realidad, desde los catorce años de edad, las pocas veces que José Artigas se aproxima a alguna ciudad es para sitiarla (...)"

Como dato adicional, la bandera artiguista que se enarbola en Montevideo en ese momento, tiene una disposición diferente de las franjas, y llega a nuestros días como "la bandera de Otorgués", bandera que el Frente Amplio en 1971 toma como distintiva de la fuerza política hasta nuestros días.

Los cables de la embajada

Los cables entregados a El Faro por WikiLeaks confirman a la embajada de los Estados Unidos como una contraparte decisiva a la que todas las esferas del poder nacional acuden en busca de apoyo o beneplácito, a la vez que desvelan conspiraciones geopolíticas, los dobles discursos de los gobernantes y hasta las palabras de algún político que admite haber incurrido en delito.

José Luis Sanz y Rodrigo Baires

elfaro.net

Mercado Cuartel. San Salvador. Foto El Faro

En El Salvador hay decenas de sedes diplomáticas, pero solo una embajada, o al menos solo una a la que no haya que poner apellido, que no necesite bandera al ser nombrada. En El Salvador, por tradición histórica y por influencia política, cuando uno habla de “la embajada” se refiere a la estadounidense. La huella de la ayuda militar de la administración Reagan a la estrategia contrainsurgente del ejército salvadoreño durante la guerra civil de los 80 mantiene a la embajada presente aun hoy, 19 años después de los Acuerdos de Paz, en las teorías conspirativas de la izquierda y en las fotos de familia de la derecha. Su voz o su silencio en época de campaña electoral posiblemente haya decantado miles de votos entre quienes temieron por años que un resultado adverso a los deseos de Washington pudiera cortar el flujo de remesas familiares desde Estados Unidos. En las calles anida el mítico rumor de que sus instalaciones en la colonia residencial Santa Elena, en el municipio de Antiguo Cuscatlán, a las afueras de San Salvador, solo son superadas en tamaño por la embajada estadounidense en Israel.

De esa embajada omnipresente proceden la mayoría de los 942 cables diplomáticos que WikiLeaks entregó hace algunas semanas a El Faro para su análisis y publicación, y que esta semana empezamos a revelar. Su contenido transparenta la visión que la diplomacia norteamericana tiene del proceso de posguerra salvadoreño, y es un escaparate de la naturaleza y funcionamiento de las relaciones de Estados Unidos con el gobierno y los principales actores políticos y económicos de un país al que considera, según se recoge varias veces en los cables, su “leal aliado”.

Si a las puertas de la embajada de Santa Elena acuden a diario en peregrinación cientos de hombres y mujeres en busca de visa para migrar hacia el Norte, donde ya habita un tercio de la población salvadoreña, sus despachos aparecen también, documento a documento, como lugar de paso obligado para las élites nacionales. Durante años, prominentes funcionarios públicos, líderes partidarios y empresarios han visitado la embajada para compartir con diplomáticos estadounidenses sus temores y opiniones personales, así como estrategias políticas ocultas que no confesarían en público a los ciudadanos salvadoreños.

Las actas de algunas de esas visitas ponen en evidencia, por ejemplo, el doble discurso del gobierno de Antonio Saca en cuestiones de política internacional, constatan las estrategias conspirativas de sectores de la empresa privada temerosos de una victoria del FMLN en las elecciones de 2009 y descubren a una oposición que, ante la posibilidad de alcanzar el Ejecutivo, corre a congraciarse con Washington y se desdice de promesas de campaña anteriores.
Sentados frente a funcionarios norteamericanos, políticos salvadoreños admiten incluso la comisión o conocimiento de diferentes tipos de delito, como la presentación de firmas falsas en el proceso de legalización de un partido ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), un organismo que la embajada califica en varios de los cables como “dominado por Arena”. En este sentido, es especialmente dramático asistir al detallado relato que ciertos cables hacen de conversaciones en las que altos funcionarios o incluso un Fiscal General de la República trasladan a los representantes del gobierno de Estados Unidos sospechas de corrupción o acusaciones directas contra ministros o contra jefes policiales por presuntos delitos que van desde el enriquecimiento ilícito hasta el encubrimiento de lavado de dinero. Ninguno de los funcionarios que hicieron al oído de Estados Unidos estas denuncias divulgó las pruebas que dijo tener en su poder o emprendió una investigación formal, aun cuando hacerlo estuviera, por ley, entre sus atribuciones.

La administración Saca

El paquete de 942 cables entregado por WikiLeaks a El Faro para su análisis y divulgación es parte de los 250 mil cables del Departamento de Estado entregados hace un año al New York Times, El País, The Guardian, Der Spiegel y Le Monde, y comprende 564 documentos tipificados como desclasificados, 271 como confidenciales y 17 como secretos. 878 fueron redactados por la embajada estadounidense en El Salvador y enviados a distintas instancias del Departamento de Estado, a menudo con copia a otras delegaciones diplomáticas en la región. Los otros 64 se originaron en la sede de la Secretaría de Estado o en terceros países con presencia diplomática norteamericana. Dos de ellos proceden de la embajada estadounidense en Polonia y se refieren a procesos políticos o negociaciones petroleras en Europa central, sin ninguna relación con El Salvador.

El primero de los cables en poder de El Faro está fechado el 27 de febrero de 2003 y el último el 23 de diciembre de 2008, pero solo los primeros cinco pertenecen al período del gobierno de Francisco Flores. Casi la totalidad corresponden, por tanto, a los años en que el presidente de la república era Antonio Saca, y el canciller era Francisco Laínez y es su administración la que resulta retratada en las revelaciones que durante las próximas semanas hará El Faro. En el período que abarcan los cables entró en vigor el CAFTA, ocurrieron los sucesos del 5 de julio de 2006, se ventilaron en plena campaña electoral las sospechas de vínculos entre el FMLN y las FARC tras la muerte de Raúl Reyes y la captura de sus computadoras, se enviaron 11 contingentes militares salvadoreños a Iraq, se impulsó una reforma fiscal, se crearon dos fideicomisos, renunciaron un ministro de Hacienda y un secretario técnico de la presidencia, se celebró una elección legislativa y municipal en 2006 y se eligieron dos candidatos a la presidencia con la mirada puesta en 2009.

Asimismo, los cables originados en la embajada en El Salvador corresponden a los períodos de los embajadores Douglas Barclay y Charles L. Glazer. Barclay, senador estatal de Nueva York durante 20 años, fue un fuerte financista de las campañas electorales de George W. Bush y estuvo destinado en San Salvador entre diciembre de 2003 y julio de 2006. Glazer, un banquero de inversiones de Connecticut, estuvo en el país desde enero de 2007 hasta enero de 2009. Destacados miembros del partido republicano ambos, ninguno de los dos tenía experiencia diplomática previa cuando llegó a San Salvador.

Durante la misión de ambos embajadores, las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y El Salvador fueron fluidas a la luz de lo que recogen los cables, y estuvieron marcadas principalmente por tres temas: la presencia de tropas salvadoreñas en Iraq, la insistente búsqueda de un nuevo tratado de extradición entre los dos países y la constante deportación de ciudadanos salvadoreños desde Estados Unidos.

Esas deportaciones fueron, según hacen constar funcionarios estadounidenses en diferentes cables, “el único punto de roce” ocasional entre la administración Saca y el gobierno de Bush. Las actas de reuniones entre la embajada y funcionarios de Cancillería o del gabinete de Seguridad recogen repetidos reclamos de las autoridades salvadoreñas, que relacionaban en buena medida el problema de criminalidad del país con la llegada de deportados con antecedentes penales en Estados Unidos. Irónicamente, según muestran los documentos, en 2006 el gobierno salvadoreño accedió a abanderar los procesos de deportaciones masivas. Por el contrario, la presencia de tropas en Iraq aparece como el mayor punto de afinidad entre ambos gobiernos. El constante envío de nuevos contingentes del Batallón Cuscatlán entre 2003 y 2008 sirvió para que Estados Unidos valorara a El Salvador como un aliado incondicional en la lucha contra el terrorismo internacional promulgada por Bush, hasta el punto de que Washington se atrevió a solicitar a Saca que acogiera en su territorio a presos de Guantánamo.

Fuera de estos tres asuntos bilaterales y de la preocupación compartida por la creciente incidencia del gobierno venezolano en Centroamérica, es la política interna salvadoreña la que concentra la mayor parte de los intercambios epistolares entre la embajada y la sede de la Secretaría de Estado en Washington. Los cables retratan a El Salvador como un país en lento proceso de construcción institucional; en el que Arena y el FMLN son, según firmaba Barclay en septiembre de 2006, “dos extremas polares que trabajan más uno contra el otro que por el bien común”; cuya economía está controlada “por un pequeño grupo de gente”; y en el que tanto en el sector público como en el privado “es más importante a quién conoces que lo que sabes”, en palabras de Glazer en agosto de 2007.

En cuanto a la administración Saca, la embajada la perfila en sus primeros años como eficiente en su gestión económica y comprometida con la solución de los problemas de seguridad del país, aunque a medida que avanza el tiempo se van consolidando entre los funcionarios estadounidenses fuertes dudas sobre la capacidad del gabinete de Seguridad y una creciente preocupación por la solvencia financiera del gobierno salvadoreño, que en diciembre de 2008 sufría según fuentes de la embajada un grave problema de liquidez por culpa, según Glazer, de “políticas económicas poco meditadas”.

La principal constante en los casi mil cables analizados por El Faro es, en todo caso, una evidente preocupación de Estados Unidos por las elecciones presidenciales de 2009. Durante toda la gestión Saca, la embajada interpretó cada movimiento del voluble panorama político salvadoreño bajo el criterio del efecto que pudiera tener en el desempeño electoral de Arena. Esto explica que durante todo 2007 la representación diplomática prestara especial atención a la posible candidatura presidencial del alcalde de San Miguel, Wil Salgado, por el impacto que esta hubiera podido tener entre los votantes de derecha. 

Cuestiones esenciales de las relaciones bilaterales, como le renovación del TPS, la implementación del CAFTA, la posible designación de El Salvador como Aliado Importante No-OTAN o el ritmo de desembolsos de los fondos de la Cuenta del Milenio también se analizaron teniendo en cuenta, entre otros criterios, su posible efecto en la elección de 2006 primero y en la de 2009 después. La conformación de alianzas entre partidos y el proceso de elección de candidatos, con especial atención al “interés de Saca en que René Figueroa sea su sucesor”, que Barclay ya reseña en 2006, reciben abundante espacio y derivan incluso en propuestas de acción enviadas por la embajada a Washington para que interfiera en el proceso.

Enfrente, los cables reflejan también los esfuerzos del FMLN por mejorar sus relaciones con la embajada estadounidense a partir de la segunda mitad de 2006 -después de los asesinatos de policías cometidos por Mario Belloso en una manifestación- y en 2007, especialmente durante los meses previos a la postulación oficial del ahora presidente Mauricio Funes como candidato. Funes era, según revelan los cables, un candidato en el que la embajada estadounidense no confiaba. Por un lado, oficiales políticos de la embajada dudaban de cuál era en detalle su ideología. Después, el mismo embajador Glazer expresó dudas sobre la capacidad que el ex periodista tendría para gobernar de forma independiente frente a un FMLN que a ojos de la diplomacia norteamericana oscila desde hace años entre un “marxismo semidemocrático” y el “estalinismo centralista”, y que a pocos meses de la elección de marzo de 2009 concentraba todavía todos los miedos históricos de Estados Unidos hacia la izquierda centroamericana que impulsó las revoluciones de los 70 y los 80.

Los cables de WikiLeaks, con frecuencia, parecen retratar la gran distancia que puede haber entre los discursos y los argumentos públicos de los gobernantes y los políticos, y las convicciones o razones que estos expresan lejos de cámaras, micrófonos y grabadoras.

COLOMBIA ES EL PAÍS CON MÁS DESPLAZADOS Y REFUGIADOS INTERNOS

En los últimos años Colombia se convirtió en el líder global en número de desplazados internos y de refugiados. A este triste fenómeno están vinculados sectores muy poderosos, incluyendo a terratenientes, mafias, sectores políticos y empresas multinacionales.

Una de las víctimas de ese desplazamiento es Janeth, que actualmente se dedica a ayudar a familias que han sido forzadas a abandonar sus casas y parcelas. Un desalojo forzado, según ella, es una de las experiencias más amargas que pueden padecerse.

“Incursionaron a las casas violentando las puertas a la madrugada del 19 de diciembre. De las casas sacaron a todos los habitantes y nos reunieron en la iglesia del pueblo. Ellos llevaban un listado y fueron llamando a unas personas, entre ellas a mi esposo. Entonces, yo me fui para la casa y esperaba que él regresara”, cuenta Janeth.

Pero su esposo nunca regresó. Pocos días después, Janeth huyó con sus cuatro hijos, abandonando todo lo que tenía. De eso hace ya 11 años, pero aún mantiene vivo el recuerdo de su pareja asesinada por los paramilitares. Su preocupación ahora es que sus hijos tengan un destino diferente y próspero, algo por lo que lucha cada día.

Los registros oficiales indican que 3,7 millones de personas sufren esta situación en Colombia. Y un reciente informe de Codhes (una ONG especializada), señala que más de cinco millones de colombianos viven lejos de sus hogares. Estas cifras ubican al país como 'líder' global en número de desplazados internos y de refugiados en el mundo, por delante de países como Sudán, Irak o Afganistán.

Para hacer frente a esta crisis estructural, el Gobierno atiende a esta población apoyándose en la justicia y aplicando compensaciones económicas para las víctimas y se lucha para prevenir este fenómeno. Es lo que pide Janeth para su familia. Ella necesita una ayuda económica para terminar de educar a sus hijos, un sueño que comparte con miles de desplazados. Sus objetivos no son otros que los de que se haga justicia con su caso y mejorar sus condiciones de vida.

“Eso es muy importante, porque es reconocer que el conflicto armado, pero, además, muchas otras conflictividades sociales y políticas, tienen raíces muy profundas en la inequidad social”, señala Carolina Tejada, subdirectora del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP).

Numerosos especialistas están de acuerdo en que el desplazamiento es además un mecanismo para la acumulación de riqueza, ya que a través de él se generan influencias para el control de territorios y recursos. El mayor índice de desplazamiento se presenta en las regiones ricas, que están en el punto de mira de las empresas mineras o en tierras que pueden ser dedicadas a cultivos extensivos, como el de la palma de aceite, que generan cuantiosos beneficios.

Los datos oficiales muestran una disminución en las cifras del desplazamiento de población y el Gobierno plantea una restitución de las tierras usurpadas. Pero paliar la situación actual del país al respecto no es sencillo. Quizá la solución del problema llegue por abordar la impunidad con que se llevan a cabo estos hechos.

Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/america_latina/issue_24887.html

Movimiento Social, Movimiento Político

  

Dagoberto Gutiérrez

Las sociedades humanas se mueven a partir de sus intereses encontrados, es decir, de sus contradicciones. Es cierto que la idea de contradicción implica mucho más que los intereses diferentes y, filosóficamente, va más allá que las necesidades organizadas; pero podemos explicar la acción colectiva y social, que llamaremos movimiento social, a partir de una acumulación sucesiva de intereses económicos, políticos, ideológicos, que en un determinado momento, y luego de una larga, sucesiva e ininterrumpida organización, entran en un momento de estallido aparente, incluso en una organización que casi siempre parece espontánea.

Lo que llamamos movimiento social surge frente al Estado, en un distanciamiento que parece indicar y recordar la existencia de Estado y sociedad como dos cosas diferentes y como expresiones de dos intereses encontrados. El movimiento social viene de abajo y de adentro de la sociedad, es decir, de adentro de la vida y de abajo de las estructuras sociales; por eso mismo, el movimiento social es, al mismo tiempo, popular.

El Estado expresa los intereses de una parte de la sociedad. En tal sentido, el movimiento social, al surgir frente al Estado, también lo está haciendo en contra de los intereses que el Estado expresa y defiende. Entonces, el movimiento social actúa contra el Estado.

Se trata de una acción social colectiva, independiente del Estado, que no requiere del Estado ni lo necesita, que extrae sus energías, sus recursos, sus planteamientos políticos, de las entrañas sociales, sin requerir legalidad estatal ni recursos estatales.

Esta independencia separa y enfrenta al movimiento social de los partidos políticos, que siendo instrumentos estatales que aplican políticas del Estado, están siempre en la mira de los movimientos sociales. Estos partidos resultan ser los que suelen concentrar, en su contra,  el mayor malestar, reclamo, oposición, y hasta odio social.

El accionar de los movimientos sociales es político porque usan métodos y recursos, precisamente políticos, tienen un discurso político, se mueven usando canales y vías no convencionales, es decir, que se comunican fuera de la televisión, las radios o los grandes diarios, pero llegan a tener comunicación efectiva sin adquirir, necesariamente, expresiones orgánicas de organización y sin que se levanten estructuras convenidas de dirección tradicionales. El movimiento social resulta ser un movimiento en donde convergen las personas unidas y convocadas por el llamado de los intereses convergentes y del malestar creciente. Es una especie de BASTA YA! ante un determinado orden de cosas.

El movimiento social expresa de manera inmediata un des-orden, es decir, algo que surge fuera del orden y contra el orden. Usando formas políticas de expresión y convocatoria, el movimiento social puede atraer a personas de diferentes clases sociales que se sienten convocadas por una situación insoportable y carente de límites, en donde el régimen político aparece con las vísceras al aire, putrefacto y ofensivamente expuesto ante todo el mundo.
El movimiento social parece ser un estallido, pero en realidad no lo es, porque se trata, como ya lo hemos dicho, de un proceso acumulativo largamente larvado, sin momentos de respiro pero sí con momentos agravantes que suelen precipitar el surgimiento del BASTA YA!.

El movimiento social resulta ser convocante, lleno de energía y de formas organizativas novedosas, no usa formas ni métodos tradicionales de los partidos políticos; en ningún caso depende de los partidos políticos tradicionales, y ni puede ni debe ser absorbido ni controlado por estos partidos, ni es, en realidad, movimiento político vinculado al Estado.
Aquí  aparece la diferencia con los partidos políticos. Estos, en ningún caso, son o pueden ser movimiento social porque forman parte de la aparatura estatal. Y, cuando un movimiento social se transforma en partido político, deja de ser movimiento social y muere como tal en función del Estado.

En realidad, un partido político no puede llegar a ser movimiento social pero un movimiento social sí puede llegar a ser partido político; es decir, que puede llegar a ser cooptado por el Estado, y esto requiere desaparecer como movimiento social para convertirse en aparato estatal.

El movimiento político es aquel que tiene una clara opción por el poder político, esto lo caracteriza y lo define porque este movimiento busca, entonces, la captura del aparato estatal y esto lo diferencia del movimiento social, que no busca necesariamente el poder político y que cuando se expresa como movimiento político deja de ser movimiento social y entonces requerirá programa político, organización política, dirigencia política. Y, en determinadas circunstancias, deberá cumplir el requisito legal de participar como partido político en determinados eventos políticos.
En estas circunstancias, el movimiento político tiene dos opciones: por un lado puede optar por dejar de ser movimiento político y pasar a ser partido político, o por otro lado puede seguir siendo movimiento político y usar un partido político como su instrumento electoral.

En estas condiciones, ya no estaremos refiriéndonos a un movimiento social, ya sea porque éste se ha transformado en movimiento político o porque ha desaparecido.

El Salvador es un escenario maduro para el surgimiento de movimientos sociales, apurado por la crisis del régimen político y acicateado el proceso por la necesidad insoslayable de construir un nuevo Estado protagónico y participativo que sustituya al viejo y agónico Estado oligárquico.