Editorial UCA
07/03/2012
07/03/2012
Hablar de izquierda radical en El Salvador, como en muchas otras
partes, no ha sido más que un recurso para desacreditar a opositores. En
el tiempo de la guerra civil, los militares llamaban “delincuentes
terroristas” a quienes componían a la supuesta izquierda radical.
Esa
denominación habilitaba a algunos miembros del Ejército para matar con
toda tranquilidad. Hoy, sin guerra, la frasecita de ataque es la de
“izquierda radical”, gracias a Dios y de momento sin añadirle el
calificativo “terrorista”. Como si la palabra "radical" fuera peyorativa
y desprestigiara a quien se le aplica. Se puede ser radical haciendo el
bien. Es positivo, por ejemplo, ser radicalmente honrado. Se aprecia a
una persona que es radical en su sinceridad y en su amistad. Los papas
de la Iglesia católica piden con frecuencia a los cristianos que sean
radicales en su fe. Pero si alguien es de izquierda radical, es
automáticamente considerado como malo. Esos son los misterios del
lenguaje que ni siquiera los periodistas que ganan premios
internacionales son capaces de descifrar.
Pues bien, el caso es que el presidente Funes ha vuelto a insistir en
que la opinión de que se está militarizando la seguridad pública no es
más que una “campaña de algunos sectores de la izquierda radical”. El
Presidente, en efecto, debe tener información de que en el país existe
una izquierda radical lo suficientemente amplia como para tener varios
sectores. Por lo buen periodista que fue, no se puede pensar que ignore
el sentido textual de sus palabras, especialmente cuando las utiliza en
una entrevista internacional. No estaría mal que indicara públicamente
cuáles son esos sectores, al menos para que la ciudadanía conozca mejor
el pensamiento político de su Presidente y de su país.
Pero más allá del pensamiento de Mauricio Funes, podemos observar
algunos datos que son innegables. El lenguaje de las autoridades
encargadas de luchar contra la delincuencia ha cambiado. Piden leyes más
duras, algunas de ellas reñidas con los procedimientos policiales de
una democracia; hablan más de guerra contra el crimen y menosprecian en
sus declaraciones los derechos humanos. Resulta, además, que quienes
hacen esas declaraciones son militares en retiro o exmilitares; que
alguno de ellos se pone sobre el uniforme policial las distinciones de
la carrera militar; y, sobre todo, que pasan a una gran velocidad de la
situación de alta a la situación de baja.
Se manifiesta una comprensión de la violencia un tanto
esquizofrénica, poco sustentada en datos objetivos y sumamente
despectiva con respecto a las víctimas cuando el Presidente de la
República afirma que el país no es tan violento como se dice, porque son
los miembros de las maras, enfrascados en su brutal guerra tribal, los
que ponen el 90% de los muertos por asesinato. Y no se trata solo del
lenguaje. Hay también señales de mayor agresividad en el accionar
policíaco-militar. Hoy se lleva a los jóvenes adolescentes a visitar
bartolinas donde los presos están hacinados, se hacen registros
indiscriminados a quienes viajan en autobús, al estilo militarizado de
los años de la guerra civil. Y ya se ha dado el caso del asesinato de un
joven a manos de soldados. Un asesinato que la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos no ha vacilado a la hora de calificarlo
como ejecución sumaria.
Cuando desde posiciones de poder se toman demasiado rápidamente
decisiones legales para ocultar o eliminar ilegalidades, se corre el
riesgo de caer en lo que los abogados llaman fraude de ley. Un delito
que consiste en utilizar la ley maliciosamente para cambiar una acción
ilegal en un hecho legal. Aunque no estamos afirmando que se haya
cometido este delito en el nombramiento de militares en retiro, creemos
que no es conveniente para nuestra democracia el proceder de modos y
maneras que resultan al menos discutibles. Como tampoco creemos positivo
para la democracia que el mandatario salvadoreño se dedique a
descalificar públicamente cualquier crítica a ciertas medidas
gubernamentales que son, al menos, discutibles.
La derecha trató en muchas ocasiones de descalificar al actual
Presidente de la República tachándolo de izquierdista cuando ejercía
libremente su labor de periodista, que muchos admiramos. Incluso es
posible que esas críticas que lo asimilaban a una izquierda radical
fueran la causa de que algunos ciudadanos decentes y demócratas,
críticos y de centro, le dieran su voto en las últimas elecciones.
Utilizar a estas alturas un lenguaje tan semejante al que ciertos
empresarios, medios de comunicación y políticos de derecha usaron contra
el actual Presidente, y usarlo ahora contra grupos y personas que en su
momento pueden haberle dado el voto, llama poderosamente la atención.
Un poco de debate racional en torno al combate de la delincuencia y a la
búsqueda de equilibrio entre investigación, persecución, sanción y
prevención del delito, sería más provechoso para el país que estas
intervenciones que, en vez de moderar el tema, tienden a echarle más
leña al fuego.
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