Caso jesuitas: la verdad que se avecina

El coronel Inocente Montano. Foto FACTUM/Archivo

La inminente deportación del coronel Inocente Montano a España abre la puerta para que quede fijada la verdad sobre los asesinos de los jesuitas de la UCA, y sobre los mecanismos que las diferentes administraciones -desde Cristiani a Funes sin excepción- usaron para tratar de encubrir la masacre.

 FACTUM/Gerson Nájera

La Corte Suprema de los Estados Unidos despejó el martes 15 de noviembre de 2017 el camino para que el coronel salvadoreño Inocente Orlando Montano Morales, uno de 20 militares acusados ante un juez español de “asesinatos terroristas” de cinco sacerdotes jesuitas españoles en el campus de la Universidad Centoramericana de El Salvador el 16 de noviembre de 1989, sea extraditado a Madrid. Aquel día también fueron asesinados un cura salvadoreño y dos de sus colaboradoras.

Cuando Montano llegue a España y comparezca en sede judicial como acusado, el juicio por la masacre de la UCA quedará abierto a etapa de sumario, lo que en pocas palabras significa que toda la prueba recabada durante la instrucción del caso -que dura ya casi una década- será del dominio público. No es poco.

No es poco porque ante el juzgado sexto de la Audiencia Nacional española, que abrió el caso en 2008 a petición de los familiares de los sacerdotes y de dos organizaciones de abogados querellantes, han hablado varias personas que, aquella madrugada de 1989, fueron protagonistas directos o testigos presenciales de lo ocurrido.

Ante el juez Eloy Velasco, el magistrado que abrió el proceso, testificaron, por ejemplo, Lucía Barrera de Cerna, una de las pocas personas que presenció los hechos y sobrevivió para contar su versión, así como al menos tres de los militares que tuvieron participación directa en la ejecución del plan concebido por el estado mayor del ejército salvadoreño.

El testimonio de uno de esos militares, miembro de la unidad que asesinó a los sacerdotes, abunda en detalles sobre las responsabilidades del alto mando en la ejecución de la orden de “matar a Ellacuría y no dejar testigos” que había salido de una reunión realizada la tarde anterior, el 15 de noviembre de 1989.

En la reunión del 15 estuvieron presentes “el ministro de Defensa, general (Rafael Humberto) Larios; el jefe del Estado Mayor, coronel (René Emilio) Ponce; los dos viceministros, el de Defensa y el de Seguridad, (coroneles Juan Orlando) Zepeda y coronel (Inocente Orlando) Montano… (Quienes) habían decidido que se iba a eliminar a todos los cabecillas guerrilleros conocidos… (Y que) le habían dicho que tenía que proceder a eliminar al padre (Ignacio) Ellacuría, con la unidad del Batallón Atlacatl”, según recogen las palabras del militar que testificó en España dos de los fiscales estadounidenses que litigaron ante una corte de Carolina del Norte por la extradición de Montano.

El coronel Alfredo Benavides, director de la Escuela Militar, también estuvo en esa reunión. Fue él quien comunicó a uno de sus subalternos directos, el teniente Yussy René Mendoza Vallecillos, la orden de asesinar el rector de la UCA. En 1990, la justicia salvadoreña abrió un juicio que condenó a Benavides, a Vallecillos y a otros militares que habían participado directamente en los asesinatos. Pero todos fueron amnistiados.

El testigo, al que los fiscales John Capin y Eric D. Goulian nombraron W-2 en un escrito que presentaron a la jueza Kimberly Swank días antes de la audiencia de extradición celebrada en Estados Unidos el 16 de agosto de 2015, también reveló que en 1990 su esposa recibió presiones del coronel Montano para que no hablara con nadie de la mascare de la UCA. “No volvás a repetir eso, acordate que es tiempo de guerra y que en tiempo de guerra a cualquiera le puede pasar algo, incluso a vos”, dijo el coronel a la mujer.

W-2 también ha reiterado ante la corte española que la masacre de la UCA no fue un hecho fortuito planificado por un puñado de militares que entendían a Ellacuría como un líder guerrillero y creyeron que matarlo era una buena estrategia política. Dice el testigo: “En El Salvador lo plantean como que fue algo secreto entre dos o tres oficiales que planearon y ejecutaron esto; fue completamente opuesto a eso… Fue una operación completa… el objetivo de la operación era completamente ilegal y era totalmente macabro”.

Fue una operación completa, dice W-2. Del Estado salvadoreño, se entiende, a través de su Fuerza Armada. Miles de documentos oficiales desclasificados por los gobiernos de Estados Unidos y España, así como otros testimonios anexos al proceso en Madrid, sostienen la tesis de W-2.

En el juzgado madrileño consta el testimonio de Lucía Barrera de Cerna, la ex empleada de la UCA que desde una ventana aledaña al lugar de la masacre vio y escuchó a los soldados que la perpetraron, pero quien además ha dejado sentados varios intentos del Estado salvadoreño por evitar que ella contara lo que había visto la madrugada del 16 de noviembre de 1989.

Y hay testimonios de peritos especialistas y de ex funcionarios estadounidenses y españoles que confirman que los asesinatos de los jesuitas y sus dos empleadas fueron crímenes perpetrados, tolerados y encubiertos por la administración del expresidente Alfredo Cristiani.

Una de esos peritos es la académica estadounidense Terry Karl, quien durante casi tres décadas ha estudiado al detalle los hechos políticos y militares que rodearon la masacre. Karl explica, por ejemplo, cómo el ejército salvadoreño desplegó al menos 72 horas antes de la madrugada del 16 de noviembre un enorme operativo que incluyó a media docena de unidades que aseguraron el perímetro de la universidad para que dos tenientes, un subteniente, un sargento, un subsargento y dos soldados rasos cumplieran la orden de “matar a Ellacuría y no dejar testigos”.

Otros especialistas ponen en contexto los documentos desclasificados, algunos de los cuales revelan que desde muy temprano el gobierno de los Estados Unidos, principal financista del ejército de El Salvador durante la guerra civil que concluyó en 1992, entendió que su contraparte salvadoreña estaba involucrada en la masacre. Consta, por ejemplo, que el 21 de noviembre de 1989 James Baker, secretario de Estado de la administración de George Bush padre, pidió a la Agencia Central de Inteligencia que respondiera a una pregunta bastante simple: “…que le ESAF (Fuerza Armada de El Salvador, en inglés) explique cómo un grupo de asesinos puede disparar de forma nutrida durante media hora en un área patrullada por militares sin obtener respuesta”.

W-2 también revela en su testimonio detalles de cómo la Fuerza Armada y la administración Cristiani montaron, pocas semanas después de la masacre y durante meses, una operación de encubrimiento que incluyó a abogados particulares, a la Corte Suprema de Justicia y a otras instituciones del Estado.

A W-2 el Ejército salvadoreño lo detuvo el 8 de enero de 1990 como parte de una investigación judicial tramitada ante el juez 4º de paz de San Salvador Ricardo Zamora. Aquel juicio, diría en mayo de 2011 la Audiencia Nacional española, no fue más que un montaje del Estado salvadoreño para dar al mundo “apariencia” de justicia. Cuando estuvo preso, W-2 recibió instrucciones precisas de su defensa, encabezada por el abogado Carlos Méndez Flores, de seguir todas las instrucciones que le diera la Fuera Armada para dejar fuera de todo al alto mando.

“Cuando yo empecé a dar mi declaración al que estaba escribiendo, él (Rodolfo Párker Soto, abogado y actualmente diputado por el PDC) no estaba ahí presente. Yo ya llevaba como media página escrita…, estaba detallando desde la reunión con Benavides en el que nos dice de las órdenes del Estado Mayor (de matar a Ellacuría), cuando él (Párker Soto) llegó y nos dice: ‘¿Qué has escrito? No, no, esto no puede ser así’. Quitó la hoja y la rompió y dijo: ‘Empezá de nuevo y empezá nada más… no tenés que mencionar a nadie más, o que hubieran (sic) órdenes del estado mayor, de que hubieran órdenes de nadie más que no sea Benavides’”, ha relatado W-2 al tribunal madrileño.

El primer gran encubrimiento de la posguerra salvadoreña

Para la llegada de Montano a Madrid ya solo falta, según una fuente del Ejecutivo estadounidense y una fuente diplomática española consultadas en Washington, que el Departamento de Estado confime el aval final, algo que parece inminente. Con el coronel llegarán al tribunal de Madrid, además de la posibilidad de que en sede judicial quede fijada la verdad sobre los asesinos de los jesuitas de la UCA, la certeza de cómo empezó a funcionar el aparato de impunidad enquistado en la justicia salvadoreña aun después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992.

En su reporte de 2016 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, el Departamento de Estado repitió algo que dice sobre El Salvador desde hace al menos una década: que las principales violaciones a los derechos fundamentales de los salvadoreños nacen de la impunidad que campea en la mayoría de instituciones del Estado.

Para encubrir a los autores intelectuales de la masacre de la UCA, y para obstruir la justicia en este caso, el Estado salvadoreño se aseguró de que las nuevas instituciones creadas o reformadas por los Acuerdos de Paz fuesen lo suficientemente opacas como para garantizar la impunidad.

El velo que ha garantizado la opacidad lo puso primero la administración Cristiani, implicada directa en la masacre, pero luego pusieron más cortinas las siguientes administraciones, la de Armando Calderón Sol, la de Francisco Flores, la de Antonio Saca y la de Mauricio Funes, quien llegó a la presidencia de la mano del FMLN, la guerrilla que alguna vez hizo suya la consigna de hacer justicia a los jesuitas asesinados.

Para cubrir los pasos de los testigos, la administración Cristiani utilizó, por ejemplo, al coronel Manuel Antonio Rivas Mejía, uno de los oficiales preferidos de los asesores militares estadounidenses destacados en El Salvador en los 80 y 90.

Rivas era el jefe de la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos (CIHD), una unidad de investigación especializada financiada en parte por Estados Unidos desde mediados de los 80 para dar apariencia de profesionalismo a la Fuerza Armada salvadoreña y acallar a quienes en Washington abogaban por restringir la ayuda a un ejército corrupto y acusado de violar de forma sistemática los derechos humanos.

Washington, no obstante, supo siempre que la CIHD y Rivas Mejía nunca se comprometerían con investigaciones criminales encaminadas a desvelar la verdad, sobre todo cuando los implicados eran militares.

Ya en 1988 el Departamento de Estado resumía el pecado original de la CIHD: “El problema es que la unidad está compuesta por militares y oficiales de policía graduados de la academia militar. Ellos, como la oficina del fiscal general, no afrontan casos en los que tengan que ver sus superiores”.

En el caso jesuitas, Rivas Mejía sí afrontó la investigación, pero lo hizo para desviar la investigación, para acosar testigos y para fabricar prueba con el fin de proteger a los autores intelectuales. Entre el 27 al 29 de noviembre, con el aval de los gobiernos de San Salvador y Washington, el coronel viajó a Miami, donde el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) había retenido a la testigo Lucía Barrera de Cerna y a su esposo Jorge, para someterlos a ambos a presión sicológica con el fin de que se abstuvieran de contar lo que habían visto el 16 de noviembre de 1989.

Poco antes del final de la guerra civil salvadoreña, en un aparente afán por congraciarse con funcionarios estadounidenses que exigían a Cristiani resultados en la investigación de la masacre, Rivas Mejía dijo que “todos los esfuerzos por obtener cooperación de la Fuerza Armada en su investigación de los asesinatos de los jesuitas fueron frustrados constantemente por el estado mayor”, según un cable desclasificado del Departamento de Estado.

Al final, Rivas Mejía tuvo que salir de la CIDH por la puerta de atrás, acusado incluso de apropiarse de fondos de la unidad. El 15 de marzo de 1993, la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas consignó en su informe final que Rivas Mejía era responsable de encubrimiento en el caso jesuitas.

Tras la firma de los Acuerdos de Paz, a pesar de todo, la administración Cristiani propuso al coronel Rivas Mejía como candidato a dirigir la recién creada Policía Nacional Civil (PNC), la institución que reemplazaría a los viejos cuerpos de seguridad y que, se suponía, iniciaría una nueva era en la seguridad pública de El Salvador, marcada por el respeto a los derechos humanos y por el profesionalismo en la investigación criminal.

 

Pasaporte de Ignacio Ellacuria Baescoechea, expuesto en el museo dedicado a los jesuitas en la UCA. Foto FACTUM/Archivo

Ni lo uno ni lo otro: 28 años después, la PNC sigue manchada por acusaciones de tolerar en su seno grupos de exterminio de pandilleros y de alterar escenas del crimen y pesquisas para proteger a sus miembros acusados de ejecuciones extrajudiciales, sicariato, narcotráfico, acoso sexual y obstrucción de justicia. La semilla de todo eso quedó plantada desde los días de la CIHD bajo el mando del coronel Rivas Mejía.

De la CIDH nació la División de Investigación Criminal (DIC) de la PNC, y en ella recalaron varios de los pupilos de Rivas Mejía. Ni un año había pasado desde que la nuevo Policía se había desplegado en El Salvador cuando la DIC ya estaba embarrada en casos de sicariato, asaltos a banco y de ocultamiento de pruebas y obstrucción de justicia.

En la prueba introducida al tribunal de Madrid también consta el nombre de Mauricio Sandoval, un publicista que entonces era un funcionario de segundo nivel de la administración y quien en las horas previas a la matanza en la UCA dirigió una campaña de desprestigio contra los jesuitas a través de radios controladas por el gobierno.

Luego, Sandoval pasaría a ser jefe del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) durante el gobierno del presidente Calderón Sol y director de la PNC en la administración de Francisco Flores. Sandoval convirtió a la OIE en instrumento de persecución política a opositores a los gobiernos en los que participó y desde ahí también obstaculizó investigaciones.

De lo último es acaso el ejemplo más contundente el caso del asesinato y violación de la menor Katya Miranda en 1999, en el que aparecieron involucrados el padre de la niña, entonces miembro del estado mayor presidencial, y el tío, entonces subjefe de la ya mencionada DIC: el OIE de Sandoval abrió una investigación paralela encaminada a proteger a los culpables.

Al fraude, la obstrucción y la complicidad protagonizada por funcionarios que luego fueron promovidos o incluso siguen vigentes en la política salvadoreña, se unió a lo largo de las dos décadas siguientes la protección que desde el aparato de Relaciones Exteriores del Estado intentaron dar sucesivos gobiernos de Arena a los militares y civiles vinculados a la masacre de la UCA.

Factum habló en 2010 en Madrid con dos funcionarios del gobierno español presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Ambos aseguraron que funcionarios enviados por varios gobiernos salvadoreños, entre ellos dos ex cancilleres, abogaron ante el Ejecutivo español por que no se incluyera al expresidente Cristiani en una eventual querella judicial. Uno de esos cancilleres, quien habló con Factum desde el anonimato debido a disposiciones legales que lo inhiben de hablar sobre su periodo como ministro, confirmó las gestiones.

En mayo de 2010, en la previa de una cumbre entre mandatarios latinoamericanos y europeos en Madrid, el presidente salvadoreño Mauricio Funes, elegido bajo la bandera del FMLN, se comprometió ante los abogados querellantes en el caso por la masacre de la UCA, abierto dos años antes en Madrid, a que su gobierno facilitaría toda la ayuda pertinente para que la justicia española siguiera su curso.

En el marco de la cumbre, Funes firmó un documento en el que reafirmó su “compromiso de combatir la impunidad, en particular respecto a delitos más graves del derecho internacional…” Al final, Funes y su administración hicieron lo que sus antecesoras: proteger a los asesinos.

El 4 de agosto de 2011, la PNC recibió órdenes internacionales de arresto contra los 20 militares acusados por la masacre, pero nunca hizo efectivos los arrestos. De acuerdo con una fuente judicial en Madrid y dos de la administración Funes consultadas aquel año por Factum, el entonces ministro de Defensa, general David Munguía Payés, convenció a Funes de refugiar a los miembros del alto mando de 1989 en un cuartel del ejército. Funes, en 2011 comandante en jefe de la Fuerza Armada, accedió.

Todo, los hechos, los autores, las circunstancias de la masacre, están plasmadas en las voces de cerca de 30 testigos que han comparecido ante el juzgado madrileño, presidido desde mayo pasado por el juez Manual García Castellón, así como en decenas de miles de documentos desclasificados. La verdad judicial de cómo se planificaron y ejecutaron la masacre y el encubrimiento empezarán a asomar en Madrid cuando el coronel Inocente Orlando Montano Morales ponga pie en el juzgado 6º de la Audiencia Nacional.

La ofensiva del 89: entre guerra y guerra

Dagoberto Gutiérrez

En noviembre de 1989, hace 28 años, la guerrilla del FMLN desató su mayor ofensiva militar. Este es el acontecimiento político militar de mayor trascendencia en la historia de nuestro país. Su significado histórico se expresa en diferentes direcciones: en primer lugar, esta ofensiva fue el mayor acuerdo logrado entre las 5 organizaciones guerrilleras, porque el esfuerzo fue el primero en coordinar operaciones de diferente tipo en todo el territorio nacional. Al mismo tiempo, este fue el último acuerdo trascendental que tomamos como FMLN.

En realidad, mantuvimos la característica esencial de la guerrilla, que era el de respetar los territorios, los estilos operativos y la filosofía política de cada organización. Y todo esto quiso decir que, en general, las unidades guerrilleras operaron en territorios conocidos, con población también conocida, y todo esto para facilitar los desplazamientos y los movimientos de las unidades.

Sin embargo, en esta ocasión, hicimos algo novedoso, porque irrumpimos y prácticamente cercamos la capital del país. Es la primera vez que esto ocurría y se trató de la mayor demostración de fuerza y poderío militar de nuestra parte y de la mayor debilidad del ejército militar.

La población capitalina no expresó, de ninguna forma, respaldo político a las unidades militares del gobierno, ni en las áreas directamente afectadas por nuestra presencia. Por el contrario, se consideraba amenazada por los soldados gubernamentales. Hay que decir que establecimos una conducta guerrillera muy adecuada, con un trato cuidadoso, sin amenaza y sin pillaje, cuidando a las personas y sus bienes.

El ejército gubernamental no practicó en estas áreas una política de destrucción de viviendas y usó su fuerza aérea como mucha discreción, a diferencia de lo que ocurrió en otras áreas periféricas de la capital, como Ciudad Delgado.

En esta ofensiva, cada ejército guerrillero mantuvo su independencia táctica, como siempre ocurrió en toda la guerra, y los mandos operativos, como siempre ocurre, tomaban sus decisiones de acuerdo a las condiciones específicas que se presentaban.

Este acontecimiento tuvo un impacto psicológico en la tropa gubernamental y en la población. Para los soldados del gobierno, se hizo evidente que estaban a la defensiva y que la guerrilla era la fuerte. Para la población, algunos de los cuales nunca habían tenido contacto con los guerrilleros, pudieron establecer la diferencia entre la guerrilla y los soldados y comprobaron que los muchachos, como se les llamaba, eran gente del pueblo e, incluso, algunas madres que trabajaban como domésticas en la Colonia Escalón, se encontraron frente a frente con sus hijos, a los que consideraban muertos y que hoy era el combatiente al que ella le abría el zaguán. Y en un estallido de emoción, madre e hijo se fundían en un abrazo de encuentro feliz.

Esta ofensiva también fue el escenario para que prisioneros importantes, entre ellos funcionarios, pudieran conversar con nosotros con confianza y sin temor. Hasta ese momento, ignoraban nuestro pensamiento y desconocían nuestras opiniones, y así, en medio de los combates, estas personas se dieron cuenta de nuestra cabeza política, descubrieron quienes éramos, y en cierto modo, también descubrieron que la guerrilla no era lo que aparecía en los diarios o en la televisión.

He afirmado que este fue el último acuerdo trascendental del FMLN porque este acontecimiento se da justamente en el punto más alto de la perdida de cohesión y de coherencia en el acuerdo político llamado FMLN. La ofensiva abrió los caminos para el pedregoso proceso de negociación, en el cual, los desacuerdos más encendidos y enconados estuvieron en el terreno de la guerrilla, porque, en todo caso, las posiciones gubernamentales siempre fueron rígidamente conocidas. Sin embargo, las diferencias entre nosotros podían, en cierto momento, aletargar el proceso. Recordemos que fue durante esta negociación que terminó la guerra civil y también poco tiempo después, terminó el FMLN, todo durante el proceso de negociación.

Se trató de una especie de implosión generada por el fin de la guerra y la ausencia de nuevos acuerdos que abordaran y resolvieran los nuevos desacuerdos surgidos en esta etapa del proceso.

En estos momentos, para cada organización, se trataba de recuperar su real identidad política, porque la guerra fue una especie de tamiz que aseguraba la concertación, en términos de operatividad, la coordinación, en términos de los planes militares, y el entendimiento dentro de la independencia de cada ejército. Hay que saber, en este punto, que, en realidad, la guerra civil fue el escenario donde operaron 5 ejércitos, desarrollando 5 guerras diferentes, contra un enemigo que también desataba otras tantas guerras, en el mismo territorio.

Al final, cada organización tenía sus propios planes políticos correspondientes al nuevo escenario que se abrió una vez terminado el conflicto. Y es aquí, precisamente aquí, cuando la ausencia de nuevas ideas para lograr un nuevo acuerdo entre las organizaciones, facilitó que los nuevos desacuerdos impusieran su tónica a los acontecimientos, y es así como se rompe la continuidad histórica, en donde el pueblo y su lucha, era la viga maestra del proceso. La misma negociación de los acuerdos ya no fueron considerados por el pueblo como carne de su carne y sangre de su sangre; más bien eran acuerdos de cúpulas, y es, en estos momentos, donde se establecen las bases para los acontecimientos que rápidamente llevaron a una nueva guerra, a nuevos gobiernos, a nuevos partidos políticos, y en definitiva, llevaron al momento actual.

Es necesario, entender la historia como un juego peligroso donde los pueblos y los líderes juegan o pueden jugar papeles diferentes en cada momento y no siempre se trata de encuentros, también pueden haber desencuentros.

San Salvador, 15 de noviembre del 2017.

Zanahoria (película uruguaya)

Zanahoria es una película de 2014 dirigida por Enrique Buchichio. Inspirada en hechos reales, es un drama de suspenso, coproducción uruguayo-argentina desarrollada en Uruguay. La historia se basa en acontecimientos ocurridos en el país previo a las elecciones nacionales de 2004. Dos periodistas son contactados por un informante que les ofrece pruebas de ciertos crímenes ocurridos en la dictadura militar uruguaya de 1973 a 1985 en la denominada «Operación Zanahoria».

 

La Juventud Comunista (JC)

Emiliano Luna

Desde el nacimiento del Partido Comunista el 30 de Marzo de 1930, generaciones y generaciones se habian sucedido en la lucha, los más viejos de edad héroes clandestinos de la lucha obrero-sindical y social, militaban en las filas del Partido Comunista (PCS)..los jóvenes lo haciamos en las filas de la Juventud Comunista (JC)...

No habia diferencia con el jóven común de la época, las mismas inquietudes, las mismas esperanzas, roqueros y jodiones como todos...pero la militancia en las filas de la Juventud Comunista, nos iba delegando responsabilidades y compromisos mucho más serios que los que el joven común se podia plantear...

El rigor de la clandestinidad se imponia, pero la audacia juvenil la rebasaba, rompiamos con los manuales, normas y reglas que dictaban desde la Comisión Politica (CP)...queriamos imprimirle nuestro propio sello a la militancia y a la lucha...la guerra nos estalló en la cara, el enemigo se sintió impotente, vulnerable y desató la bestialidad que por naturaleza caracteriza a toda dictadura militar...desató la matanza...

Nos vimos forzados a irnos al frente de guerra, a forjar una fuerza militar paralela que al igual que lo habiamos hecho en la ciudad, ésta vez seria en el combate abierto desde la trinchera y la linea de fuego...y cumplimos, en veinte años de guerra, conformamos una fuerza militar dual que se puso "taco a taco" con las tradicionales Fuerzas Armadas asesinas y criminales...

Muchos cayeron heróicamente en la contienda, los sobrevivientes aún recordamos aquellos dias inolvidables de la lucha revolucionaria de la solidaridad que nos hermanaba...

Aqui algunos de aquellos jóvenes que participaron en aquella gesta gloriosa...

De los que con seguridad ubico en la foto, de izquierda a derecha:

El tercero y de gafas, Carlos Chamorro (Pedro bailarin), el quinto, Fernando Chamorro (Fito),le sigue Montalvo (El Pato baleado) y de último Rafael Aquino(El Indio)...del resto de compañeros si alguien los identifica puede nombrarlos...

Relaciones de género en las FPL

 FundAbril

Al mencionar las relaciones de género que se establecieron en el contexto del conflicto armado por las personas que directa o indirectamente se vincularon a todo el Sistema de Sanidad Militar de la guerrilla, es importante establecer a que nos referimos. En general, las relaciones de género son aquellas que sitúan a hombres y mujeres de forma diferente en el conjunto de la sociedad. Estas relaciones son de poder y sitúan al conjunto de las mujeres en una posición de inferioridad y desigualdad respecto al conjunto de los hombres.

El género, al ser una construcción social, cambia de una época a otra, de un lugar a otro y de unos grupos sociales a otros, en función de la economía, las normas y los valores, la religión, el sistema político, la edad, etc.

En el caso de las zonas rurales, existe una tendencia mayor a mantener las costumbres y tradiciones que en las zonas urbanas. Ello provoca que, de alguna manera, se vea como normales y naturales muchos comportamientos y actitudes que, en determinadas circunstancias, no benefician, por ejemplo, a las mujeres.

Por otro lado, las relaciones de género se establecen a través de procesos como la comunicación o el control del poder, y se transmiten a través de la escuela, la familia, la comunidad y el medio que nos rodea, teniendo en este tema una influencia notoria los medios de comunicación. <>

Como en todo ámbito social, en el frente de guerra interactuaban personas de diferentes lugares, edades y concepciones de mundo, por lo que las relaciones de género estarían marcadas definitivamente por esa diversidad de intereses, enfoques y experiencias, pero también por el propio contexto del conflicto, en cuya base existía una confrontación entre un proyecto político que legitimaba la injusticia y la inequidad, y otro que buscaba transformarlo.

En ese sentido, es importante destacar que, a pesar de no existir en ese momento toda una teoría sobre la equidad de género que orientara las relaciones entre hombres y mujeres, si se puede establecer que hubo acciones positivas en esa dirección, las cuales estaban más vinculadas a los conceptos de justicia y de igualdad enarbolados como banderas de lucha por la guerrilla, pero también por la influencia que tuvieron algunas internacionalistas al tratar de incidir directa o indirectamente en el tema.

Con todo, se avanzo significativamente en la forma de pensar y relacionarse entre hombres y mujeres durante la guerra. Los roles tradicionales no siempre fueron quebrantados. De hecho, la visión de que la composición del sistema sanitario estaba constituido en su mayoría por mujeres y que la base estrictamente militar-combatiente estaba compuesta por hombres es parte de la construcción de los roles tradicionales de los géneros, como menciona el médico internacionalista Javier sobre el porqué había más mujeres en el sistema de sanidad:

Por el reparto convencional de roles en la sociedad, por lo mismo que en Europa o en Estados Unidos hay mas combatientes hombres que mujeres, aspirábamos a una sociedad diferente, pero partíamos de un modelo social y educacional machista, patriarcal y convencional en el que todos nos habíamos criado.

Este punto de vista es compartido por Laura (Rebeca Sánchez), quien se desempeñaba en el área de sanidad en Chalatenango:

Ignoro por qué decidían que las mujeres eran las indicadas para esa tarea. Había compañeros, pero eran menos. Yo siento que era una cuestión de machismo, que las enfermeras son mujeres, que el estar allí (un compañero hombre) significaba que no era combatiente, que no era aguerrido, que no era hombre. Entonces, ya era cuestionado por la gente de los pelotones…

Sin embargo, a pesar de esa realidad, también hubo importantes excepciones que, con el tiempo y la practica misma, sirvieron para ir rompiendo con ese tipo de moldes preestablecidos. Al respecto la médica Aloña señala:

La mayoría fueron sanitarias. Tuvimos también hombres sanitarios excelentes, que todo el mundo nos acordamos de ellos. Yo recuerdo mucho a un compa que quién sabe cuál era su nombre. Le decíamos “Mario Turundo”, por las torundas. Era un excelente sanitario de pelotón, excelente combatiente, excelente sanitario. Después, tuvimos varios que eran combatientes que habían llegado heridos al hospital, y de heridas muy graves y de permanencia muy larga, ¿no?; y que además mostraron una sensibilidad especial para cuidar pacientes y demás, que terminaron quedándose en sanidad.

En esa línea, pero desde otra perspectiva y partiendo de los roles que tradicionalmente han jugado las mujeres campesinas, Evelyn, médica y jefa política, reflexiona:

La mujer ahí cambió su rol totalmente de lo que podía ser, que, en su vida, solo iba a hacer tortillas, comida… a lavarle la ropa a su marido. Se les cambió a un rol más importante, porque las cipotas que manejaban información a través de claves; ellas recibían las noticias del puesto de mando, de un lugar a otro; eran las primeras en recibir la información: la descifraban y se la entregaban al jefe. Entonces, llegaron a tener un rol se sintieron importantes, y había combatientes también. Yo siempre digo que ahí comenzó un rol especial para la mujer, aunque cuando estábamos ahí nadie sabía sobre feminismo o enfoque de género. Eso lo aprendimos después de los Acuerdos de Paz. Pero ya en la práctica se le estaba cambiando a la mujer su rol. Y a esas muchachas sanitarias, de comunicaciones… se les cambió su vida.

Con un poco de humor, Franco relata actitudes que tuvo que enfrentar, propias de la cultura machista predominante y que en alguna forma se trataba de “desaprender”:

Recuerdo una de esas (charlas) por ser muy divertida: un día por azar, escuché a unos compas de aseguramiento que se reían contando las persecuciones que solían hacer a los homosexuales. Yo pensé: “Esto no puede ser. Nosotros peleamos para la libertad y necesitamos al hombre Nuevo”. Por eso en la tarde monté una charla. Me eché todo un rollo, explicando las hormonas que ambos sexos tenemos, la cultura machista, el hecho de que en algunas importantes civilizaciones la homosexualidad era normal y que muchos importantes artistas, científicos y también políticos eran gay, y que Hitler los exterminó, y que en última instancia la libertad es también vivir su propia sexualidad, a su propio antojo. Después de la charla, siguió la discusión, y un compa se levantó y dijo: “Mirá, Franco, yo pienso que tú tienes razón, no hay que perseguir y matar a los <>…. pero una buena paliza, ¡eso sí!”. Ojalá que las otras charlas mías hayan tenido un éxito mejor.

En todo este complejo proceso de ir contribuyendo a modificar actitudes y conductas con respecto a la relación entre mujeres y hombres, jugaron un papel importante las charlas, las capacitaciones y los ejercicios sobre la equidad de género, lo que permitió tener espacios de reflexión que, aunque mínimos, aportaron una mayor conciencia de respeto hacia la mujer y sus derechos. Al respecto, Paula comenta:

Recuerdo una vez que tenía que dar educación sexual en la escuelita. Entonces, estaba Lucia (Ángela Zamora) como responsable política de la zona, y coincidimos en cuanto a la necesidad de combatir el machismo. Los participantes eran unos doce jóvenes, entre 17 y 20 años de edad, que recién habían llegado al monte; ocho varones y cuatro muchachas, si recuerdo bien. Empecé con una pregunta: “¿Están de acuerdo en que a veces es necesario que el hombre pegue a su mujer?”. Contestaron uno por uno, en el orden en el cual estábamos sentados, en círculo, en el piso. Los primeros cinco eran varones y cada uno dijo que sí, que podría ser necesario, y dieron diferentes ejemplos, evidentemente vividos en sus casas: “Cuando el hombre regresa del trabajo en el campo y la mujer no tiene la comida lista, cuando la mujer no cuida bien a los niños y se enferman, cuando la mujer no le hace caso al hombre, etc.”. No dije nada. Pero cuando le tocó contestar a la primera de las bichas, me vinieron unas ganas enormes de abrazarla por la gran alegría que me dio cuando empezó a hablar. Decía, humildemente, que según ella, todos estos ejemplos dados por los varones no serian razones que justifiquen un trato violento; que el hombre tendría que hablar con la mujer, no golpearla; que todos tenemos los mismos derechos, hombres y mujeres; y que hay que respetarse mutuamente.

Estos primeros esfuerzos fueron importantes debido a que en el proceso de guerra revolucionaria y en la organización político-militar de la época se establecieron los cimientos para el surgimiento de los movimientos de mujeres en El Salvador, que han colocado en la agenda nacional los derechos de las mujeres y cuyas raíces están indisolublemente vinculadas a aquellas mujeres que, desde diferentes trincheras durante la guerra, imaginaban y construían un país para todos y todas.

Tomado del libro: La otra cara de la guerra: salvar vidas. FundAbril. Impreso en Talleres Gráficos UCA, 2012. Experiencia de la sanidad guerrillera en Chalatenango y Cinquera, El Salvador.

Una reflexión sobre el Estado: la vuelta a los clásicos del marxismo

En la sociología y la ciencia política el tema del Estado es uno de esos temas gruesos, que siempre desafía a la reflexión.

Luis Armando González*

 AvancES

Con la ola neoliberal de los años ochenta y noventa, la discusión seria y rigurosa sobre el Estado fue dejada de lado en distintos ámbitos académicos, en los cuales se reflejaban las prácticas encaminadas a reducirlo (hacerlo más pequeño o eliminarlo) que se realizaban en el ámbito público.

Pese a ello, el tema siempre siguió vivo, aunque fuera en los márgenes de la discusión académica. Y, por supuesto, el Estado resistió, con desigual éxito, según los distintos países, la ofensiva neoliberal tendiente a desarticularlo e incluso a eliminarlo.

Ahora bien, en estas dos primeras décadas del siglo XXI, el debate sobre el Estado vuelve a ponerse a la orden del día. Y lo hace retomando una tradición sociológica y política que se vio interrumpida, no sólo por la ofensiva neoliberal de los años ochenta y noventa, sino por el derrumbe del muro de Berlín, la disolución del bloque del Este y el colapso de la URSS: la tradición marxista.

Se tiene que decir, ante todo, que en la obra de Karl Marx (1818-1883) se dibuja una aproximación al tema del Estado absolutamente moderna, es decir, una aproximación en la que se reconoce al Estado capitalista como una esfera autónoma («relativamente autónoma») de las otras esferas que integran un orden socio-histórico: la «esfera económica» y la «esfera ideológica» (que con justicia se puede entender como una «esfera cultural»).

La visión predominante anterior a Hegel –de procedencia contractualista– tendía a identificar Estado y sociedad: el contrato social era establecido por los individuos para formar un Estado, antes del cual no formaban cuerpo social alguno, sino que, más bien, estaban en una guerra de todos contra todos. En todo caso, si se aceptaba la existencia de un orden social distinto del Estado, el mismo era una creación ulterior de este último; primero se constituía el Estado y luego se creaba la sociedad, en virtud de un contrato del cual aquel era el garante último.

Marx, siguiendo a Hegel –como él mismo lo reconoce en distintos textos– no acepta ni que la sociedad sea igual al Estado ni que este sea el creador de aquella. Antes bien, sucede lo contrario: siguiendo a Hegel, para Marx la «sociedad civil», como ámbito de las relaciones familiares, la actividad práctica económica y el intercambio (la sociedad civil como el «verdadero hogar y escenario de toda la historia» [1]) es históricamente anterior al Estado, siendo este último una derivación de los dinamismos que se generan en ella. Estos dinamismos son los dinamismos de clase, cuya raíz está en el proceso de producción material.

Es decir, «la organización social y el Estado brotan constantemente del proceso de vida de determinados individuos; pero de estos individuos, no como puedan presentarse ante la imaginación propia o ajena, sino como realmente son… tal y como actúan y como producen materialmente y, por tanto, tal y como desarrollan sus actividades bajo determinados límites, premisas y condiciones materiales, independientes de su voluntad» [2].

En la perspectiva de Marx, el Estado surge cuando se configuran las clases sociales (cuyo anclaje está en la base económica de la sociedad), una de las cuales –la dominante– necesita de el para mantener su dominio sobre las clases subordinadas. El Estado, en este sentido, es un «instrumento» de dominación; un instrumento al servicio de la clase dominante.

«La burguesía –dice Marx en La ideología alemana–, por ser ya una clase, y no un simple estamento, se halla obligada a organizarse en un plano nacional y no ya solamente en un plano local y a dar a su interés medio una forma general. Mediante la emancipación de la propiedad privada con respecto a la comunidad, el Estado cobra una existencia especial junto a la sociedad civil y al margen de ella; pero no es tampoco más que la forma de organización a que necesariamente se someten los burgueses, tanto en lo interior como en lo exterior, para la mutua garantía de su propiedad y de sus intereses… Como el Estado es la forma bajo la que los individuos de una clase dominante hacen valer sus intereses comunes y en la que se condensa toda la sociedad civil de una época, se sigue de aquí que todas las instituciones comunes tienen como mediador al Estado y adquieren, a través de el, una forma política. De ahí la ilusión de que la ley se basa en la voluntad y, además, en la voluntad desgajada de su base real, en la voluntad libre. Y, del mismo modo, se reduce el derecho, a su vez, a la ley» [3].

Pero el Estado, en Marx, no es un todo uniforme, sino que consta de dos momentos: (a) el legal, formado por un corpus juridico-normativo mediante el cual se legaliza (y legitima) la desigualdad de clases existente en la esfera económica (y en el cual los desiguales aparecen como iguales); y (b) el coercitivo, que entra en acción, apelando a los recursos de fuerza que monopolizan el Estado, cuando la ley falla en su función de mantener resguardados los intereses de la clase dominante.

Así pues, el Estado es una pieza fundamental en la dominación de una clase sobre el resto de la sociedad. También lo es la ideología, pues para Marx –en la célebre definición ofrecida en La ideología alemana– la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. O como él lo dice, «las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época; o, dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante. La clase que tiene a su disposición los medios para la producción material dispone con ello, al mismo tiempo, de los medios para la producción espiritual, lo que hace que se le sometan, al propio tiempo, por término medio, las ideas de quienes carecen de los medios necesarios para producir espiritualmente» [4].

Por eso, la lucha contra la dominación se libra –además de en el terreno ideológico–, en el plano político, en contra del Estado y por su control, siendo esto último clave en un proceso de cambio revolucionario. Porque «toda clase que aspire a implantar su dominación, aunque esta, como ocurre en el caso del proletariado, condicione en absoluto la abolición de toda la forma de la sociedad anterior y de toda dominación en general, tiene que empezar conquistando el poder político, para poder presentar su interés como el interés general» [5].

En la visión de Marx, una de las vías posibles para hacerse del control del Estado es la vía democrático-electoral, pero ella se enmarca en la legalidad burguesa y, en consecuencia, está limitada por ella y –como dice él en la Crítica al Programa de Gotha– por su «letanía democrática»: sufragio universal, legislación directa, derecho popular y milicia del pueblo [6]. La otra vía es la revolucionaria, que supone el asalto violento del Estado por parte de la clase proletaria organizada en un partido comunista. Este asalto es necesario para que la clase en ascenso subordine el aparato estatal a sus propios fines. Dicho sea de paso, Friedrich Engels, en su testamento político, hizo una apuesta por la primera de las opciones apuntadas, abriendo las puertas al desarrollo de la socialdemocracia alemana.

Como quiera que sea, en la perspectiva de Marx, la conquista del Estado por parte de la clase proletaria tiene una finalidad última: conducirlo a su abolición definitiva, lo cual supone la abolición de la raíz económica de las divisiones de clase: la propiedad privada de los medios de producción. En la fase socialista del proceso revolucionario, el proletariado creará –mediante la «dictadura revolucionaria del proletariado»– las condiciones que permitan arribar al comunismo como la etapa más plena del desarrollo histórico de la humanidad, una etapa en la cual las clases sociales habrán desaparecido y, por consiguiente, el Estado será innecesario desde un punto de vista social, político y económico.

«Entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista –escribe Marx– media el periodo de transformación revolucionaria de la primera en la segunda. A este periodo corresponde también un periodo político de transición, cuyo Estado no puede ser otro que la dictadura revolucionaria del proletariado» [7]. Solo después se transitará a la sociedad comunista, «donde cada individuo no tiene acotado un círculo exclusivo de actividades, sino que puede desarrollar sus aptitudes en la rama que mejor le parezca, la sociedad se encarga de regular la producción general, con lo que hace cabalmente posible que yo pueda hoy a esto, y mañana a aquello, que pueda por la mañana cazar, por la tarde pescar y por la noche apacentar ganado, y después de comer, si me place, dedicarme a criticar, sin necesidad de ser exclusivamente cazador, pescador, pastor o crítico, según los casos» [8].

En resumen, Marx enfatizó la dimensión instrumental del Estado, lo cual fue un acierto, pues no podemos obviar la evidencia histórica que respalda el uso del Estado por parte de grupos de poder económico. Pero la visión de Marx es insuficiente, porque el Estado es, además de instrumento de dominación, otras muchas cosas. Para el caso, no prestó atención al peso del Estado en la configuración del orden social, sobre todo en lo que hace, no solo a su influencia normativa, sino a su influencia en las conductas, hábitos, estilos de comportamiento, valoraciones y creencias de hombres y mujeres que viven bajo su jurisdicción e, incluso –en el caso de estados predominantes en el escenario mundial–, fuera de ella.

No hay mejor ejemplo de esto último que el enorme peso que tuvo el Estado soviético en la configuración de las sociedades del bloque del Este, desde 1945 hasta 1989. O, la contrapartida occidental de un influjo semejante por parte de Estados Unidos, el cual, en la actualidad, se ha extendido –muchas veces mediante mecanismos de terror y violencia–, por el mundo. Más cerca de nosotros está el indiscutible influjo de los estados militarizados latinoamericanos –durante la mayor parte del siglo XX– sobre los hábitos, conductas y creencias de la gente. Una cultura política autoritaria germinó y se desarrolló a partir de ese influjo, sin que hasta ahora haya podido ser contrarrestada por una cultura política democrática.

En la tradición marxista, el autor que más se acercó a una comprensión del Estado como generador de cultura, y no solo como un instrumento de dominación, fue Antonio Gramsci (1891-1937). Cabe recordar que Vladimir Lenin (1870-1924) continuó la línea de interpretación de Marx, es decir, la de entender al Estado como un instrumento de clase. Pero Gramsci tuvo el acierto de distanciarse de esta interpretación que era (y siguió siendo la predominante durante mucho tiempo) la predominante en los círculos marxistas.

El filósofo italiano entendió al Estado como una instancia atravesada por una doble dimensión: la hegemonía y la coerción. En sus palabras: «hay que observar que en la noción general de Estado intervienen elementos que hay que reconducir a la noción de sociedad civil (en el sentido, pudiera decirse, que Estado = sociedad política + sociedad civil, o sea, hegemonía acorazada de coacción)» [9]. La sociedad civil ya no tiene que ver con las prácticas sociales –tal como lo entiende Marx– sino con la capacidad del Estado para asegurar la hegemonía de una clase sobre el conjunto de la sociedad, es decir, para asegurar que la clase en el poder no sólo «domine», sino que también «dirija» a la sociedad. «El hecho de la hegemonía presupone, sin duda –dice Gramsci–, que se tengan en cuenta los intereses y las tendencias de los grupos sobre los cuales se ejercerá la hegemonía, que se constituya un cierto equilibrio de compromisos» [10].

Ese «equilibrio de compromisos» supone la capacidad del Estado para generar consenso en torno al proyecto de la clase dominante. En virtud de ello, el Estado puede dotarse de legitimidad «convenciendo» a los ciudadanos y ciudadanas de que lo suyo es el «bien común» y el «interés general», y no el interés de una clase o un grupo en particular. Este convencimiento da estabilidad política a la sociedad y asegura el orden social, lo cual significa que el proyecto de la clase dominante es aceptado voluntariamente por las clases subordinadas. Cuando esta capacidad de convencimiento falla, entonces entran en juego los mecanismos coercitivos del Estado, que ponen en evidencia una situación de crisis política. Cuando esto sucede, la sociedad civil es desplazada por la sociedad política, que no es otra cosa que la dimensión coercitiva del Estado.

Gramsci nos acercó, de esta manera, a una visión más compleja de la estructura del Estado y sus funciones. Lamentablemente, la visión de Lenin –convertida en dogma de fe gracias a la labor de Stalin y los hacedores de manuales de la desaparecida Academia de Ciencias de la URSS– fue la que se impuso, prácticamente hasta la desaparición de la URSS, en el debate marxista. De esta manera, se impidió que la interpretación de Gramsci se abriera paso y marcara la pauta de la discusión teórica sobre el Estado. De aquí que la recuperación de Gramsci sea uno de los desafíos más importantes en el debate marxista actual.

Pero no basta con retomar a Gramsci, para avanzar hacia la aproximación teórica más rigurosa sobre el Estado. Para empezar, la interpretación del Estado como instrumento de clase debe ser revisada críticamente, para ponderar qué tan realista es suponer que el Estado sea un ente manipulable que puede ser usado por una clase para sus propios fines, o incluso que puede ser abolido por la voluntad colectiva en un determinado momento histórico.

Hay que hacerse cargo de la realidad del Estado como un aparato burocrático no sólo capaz de mantenerse en el tiempo, sino capaz de crecer y acumular poder (normativo, institucional, simbólico y material) si se lo deja a sus propia suerte, y ya no se diga si expresamente se impulsan prácticas políticas que lo hagan crecer y desarrollarse (tal como sucedió en la ex URSS, con el Estado de bienestar occidental y con los estados populistas latinoamericanos de los años 40 y 50 del siglo XX).

Pocos ataques contra el Estado han sido tan feroces como los realizados por los reformadores neoliberales, que se propusieron, en su momento de más éxito (años 80 y 90 del siglo XX), cumplir el sueño de Marx: abolir el Estado, no socializándolo –como quería el filósofo alemán–, sino privatizando sus empresas, funciones y servicios.

Pero el Estado resistió y siguió en pie. Y en estos momentos –en el marco de la actual crisis financiera mundial– se ha puesto en la mesa de discusión la necesidad de fortalecerlo, tanto en sus funciones económicas como en sus funciones sociales. Asimismo, por el lado latinoamericano, la resistencia al neoliberalismo de inicios del siglo XXI ha supuesto, no solo un protagonismo social, sino también un protagonismo estatal.

En definitiva, no se quiere decir aquí que el Estado sea una sustancia eterna e inamovible. Nada más se señala que el Estado tiene una enorme capacidad de mantenerse en el tiempo, cambiando, pero conservando su identidad fundamental. Una identidad que se ha forjado y cristalizado a lo largo de la historia de cada sociedad, lo cual convierte al Estado en una realidad resistente no a los pequeños cambios (que se suceden regularmente), sino a las grandes transformaciones, que sobrevienen en el marco de transformaciones sociales, económicas y políticas más amplias… Y aun así, suelen quedar vestigios del Estado que ha sido demolido, tal como sucedió en la Rusia revolucionaria posterior a 1917 y sucede en la Rusia actual, una vez que, después de 1991, el socialismo real fue reemplazado por el capitalismo neoliberal.

El enfoque de sistemas se impone como recurso teórico para entender al Estado [11]. Visto como un sistema, el Estado tiene una capacidad de autoreproducción propia de cualquier sistema. Cambia, pero se mantiene en su identidad. Y se desintegra totalmente cuando ya no es capaz de autoreproducirse, o sea, cuando ya no es capaz de asimilar los recursos que el entorno le ofrece para ello. Al suceder esto, un nuevo Estado (un nuevo sistema estatal) puede entrar en escena. Estas transformaciones sistémicas-estatales no han sido tan frecuentes en las sociedades conocidas, pero cuando se han dado las han marcado de manera indeleble, reencauzándolas por trayectorias distintas a las que habían seguido hasta entonces. En suma, para la compresión teórica del Estado quizá sea útil tomar en cuenta esta afirmación de Mario Bunge acera de los sistemas.

«La estructura, en especial la interna –dice este autor–, es esencial para los sistemas. En efecto, para explicar la emergencia de un sistema debemos descubrir el correspondiente proceso de combinación o ensamblado y, particularmente, los vínculos o enlaces resultantes de la formación de la totalidad. Lo mismo vale, mutatis mutandis, para cualquier explicación de la descomposición de un sistema. En otras palabras, explicamos la emergencia, el comportamiento y la desintegración de los sistemas, no solo en términos de su composición y entorno, sino también en términos de su estructura total (interna y externa). Y esto no es suficiente: es necesario conocer algo acerca del mecanismo o modus operandi del sistema, vale decir, del proceso que lo hace comportarse –o dejar de comportarse– del modo en que lo hace» [12].

*Texto modificado de la charla ofrecida por el autor a estudiantes de Licenciatura en Sociología de la UES, en el marco del curso «Estado, gobierno y sociedad». San Salvador, 22 de abril de 2009. Una primera versión de estas ideas se desarrolló en el curso de «Historia económica», impartido por el autor en la UCA, en el primer semestre de 2009.

[1] Kart Marx, La ideología alemana. La Habana, Pueblo y Educación, 1982, p. 37.

[2] Ibíd., p. 25.

[3] Ibíd., pp. 68-69.

[4] Ibíd., pp. 48-49.

[5] Ibíd., p. 34.

[6] Kart Marx, «Crítica al Programa de Gotha». En C. Marx, F. Engels, obras escogidas. Moscú. Progreso, p. 342.

[7] Ibíd.

[8] Karl Marx, La ideología…, p. 33.

[9] Antonio Gramsci, Antología (selección, traducción y notas de Manuel Sacristán). México, Siglo XXI, 1981,291.

[10] Ibíd., p. 402.

[11] Cfr., Carlos Reynoso, Complejidad y caos. Una exploración antropológica. México, UNAM, 2006, pp. 23-94; Mario Bunge, Emergencia y convergencia. Barcelona,. Gedisa, 2003, pp. 45-110.

[12] Mario Bunge, Ibíd., p. 49.

*El autor es Licenciado en Filosofía por la UCA. Maestro en Ciencias Sociales por la FLACSO, México. Docente e investigador universitario. Investigador del Centro Nacional de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades (CENICSH).