La solución de la actual crisis pasa por la inmediata derogación del Decreto 743

Tendencia Revolucionaria

Conversamos con Fidel Nieto, miembro de la Comisión Política del Movimiento por la Democracia Participativa (MDP), líder de la Tendencia Revolucionaria (TR) y Rector de la Universidad Luterana Salvadoreña, acerca de la actual crisis institucional que padece el país producto de la profundización de la Crisis Histórica, según él. Una entrevista muy reveladora y de mucha importancia para el futuro del país, desde el punto de vista del movimiento popular .

Carlos Molina: Para comenzar, el tema que ha trastocado la coyuntura del país. ¿Qué opina sobre el decreto 743 que tiene dedicatoria expresa para los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional?.

Fidel Nieto. Lo primero es ver un poco mas allá de la situación generada en el país por la aprobación del decreto 743, pues ésta  tiene a la base una crisis muy profunda que nosotros le llamamos “Crisis Histórica”. La crisis que se ha venido generando a partir del desencuentro de los partidos políticos y las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, expresa la confrontación del conservadurismo de los partidos políticos y la necesidad de transformación social de una sociedad preñada de contradicciones muy complejas que reclaman su superación.

Para comprender mejor lo que está sucediendo es necesario consignar que los Acuerdos de Paz marcaron la salida de los militares del papel de clase gobernante del país que venían jugando desde la instalación de la dictadura militar en los años treinta del siglo pasado. A partir de entonces son sustituidos por la burocracia de los partidos políticos, quienes se convirtieron en operadores del poder estatal; paulatinamente se apropiaron de los espacios institucionales del Estado y ahora asfixian a la misma democracia representativa. La férrea lucha que hoy libran los partidos por sostener su parte de botín del Estado es una arista de ésta crisis que hoy padecemos.

En segundo lugar, vistos los hechos que se han desencadenando, es obvio que  la aprobación del decreto  743 es la respuesta -defensiva pero a la vez contundente y autoritaria- de todos los partidos representados en la Asamblea Legislativa ante algunas de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional. Sentencias que de una u otra forma estaban afectando al sistema partidario en su totalidad. unos partidos más y otros menos; por supuesto que los más comprometidos  son GANA, ARENA, PCN y PDC. En el caso del FMLN está a la vista que sus diputados tenían un compromiso de apoyar ese decreto, según diversa y abundante información pública y no pública que se ha conocido. Esto explica su nula oposición a la aprobación del decreto, su ágil contribución a que llegara pronto a casa presidencial, el empeño mostrado por algunos dirigentes para que el decreto sea acatado por los Magistrados de la Sala de lo Constitucional y su renuencia a contribuir a la derogatoria, la cual está siendo reclamada por amplios sectores de la sociedad desde el mismo momento en que se conoció la precipitada sanción presidencial. 

Quiero insistir en que ésta crisis no es una crisis aislada, es producto de una crisis más profunda, económica, ambiental, de inseguridad, social y política, que se ha venido gestando a lo largo de las últimas dos décadas y cuya solución requiere la participación de los más diversos sectores de la población.

CM. Ya que llegamos al tema de las posibles soluciones. ¿Cuál podría ser  a su criterio la salida más viable a esta crisis suscitada por la aprobación del mencionado decreto?
FN. Algunos dirigentes de partidos políticos están diciendo que la solución pasa porque exista un diálogo entre los Presidentes de los tres órganos del Estado y busquen ponerse de acuerdo en una salida de la crisis; a mí me parece que si bien esto es importante -que se reúnan y dialoguen acerca de la forma mas eficiente y eficaz de cumplir cada uno con las funciones que la Constitución les establece- no significa que la situación problemática creada se pueda superar. A mi juicio, la solución de esta crisis pasa por la inmediata derogación del decreto 743 y esta es una responsabilidad ineludible de todos los partidos y por supuesto del ciudadano Presidente de la República. Cualquier otra solución que se pretenda presentar como tal a partir del diálogo de los Presidentes de los tres órganos sin revertir el decreto, no será otra cosa que una falsa solución.

A propósito de la derogación del decreto, esta demanda se ha convertido en el centro del reclamo de diferentes sectores sociales y no me cabe ninguna duda de que la  fuerza del reclamo irá creciendo cada día que pasa; ya uno de los partidos involucrados ha dado marcha atrás y los otros que aún  quieren mantenerlo, tarde o temprano tendrán que aceptar la derogación; mientras más se tarden en hacerlo, su desgaste político irá en aumento.

Para el Movimiento por la Democracia Participativa lo importante es intensificar la lucha por derogar ese decreto cuanto antes. Ningún partido debe poner pretextos para su derogatoria. La idea es entonces y lo reitero, buscarle solución, no a esta crisis que es parcial, sino a los problemas más complejos y que están a la base de la actual crisis.

CM. En tal sentido es viable preguntar ¿Cuál debe ser el papel a jugar del movimiento popular en el actual contexto?.
FN: Hasta ahora han aparecido ciertos sectores populares en el escenario expresándose, pero el pueblo como tal, apenas comienza a movilizarse, a discutir la problemática. Me parece que en breve pasaremos a una nueva fase en la cual serán los sectores laborales, las comunidades, los sectores organizados del país los que protagonizarán este nuevo momento que está por llegar.

Tenemos información de que organizaciones que tienen presencia en el interior del país están planificando actividades en los próximos días demandando que el decreto 743 sea derogado, lo que implica que en esta nueva fase las organizaciones populares tendrán mayor protagonismo. Si esta crisis no se resuelve pronto, habrá un esfuerzo por extender esta lucha a nivel nacional, pero también a tomar otras acciones como paros cívicos y otras que seguramente aparecerán.

CM. ¿Qué opina sobre el abanico de ideologías políticas que existe en el movimiento contra el decreto 743?.
FN: Es importante lo acontecido con esta coyuntura de defensa de la democracia en el país, y es que en la misma han coincidido diversos sectores como nunca antes, desde de los acuerdos de paz. Es un hecho inédito, pero hay que reconocer que dichos sectores que estamos participando de esta batalla, tenemos intereses y enfoques diferentes. Es cierto que estas coincidencias no suceden todos los días pero hay que recordar que en gestas democráticas importantes como la que provocó la caída del General Máximiliano Hernández Martínez en 1944, también se produjo la participación de diversos sectores de la población, desde los trabajadores, universitarios, estudiantes de secundaria, sindicalistas, campesinos  sectores de la fuerza armada y empresariales de ese entonces. En la actualidad hay características muy parecidas de aquella gesta de 1944.

La probidad del juzgador

Por: Alirio Montoya

Indudablemente ser aplicador de justicia es una labor muy delicada en cualquier país del mundo. El Juez o Magistrado debe estar revestido de una ética y una moral intachable para que sus resoluciones se apeguen a derecho, en tanto y por cuanto entre la moral, la ética y el derecho existe una relación indisoluble. Además, es de tener presente que es a un ser humano a quien enviará a la cárcel en caso de encontrarlo culpable, o puede que deje en libertad a alguien que efecto sí cometió el ilícito por el que se le procesa. De ahí lo delicado de tan importante cargo. Es obvio que cualquier juzgador se enfrenta todos los días ante una situación muy difícil, al momento de hacer en su constructo el cotejo axiológico entre la eficacia de la persecución punitiva y la yuxtaposición ante esa imperiosa necesidad jurídica, porque se enfrenta también ante la garantía de los derechos fundamentales de las personas procesadas. En otras palabras, el juzgador busca la efectividad del ius puniendi (Derecho de castigar) del Estado; pero no debe pasar en modo alguno sobre los derechos fundamentales del procesado para lograr tal cometido.

A un Juez o Magistrado no debe temblarle bajo ninguna circunstancia el pulso para emitir una resolución. Debe pensar antes que nada en la esencia del derecho, que no es otra cosa que la justicia. Los aplicadores de justicia no deben ser atemorizados ni sugestionados por los medios de comunicación o por cualquier otro poder fáctico, ni debe pensar en preservar su trabajo ante una resolución en la cual está en juego la libertad de un ser humano.

Es decir, que hacer un balance axiológico entre la libertad de un persona o la preservación de su cargo no es válida desde el punto de vista de la moral, la ética y el derecho. Se han visto ciertos casos en los cuales han habido juzgadores que han enviado a la cárcel a muchas personas inocentes porque han sido presionados o porque sobre la lógica, la sana crítica y el derecho ha sopesado más el qué dirán los medios de comunicación si sobresee definitivamente a una persona que, no encontrando ni los mínimos indicios acerca de su culpabilidad, han sido enviados a pagar largas penas. Por ello es importante que el juzgador esté preparado éticamente hablando para desempeñar un cargo de semejante responsabilidad. La participación delictiva de una persona debe quedar bien acreditada en base a pruebas irrefutables; en otras palabras, en pruebas que son admitidas por nuestra Constitución y demás Leyes.

Se me vienen a la mente dos novelas que tienen que ver con lo antes detallado. No, no es una de esas novelas de John Grisham, nada que ver. Me refiero al "Extranjero" de Albert Camus y a "El Proceso" de Franz Kafka. En la primera novela –muy existencialista-, el autor principal recibe una nota vía correo donde se le comunica que su madre ha muerto. Dice: "Tu madre ha muerto, entierro mañana". Si recibí la carta ahora –dice en sus adentros- puede que el entierro sea ahora, de tal manera que no llegaré a tiempo –concluye-. Pero de inmediato le solicita permiso a su jefe, y éste de mala gana le concede el permiso, a lo que el protagonista, el señor Meursault le increpa tal actitud al decirle: "que nos es culpa mía que mi madre haya muerto". No obstante que en el transcurso de la novela el protagonista comete un asesinato –en el fondo más en legítima defensa que otra cosa-, la parte fiscal sostiene un absurdo argumento en su contra, consistente en que el señor Meursault es culpable porque ni tan siquiera derramó una tan sola lágrima en la velación de su madre, por tanto es una persona sin sentimientos concluyó la parte acusadora. De esos argumentos muy parecidos alegan nuestros brillantes fiscales.

En la segunda novela, Josef K. es acusado de un crimen que no ha cometido. Se enfrenta a tortuosos interrogatorios, en un sistema judicial excesivamente burocratizado. El señor Josef K. vive un tremendo suplicio aun sin merecerlo. Josef K. sufre también de una inusitada angustia existencial producto de la lentitud de su defensa pero a causa del mismo sistema judicial imperante en su época. Casos como los planteados en ambas novelas se ven reflejados a diario en el sistema de judicial salvadoreño; pero lo que viene a dar signos de esperanza es que contamos con cuatro Magistrados de la Honorable Sala de lo Constitucional que han venido a demostrar que la probidad, imparcialidad e independencia judicial del juzgador es posible en este país.

Que la Asamblea Legislativa no le esté dando cumplimiento al pie de la letra a esas resoluciones, pues esa es otra cosa, la factura a lo mejor y se la cobre el pueblo en las próximas elecciones. Y con mucha más razón ahora que la ultraderecha se unió para hacer una reforma encaminada a que las resoluciones sean tomadas por unanimidad, es decir, por los cinco Magistrados; hasta un párvulo intuye que uno de ellos siempre votará en contra de los cuatro. Néstor Castaneda será el Magistrado de Oro; esa es la perversa estrategia de tal reforma. El Presidente ha sancionado ese Decreto y ha mandado a publicarlo en el Diario Oficial de manera expedita, el FMLN -la derecha moderada del Congreso- da unas declaraciones a través del Presidente de la Asamblea Legislativa, catalogando lo del Presidente Funes como una "aberración"; sin embargo Lorena Peña y Lourdes Palacios -tambiérn del FMLN- firman el Decreto alegando cuestiones de "tecnicismo". De eso todavía me estoy sonriendo con mis camaradas. ¿A quién pretenden engañar? Pero ese no es el punto central de este tema, enseguida hablaremos sobre esa problemática tan delicada para la gobernabilidad e institucionalidad del país.

En nuestro sistema de justicia encontramos muchas fallas a la hora de aplicar la ley, en muchos casos es porque se presentan requerimientos que no logran probar ni el menor indicio de la participación del encartado. En otras ocasiones se han corrompido jueces y eso viene a acrecentar más la incertidumbre y la desconfianza de la gente en la aplicación de justicia. Naturalmente, nos encontramos con jueces y magistrados que desempeñan muy bien su labor, y los encontramos casi en todo el país, por supuesto que son una minoría. No obstante, esta realidad debe ir cambiando conforme las instituciones sean manejadas por personas que en primer lugar tengan la capacidad de desempeñar el cargo, pero sobre todo que gocen de probidad.

Se han dado casos que le han dado mérito a pruebas obtenidas por medios ilícitos, en donde el juzgador alega que es para seguir el encadenamiento circunstancial de los hechos y llegar a la Apariencia del Buen Derecho (Fomus boni juris), y con ello es suficiente para restringirle la libertad ambulatoria a un presunto implicado. Para el caso, en la llamada "cadena de custodia" se han dado irregularidades que el Juez las ha dejado pasar por inadvertidas, en otros casos se le ha dado cierto valor a intervenciones telefónicas o de correos electrónicos en procesos donde la Constitución de la República todavía prohibía esas intervenciones. Esas actuaciones son ilegales. Es como si Juan X haya asesinado a cierta persona y salga huyendo para Afganistán. Estando en ese país, es interrogado mediante la tortura, la cual es válida en dicho país. Esa confesión no es válida en nuestro país porque la Constitución prohíbe la tortura; pero como fue cometida en Afganistán –dirá cualquier leguleyo-, se le puede valorar e incorporarla al proceso para el solo hecho de la "Apariencia del Buen Derecho" y que el juicio siga su curso. Eso sería una tremenda ilegalidad y conllevaría a la nulidad del proceso. Esperamos que casos similares como el ejemplificado anteriormente no ocurran nunca en nuestro país.

Pronunciamiento UCA-Decreto 743

POSICIÓN DEL FMLN SOBRE LA APROBACIÓN POR EL BLOQUE DE DERECHA DEL DECRETO 743, QUE CAMBIA LA FORMA DE VOTACIÓN EN LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CSJ

Programa De Frente a las 7:30” Radio Maya Visión 106.9 FM y 1600 AM. PROGRAMA DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL FMLN Lunes 6 de junio de 2011 Tema: Análisis de Coyuntura Invitada: Diputada Norma Guevara, Jefa del Grupo Parlamentario del FMLN

Norma Guevara

Compañera Norma, la derecha cerró filas para la aprobación de este decreto  ¿Por qué el FMLN no dio sus votos para aprobar esta iniciativa?

La derecha se unió en la Asamblea Legislativa para votar este decreto, no era la primera vez que había este intento. El hecho es jurídico, se cambia la forma de votar, de cuatro a cinco votos, de mayoría a unanimidad, ese es un hecho jurídico. Pero la votación tiene un fondo político y lo están empezando a decir los que votaron por eso, nosotros no votamos para aprobarlo. Podemos especular que hay una coincidencia de enfoques: un tipo es el de una respuesta a sentencias que han sido emitidas por la sala y otro tipo es el de prevención a sentencias que pueden venir de la sala. 

Nosotros no votamos, como dice el comunicado de nuestra Comisión Política, por respeto elemental a la racionalidad que el derecho debe de tener, nos parecía suficiente cuatro votos. Es difícil interpretar esto como defensa, no es defensa personal, es defensa a la institucionalidad. 

Ahora ¿qué hacen las personas en una institución en un momento determinado? Nuestro comunicado lo deja perfectamente claro,  y es motivo de preocupación algunas actuaciones que la Sala ha tenido, que las consideramos como invasivas de atribuciones exclusivas de la Asamblea Legislativa,  o que habiendo texto expreso en la Constitución, son resueltas con criterio diferente, pero como son el máximo juez, una vez establecida aunque uno tenga esta certeza de ser diferente estamos para cumplirla.

Por eso es que para mí el voto es político, esa decisión es política, igual que la del Presidente al sancionarla. Él tiene una atribución constitucional, no es primera vez que un decreto que vota la derecha unida, es sancionado. Casi siempre los decretos de naturaleza transitoria, como este que tiene una duración hasta julio del próximo año, son prontamente sancionados.

Quiero aclarar, porque hay una campaña perversa, a pesar de que nuestra oposición es clara, pero las compañeras y compañeros miembros de Junta Directiva, tienen la obligación de Ley de firmar los Decretos, especialmente quienes son Secretarios o Secretarias. Hay en páginas, correos y carteles, una malvada campaña en contra de las Diputadas Lorena Peña y Lourdes Palacios, ellas cumplieron su deber de firmar. También se denota una separación falsa de Roberto (Lorenzana), que no estaba en el país, estoy segura de que si hubiera estado firma aunque no vote, como hemos votado por muchos Decretos, pero ellos como directivos están en el deber de firmar, porque es una función administrativa, que responde a la voluntad mayoritaria del pleno hayan o no votado ellos a favor de un decreto.

Entonces, encima de desdibujar la responsabilidad de la derecha, quieren extender el argumento de decir: dos Diputadas traidoras. Esto lo digo especialmente para los simpatizantes y militantes del FMLN, que no se dejen manipular, porque quienes hacen ese tipo de comunicación y divulgación, esa persona está serena, cuerda y tiene un cálculo,  de que no se mire la diferencia entre ARENA y el FMLN. Hasta una Diputada arenera dice: “si hasta el FMLN firmó el decreto”,  como si esta Diputada de ARENA no supiera que lo que vale es quienes votan, no quienes firman el decreto, porque todos los que son directivos están obligados; pero se da la circunstancia que cuando ya un decreto tiene seis firmas, el grupo interesado ya no sigue buscando más, porque son suficientes y lo despacha; esto es lo que pasó. 

Quiero dejar absolutamente claro, para los radioescuchas, que ni Lorena, ni Lourdes votaron, no son traidoras y que la diferencia de que no haya firmado Sigfrido y Roberto es porque uno no estaba, y porque cuando la derecha consiguió la sexta firma sencillamente no busco las demás. Esto es para clarificar, porque en medio de esto nos quedamos a ver el fondo, pero vamos dejando estos pelos que la derecha que encima de haber aprobado ese decreto, busca sacrificar a quienes no tenemos responsabilidad política, sin embargo aunque no tenemos responsabilidad no acostumbramos hacernos del ojo pacho. No es primera vez que el Presidente sanciona un decreto que no hemos votado, porque ahora sí se critica que lo sancionó, ¿por qué no se criticó cuando sancionó el de la telefonía y nosotros no votamos? a lo sumo se burlan.

La realidad institucional y especialmente la conducta de partidos como el FMLN, que tiene sus posturas, que tiene valentía política. No escondemos las posturas y decimos las cosas con claridad, cuando a los Magistrados los tenías arrinconados los sindicalistas, la postura nuestra fue clara en defensa del Gobierno, para proteger el funcionamiento de la justicia, y en contra de pretensiones laborales excesivas, y no lo escondimos. Otros posiblemente pensaban como nosotros, pero no se pronunciaron. 

Hay que tener valentía política y coraje para decirle a la gente las razones de nuestras posiciones, como lo hicimos desde el sábado; no votamos, pero reconocemos que ese hecho político de generar un cambio en la forma de votar, responde a una conducta política de la Sala, que los demás la consideran también inconveniente.

A juicio del partido, ¿que está detrás de esta decisión de la derecha que atenta contra el principio de la democracia del país?

La Sala ha emitido sentencias de todo tipo y muchas de ellas las celebramos. La Sala por ejemplo, reconoce que hubo difamación y omisión de las instancias del Estado en la dignidad de Schafik, cuando era candidato, se hizo justicia tardía pero se hizo justicia. La sala declara que las difamaciones hechas por  periodistas también son delitos. Nosotros con eso estamos plenamente de acuerdo, porque además hemos sido víctimas de esa difamación y seguimos siendo víctimas de esa difamación como la que estoy señalando ahora, contra Lourdes y Lorena.

La Sala ha emitido decretos como la elección de Moreno Niños, que es correcto, es más en la anterior le correspondía al CD y no hubo respuesta de ese órgano de justicia. La Sala declaró inconstitucional el nombramiento de una comisión especial porque interfería en la investigación a los agentes de la PNC y oficiales. La Sala resolvió tardíamente, de que en su momento hubo omisión para desinscribir a los partidos PCN y PDC. Ese es un acto de justicia tardía, y que no hicieron uso de un decreto que les daba la posibilidad de reconstituirse con pocas firmas. 

Pero en otro conjunto de temas, la Sala, y así lo dice David Escobar Galindo en un editorial, dictaminó que debía haber en el país una reforma electoral de fondo y que al no haberla por acción de los propios partidos, con sus representaciones legislativas en la Asamblea, esta reforma se está haciendo ahora desde afuera.

Esas reformas, especialmente las que tienen base constitucional, lo correcto sería reformar la Constitución. Yo no sé pero he oído decir que venían sentencias y por qué digo que la conducta de quienes votaron es de respuesta política y de anticipación.

Pienso que en algunos casos, para otras personas, se está sobrepasando y esta era una manera de impedirlo, de esto tienen convicción quienes votaron sin duda. Ellos son mayoría suficiente, porque cada vez que son 43 votos, nos guste o nos guste es Ley, igual cuando a nosotros no nos gustó cuando nos subieron el IVA de 10 a 13%, ningún Diputado del FMLN votó, pero una vez había 43 votos es Ley. Nadie puede decir, “yo no voté por lo tanto yo no pago el 13%”. Una vez que 43 votos se juntan para cambiar una Ley, es Ley nos guste o no nos guste.

Esto lo que implica para nuestra militancia y para nosotros, es que nos convenzamos del por qué hay que trabajar, esto lo que nos implica es que la Asamblea Legislativa necesita más Diputados del FMLN. No podemos, con 35 votos, detener actos que consideremos indebidos; eso es lo que está de fondo y a veces se ha dicho que hay que darle contrapesos y una asamblea suficientemente pluralista, y con ese pluralismo la mayoría cae en votos de la derecha. Esto es lo que permite coyunturas como esta, eso es lo que esta de fondo.

Pienso que algunos Diputados, y lo dijeron con claridad el PDC, lo dijo ARENA en declaraciones posteriores a la votación, que no quieren que se decrete inconstitucional la Ley de Amnistía, y quiero decir con honradez que ni en nuestro Programa de Gobierno, ni Legislativo ni Ejecutivo, tenemos contemplado eso, porque sabíamos que un compromiso de esos requiere una correlación bastante mayor que por hoy no la tenemos, algún día no sé si cambie la situación, pero en este momento no tenemos fuerza. Nueve años después de promulgada esa Ley, Schafik y compañeros de la fracción de ese momento, pidieron la derogatoria a la Asamblea y esta la mandó de inmediato al archivo. Estoy hablando de nueve años después de promulgada esa Ley. También hemos reiterado a quienes nos han pedido que eso sea un punto de plataforma, que el caso de las hermanas Serrano demuestra que la Ley no impide acceder a la justicia, es un problema de la conducta de la Fiscalía, de los jueces, son enfoques diferentes que se dan. Me imagino que eso movió a algunos a votar. Nosotros respetamos la institucionalidad, no queremos ser vistos y actuar con asomo de querer anular la diferenciación de poderes. 

Como interpreta el FMLN esa reacción inmediata del Presidente Funes, de sancionar el Decreto Legislativo y mandarlo a publicar en el Diario Oficial sin haberlo analizado detenidamente. Esta vez lo que se está sobredimensionando es que lo ha hecho con más rapidez que en otros casos.

Debe quedar claro que el Presidente de la República tiene la potestad constitucional para decidir qué decreto sanciona, qué decreto observa o qué decreto veta, y para cada uno de sus pronunciamientos, lo que rige es su razonamiento jurídico. No me cabe duda que si lo sancionó en el momento es porque está de acuerdo, y ese es un problema que no es para especular. Hay momentos en que él mismo manda los decretos y pide que se aprueben; se aprueban, se firman como esta vez, pasan a recoger las firmas para estar listos, y se despachan. 

Cuando no son iniciativas del Presidente, generalmente lleva más tiempo, días para sancionarse, pero en este caso imagino que los partidos de derecha que iban a lanzarse a esto, deben haber consultado, nosotros no porque no somos parte de este decreto, de manera que no tenemos la respuesta. Pero reconocemos y no admitimos que sea ese el punto, porque quienes dirigen al Presidente de la República el por qué sancionó, lo que quieren es tapar la responsabilidad de la unidad de la derecha. 

Cuando de repente el FMLN aprueba un decreto con GANA o el PCN o con ARENA, todos los demás critican. Hoy la derecha de forma unida quieren tapar ese hecho orientando la atención al Presidente. Es más, escandalosamente he oído en otras radios, que el culpable es la dirección del FMLN por haber propuesto a Mauricio Funes como candidato, o porque dos Diputadas firmaron el Decreto, o porque el FMLN no se pone a la cabeza de las marchas de protesta de centenares de personas que están en descontento.

El FMLN lo dijo antes de la elección Presidencial que respeta la Constitución y va a respetar las atribuciones del Presidente que nosotros proponemos y esto supone ese respeto; llegar hasta estas declaraciones, es querer ocultar lo sucedido; y el pleito de la derecha por haber hecho eso, llevarlo al seno del FMLN, que se empiece a pelear con el Presidente,  ganar doble,  hicieron lo que quisieron y encima quieren que nos pongamos a pelear. Hay que ser en esto un poquito más alcanzativo, más vivo para mirar qué quiere la derecha en medio de la conmoción que les genera, quieren dirigir el pleito hacia nosotros ¿por qué? Que le pidan cuenta los votantes de ARENA a ARENA por haber votado, lo mismo el PCN, el PDC, por qué tenemos que ser nosotros los que respondemos por la mala acción de otros.

¿Qué sucederá con la puesta en marcha de este Decreto, qué le podemos decir a la militancia y a la población? Merino del PCN está diciendo en un canal de TV, que el FMLN ya sabía de este Decreto.

Tanto lo sabíamos que lo denunciamos. Yo escribí dos artículos, uno fue el 18 de abril con el título: “Un Estado, tres órganos de Gobierno”. Roberto Lorenzana en mayo dio declaraciones de TV, y en mis artículos dejo claro que de darse una situación así, sería solo por voluntad de la derecha, pero nunca con los votos del FMLN. Nosotros lo advertimos, pero hay un ataque en tratar de ponernos como si todos somos iguales a este tipo de advertencias; algunos analistas, periodistas, ong´s no ponen atención, ahí adelantábamos la importancia de entenderse y cooperar entre los órganos. Roberto Lorenzana, también lo anunció, claro que sabíamos que esto estaba como una posibilidad, lo han querido hacer antes, y también han querido paralizar la Asamblea. 

Mientras, la derecha no está contenta y sobre seguro, porque se habla de los decretos que tienen que ver con lo electoral, las inconstitucionalidades como el caso de La Prensa Gráfica, que fue obligada a pagar a una señora por haber ganado un concurso; lo de los medios de comunicación, que no pueden tener impunidad cuando difaman. Eso no le gusta a la derecha. Nosotros decimos que la justicia constitucional le corresponde a esa Sala, nos guste o no nos guste, sus fallos se deben cumplir, ese ha sido nuestro enfoque y así hemos actuado. Quieren ocultar una actuación correcta, apegada a la Constitución, con ese tipo de argumentos. 

Quieren que cuestionemos al Presidente, o quieren que con esto nos desliguemos del Gobierno. Nosotros estamos satisfechos y nuestros militantes están divulgando lo que los medios no dicen de las buenas obras de nuestro Gobierno, a favor de las mayorías pobres, eso no nos lo van a quitar,  si bien expresemos una diferencia momentánea, el Presidente tiene sus razones y ante todo tiene facultad constitucional.

Derecha salvadoreña con apoyo de presidente Funes realiza peligrosa maniobra

Roberto Pineda

El panorama político salvadoreño ha sido estremecido por la aprobación el pasado jueves 2 de junio por los partidos de derecha (ARENA, GANA, PCN y PDC) en la Asamblea legislativa, de un decreto que posteriormente fue sancionado el mismo día por el presidente Funes, que establece el consenso, como la forma de tomar decisiones en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La elección de una nueva Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es uno de los principales logros alcanzados a partir del proceso abierto con la derrota de la derecha el 15 de marzo de 2009 y la llegada al gobierno de Funes y del FMLN. Y las sentencias de esta sala siempre han sido por mayoría de votos. Y las ultimas sentencias han golpeado fuertemente el sistema de impunidad construido por la derecha, incluso han decretado la cancelación de dos de los partidos (PCN y PDC) que hoy aparecen disfrutando "la miel de la venganza." El establecer el consenso obedece a que uno de sus cinco miembros es una persona identificada históricamente con la derecha y por supuesto se encargará de garantizar que el consenso no sea alcanzado y bloqueara así las decisiones sobre temas neurálgicos aun pendientes como la dolarización, el TLC, etc. Lo que se pretende es evitar que se siga emitiendo sentencias. Que fue lo que obligó al presidente Funes a sancionar este cuestionado decreto es todavía un misterio. Lo que si esta claro es que por esta acción el presidente Funes va a sufrir un fuerte desgaste político, en la medida que la ciudadanía indignada le pase la factura. Y todo parece indicar que esta vez habrá factura. El presidente ha perdido legitimidad y le será difícil recuperarla. Esta decisión política más no jurídica del presidente Funes, es la señal más significativa de su acercamiento a sectores de derecha. Constituye a la vez una peligrosa maniobra que vulnera la estabilidad institucional del país así como marca un retroceso del proceso iniciado de rescate de la institucionalidad jurídica. Una maniobra de este tipo es natural en partidos como el PCN y el PDC, es incluso su especialidad, y podía también esperarse del principal partido de oposición, de ARENA y hasta de su retoño, el partido GANA. Lo que sorprende a propios y extraños es que el presidente Funes participe y activamente en este vulgar contubernio. Tienen que ser poderosos intereses los que garantizaron su prisa por firmar. Es interesante que incluso sectores de la oligarquía (ANEP, FUSADES) y de la derecha mediática marquen su distancia de este enredo. Estamos quizás presenciando, al inicio del tercer año de gobierno, el surgimiento de una nueva correlación de fuerzas, en la que el presidente Funes decide gobernar desde la derecha y con la derecha. Ya la destitución de la ministra y vice-ministro de Trabajo y la casi destitución del ministro de Obras Publicas presagiaba este desenlace. Y suerte que el presidente Funes habló de dialogo el pasado 1 de junio. Este nuevo alineamiento político representa una amenaza para la voluntad de cambio de los sectores populares, que depositaron sus esperanzas en este gobierno. Para el partido de gobierno, FMLN, que fue el partido que llevó al periodista Mauricio Funes a la presidencia, es una situación complicada. Por una parte, su presencia con ministros esta plenamente justificada y son espacios ganados legítimamente, pero por la otra, su presencia en un gobierno que cada vez más se oriente hacia la derecha le traerá costos políticos, para las futuras elecciones de marzo de 2012. Es por esto que su posición ante esta situación que todavía no conocemos, seguramente será mesurada. No obstante esto, dos de sus más destacados dirigentes, el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, han expresado categóricamente su rechazo a esta maniobra de la derecha. Asimismo lo ha hecho el vocero oficial, Roberto Lorenzana. Hay que esperar la posición oficial del FMLN. Vivimos un momento de definiciones. Y vivimos un momento de lucha. Es previsible una respuesta popular que adoptara los cauces de la institucionalidad ganada. Es urgente la convocatoria a una asamblea ciudadana que asuma la tarea de evitar que sea bloqueado el esfuerzo que desde la Sala de lo Constitucional de la CSJ se ha venido realizando para rescatar la institucionalidad democrática. Hay que salir a las calles. El movimiento popular y social debe cobrar esta factura. Hay que evitar que la derecha con el apoyo del presidente Funes logren detener la lucha popular por los cambios y el trabajo esmerado de los 4 magistrados de la CSJ que en pocos meses se han proyectado como los verdaderos continuadores de ese Monseñor Romero, con cuyo nombre en varias ocasiones el presidente Funes pretende cobijarse. La lucha continua…

Monseñor Romero y Funes

La derecha se quiere adueñar del baile

Luis Alvarenga

Rebelión

Usté que era el más quedao

se quiere adueñar del baile

Víctor Jara

¡Qué bien que todavía existe indignación en la sociedad salvadoreña! La reacción en contra del decreto legislativo que obliga a que las resoluciones de los magistrados de lo Constitucional sean unánimes y la sanción expresa de dicho decreto por parte del Ejecutivo movilizó a diversos sectores sociales a protestar el viernes pasado frente a Casa Presidencial. Qué bien. Pero no todo está bien.
 
Porque la derecha, que en pleno aprobó lo que el diputado Sigfrido Reyes calificó de “golpe de estado técnico” y lo que Armando Salazar denunció como “secuestro” de la democracia, esa misma derecha, pero usando otras expresiones, quiere también capitalizar la indignación ciudadana para sus fines electorales. 

La estrategia es el contrabando ideológico. Como toda mercancía contrabandeada (lo de mercancía no es ninguna sutileza: para el capitalismo, las ideas son viles mercancías), se pasa inadvertidamente donde las defensas están bajas y en-menos-de-lo-que-canta-un-gallo, el contrabando está diseminado por todos lados. Así con las ideas.

Una de estas ideas se nutre del cansancio ciudadano por el sistema de partidos. Y utiliza una causa que puede estar movidas por las buenas intenciones: la lucha por las listas abiertas y las candidaturas independientes. No fue sorpresivo que frente a Casa Presidencial se encontraban representantes de un movimiento que desde hace años viene exigiendo que se admitan candidaturas independientes de los partidos políticos en las contiendas electorales, un movimiento cuyos integrantes son de derecha. Y tampoco es sorpresivo que el adefesio perpetrado por los diputados de ARENA, PCN, PDC y GANA, todos de derecha, sea utilizado como bandera en esta lucha por las candidaturas independientes. 

En un país como El Salvador, donde estamos frente a una lucha del poder tradicional frente a un proyecto de izquierdas aún muy incipiente, es muy difícil pensar que en la práctica se den candidaturas “independientes” de cualquier interés político. Esto puede darse en la cabeza de alguien, pero en la vida real, no. La consabida afirmación de que nadie es políticamente neutral porque el lugar que se ocupa en una sociedad define también su ubicación política en gran medida, se vuelve aún más contundente en un país donde existe una confrontación entre el poder que nos ha gobernado durante décadas y una posible alternativa a la cual se le ataca desde la cuna y desde todos los flancos posibles, con todo y que no siempre estemos de acuerdo con todo lo que hace el partido político que plantea esta alternativa desde el gobierno.


Las candidaturas independientes buscan dividir el voto que puede ser de izquierdas, ya que la derecha está pasando un mal momento, por decirlo con cierta cordialidad. Además, no es nada nuevo que, de la nada, salga un outsider del sistema político establecido y se convierta en el portaestardante de la derecha, como ocurrió en el Perú con Alberto Fujimori. Así que cuidado con la ideología de la “independencia”. Veamos mejor de quiénes o de qué dependen los “independientes”. 

La segunda forma de contrabando ideológico es movilizar el descontento por el decreto en mención y utilizarlo en contra del FMLN, que, junto a Cambio Democrático, fue el partido que se negó a acompañar el desmán que hoy nos preocupa. No se puede decir que si Funes sancionó el decreto es señal inequívoca de apoyo al mismo por parte del FMLN. No puede decirlo mucho menos la derecha, que, cuando le ha convenido, ha manejado mediáticamente la imagen de un FMLN separado irreconciliablemente de Funes, o de un FMLN que sabotea al gobierno. Aquí, según lo dictado por la conveniencia, se está manejando la imagen de que el FMLN y Funes han actuado de consuno y que los diputados del partido oficial han apoyado el decreto... ¡aunque no hayan votado por él!
No nos dejemos llevar por aquellas voces que piden la democratización del sistema electoral cuando han sido las mismas que a lo largo de la historia y hasta el día de hoy han pervertido ese sistema, mediante el robo de elecciones en el pasado y por medio del asalto político, como acaba de ocurrir. 

La guerra popular de liberación en Libia causa bajas al agresor imperialista

Empleando como fuente informativa el blog de Leonor descubrimos que:

- El ejército libio afirma haber derribado 6 helicópteros de la OTAN en Al Breda y otros en Zintan.

 Que Gadafi pregunte a Al Duri qué hay que hacer con los helicópteros Apache

- Ajdabiya ha sido liberado de natoterroristas por el ejército.

- En Darna ha explotado una fábrica de armas de los terroristas y una tribu local se ha levantado. Tras liquidar al jefe del autoproclamado "emirato" local integrista fascista llamado Amin Abdala la ciudad está liberada y proclama su apoyo al gobierno legítimo.

- El campo Almajda en Tobruk ha sido eliminado y los terroristas ejecutados.
- El gobierno libio amnistía a 500 antiguos opositores armados quienes han entendido que estaban sirviendo a los criminales imperialistas en su intento de colonizar su país y se han entregado.

- 2 mil personas de la Tribu Warfala se han manifestado en Bengasi con banderas verdes. Los terroristas están intimidados porque es la principal tribu del país y no se atreven a reprimirla por miedo a las consecuencias.

Aunque parezca increíble la heroica acción conjunta política y militar de las tropas y las masas está quitando toda iniciativa al ataque criminal de la OTAN y sus mercenarios integristas y terroristas. Las masas árabes y africanas ya han tomado a Gadafi como un nuevo Nasser, un nuevo Nkrumah, un nuevo héroe de la Libertad contra el colonialismo.

El Partido Comunista de Venezuela exige a Chávez anular pactos de inteligencia con Colombia

Porque viola la soberanía nacional y la información son usados por la inteligencia norteamericana y sionista de Israel, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) demandó al gobierno venezolano, dejar sin efecto la cooperación en materia de inteligencia con el gobierno y policía colombiana

Kaos. Venezuela | Tribuna Popular | 

 

 

Porque viola la soberanía nacional y la información son usados por la inteligencia norteamericana y sionista de Israel, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) demandó al gobierno venezolano, dejar sin efecto la cooperación en materia de inteligencia con el gobierno y policía colombiana.

Así lo expresó Oscar Figuera, Secretario General del PCV en la rueda de prensa de este lunes, a propósito de los antecedentes entregados por el propio gobierno venezolano, sobre la cooperación que mantiene en materia de inteligencia con el gobierno de Colombia que han significado la captura y entrega de cuadros revolucionarios al régimen narcoparamilitar de la oligarquía colombiana.

“El Partido Comunista considera que está cooperación en materia de inteligencia, están vulnerando la soberanía de nuestro país”, indicó el dirigente comunista.

De acuerdo a los antecedentes que maneja el PCV y entregados por las propias autoridades venezolanas, fue Colombia quién informó a Caracas de la presencia del cantautor y miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), “No es posible que la inteligencia colombiana, en este caso el DAS pueda señalarle al gobierno venezolano donde están actuando los revolucionarios y revolucionarias en nuestro territorio, si no tienen agentes colombianos en territorio venezolano”, señaló Figuera.

Para el Partido Comunista de Venezuela, esta actuación de los agentes colombianos vulnera la soberanía nacional.

Pero también el PCV denunció que está cooperación de inteligencia con el gobierno colombiano, directamente está siendo utilizada por los organismos de inteligencia norteamericanos y de Israel, toda vez que es conocido los acuerdos en esta materia que tiene el Gobierno de Colombia con la CIA y Mossad del Estado sionista de Israel.

“Existe información que la data que se entrega en Venezuela a la inteligencia colombiana es del conocimiento, dominio, manejo y utilización por parte de la inteligencia norteamericana y del sionismo internacional”.

Por estas dos razones –la violación a la soberanía nacional y el uso de la información por parte de enemigos declarado de nuestro país, como son el norteamericano y el sionismo israelí- el Partido Comunista demandó dejar sin efecto los convenios de cooperación en materia de inteligencia con el gobierno colombiano.

GOBIERNO VENEZOLANO VULNERA EL DERECHO A LA DEFENSA

El Partido Comunista de Venezuela, también se refirió a lo que público y notorio, el abandono del gobierno nacional de los derechos que tiene todo ciudadano nacional o extranjero, el derecho mínimo a la defensa.

“Así como se le garantiza el derecho a la defensa de los ciudadanos venezolanos en cualquier país de mundo, en Venezuela que trabajamos y luchamos por constituir una nueva sociedad y un Estado Revolucionario, debe garantizarse a las y los revolucionarios, al menos, el derecho a la defensa”, demandó el PCV.

Situación que no ha sucedido en el caso de las entregas y deportaciones que el gobierno nacional a realizado por la vía administrativa, vulnerando así las leyes nacional, la Constitución Bolivariana de Venezuela y los acuerdos internacionales.

Pero además frente a las expresiones que se han venido señalando en torno al caso del Cantautor de las Farc, Julián Conrado, el Partido Comunista pidió al Ejecutivo Nacional que no se equipare y se ponga en una misma balanza, a los paramilitares que son parte del gobierno colombiano y al narcotráfico, con las y los luchadores colombianos.

“No se corresponde con una valoración ideológica y política transformadora, el que nosotros echemos en un solo saco a quienes actúan en actos de delincuencia común, a quienes sirven al Estado terrorista y narcoparamilitar colombiano, como son los paramilitares, con quienes resisten la dominación del imperialismo y del estado colombiano”, enfatizó Figuera.

Niños cubanos reclaman libertad de los Cinco