Uruguay negoció en secreto acuerdo lesivo para su soberanía

 Atilio Boron

Recomiendo leer el estupendo artículo de Antonio Elías sobre este muy preocupante tema. El TISA es un proyecto complementario del infame Acuerdo  Multilateral de Inversiones  (MAI por sus siglas en inglés) que fuera negociado en secreto por los países europeos, Estados Unidos, Japón y Canadá en la segunda mitad de los años noventas. Sus cláusulas implicaban una definitiva cesión de soberanía económica, y política, en casi todos los campos, a favor de las transnacionales. El acuerdo se fue elaborando a espaldas no sólo de la opinión pública sino de los principales líderes de la oposición, inclusive en Estados Unidos. Salió a la luz por una filtración que se produjo inesperadamente y que fue captada por una ONG de izquierda en Canadá, si mal no recuerdo (porque estoy escribiendo esto de memoria, aunque luego revisaré mis archivos para abundar sobre el tema) y lanzada a circular por Internet. El conocimiento de las cláusulas originó un escándalo de proporciones y el MAI tuvo que ser abortado. Pero EEUU volvió a la carga tratando de imponer el ALCA, fundado en la misma concepción de absoluta desregulación (y es así, es absoluta) de la economía, la privatización de todas las actividades económicas, la reducción del Estado a un papel meramente policial, para "mantener el orden" y garantizar los negocios de las transnacionales.

Una parte de ese acuerdo sobrevivió como el  TISA (Trade in Services Agreement) y en el cual se propone incluir bajo el régimen del libre comercio regenteado, desde el más extremo neoliberalismo, por la Organización Mundial del Comercio, la totalidad de los servicios que ofrecen las economías. Y para los mentores de este proyectos la educación, la salud, las telecomunicaciones, la seguridad social son servicios y no derechos. A partir de allí lo que el TISA propone es lo siguiente: si hay un acuerdo para liberalizar el flujo de bienes en la economía mundial también debe liberalizarse el flujo de servicios, evitando el proteccionismo. Por ejemplo, si una institución educativa norteamericana o alemana puede ofrecer "servicios universitarios" de calidad en Uruguay, nada debería impedir que ella se instale en ese país y desarrolle allí sus actividades en un pie de igualdad con las empresas, privadas o públicas uruguayas. Eso quiere decir que no se admitirán subsidios a las entidades uruguayas y que, por lo tanto, la universidad pública debería generar sus propios recursos y no depender el presupuesto nacional. Eso sería un subsidio inadmisible, una distorsión de la sana competencia entre "efectores" de servicios. En pocas palabras el TISA es una trampa mediante la cual se pretende lograr lo que no se pudo hacer con el ALCA, ahora por otros medios. El resultado final sería la privatización de todos los "servicios" (antes: derechos ciudadanos) y el sometimiento de la conducta de los estados firmantes del TISA a las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Por eso es importante leer la nota de Antonio Elías y, más importante aún, organizarnos para dar batalla para que semejante barbarie no pueda ser instaurada en nuestros países.



¿Por qué Uruguay se integró al Trade in Services Agreement en secreto?

Antonio Elías (*)




“Una vez que los espacios de la periferia fueron incorporados a las relaciones capitalistas de producción, el imperialismo siguió avanzando más allá de los límites impuestos por la geografía mediante la mercantilización de sectores de la vida económica y social antaño preservados al margen de la dinámica predatoria de los mercados, como los servicios públicos, los fondos de pensión, la salud, la educación, la seguridad, las cárceles y otros por el estilo”. Atilio Boron (1)

Uruguay  ingreso al Trade in Services Agreement (TISA) sin que exista una discusión nacional sobre la conveniencia o inconveniencia de este acuerdo de libre comercio de servicios. Una medida que demuestra las grandes debilidades del gobierno de José Mujica en lo que refiere a su política de inserción internacional y a la transparencia de sus acciones. Teniendo en cuenta el modelo económico que se aplica en el país y lo señalado en artículos anteriores sobre el TISA (2). 

En febrero del 2015, en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá se publicó la siguiente noticia: “Nos complace anunciar que los países miembros del TISA han dado la bienvenida a Uruguay en las negociaciones. En la actualidad hay 24 países que participan en las negociaciones TISA: Australia; Canadá; Chile; Taipei Chino; Colombia; Costa Rica; la Unión Europea; Hong Kong (China); Islandia; Israel; Japón; Liechtenstein; Nueva Zelanda; Noruega; México; Pakistán; Panamá; Paraguay; Perú; Corea del Sur; Suiza; Turquía; los Estados Unidos; y Uruguay.”(3)

Uruguay fue aceptado – luego de que el Congreso de Estados Unidos diera luz verde para que así lo hiciera - y participó de las negociaciones a partir del 9 de febrero. Es decir, Uruguay empezó a participar en las negociaciones aceptando los acuerdos realizados hasta el momento de su incorporación. Acuerdos cuyo contenido se desconoce y que comprometen el futuro de todos los uruguayos.
La primera noticia pública sobre este tema se tuvo el 02/05/2014 cuando la Agencia EFE informó, desde Bruselas, que Uruguay había solicitado ingresar el TISA en setiembre de 2013 y que  el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht manifestaba que "La Unión Europea celebra el interés de Uruguay por unirse a las negociaciones del TISA y respalda firmemente su participación de ahora en adelante". Afirmó, además, que el ministro uruguayo de Exteriores, Almagro Lemes, ha garantizado que su país "comparte los objetivos de las negociaciones del TISA" y que "respetará los resultados de la negociación logrados por otros participantes si se une" a ellas.”(4)
Dicha declaración entra en contradicción con lo sostenido por el canciller Almagro en múltiples instancias en las que declaró que sí Uruguay es admitido se tomará conocimiento “del material de base sobre el cual se está negociando y de las respectivas ofertas”, y se estará “en condiciones de evaluar la conveniencia de entrar”.

El canciller en esa misma entrevista afirmó, utilizando un discurso elogioso e impreciso que el TISA tiene como objetivo “establecer un régimen de comercio más amplio, flexible y predecible… lo suficientemente claro para no impedir que cada gobierno ejerza su propia soberanía para regular ciertos sectores… que las disposiciones del acuerdo estarán sujetas a excepciones generales, a excepciones relativas a la seguridad y a excepciones prudenciales en el caso de los servicios financieros” y que Uruguay podrá incluir sectores que quieran proteger “en listas de excepción”.
El gobierno uruguayo ingreso al TISA inmediatamente después de ser aceptado lo cual implica que adhirió a tapas cerradas, lo que es muy poco probable, o conocía y acepó el contenido de dichos acuerdos que siguen siendo secretos.
Los principales referentes del Frente Amplio en el senado sobre asuntos internacionales consultados  en aquel momento - Enrique Rubio, Eduardo Lorier, Alberto Couriel -  desconocían el tema y el asesor de la presidencia del FA en política exterior  - José Bayardi - afirmó que no sé había discutido en la coalición.
Si fue sorprendente que el gobierno  uruguayo hubiera solicitado participar en esas negociaciones sin informar públicamente, la sorpresa es mucho mayor ahora, cuando ya se ingresó al TISA, y es notorio que todos aquellos que  tomaron conocimiento del tema no hicieron lo necesario para generar un proceso de discusión amplio y abierto que  convalidara o cuestionara lo que estaba haciendo el gobierno.    
Debe destacarse que sí bien no existen voces discrepantes en el ámbito político, el movimiento sindical resolvió: “Rechazar el ingreso de nuestro país a estos tratados, ya que esto pondría en riesgo el patrimonio y la soberanía nacional, ya que la intención es de liberalizar y desregularizar los mercados” (5). La Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) se expresó en el mismo sentido, al igual que lo hizo la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) (6). Por su parte la Internacional de Servicios Públicos (ISP) desarrolla una campaña contra el TISA en varios continentes (7).

Ante un hecho de tan extraordinaria importancia cabe preguntar: ¿Por qué el gobierno de José Mujica no informó de los pasos que se recorrieron para integrarse al TISA? ¿Cuáles son los motivos para integrarse a un acuerdo multilateral que  limita fuertemente las potestades de decisión del gobierno y la soberanía nacional? ¿El gobierno de Tabaré Vázquez asumirá  y continuará con esta política? Sí así lo hiciera ¿someterá estas decisiones al conjunto de la nación o continuaran con el secreto de estado?

En la siguientes rondas de negociaciones, la próxima es en abril, Uruguay deberá presentar su lista de excepciones con los sectores de servicios que desea proteger y, por defecto, todos los demás sectores que quedarían sometidos a la liberalización con su consiguiente impacto sobre trabajadores, empresarios, cooperativistas y usuarios. ¿Quién o quiénes y con qué derecho van a tomar esa resolución? Nadie de los involucrados en estas negociaciones debería olvidar que la democracia directa ha sido el arma utilizada por el pueblo para evitar el desborde de los gobernantes.

(*) Director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez  (INESUR),  miembro de la REDIU.

(1) “América Latina en la geopolítica del imperialismo”, Ed. Luxemburg, Buenos Aires, 2012, p. 23
(2) “¿Por qué Uruguay solicito integrarse al TISA”, Semanario “Voces”, 10/07/2014 y 24/07/2014.
(3) http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/services/tisa-acs.aspx?lang=eng.
(4) Natalia Uval, “Abierto a todo”, “La Diaria”, 17/07/2014
(5) PIT-CNT, Mesa Representativa Nacional Ampliada, 17/03/14
(6) “El TISA intenta eliminar o reducir al máximo las fronteras económicas internacionales, los sistemas regulatorios que preservan los derechos de los trabajadores y el papel de las empresas y servicios públicos. Todo lo cual genera pérdidas significativas de soberanía nacional y derechos democráticos. Montevideo, 20/08/2014
(7) http://www.world-psi.org/es/informe-especial-de-la-isp-el-tisa-frente-los-servicios-publicos

Historias de guerra en hojas amarillentas y olvidadas

 El archivo de Fundabril reúne miles de manuscritos e imágenes inéditos del conflicto armado donados por excombatientes

Roger Lindo

El archivo de Fundabril reúne miles de manuscritos e imágenes inéditos del conflicto armado donados por excombatientes

En una residencia de la colonia Layco, en el interior caluroso de una habitación forrada con cartones de huevo,se encuentra un archivo que revela el recóndito mundo de las comunicaciones de una de las agrupaciones guerrilleras enfrascadas en la guerra de más de diez años que se libró en El Salvador a finales de la década pasada.

Descripciones de operaciones militares, informes de exploraciones, datos de inteligencia, claves de radio, inventarios logísticos, recuentos de bajas y valoraciones políticas, además de fotografías y videos forman los archivos de Fundabril, un centro sin fines de lucro establecido por exmilitantes de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), una de las organizaciones que formaron el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

"Aquí hay documentos desde los años sesenta hasta 2006 más o menos", explica Sofía Álvarez, la directora ejecutiva del centro. Se recibió de Mercadología en la universidad, pero ahora se dedica al rescate de los archivos históricos de la guerra.
"La idea de este lugar es que sea un depósito más para la información sobre el conflicto armado".

La mayoría de los registros son hojas amarillentas y cuadernillos de notas curtidos por la intemperie, los ácidos, los hongos y la polución, entre otros elementos. Se encuentran organizados por temáticas generales (partido, correspondencia, publicaciones, etc.) a la espera de una clasificación sistemática y científica. Y de mayores recursos. Son tan frágiles estos papeles que escapan a desbaratarse entre los dedos. Pero pese a su condición, forman un valioso acervo para quienes quieran escudriñar esa no tan lejana historia.

"Se tomó totalmente el pueblo a las 7.00[;] el combate había comenzado a las 2.10 horas. Eran 21 soldados[,] como la mitad logró huir. Se hicieron 4 prisioneros, todos se liberaron ya. Nosotros tuvimos 3 muertos y dos heridos. Una sola granada mató a dos e hirió a uno".

Se trata de un parte de "Ferrun"dirigido a los comandantes"Julieta" y "Milton". En él da cuenta de la toma por la guerrilla del pueblo de Guarjila, Chalatenango, en agosto de 1982.

Otro correo, fechado en julio,contiene un informe de"Esteban", seudónimo de Facundo Guardado, miembro de la comandancia de las FPL. Va destinado a "Marcial", Salvador Cayetano Carpio, el padre fundador y comandante supremo de la organización en ese entonces. Informa sobre el progreso de las unidades milicianas y las unidades de vanguardia (UV), y la evolución del trabajo partidario. Aprovecha para pedir más recursos de propaganda, cuadros de dirección, apoyo con el avituallamiento y los abastos.

Sofía Álvarez muestra archivo Fundabril (RL)

"La crisis alimentaria se hace sentir especialmente en la sub-zona volcán-norte", advierte en una parte de su informe de cinco páginas.

Un informe de inteligencia (escrito a mano en unahoja de libreta) del 13 de julio de 1982 revela, entre otras cosas,que la CEL, la empresa nacional de generación y distribución de electricidad, cuenta con un helicóptero grúa con el cual "se le hace fácil" la reinstalación de torres derribadas por la guerrilla; que el miércoles 7 de abril, a mediodía,fueron avistados 20 camiones con armamento recién descargado en el puerto de Acajutla; que la semana anterior llegó a la Embajada de los Estados Unidos una notificación advirtiendo al personal que deben estar prevenidos "por si caen en manos de la guerrilla"; que los pasajeros de autobuses que cruzaban el puente sobre el río Jiboa hace unos días, fueron obligados a descender y desfilar frente a una caseta donde una mujer con anteojos oscuros y la cabeza tapada los examinaba uno por uno.

El archivo Fundabril está compuesto por dos colecciones propiamente: el Fondo FPL y el aporte del Centro para la Paz(CEPAS), una asociación formada para preserva materiales del pasado. 50 y 235 cajas respectivamente de manuscritos y materiales donados por hombres y mujeres excombatientes. A estos se han añadido, en los últimos meses, decenas de fotografías donadas por veteranos. Dos voluntarios del archivo, antiguos militantes, dedican largas horas a tratar de discernir la identidad de los que figuran en las imágenes.

"Es un tesoro lo que tienen arriba, protegido por esos cartones de huevo", dice Diana Sierra Becerra, estudiante de historia de la Universidad de Michigan que en estos días sededica a recabar datos para su tesis de doctorado, que se centra en el rol jugado por las mujeres en la guerrilla salvadoreña.

"Da una imagen de esfuerzo colectivo para rescatar la memoria... sin mucho dinero", comenta la aspirante al doctorado. Es colombiana de origen y su primer contacto con los salvadoreños tuvo lugar en una pupusería de Nueva York. Trabajó ahí en los tiempos en que buscaba abrirse paso como inmigrante.

Una de las aspiraciones del centro es poner de relieve que la empresa guerrillera no hubiera sido posible sin el protagonismo de muchos miles, yendo más allá de los enfoques que se ocupan exclusivamente de unas cuantas"figuras de bronce".

"Todos eran importantes: la señora que hacía las tortillas, los que conseguían la comida, los que conseguían los zapatos", asegura Adriana Vides, colaboradora de Fundabril, e investigadora asistente para un proyecto de rescate histórico en el que participa la unidad de investigaciones de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de El Salvador.Vides pone de relieve el protagonismo de los "correítos". Niños y adolescentes que trasladaban los partes y otras comunicaciones en las zonas de combate.

El archivo de Fundabril contiene una historia incompleta, tachonada de comprensibles interrupciones y vacíos. La mayor parte de los registros se habrá perdido, quizá para siempre, al calor de los combates, los percances y la inestabilidad de la existencia guerrillera.La directora de la asociación está convencida de que muchos excombatientes han atesorado y conservan todavía valiosos documentos y piezas, y confía en que las donaciones seguirán llegando.

El centro recibió recientemente un lote de materiales que todavía no han sido examinados, incluyendo aproximadamente 700 videos en formatos de cinta (U-matic y VHS), que les confió "una persona que los guardó por años a título personal".

Una de estas cintas, "Funeral de Jesús Rojas" capta el momento en que sus compañeros le rinden tributo al comandante guerrillero en Arcatao, poblaciónal norte del país que fue uno de los teatros de la guerra. Rojas–mejor conocido como "Chusón" en honor a su altura– era el nombre de guerra de Antonio Cardenal, miembro de una de las familias más distinguidas de Nicaragua y sobrino de la expresidenta de ese país Violeta Chamorro. El y una decena de combatientes fueron abatidos por un comando del batallón Atlacatl en abril de 1991. Solo dos combatientes sobrevivieron a la emboscada.

 
"Oni" y "Victoria", médicos de la guerrila en Chalatenango (Fundabril)

 Identidades, la revista de la unidad de investigaciones de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, publicará próximamente un artículo sobre el guerrillero. Un historiador de la secretaría, Luis Roberto Huezo Mixco, también prepara un libro sobre el conflicto. Este contendrá un capítulo dedicado a Cardenal.

El local de Fundabril también tiene una historia propia que contar, eso explica los cartones de huevo que tapizan la habitación, así como los vestigios de dos estudios de transmisión que se encuentran aquí. Al finalizar la guerra, ex integrantes de la radio guerrillera "Farabundo Martí", que había transmitido por casi una década desde las montañas de Chalatenango y Guazapa, intentaron reeditarla, sin éxito,como estación comercial. La empresa ha pasado de propietario en propietario, y ahora es una más de las que pueblan el dial de FM, borrado su pasado guerrillero.

Aunque algunos investigadores empiezan a estudiarlos, los archivos de Fundabril aun no se encuentran abiertos al público. Los que deseen consultarlo, explica Vides, deben saber que no presta las condiciones adecuadas para una investigación. "Casi se trata de escudriñar las cajas para ver si lo que hay les sirve".

Para Álvarez, la directora, este proyecto representa un esfuerzo personal para reconectar con la vida y el legado de su padre, Antonio Álvarez, "Juan Sierra", un militante que operó principalmente en Chalatenango y la zona del volcán de San Salvador.

Sierra era un político, un hombre de partido, un cuadro ideológico que por sus obligaciones se movía entre el campo y la ciudad.Al llegar la paz se incorporó a un programa de transferencia de tierras creado para reintegrar a los combatientes a la vida civil, también fue uno de los fundadores del archivo CEPAS. Antes de morir, hace ocho años, dejó un libro: Tierra, conflicto y paz. La madre de Sofía, que fue combatiente de los comandos urbanos del FMLN, conserva un ejemplar en una vitrina en su casa.

Sus propios padres, militantes por muchos años, y por razones que solo ellos sabían, nunca compartieron con Sofía y sus hermanos cuáles motivaciones los llevaron a incorporarse al movimiento guerrillero, o en qué consistían sus actividades.

"A mi me pasó lo que le pasa a muchos jóvenes actualmente, y es que nuestros papás no siempre nos cuentan esas historias. Mi papá jamás nos habló de la guerra", dice la hija de Juan Sierra.

Pero ella está convencida de que los archivos personales de su padre, la clave de su vida, yacen en este claustro, ocultos entre centenares de folios. Una rica historia que aguarda ser estudiada y comprendida.

Bolívar, acción y utopía del hombre de las dificultades (Libro)

 
Para entender a Bolívar, es preciso estudiarlo en su contexto histórico, considerando la lucha de clases en el marco de la economía colonial.

Bolívar sintetiza el esfuerzo de miles de combatientes a quienes él condujo y de quienes aprendió. Pardos, mestizos, negros, indios y blancos constituyeron los ejércitos de liberación. Con ellos desarrolló su capacidad de estratega, de escritor, de conductor de masas y guerrero. Inmerso en esa vida del pueblo en armas, luchó por la libertad y creó grandes utopías.

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LA OEA DE ALMAGRO

Semanario VOCES

Tan solo once años atrás, Estados Unidos era dueño y señor de la OEA. En 2004 hizo elegir al ex presidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, pero al año siguiente tuvo que renunciar acusado en su país de corrupción. Y tras lo que enseguida ocurrió, Washington ya no pudo ignorar que en la región nada volvería a ser como antes.

En 2005, en la nueva elección, hubo tres candidatos: el ex presidente Francisco Flores, de El Salvador, a todas luces el preferido del Departamento de Estado; el canciller Ernesto Derbez, del conservador gobierno mexicano, y José Miguel Insulza, canciller de un gobierno socialista (a la chilena). Aunque Washington invirtió todos sus recursos diplomáticos, finalmente el Departamento de Estado tuvo que aceptar a Insulza.

Estados Unidos había perdido la facultad de gobernar la OEA a su gusto. Sin que todavía existiesen la Unasur ni la Celac, aquel fue un punto de viraje, aunque algunos de sus protagonistas no lo percibieran.

En el período de Insulza hubo fuertes atentados a la democracia y momentos de tirantez entre países de la región: golpes reaccionarios en Honduras y Paraguay e intentonas golpistas en Venezuela y Ecuador, así como tensiones militares entre Colombia y estos dos países; además, las ambiguas conductas norteamericanas acerca de cada uno de esos hechos. La respuesta de la OEA a tales acontecimientos resultó inoperante.

Ello obliga a preguntar cuál ha de ser el papel de la OEA en una región que ya no volverá a ser la misma. Sobre todo después de que la Unasur y la Celac ya han asumido sus propios papeles y de que ‑gracias a la segunda‑ la exclusión de Cuba ya es historia. Esta es la parte medular de la situación de la cual deberá hacerse cargo Luis Almagro.

Hay quienes a la OEA la dan por muerta, y consideran que lo mejor que se puede hacer con ella es darle cristiana sepultura. Otros, creen que es posible reformarla y mejorarla, aunque no está claro como y para qué.

¿Qué tiene y puede aportar la OEA que le falte a esas otras dos organizaciones? Solo la presencia de Estados Unidos y Canadá y, en esa medida, cumplir el papel de foro de diálogo y acuerdos entre los gobiernos del Norte y los del Sur del Continente.

Visto así, todas las demás dependencias, atribuciones y costos de la OEA están de más. Es decir, para que ella pueda darse una función propia reconocida y aceptada es preciso reducirla, reorganizarla y tal vez trasladarla a una ubicación geográfica más neutral.

Lograrlo será el papel de Almagro, si asume el cargo para desempeñarlo significativamente, como líder y organizador de esa transformación. Pero si lo acepta para repetir el modelo de sus antecesores será un fiasco nada útil para ese organismo continental.

Los EEUU necesitan una OEA dócil y a su servicio. Su visión de las reformas que el organismo necesita, están establecidas por ley: “el fortalecimiento de la paz y la seguridad, la promoción y consolidación de la democracia representativa, la resolución de disputas regionales, la asistencia y observación electoral, el fomento del crecimiento económico, la cooperación para el desarrollo y la facilitación del comercio”. Además, “la reflexión sobre la migración, el combate al tráfico ilegal de drogas y el crimen trasnacional, y el apoyo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos” (habría que saber si incluye el respeto de los derechos humanos en Guantánamo, por ejemplo).

La propuesta de Almagro y su visión estratégica son diferentes a las que establece la ley estadounidense, aunque busca conciliar con sus propuestas administrativas y financieras. En todo caso, para América Latina y el Caribe es inaceptable que las competencias y funciones de la OEA -e incluso sus reglas presupuestarias‑ las decida una ley del Congreso norteamericano. Como tampoco es admisible que cualquier reforma de ese organismo se conciba sin tener en cuenta que buena parte de dichas funciones y competencias ahora son mejor ejercidas por otras organizaciones regionales que incluso gozan de mayor legitimidad, como la Celac y la Unasur.

¿Podrá Almagro cumplir un papel a la altura de las circunstancias? No dudamos de su capacidad personal, aunque sus antecedentes no anticipan un giro a la izquierda del organismo ni por asomo. No olvidemos que fue durante la gestión de Almagro como canciller que Uruguay pidió el ingreso a la Alianza del Pacífico, instrumento de los EEUU para destruir los demás organismos de integración latinoamericanos. Ni que fue durante la gestión de Almagro que Uruguay gestionó su ingreso al TISA, que tiene como objetivo “una liberalización del comercio internacional de servicios que limite al máximo la posibilidad de que existan fronteras económicas, regulaciones proteccionistas y empresas estatales  que obstaculicen el funcionamiento del “libre” mercado que requieren las empresas transnacionales”.

Negros de mierda

Daniel Vilá (Desde Buenos Aires)

Cierren las puertas,
clausuren las ventanas,
cuidado con el sol
porque encandila
y no nos deja ver
a aquellos que nos cercan
que nos quieren quitar,
que disimulan
pero acechan ocultos,
para llevarse todo.
Consigan más candados,
electrifiquen muros,
no se fíen de lunas
en las noches serenas,
Esas están con ellos,
iluminan sus pasos,
allanan los senderos
por donde se deslizan
astutos como zorros.
Nosotros nos ganamos
las razones del miedo
con el propio sudor
de nuestra frente,
cuidando nuestros bienes
pariendo nuestros males..
Hay que cuidar el mundo
que conseguir supimos,
armarse hasta los dientes
para evitar que avancen
las hordas silenciosas
que nos roban el sueño
todas las madrugadas.
Hoy no llegaron, no,
pero mañana
pueden saquear los días
que nos quedan,
arrebatar las miserias
que guardamos
en los sitios más raros.
Descubrir el lugar
donde escondimos
la indiferencia,
el sálvese quien pueda
o dejarnos desnudos
como páramos,
sin plasma, ni automóvil,
ni viajes a Miami,
ni verdes en la lata
del té verde.
Y lo peor de todo,
solos con nuestros odios.

Rambo II

Armando Salazar

Anécdota sobre la estratégica importancia que tuvo para la guerrilla, el despejar un importante corredor hacia Chalatenango

En un momento determinado mandaron al pueblo de Tejutepeque, Cabañas, a un nuevo jefe del puesto de la Guardia Nacional. Bajo su juramento tendría unas dos secciones de guardias y otras decenas de paramilitares armados con fusiles "checos" y G-3. Este puesto militar llegó a tener morteros de 120 mm, los más gruesos de la artillería del ejército.

"Rambo II" era un agresivo y aventurero contrainsurgente en la zona de Radiola y quizá estuvo expuesto a alguna película de la época de Reagan. El asunto es que el tipo actuaba con la unidad militar como si fuera guerrillero, con incipientes tácticas de guerra de guerrillas.

Salía de Tejutepeque a media madrugada, recorrían unos cuatro kilómetros y portando una ametralladora M-60 y junto con 20 o 25 guardias con fusiles G-3, incursionaban secretamente al cerro La Mesa, una meseta al suroriente de Cinquera y de unos 700 metros altura bajo control guerrillero. Descargaban unas dos cananas de la M-60 y cada uno de los guardias unas dos o tres tolvas del G-3 y se retiraban de inmediato. En ayunas, esa era una balacera fuerte y concentrada y fácilmente desocupaban unos 2 mil cartuchos en una "operación" sicológica de manuales norteamericanos que no duraba más de tres minutos. Y salían nuevamente en carrera abierta hacia Tejutepeque.

Cuando las unidades guerrilleras querían echarle la maniobra, solo decían por el radio "Allá van estos hijosdeputa" en la polvosa calle que va para el pueblo. Rambo II llegaba al pueblo como héroe y los guardias le rendían guasona admiración y obediencia de verdugos.

Ante los continuos atrevimientos de Rambo II, el mando de Radiola empezó a buscar las formas de cómo eliminar esa insistencia. La jefatura guerrillera mandó a llamar y se reunió directamente con gente del pueblo de Tejute y ésta le confirmaba que Rambo II "Siempre iba adelante, con la M-60. Que él siempre...". Así la jefatura, empezó a estudiar las características sicológicas y operativas del sujeto. Era un bullicioso, bravucón, un atrevido.

Había que ingeniárselas -ideas quiere la guerra, dicen- para contrarrestar la actividad de un sujeto y una unidad militar que a pesar de contar con todo el apertrechamiento norteamericano y los volúmenes de fuerza del ejército, utilizaba métodos fuera de las tácticas previsibles del ejército para una unidad acantonada en un pueblo.

La jefatura comenzó a coquear. Ramón Torres le dijo a Adín, de logística, que le prepara unas cargas explosivas, vuela-poste.

Háganme ésta normal y háganme ésta especial. "¿Y qué de especial quiere?"

Que ésta va a llevar TNT y ésta va a llevar explosivito normal, para volar un poste. "Puta jefe, dijo Adín, ¿cómo vamos a gastar dos, tres tacos de TNT para botar un poste?"

Es que es un poste especial. Y no le dije para qué. Como era el jefe, a regañadientes, me las hizo.

Y le dije: póngamele una ampolleta de ácido sulfúrico, boca abajo. Y abajo póngamele clorato, por adentro, por lo interno. Y la mecha normal, va a quedar así... quemada, ya quemada... Y ya se empezaron a poner chivas aquellos. Lo perro es que llevaba doble forro y con esquirlas.

El explosivo con cloratos y aluminios fue algo normal en el uso de la guerra popular en todo el país, desde las inmemorables "papas", que eran una especie de granadas de mano para asalto, hasta la metódica elaboración de minas anti-tanques, etc., que eran unas grandes cacerolas fabricadas en los talleres guerrilleros. Ya no digamos las siempre responsables "poderosas". El TNT indudablemente era un preciado escalón superior, que muchas veces se recuperaba de las bombas de la aviación que no explotaban y al estallar lanzaba sus distintivas y rojas lenguas de fuego.

Y entonces mandé a uno de mi seguridad que llevara esto.

"¡Vos ya sabés, le dije, si le das vuelta, te matás!". Entonces, allí iba el compa en la oscurana y mandé una escuadra y volaron el poste con la carga normal y la otra, quedó con la mecha a medio quemar...

De todos modos la mecha estaba encima, para que dijeran: "Puta, no les funcionó, la mecha está quemada".

Y ya llegó Rambo con la M-60 en la mañana. Paró un bus, no lo dejó pasar... por suerte, porque el poste quedó atravesado en la calle. Y llamó a los dos explosivistas. ¡Dos explosivistas! En total eran dos explosivistas, un sargento y un sub-sargento, él que era el propio macizo y tres soldados que eran de su seguridad, cerquita de la carga.

El explosivista dijo: "No hombre, y a.... y riéndose... estos hijosdeputa ponen mierdas que no explotan..." cuando le dio vuelta a la carga... bluuum.

Allí se terminó la bulla del Rambo. No volvieron a asomar, no volvieron. Los 8 se fueron.

Testimonio de uno de los asesinos del padre Rutilio Grande

Carlos Santos - ContraPunto


Uno de los asesinos del padre Rutilio Grande, confiesa su participación directa en el asesinato; un ex Guardia Nacional (GN), que falleció en Estados Unidos

Un 12 de marzo de 1977, fue asesinado el padre jesuita Rutilio Grande García, a la edad de 49 años, en el sector conocido en la actualidad como "Las tres cruces" en la carretera que conduce a la ciudad de El Paisnal.

Mientras se conducía en su automóvil Volkswagen Safari blanco, junto a Manuel Solórzano, de 70 años, y Nelson Rutilio Lemus, de 16, una unidad de la GN los emboscó, ametrallándolos en la carretera, sus cuerpos presentaban muchos orificios de bala de diferentes calibres.
 
El trabajo del sacerdote Rutilio Grande, se caracterizó por defender a los más desposeídos y denunciar los atropellos cometidos por las autoridades, desde su parroquia de Aguilares, en el departamento de Chalatenango. El padre Grande, creó las Comunidades Eclesiales de Base (CEB), originando reacción adversa de parte de los terratenientes de la zona, que lo calificaron como un agitador comunista. El sacerdote Rutilio Grande, es considerado como el primer mártir de la Iglesia salvadoreña.

En la ciudad de Los Ángeles, California, pudimos entrevistar a Julio Sánchez -quien estuvo de acuerdo en usar su nombre verdadero-, emigrante salvadoreño quien fuera miembro de la GN, y ex miembro de la S2 (Sección de Inteligencia) del mismo cuerpo represivo desde mediados de los años 70. Julio accedió por primera vez a hablar sobre su participación en el asesinato del sacerdote Rutilio Grande y sus dos acompañantes.

En una visita a la ciudad de Los Ángeles, conocí a Julio Sánchez, fortuitamente. Unos amigos me habían invitado a una boda y Julio se encontraba borracho y no paraba de llorar contando su participación en el crimen del sacerdote Rutilio Grande. Me impactó sobremanera la información verídica que manejaba sobre el asesinato, establecí un vínculo amistoso con Julio Sánchez para investigar su participación en dicho crimen.

De regreso a El Salvador, pude constatar que efectivamente Julio había participado en la guardia nacional y perteneció a los escuadrones de la muerte.

La entrevista se realizó dos años después de nuestro primer encuentro, debido a que Julio comenzó a deteriorarse físicamente, en ese tiempo fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, además de padecer de diabetes y había sufrido un derrame cerebral que le había paralizado la mitad del cuerpo.

Julio mantenía que buscaba relatar los hechos tal y como eran, para demostrar que no únicamente él era culpable, y así buscar un poco de alivio a su alma atormentada, según me confesó.

La entrevista inconclusa desde los EEUU

-Voy hablar por primera vez para que la gente sepa como fueron las cosas-me afirma con un dejo de tristeza.

-¿De dónde eres originario?

-Oratorio de Concepción, del departamento de Cuscatlán -responde lacónicamente.

Precisamente en este lugar los habitantes que sobrevivieron a la guerra, recuerdan a Julio Sánchez, como un miembro de los Escuadrones de la Muerte, desalmado y que perseguía y asesinaba sin piedad a los señalados como comunitas. Varias familias enteras fueron asesinadas y sus cuerpos exhibidos públicamente por los miembros de la guardia nacional, en la unidad que comandaba Julio Sánchez, afirmaron varios testigos.

-¿Participaste directamente en el asesinato del padre Rutilio Grande y sus dos acompañantes?- le pregunto tajante, para comprobar si en verdad estuvo en la unidad que cometió el asesinato.

-Aquí tengo mi carnet de Guardia Nacional; yo me metí ( a la guardia) a la edad de los 17 años, nací en 1957, fue en el pueblo de Suchitoto- responde evadiendo la pregunta.

-¿Qué sucedió ese 12 de marzo de 1977, cuando emboscaron al padre Rutilio Grande?

-Fueron órdenes que recibimos directamente del director de la Guardia Nacional, (como director general de la GN de 1975 a 1978 fungió el general Ramón Alfredo Alvarenga) fuimos seleccionados como ocho miembros de la guardia; yo no estaba a cargo de la operación, creo que fuimos 6 u ocho ( miembros de la guardia) que fuimos seleccionados para cumplir con la misión.

-¿Sabían a quién iban a asesinar?- lo interrogo, buscando en su mirada una respuesta sincera, Julio mueve insistentemente sus manos y cabeza, debido a la enfermedad de Parkinson.

-Nos habían dado instrucciones de eliminar al cura, porque era comunista, estaba levantando a los campesinos, hablaba mal del gobierno- concluye agitado.

El sermón de Apopa

El 13 de febrero de 1977, el padre Rutilio Grande predicó un sermón que llegó a ser llamado su "sermón de Apopa", denunciando la expulsión del padre Bernal, por el gobierno salvadoreño, el discurso decía así:

"Queridos hermanos y amigos, me doy perfecta cuenta que muy pronto la Biblia y el Evangelio no podrán cruzar las fronteras. Sólo nos llegarán las cubiertas, ya que todas las páginas son subversivas—contra el pecado, se entiende. De manera que si Jesús cruza la frontera cerca de Chalatenango, no lo dejarán entrar. Le acusarían al Hombre-Dios... de agitador, de forastero judío, que confunde al pueblo con ideas exóticas y foráneas, ideas contra la democracia, esto es, contra las minorías. Ideas contra Dios, porque es un clan de Caínes. Hermanos, no hay duda que lo volverían a crucificar. Y lo han proclamad".

-Les dijeron que asesinarían a un sacerdote- le ratifico la pregunto.

-Ya sabíamos quién era el objetivo, recuerdo que fuimos varias veces a verificar el lugar (en donde emboscarían al sacerdote), le dimos seguimiento varias veces, días antes se nos había escapado porque no apareció y no pudimos realizar la operación.

-¿Cómo fue la emboscada? ¿A dónde estaban ustedes esperándolo? ¿Iban vestidos de civil o con uniformes?

-Íbamos vestidos de civil, pero unos kilómetros antes estaban elementos de la guardia uniformados, ellos nos informaron que el carro se dirigía hacia nosotros, lo esperamos en la calle, y cuando apareció abrimos fuego, todos abrimos fuego al mismo tiempo, desde diferentes puntos de la calle, yo vi que el carro se fue de lado y continuamos disparando.-Julio hace una pausa.

-En el carro iba un niño, un anciano y el padre Rutilio Grande. Los tres murieron ese día. Le digo enseñándole un recorte de periódico, con la fotografía del automóvil Volkswagen, ametrallado a la orilla de una calle de tierra.

-Recibía órdenes, me dijeron que era un cura malo, comunista, y yo odio a los comunistas- responde cortante.

-¿Después de dispararles, se acercaron a ver los cuerpos del sacerdote y los acompañantes para rematarlos?

-Teníamos órdenes de que no quedaran vivos, nos acercamos y les disparamos.

-¿Les dieron el tiro de gracia?, le pregunto atónito por la frialdad en que relata el asesinato.

-Te repito fueron órdenes de no dejarlos con vida. Yo no sabía que el cura venía acompañado, ni menos con un anciano y un niño. Pero aunque hubiera sabido tenía que cumplir con las órdenes que nos habían dado- concluye molesto.

-¿Que sucedió con todos los miembros que participaron en el asesinato del sacerdote Rutilio Grande?

-Algunos murieron en la guerra, otros salieron del país, no por miedo, pues nosotros no le teníamos miedo a nadie; si estoy hablando de esto ahora es porque creo que no se conoce como fueron las cosas, y yo me siento muy enfermo, siempre se ha pensado que nosotros somos los malos, y nosotros sólo recibíamos órdenes.

-¿Qué hubiera pasado si hubieran rehusado a cumplir esas órdenes? Interrumpo a Julio.

-No lo sé, la verdad es que no lo sé.

-¿Después del asesinato qué hicieron? ¿A dónde fueron?

-Nos fuimos directamente a la Guardia Nacional de San Salvador a rendir un informe, recuerdo que nos dieron tres días de licencia, cuando regresamos nos ubicaron en otras unidades, yo comencé a trabajar en la S2.

 

 Un crimen planificado y ejecutado por el Estado que unificó a la iglesia con el pueblo

Monseñor Oscar Arnulfo Romero, al enterarse de los asesinatos, fue al templo en donde reposaban los tres cuerpos y celebró la misa. En la mañana del día siguiente, después de reunirse con los sacerdotes y consejeros, Romero anunció que no asistiría a ninguna ocasión o actividad gubernamental ni a ninguna junta con el presidente, siendo ambas actividades tradicionales del puesto, hasta que la muerte se investigara.

Ya que nunca se condujo ninguna investigación, Monseñor Romero no asistió a ninguna ceremonia de Estado, en absoluto, durante sus tres años como arzobispo.

Monseñor Romero, era amigo personal del sacerdote Rutilio Grande, quien además era su confesor.

En una entrevista que Monseñor Romero rindiera en el año de 1979, al periodista brasileño, Juan Arias, en la ciudad de puebla, México, Romero le confesó que él se consideraba un convertido. "Me contó que estaba del lado de los ricos, del poder, viviendo en un palacio, hasta que un día le asesinaron a un sacerdote que el consideraba un santo, Rutilio Grande. Lo mataron mientras explicaba el catecismo. Imagínese que lo acusaron de ser comunista"-le dijo Monseñor Romero a Juan Arias.

La muerte de Rutilio Grande fue la gota que derramó el vaso, Monseñor Romero comprendió que estaba de la parte equivocada. Dejó el palacio y se entregó a la causa de los perseguidos a la defensa de los derechos humanos.

Luego un 24 de marzo de 1980, Romero sería asesinado de un tiro certero al corazón, un francotirador que trabajaba para los Escuadrones de la Muerte acabó con su vida, en un crimen al igual que el del sacerdote Rutilio Grande, que aún no ha sido esclarecido.

-¿Nunca te dijeron por qué asesinaron al padre, el motivo?

-Es que mucho hablaba en contra del gobierno, y recuerdo que los comunistas habían secuestrado y matado a un rico, no recuerdo su nombre, pero trabajaba con el gobierno y creo que ese fue unos de los motivos; los ricos estaban enojados por ese asesinato.

El 26 de febrero de 1977 fue encontrado el cadáver del empresario Roberto Poma, quien había sido funcionario del gobierno salvadoreño, y quien había sido secuestrado en enero de 1977 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), organización radical de izquierda.

El 20 de febrero de ese mismo año, la oposición política había denunciado el fraude en las elecciones presidenciales, el gobierno había respondido con represión en contra de los manifestantes: "El pueblo se concentró en la Plaza Libertad, en el centro de San Salvador, para protestar contra el fraude y exigir que se respetara el resultado. El 28 de febrero, los militares rodearon la plaza y reprimieron la concentración. Hubo, por lo menos, sesenta personas asesinadas" –recuerda un sobreviviente.

-Han pasado muchos años desde ese fatídico día, ese día que ustedes asesinaron a mansalva a un sacerdote desarmado que iba con un anciano y un niño, alguna vez te has arrepentido, te has preguntado ¿qué hubiera pasado si hubieras desobedecido las órdenes?

-Sí, muchas veces me he arrepentido, pero yo sólo obedecía órdenes, además ahora es muy tarde para arrepentirme. -Julio se levanta con dificultad de la mesa, me dice que ya no quiere seguir hablando, que después podemos continuar, se excusa aduciendo que se siente cansado.

Una muerte amarga y su antesala mucho peor
Después de ese encuentro que duró apenas una hora, fue casi imposible lograr que Julio Sánchez continuara con la entrevista; en marzo de este año accedió a terminarla desde el cuarto de un hospital en donde se encontraba agónico. Un día antes de emprender el viaje a la ciudad de Los Ángeles para concluir con la entrevista me informaron que Julio Sánchez había muerto de un paro al corazón, su condición física y mental se había deteriorado.

Debido a la diabetes le amputaron las dos piernas y un brazo, desde la cama del hospital en donde permaneció por 4 meses, Julio imploraba a gritos que lo mataran.

La muerte de Julio Sánchez, uno de los asesinos confesos del padre Rutilio Grande fue amarga; pero su antesala mucho peor; pude investigar que su vida en Los Ángeles estuvo llena de turbulencias: alcohol, drogas y una vida familiar llena de violencia. A diario lo perseguía el remordimiento de sus actos, el mismo hecho de contar a desconocidos cuando estaba ebrio, su participación en el asesinato del Padre Grande, era su búsqueda de eximir su culpa, de ahogar las llamas de ese infierno interno que ganó en vida por haber asesinado a un sacerdote sencillo, un cura que su único crimen fue vivir al lado de su pueblo.

ALGUNOS DE LOS ASESINOS DE MONSEÑOR ROMERO,VARIOS ESTÁN VIVOS Y SON DIRIGENTES DEL PRINCIPAL PARTIDO DE OPOSICIÓN.

Francotirador que disparó contra Monseñor Romero fue un ex Guardia Nacional

Un subsargento de la sección II de la Guardia Nacional, y miembro del equipo de seguridad del ex presidente de la República, coronel Arturo Armando Molina, Marino Samayor Acosta. Fue el misterioso personaje que disparó contra Monseñor Óscar Arnulfo Romero, aquella tarde del lunes 24 de marzo de 1980, cuando el Arzobispo oficiaba una misa de cabo de año, de Sara Meardi de Pinto, madre del periodista Jorge Pinto, en la capilla del hospitalito Divina Providencia.

31 años después, ante la falta de acciones judiciales para esclarecer el magnicidio en su totalidad, en tanto que hay nombres de algunos de los autores intelectuales, el del tirador, por ejemplo, seguía siendo un misterio.

Hasta hoy, uno de los sospechosos había sido el doctor Héctor Antonio Regalado, quien por varios años se encargó no solo de la seguridad de la Asamblea Legislativa, sino de la seguridad del mayor Roberto d’Aubuisson.
Sin embargo, la Comisión de la Verdad, al referirse al doctor Regalado, dice: “La Comisión no encontró evidencia persuasiva de que él hubiera participado en este asesinato”.

La Comisión de la Verdad, sin embargo, dice que “recibió suficiente prueba para concluir que Regalado no sólo formó su propio escuadrón de la muerte en el pueblo de Santiago de María; sino, también, coordinaba y capacitaba las redes de d’Aubuisson en la capital”.

Información en poder de Diario Co Latino, entregada por fuentes que estuvieron próximas a los círculos de d’Aubuisson, aseguran que el francotirador, es decir, el responsable de disparar contra Monseñor Romero, fue el subsargento de la extinta Guardia Nacional (GN), Marino Samayoa Acosta.

De acuerdo con la información, fue Mario Molina, hijo del ex presidente Molina, quien sugirió al tirador.

En aquella época, dice otra fuente a Diario Co Latino, refiriéndose a la segunda mitad de la década de los 70’s, había dos buenos tiradores: uno en la Guardia Nacional y, el otro, en la Policía Nacional.

El de la PN, “el Chato Castillo”, agrega, fue a quien le encomendaron disparar a distancia contra la manifestación de la UES, para provocar la reacción y la respectiva respuesta del ejército que terminó en una masacre. Se refiere a la manifestación del 30 de julio de 1979.

De uno de los dos se sospechaba que podría haber sido el tirador, dice la fuente. Al final se descarta al “Chato Castillo”.

Del asesinato de Monseñor Romero, lo que era amplio conocido es que fue el mayor d’Aubuisson, creador de los escuadrones de la muerte y fundador de ARENA, quien dio la orden para cometer el crimen; y que los capitanes Eduardo Ávila Ávila, quien fue asesinado en circunstancias extrañas, en 1994, y el capitán Álvaro Rafael Saravia, fueron los que operativizaron la acción para el cometimiento del todavía repudiado crimen.

En efecto, fue el capitán Eduardo Ávila, quien, en la mañana del lunes 23, estando en casa de Roberto Daglio, periódico en mano, señala una esquela, en la que se anuncia la misa de aniversario de la señora Meardi. En ese lugar se encontraban, entre otros, Molina y Saravia.

“Esta es la oportunidad”, exclamó Ávila, acto seguido preguntó por el tirador. “No te preocupés”, le respondió Molina, “yo lo voy a poner”.

Las fuentes aseguran que el fusil con mira telescópica, de alta precisión, calibre . 219 suizo (es decir, calibre 22), era propiedad de Ávila; y el cual había sido probado, en fechas distintas, en la Finca San Luis, de Santa Tecla. El tirador estaba familiarizado con ese tipo de armas, por su especialidad o afición de tirador.
La Finca San Luis fue el lugar en el que, el 7 de mayo de 1980, fue capturado el mayor d’Aubuisson, junto a doce militares y doce civiles, quienes preparaban un golpe de Estado. Todos eran integrantes del Frente Amplio Nacional (FAN), creado por d´Abuisson, una tenebrosa organización político militar. En esta acción, fue encontrada la agenda del Capitán Álvaro Saravia, en la que estaban escritos no sólo nombres de oficiales y empresarios, con los que tenía relación el grupo de d’Aubuisson; sino, el plan del asesinato de Monseñor Romero. La cual fue clave para las investigaciones posteriores.

Entre los capturados, en aquella fecha se encontraban, además de d’Aubuisson, los mayores Jorge Alberto Cruz Reyes, Roberto Mauricio Staben; Capitanes, Álvaro Rafael Saravia, José Alfredo Jiménez, Víctor Hugo Vega Valencia, Eduardo Alfonso Ávila; Tenientes Federico Chacón, Miguel Francisco Bennet Escobar, Rodolfo Isidro López Sibrián, Carlos Hernán Morales Estupinián, Jaime René Alvarado y Alvarado.

Además, los civiles Antonio Cornejo Arango, conocido como el “Maneque”; Ricardo Valdivieso, conocido como el “gringo”; Roberto Muyshondt, Fernando Sagrera, Amado Garay, Nelson Morales, Andrés Antonio Córdova, Herbert Romero Escobar, Fredy Salomón Chávez, Marco Antonio Quintanilla, José Joaquín Larios y Julián García Jiménez.

Todos fueron llevados a la Primera Brigada de Infantería, conocida como Cuartel San Carlos, pero, fueron puestos en libertad, el 13 de mayo del mismo año, por el General Jaime Abdul Gutiérrez, al asumir el control de la Fuerza Armada, como integrante de la Junta Revolucionaria de Gobierno.

En una de las hojas, de la agenda de Saravia, está especificado el “Plan Piña”, es decir, el plan donde se especifica lo utilizado para asesinar a Monseñor Romero, es decir, especifica el personal, las armas y otras logísticas a utilizar para matar al Arzobispo. En la hoja, hay nombres de reconocidos oligarcas, financiadores de d´Abuisson, pero no el del francotirador. A quien identifican como “el tirador”, así como al motorista de Saravia, Amado Antonio Garay Reyes, a quien distinguen como “Amado”.

Actualmente, cuando viejos cuadros de ARENA y oligarcas se refieren al caso de Monseñor Romero, lo mencionan como “La Operación Mayor”.
Fue Amado Garay Reyes, quien el 19 y 20 de noviembre de 1987 testifica, primero ante la Comisión de Investigaciones de Hechos delictivos y luego ante el Juzgado Cuarto de lo Penal, en la que confirma que él condujo al tirador hasta la capilla de la Divina Providencia, por órdenes del Capitán Álvaro Saravia, a quien le manejaba desde hacía meses.

Amado Garay añade que después del asesinato tuvo miedo y por eso se fue a vivir a Estados Unidos, donde lo contactaron, a través de Migración, dos personas de apellidos López y Castillo, quienes le pidieron se presentara a los tribunales salvadoreños a dar su declaración en el caso de Monseñor Romero. Y, es por eso que el 17 de noviembre de 1987 llega a El Salvador, procedente de Estados Unidos.

En su declaración, Amado Garay, con lujo de detalle, narra desde el momento en que recoge al capitán Saravia, en la residencia de éste, luego al tirador, a quien recogió, según la Comisión de la Verdad, en la Casa de Alejandro Cáceres, pero, según Garay es la de Roberto Daglio, donde Garay abordó otro vehículo, el Volkswagen Passat rojo de cuatro puertas, en el que ya se encontraba el tirador, que en aquel momento era un hombre joven, barbado, a quien conduce hasta llegar a la iglesia. De la mencionada residencia salieron dos vehículos, el del tirador, y el otro en el que iban varios hombres, a quienes Amado no logra identificar. Justo en la capilla, el otro vehículo desaparece de la zona, y el desconocido le pide a Amado que se parquee, y que mantenga el motor en marcha, frente a la iglesia, y que simulara que estaba reparando el vehículo.

El conductor dice haber visto a un sacerdote dando misa, y luego oyó un disparo, y al girar la vista hacia atrás vio al hombre de barba sostener un fusil con ambas manos. El tirador, inmediatamente le ordena, con voz calmada: “Camine despacio, tranquilo”. Aún nervioso, relata Amadeo, salió del parqueo de la iglesia y se dirigió hacia el centro de la ciudad, donde se perdió temporalmente por los nervios, pero, una vez se tranquilizó, condujo al asesino a la misma Residencia de donde había salido.

Que una vez llegaron a la residencia, allí estaba, fuera, el Capitán Saravia, que el hombre de barba le hizo una venia con la mano derecha (el saludo militar) y acto seguida le dijo: “misión cumplida”. Este hombre de barba, según nuestra fuente es Marino Samayoa Acosta, nacido el 8 de octubre de 1949.

Al día siguiente, dice Amado Garay, condujo al capitán Saravia a una casa que parece Castillo, propiedad de Roberto Daglio, donde se encontraba el Mayor Roberto d’Aubuisson, donde Saravia le expresó que “ya hicimos lo que habíamos planeado”, y según Garay, d´Abuisson le habría respondido “no, hombre, no lo hubieran hecho todavía”, a lo que Saravia le replicó: “Como Usted ordenó que lo hiciéramos, por eso lo hicimos”.

«Se van a dar cuenta hasta dónde llega mi participación, y cómo me han involucrado a mí en cosas de las que no fui responsable’’, afirmó Saravia, a Diario Co Latino, en una entrevista realizada los primeros días de marzo de 2006 . “Pero, claro, como soy el único, al perro más flaco se le pegan las pulgas’’, agregó.
Más recientemente, el Capitán Álvaro Saravia le dijo Al periódico digital el Faro, que “El capitán Eduardo Ávila Ávila les informa el plan: en esa misa será asesinado monseñor Óscar Arnulfo Romero Galdámez. Ya todo ha sido coordinado con Mario Molina y Roberto d’Aubuisson”. Mario Molina, hijo del Expresidente Arturo Armando Molina.

El fusil utilizado por el francotirador, propiedad del Capitán Ávila, fue escondido, por órdenes del mismo Ávila, en un hueco de un desfiladero, que da al mar, a la altura de uno de los túneles de la carretera Litoral.

De la vida de Marino Samayoa, hay pocas referencias, pero, según las fuentes, “cuando aparece, le dan trabajos de guardaespaldas, trabajos que desempeña por corto tiempo, y luego desaparece”.

El camino para asesinar a Monseñor Romero

La teoría del eterno retorno es básicamente que las cosas que sucedieron una vez, siguen aconteciendo infinitas veces en el pasado, por esto, el asesino de Monseñor Óscar Arnulfo Romero recorre todos los 24 de marzo casi una docena de calles hasta llegar a la Capilla de la Divina Providencia, y la bala sigue atravesando el corazón de la víctima.

El semáforo se pone en rojo. Un niño se aproxima a los carros y hace malabares con dos naranjas. Una resbala de entre sus dedos y se destripa.
Una pregunta que siempre me venía a la mente: ¿dónde está el asesino de Monseñor Romero? ¿Está vivo? Si aún sigue con vida seguramente es mayor de edad, entre 60 a 70 años calculó. Hoy sé que está vivo, que nació el 8 de octubre de 1949.

Amado Garay describió al tirador como un hombre barbado, de entre 25 y 27 años, – y a juzgar por el testimonio- un tipo hecho de hielo y muy calculador, y experto en hacer de la muerte una cosa cotidiana.

Un día de marzo de 1980, Garay y Saravia salieron de la casa de este último en la Colonia la Rabida, 714, a la par del “Chalet Italia”.

El Capitán Saravia vivió sobre la 37 Calle Oriente, pero su casa ya no existe. El “Chalet Italia” ya no se puede ubicar más que en el recuerdo de los habitantes más antiguos de la zona.

Rodeamos la calle intentando encontrar el sitio, – Garay dice en su declaración que entraron al Pasaje San Juan- y no encuentro nada.

Una pareja de ancianos platica en una puerta, nos dirigimos a ellos – ¿conocieron el Chalet Italia?- estuvo por aquella esquina responde la longeva.
Solo encontramos el pasaje “Italia Sur” y las casas 728, 718,.. los números desaparecen y de pronto la vivienda 14. Algo no concuerda.
Le pregunto a un vigilante sobre la casa 714, no sabe pero llama a un señor calvo de ojos claros y lentes enormes que hace memoria.

Él tiene más de 20 años de vivir en la zona, pero desde que llegó, la numeración ya estaba desordenada. ¿busca a alguien? Me pregunta.
Le explico y dice que ese apellido le suena conocido. ¿Dónde está el chalet Italia? Y ¿la casa del Capitán Saravia? Esos recuerdos desaparecieron el 24 de marzo de 1980.

El capitán lo guió hasta un portón color negro, ubicado en la Colonia San Benito, casa número 549, sobre el Boulevard del Hipódromo. Al detener el carro sonó el claxon, y un señor abrió, tras lo cual se dibujó una cuestecita y dos árboles de marañones japoneses.

El capitán Saravia entró en la residencia y Garay permaneció en la estancia, minutos después una empleada le ofreció pan y refresco que aceptó gustoso.
La Colonia San Benito seguramente ha cambiado 31 años después. Platico con un vigilante, busco la casa número 549, pero no existe. 548, 548 A… debe ser al otro lado, allá están los nones – señala el hombre unos apartamentos de lujo-
Los números, en ese lado de la calle, son impares, las viviendas desbordan lujo, pero sigo intranquilo por saber cual es la casa exacta donde Garay observó por primera vez al asesino.

Sospecho que el radio donde estaba ubicada la residencia en cuestión se ubica desde los apartamentos “Villa Romana” hasta el local de “Jorge Arguett, Haute Couture”.

Comiendo estaba cuando Saravia le señaló un Volkswagen rojo “manejá ese carro” y “seguí ese carro que está adelante”.

Se subió y un hombre barbado estaba sentado en la parte trasera derecha, no lo reconoció.

La orden fue clara y la cumplió: siguió el carro sin cuestionar el rumbo, cruzó por aquí, por allá, un sin fin de vueltas, pasó frente al Colegio García Flamenco, luego en la Colonia Miramonte pasaron sobre una calle de tierra y entraron en un portón negro.

Perdieron la pista al carro que debían de seguir, el hombre barbado le indicó que dieran la vuelta frente a una iglesia, lo hizo y se detuvo entre tres a cuatro metros de distancia antes del sitio religioso.

“No, párese frente a la iglesia” le sugirió el acompañante en el vehículo. Lo hizo y observó a un sacerdote que oficiando misa, no prestó atención.
Acto seguido el hombre barbado le dijo que simulara una reparación, por lo que manipuló la palanca de velocidades y se agachó sin cuestionar.
Hay una gran quietud frente a la Capilla de la Divina Providencia. Me alejo un poco de la entrada y trato de calcular la posición del hombre que disparó a Monseñor Romero.

Los brazos firmes, fuerza, precisión y paciencia para escapar sin dejar la mínima huella de su paradero por más de tres décadas.
De usar barba debería estar canosa, su cabello igual. Si Amado Garay lo tuviese enfrente ¿lo reconocerá?

Una detonación fuerte asustó a Garay, el olor a pólvora y los gritos lo estremecieron, asustado vio que el barbado sostenía un fusil que sobresalía al lado derecho del carro.

Segundos de confusión, no supo que hacer, la mente en blanco anticipando temores, nerviosismo y lo inaudito: “camine despacio, tranquilo”, le dijo el barbado.
Nunca apagó el vehículo, mientras sus manos temblorosas apretaban el volante aceleró hasta el centro de San Salvador, se perdió, no se ubicó, pero logró sobreponerse a sus nervios y regresó a la casa de la colonia San Benito.

Garay y el barbado se bajaron del Volkswagen rojo, el capitán Saravia los esperaba y el hombre que sostuvo entre sus manos el rifle lo saludó: “misión cumplida”.
Saravia se dirigió a Garay “¿por qué te tardastes tanto?, el chofer alegó a su favor que se había perdido.

Saravia y el barbado entraron a una habitación de la casa mencionada y el chofer se quedó comiendo marañones japoneses.

Pasado el tiempo, Saravia salió y le ordenó: “ahora no vamos a dormir en mi casa, sino a otra, sigamos a ese carro”.

El 27 de marzo, tres días después de la detonación frente a la iglesia, Garay fue junto con Saravia a una casa “que parecía castillo” frente al Canal Dos de Televisión.
“Centro Comercial Loma Linda” dice un rótulo en la entrada. Hay varios negocios: desde una escuela de artes plásticas hasta imprentas.

Al fondo un amplio parqueo y un árbol que sirve de sombra para los carros. Quizá el único testigo de lo que fue en aquella fecha.
Aquí presentó el capitán Saravia al Mayor, Roberto d’Aubuisson los resultados de la misión: “Ya hicimos lo que habíamos planeado”.

“En un juicio, la información que recabamos habría resultado en la condena de D´Aubuisson"

Douglas Cassel, abogado miembro de la Comisión de la Verdad


José Luis Sanz y Carlos Martínez
El Faro 

Este catedrático de la Universidad de Notre Dame reivindica el rigor de las investigaciones y las conclusiones de la Comisión de la Verdad, y la fortaleza de su informe. Dice que la llegada de Clinton a la Casa Blanca facilitó el trabajo de la Comisión, que la Ley de Amnistía de 1993 fue producto de la amenaza de los militares a Cristiani, y que con la información que recogieron, D'Aubuisson, Ponce y otros habrían sido condenados.

La Comisión de la Verdad para El Salvador, producto de los Acuerdos de Paz firmados entre el Gobierno encabezado por Alfredo Cristiani y la guerrilla del FMLN, tenía tres miembros: el expresidente de Colombia Belisario Betancur; el excanciller de Venezuela Reinaldo Figueredo, y Thomas Buergenthal, que en esa época acababa de dejar de ser juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De la mano de este último llegó como asesor a la Comisión Douglas Cassel, un hombre práctico, de conversación distendida en un español casi perfecto, doctor en derecho por Harvard y hoy profesor de derecho internacional en la Universidad de Notre Dame.

“Tom era amigo mío. Es mi mentor. Yo ya había trabajado en El Salvador un par de veces antes. Fui observador del colegio de abogados de los Estados Unidos en el juicio contra los militares del caso jesuitas en el 91. Cuando Tom me llamó para pedirme que fuera su asesor, mi respuesta fue que él no necesitaba ningún asesor, que él era de los mejores juristas del mundo, pero él dijo que necesitaba ayuda y yo acepté venir.”

Y vino. Cada comisionado nombró a un asesor. El venezolano nombró a un exdecano universitario, el colombiano a un excanciller, y una vez nombrados los tres asesores funcionaron como un equipo y supervisaron todas las investigaciones de la Comisión. Decidían con los comisionados las prioridades de investigación, colaboraban con los investigadores en algunas entrevistas con los testigos más delicados, y supervisaban los procedimientos de verificación de datos. Con 22 mil denuncias de casos sobre la mesa decidieron que no podían investigar todos a fondo e hicieron una selección de 30 que consideraban más trascendentales o representativos. El resto los sistematizaron para extraer cifras que ilustraran patrones de actuación, el perfil de las violaciones de derechos humanos más habituales durante la guerra civil.

El resultado fue un informe de título optimista -“De la locura a la esperanza”- y contenido estremecedor. Un documento del que Cassel fue editor principal y que desde su presentación el 15 de marzo de 1993 ha estado, en El Salvador, sometido a la polémica y los cuestionamientos político partidarios e ideológicos. Solo los académicos y algunos intelectuales reivindican todavía el valor esclarecedor de aquel trabajo de investigación sobre la barbarie, documentado y escrito entre los rescoldos de la guerra y bajo amenazas.

Eran ustedes solo tres delegados, tres asesores y un grupo de investigadores.
Sí. Cuando yo llegué a la Comisión ya se había contratado a los investigadores. Ninguno era salvadoreño. No era seguro en aquella situación y por eso se tomó esa decisión, al igual que se había decidido que ningún comisionado fuera salvadoreño. Creo recordar que tuvimos una secretaria administrativa que era salvadoreña, pero todos los demás –muy a propósito- no eran salvadoreños, no solo por temas de seguridad, sino porque nadie en El Salvador iba a confiar en un salvadoreño que pudiera estar del otro lado. Si un investigador era salvadoreño, el acusado lo podía usar para intentar desacreditar el informe de la Comisión.

Ustedes, los asesores, participaron también en el proceso de entrevistas, recolección de archivos, datos…
Sí, pero no tan directamente como los investigadores. Recabamos datos en diversas formas. En primer lugar abrimos sucursales para recibir a las víctimas, que vinieron a diario en gran número y pasaron horas ante un equipo especializado en recibir denuncias. Luego recuperamos todo eso en unas cifras que fueron analizadas por un experto español en manejo de datos. Y después comenzamos con una lista de 85, 90, 100 casos que consideramos de trascendencia para la sociedad, porque ese fue uno de nuestros mandatos. Pero nos dimos cuenta, primero, de que no había tiempo para investigar 90 casos a fondo, y en segundo lugar, de que en unos casos había pistas y en otros no. Así que decidimos que algunos de los casos más importantes -como Romero, jesuitas, El Mozote- obviamente no podíamos dejarlos de lado; y en otros casos tal vez no tan trascendentales pero que eran ejemplo de patrones de violencia, como desapariciones forzadas, los seleccionamos por el hecho de que teníamos pruebas suficientes. De los 30 casos que finalmente investigamos, en 28 llegamos a la convicción moral de quién lo hizo y en dos casos, uno de ellos el asesinato del esposo de Mirna Perla, Herbert Ernesto Anaya Sanabria, como había indicios por los dos lados no pudimos descartar la posibilidad de que él hubiera sido asesinado por el propio Frente, aun habiendo sido director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador. Mirna se enojó mucho, conmigo en especial, porque siempre ha sostenido que fue el gobierno quien lo hizo, pero nosotros tuvimos que manejar criterios fuertes, morales y legales, porque sabíamos que la única arma de la Comisión era su credibilidad y si alguien detectaba una sola equivocación en un caso lo podría aprovechar para desmentir y desprestigiar todo el informe. Por eso tuvimos una regla muy rigurosa de no sacar conclusiones sobre ningún hecho de importancia sin tener al menos dos fuentes independientes, y eso tuvo resultados positivos y negativos. Positivos porque, hasta donde yo sé, nadie nunca ha podido desmentir ninguna de nuestras conclusiones. Eso no significa que no hubo errores, pero en lo humanamente posible los evitamos con esa regla de doble prueba y con el escrutinio muy de cerca por parte de los asesores.

Nadie los ha desmentido a través de un proceso de investigación, pero sí…
Me refiero a una acusación creíble de que mentimos. No la hay, al menos que yo sepa. Pero el resultado negativo de aquel proceso fue algo que frustró mucho a varios de los investigadores. Por ejemplo, en  el tema de las desapariciones forzadas. Los investigadores eran muy buenos, investigaron el tema, vincularon con el financiamiento de escuadrones de la muerte a unos ricos salvadoreños que vivían en Miami, y llegaron a nosotros con un informe de 30 páginas. A mi juicio todo era verdad, pero en 28 de esas 30 páginas había solo una fuente. Publicamos solo dos páginas.

Porque el resto no cumplía el requisito de la doble fuente.
Correcto. ¿Qué pasaría si alguien se equivocara o estuviera mintiendo? No pudimos asumir el riesgo de equivocarnos en eso. Y por lo tanto estoy convencido de que no contamos toda la verdad que conocimos en el momento. Por prudencia.

Pese a su esfuerzo por evitar que se desacreditara el informe, no se ha logrado superar el constante enfrentamiento entre dos supuestas verdades acerca de lo que pasó en la guerra.
Sí. Eso se debe a una serie de motivos: en primer lugar, la Comisión de Naciones Unidas para El Salvador es casi la única comisión de la verdad en las últimas décadas -y ha habido como 70 u 80 comisiones de la verdad en distintos países- que fue totalmente internacional. Tal vez era necesario por razones de credibilidad y seguridad, como mencioné, pero eso tuvo la desventaja de crear una comisión de la verdad paracaidista, es decir, que llegó y salió del país, por lo que los mismos salvadoreños no son dueños de la comisión. La UCA intentó hacer algo, difundir el informe, pero nadie más. El FMLN, como por razones de credibilidad y honestidad también denunciamos fuertemente a Joaquín Villalobos y a otros líderes del Frente, tampoco tuvo interés en maximizar el impacto del informe. Y, por otro lado, al salir el informe, la junta militar organizó una rueda de prensa con todos ellos presentes, desde el más alto nivel, para acusar a la Comisión de falta de ética, parcializada, atrevida, politizada... no recuerdo todas las palabras pero se pueden encontrar en la web. Así que la derecha en El Salvador se quedó con esa versión de los militares, y la izquierda y la sociedad civil no se sintieron dueñas del informe, como en otros países. Y el gobierno hizo todo lo posible para reprimir el informe, no por la vía de la censura, pero sí por la vía de no publicarlo, no publicitarlo, no utilizarlo en las escuelas como se hace en otros países. Por eso no me sorprende para nada que las dos versiones todavía existan hoy. Pero para nosotros lo más importante en ese momento fue sacar la verdad, y a nivel internacional el informe fue aceptado totalmente. Por eso hubo fuerte presión para que la junta directiva de los militares saliera y la Corte Suprema de El Salvador entera fue efectivamente destituida un año después. Y tuvo otros resultados positivos, pero eliminar las dos versiones de la historia no fue uno de ellos. Tal vez por  eso cuando yo doy clases de justicia transicional en la universidad de Notre Dame o en otros lugares digo que no se debe seguir este ejemplo, el de una comisión sin miembros nacionales, a menos que sea absolutamente necesario.

Ustedes sabían desde un principio que el informe no sería legalmente vinculante.
Los Acuerdos de Paz decían que las conclusiones de la Comisión de la Verdad sobre quién hizo qué cosa no podrían tener efecto vinculante, porque no éramos un tribunal, no organizamos juicios con derecho a defensa de los acusados. Les dimos entrevistas, oportunidad para explicarse: “Señor coronel, ha sido señalado como responsable de participar en la reunión donde se ordenó el asesinato de los jesuitas, ¿qué dice usted?” Pero en primer lugar varios de ellos no quisieron comparecer ante nosotros, y en segundo lugar, como no era un juicio, ellos podían decir lo que querían pero nosotros llegábamos a nuestras conclusiones sin que ellos pudieran citar testigos. Nos basábamos en nuestras propias investigaciones. Tampoco recomendamos en aquel momento que los casos se pasaran a los tribunales, porque en esa época pasarlo a los tribunales habría resultado en condenas contra el Frente y sentencias absolutorias para los militares. Habría sido totalmente perverso e injusto. En el mismo informe decíamos que no podría haber justicia jurídica hasta que se reformara el sistema judicial de El Salvador, lo cual se inició y se dieron grandes pasos. La primera Corte Suprema después del informe, elegida en el 94, incluyó a Chema Méndez padre, uno de los mejores juristas de El Salvador, y a otros jóvenes. Pero hasta la fecha todavía hay impunidad para todos esos delitos. Había un compromiso político en los Acuerdos de Paz por el que el gobierno se comprometía a cumplir con nuestras recomendaciones, pero los militares no permitieron a Cristiani hacerlo. Le amenazaron.

Hay cables de Estados Unidos que hablan de cómo el gobierno de Cristiani siempre estuvo sometido a conjuras de parte de los militares.
Por eso no cumplió con su compromiso de cumplir las recomendaciones. Pero después de nuestra salida se quedó Onusal hasta 1996 y tuvieron una oficina de derechos humanos encabezada por Diego García Sayán, ahora juez de la Corte Interamericana, que había sido jefe de la comisión de juristas en Lima. Diego quedó encargado de dar seguimiento a todas nuestras recomendaciones y se cumplió de hecho con la mayoría de las cuestiones formales, como por ejemplo aceptar la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un factor actual muy importante para El Salvador. Aunque hay una recomendación que Diego se negó a hacer cumplir.

¿Cuál?
Habíamos recomendado que quienes fueran señalados como responsables de graves violaciones a derechos humanos no pudieran tener cargos públicos durante cinco años y cargos en seguridad durante 10 años. Diego opinaba que con eso violábamos los derechos humanos de los señalados, al quitarles un derecho político sin haberles permitido pasar por un juicio. Ahora creo que Diego tenía razón y nosotros no, aunque me parecía una buena idea en su momento, ja, ja, ja, ja... porque el temor era que si ellos se quedaban en política la situación en El Salvador era tan frágil, tan reversible, que todo el proyecto democrático estaba en riesgo.

Parece una cuestión de costo de oportunidad. Inhabilitarlos podría haber regenerado el sistema político, pero posiblemente los hubiera convertido en protagonistas ocultos del juego de poder.
El acusado de mayor grado en el informe fue Ponce, que en ese momento era ministro de Defensa. Si nosotros aceptábamos que ese señor pudiera seguir en su cargo o que pudiera ser destituido el viernes y tomar otro cargo el lunes… ¡Hombre! ¡Él era el mayor responsable de los actos cometidos por militares! Eso lo teníamos que evitar, y lo evitamos... Todavía creo que tendría un buen debate con mi amigo Diego sobre ese tema.

Saber de antemano que el informe no tendría efectos legales ni presentaría batalla en un juicio, ¿no relajó los estándares probatorios que usted conoce como jurista?
Mmmmm… eso es debatible. Nuestros estándares se publican en el capítulo jurídico del informe y fueron de tres niveles: para señalar a una persona necesitábamos tener pruebas “contundentes”, para señalar a una institución prueba “sustancial”, y para un hecho por el que no señala a nadie pero que está comprobado, aplicábamos un balance de probabilidades. Si eso se compara con los estándares de prueba que se aplican en un juicio penal, donde se piden pruebas “más allá de la duda razonable”, nuestra segunda y tercera categoría no llegan a eso, pero hay que entender que ese “más allá de la duda razonable” se pide para condenar a una persona por un delito. Yo creo que el estándar de prueba “contudente” es en la práctica lo mismo que “más allá de duda razonable”, y además en un juicio civil, en el cual una persona demanda a otra por daños, en muchos sistemas jurídicos el estándar no es “más allá de duda razonable” sino la mayor probabilidad a partir de las pruebas que se presentan. Es técnicamente complicado responder a tu pregunta.

Usted, como abogado, ¿estaría en capacidad de sostener ante un juez, por citar quizá el caso más célebre, que Roberto d’Aubuisson es el responsable de la muerte de Óscar Arnulfo Romero?
Sí, sin lugar a dudas.

¿Hubiera estado en capacidad de sostenerlo en juicio en el caso de que el informe hubiera sido vinculante? Los elementos recogidos por la Comisión, plasmados en el informe, ¿cree que serían suficientes para condenar a Roberto d'Aubuisson?
Si hubiera sido posible llevarlo ante un tribunal, creo que habría resultado en una condena. Ninguno de los comisionados y ninguno de los tres asesores tuvimos la menor duda en este caso, porque nos entrevistados con testigos clave, que sabían lo que ocurrió. Pero en un juicio penal la pregunta es si esos testigos voluntariamente comparecerían, y la respuesta, al menos en esa época, era “no”. Ellos temían por su vida. Ya fue de hecho muy difícil convencerlos para dar su testimonio a la Comisión, aun a sabiendas de que no íbamos a revelar su identidad. Sobre el caso jesuitas, por ejemplo, hubo militares que no quisieron darnos testimonio en El Salvador. Yo tuve que entrevistarme en un hotel cerca del aeropuerto de Chicago con uno de ellos, que me pidió que no revelara su identidad ni siquiera a los comisionados. Yo le dije: “Eso no puedo hacerlo, pero le garantizo que no lo identificaré a menos que los comisionados lo estimen necesario”. Él era el “testigo 72” o algo así. Presenté su testimonio a los comisionados, y era coherente con las pruebas que ya conocíamos, así que ellos decidieron que no tenían que preguntarme el nombre del testigo si yo explicaba qué cargo tenía, qué conocimiento directo tenía, etcétera. No era un testimonio único, sino parte de la abundante prueba que teníamos en ese caso.

Aún hoy cuesta encontrar gente dispuesta a reconocer, incluso sin grabadora delante, verdades del pasado. Es llamativo que, a pesar del miedo, en 1992 tanta gente tuviera ganas de hablar con ustedes para dar testimonios comprometedores.
Eran elementos de conciencia, pero también tuvimos herramientas de presión. Por ejemplo, a un testigo clave en el caso Romero lo encontramos en Estados Unidos y le dijimos: “Bueno, señor, ¿quiere usted quedarse en este país o que le manden a El Salvador? ¿Quiere colaborar con nosotros?” Recuerden que la comisión se instaló a mediados del 92 y sacó su informe el 15 de marzo del 93. Y el 20 de enero del 93 entró al gobierno Bill Clinton y salió Bush padre. El mismo día de ese cambio de gobierno se nos abrieron muchas posibilidades que no habíamos tenido antes. Amigos y colaboradores nuestros entraron en el gobierno. Decir a un testigo en Estados Unidos que si quería quedarse sería prudente colaborar con nosotros era imposible antes del 20 de enero, pero después ayudó a que recibiéramos el testimonio más clave para resolver el caso Romero.

¿Era real esa amenaza? ¿Había ese nivel de compromiso de la nueva administración estadounidense con el informe de la Comisión?
Sí. Por supuesto, Bill Clinton no sabía nada de esto, pero personas de confianza en tercer o cuarto nivel del gobierno, que trabajaban en el tema de relaciones internacionales y Derechos Humanos en la casa blanca y en el Departamento de Estado sí estaban comprometidas con la Comisión. Ya les habíamos adelantado que nos estaba corriendo el reloj, para que cuando entraran nos abrieran esas puertas. Y lo hicieron.

Pero, más allá de los vínculos personales, ¿era un compromiso político del gobierno de Estados Unidos?
Eran decisiones de personas de tercer o cuarto nivel. Por ejemplo: habíamos intentado acceder a los archivos de… creo que de la CIA, y en el gobierno de Bush acordaron que solamente Tom Buergenthal, ni yo ni los otros gringos en la Comisión, podría ver los archivos relevantes, sin sacar fotocopias ni tomar notas, solo verlos en una sala secreta. Pero entra Clinton y en cuestión de días tenemos permiso para que uno de nuestros investigadores pudiera ir allá y pasar todo el tiempo necesario tomando notas. Lo que trajo a su regreso nos ayudó a corroborar algunos casos. Así que eran decisiones por parte de oficiales menores, no sé si por escrito o solamente orales. Nosotros recibimos las autorizaciones en forma oral.

Soy de la generación cuya infancia se desarrolló en la guerra civil, tengo 32 años. Parte de la generación de personas que participó en la guerra de uno y otro bando, le insisten a mi generación en que el hecho de que el informe de la Comisión de la Verdad no fuera vinculante fue una condición para firmar la paz. Es decir, nos sugiere que la guerra terminó porque el informe de la Comisión de la Verdad no iba a tener carácter vinculante. ¿Qué opina?
Habría que preguntarle a Álvaro de Soto. No sé si en algún momento alguien dijo exactamente eso. Pero en el contexto me suena posible. Lo que buscaba Naciones Unidas era poner fin a la guerra, y que el informe fuera o no vinculante me parece un punto muy técnico. Aunque fuera vinculante, muchas veces los gobiernos no cumplen con la ley y aun si fuera ley nacional, la Corte Suprema de esa época no iba a hacer nada. Y a nivel de derecho internacional, ¿a dónde se puede acudir para seguir un juicio o buscar una sentencia que haga cumplir con un Acuerdo de Paz? No habría tribunal con jurisdicción. Si a mí me hubieran hecho esa pregunta en el 91 o el 92 yo hubiera dicho que lo importante era un compromiso político del gobierno, con un seguimiento muy de cerca de Naciones Unidas y con el apoyo de Estados Unidos, que tiene mucha plata y podía presionar al gobierno salvadoreño. No puedo constatar que pasara eso, pero me parece creíble. Y además, yo hubiera estado de acuerdo con los negociadores en ello.

Otra de las máximas que se suele repetir es: para llevar presos a los militares o los guerrilleros que violaron derechos humanos, hubiera sido necesario que alguien ganara la guerra. Abrir esos casos cuando no hubo vencedores ni vencidos es hacer trampa al espíritu de los Acuerdos de Paz, que...
Para nada.

Eso se dice.
Se dice, pero para nada es así. En los Acuerdos de Paz se habla, explícitamente, de la necesidad de superar la impunidad. Incluso, el compromiso de amnistía que aparece en los Acuerdos de Paz excluye explícitamente a cualquier persona nombrada por la Comisión de la Verdad. Está clarísimo que en los Acuerdos no se aceptó la idea de que la paz necesita impunidad.

Una amnistía que excluyera a los nombrados por la comisión...
Eso se dijo y se aceptó antes de que se conociera nuestro informe. Pero después de nuestro informe los legisladores, bajo amenaza militar, adoptaron una amnistía sin excepciones. Y esta fue respaldada en mayo del 93 por la Corte Suprema de Mauricio Gutiérrez Castro, señalado por nosotros como violador y encubridor de violaciones a los derechos humanos. Pero en septiembre del año 2000 la Corte Suprema de El Salvador, la Sala de lo Constitucional, falló algo así como -no recuerdo las palabras exactas-: “Las graves violaciones de derechos humanos quedan fuera de la Ley de Amnistía”. O sea que en El Salvador desde septiembre de 2000 la puerta está abierta, bien abierta, jurídicamente, para procesar a los responsables. El problema es falta de voluntad política, la dificultad de recabar pruebas a estas alturas, y el temor de los testigos. Muchas de nuestras pruebas clave (en la Comisión de la Verdad) eran testigos, y no creo que esos testigos vayan a comparecer ahora ante un tribunal y decir la verdad.

¿Usted estaría dispuesto a testificar ante un tribunal?
No puedo hacerlo. Por dos motivos. Primero, el mío sería un testimonio de oídas; no soy testigo directo. Pero por encima de eso prometimos confidencialidad a nuestros testigos, y testificar sería una violación de ese compromiso. Ese mismo problema ha surgido en algunos tribunales internacionales y a veces no se ha respetado el compromiso de confidencialidad, pero si eso me pasara a mí, tendría que pensar bien, como un punto de conciencia, qué hacer.

Hay quien defiende que el informe de la Comisión de la Verdad contradice el espíritu de los Acuerdos porque rompe la concordia, y que la amnistía es la verdadera clave para asentar la paz. Usted dice que la Ley de Amnistía, tal y como se redactó, contradice el espíritu de los Acuerdos.
Por supuesto. Y refleja un gran cambio por parte de los militares. A mediados del 92, ¿qué decían los militares sobre la Comisión de la Verdad? Decían: “Bueno, puede haber habido excesos por parte de algunas manzanas podridas. Por favor, señalen y denuncien ustedes a esas malas personas, a esos pocos individuos, que no manchan a toda la institución de la Fuerza Armada”. Pero en octubre del 92 se dan cuenta de que vamos a señalar a altos mandos militares, porque nos están interviniendo las comunicaciones telefónicas. ¡Y cambian su versión! Empiezan a decir: “Por favor, señalen responsabilidad institucional, pero no señalen responsabilidad individual”. Incluso enviaron una misión a Nueva York. Creo que iba el canciller, y no sé si David Escobar Galindo fue parte de esa misión... pero tres salvadoreños de mucho peso diplomático internacional fueron al Consejo de Seguridad para pedir que ordenara a la Comisión de la Verdad que no citara nombres. Afortunadamente Boutros Ghali, Estados Unidos y otros miembros del Grupo de Países Amigos rechazaron ese acercamiento. También el presidente Betancur y Tom fueron a Naciones Unidas para explicar la situación y confirmar que en el informe íbamos a nombrar a generales, coroneles, etcétera. Y así fue: terminamos señalando tanto responsabilidad institucional como individual. Decir que eso contradice los Acuerdos de Paz es una simple mentira, utilizada para justificarse posteriormente.

Sin embargo sí cree que la posterior amnistía excedió lo contemplado en los acuerdos.
No hay lugar a dudas. Es explícito. Lo que pasa es que los militares amenazaron a Cristiani. “De acuerdo, no habrá golpe de Estado, pero usted tiene que darnos amnistía”. Y por supuesto se las dio.

¿Usted tiene pruebas de lo que está diciendo ahorita, o solo cree que los militares amenazaron a Cristiani?
No tengo las pruebas en mi mano, pero en aquel momento me lo contó alguien, ya no recuerdo quién, que lo sabía directamente. En octubre de 1992 el Departamento de Estado llamó a Tom y le dijo: “Su vida y la de Doug corren peligro en El Salvador. No deben regresar. Y si regresan, tengan en cuenta que son amenazas bien acreditadas por las fuentes de inteligencia.” Tom me llamó, lo hablamos, y por supuesto decidimos regresar a El Salvador de todos modos. Pero tomamos nuevas precauciones. Vivíamos aquí, en este mismo edificio en el que estamos, en este hotel, pero nuestras oficinas estaban en el antiguo hotel Sheraton, así que todas las noches, al salir del Sheraton, nos acompañaban seis guardaespaldas de Naciones Unidas que eran ex marines estadounidenses, y ocupábamos rutas distintas para hacer el recorrido entre los dos hoteles, y si nos cruzábamos con otro vehículo parábamos el nuestro y los guardaespaldas se ponían en guardia mientras pasaba. Y al llegar aquí nos quedamos en el hotel y no salíamos a no ser que hubiera una entrevista o algo así. Además, vehículos sospechosos aparcaban a menudo frente a las casas de nuestros investigadores. Las amenazas eran tan fuertes que a mediados de diciembre, cuando estimamos que habíamos terminado casi toda la investigación en El Salvador y solo faltaban entrevistas con testigos fuera de El Salvador, decidimos sin previo aviso mudar a todos nuestros colaboradores y todos nuestros documentos a Nueva York. Y más o menos desde la Navidad de 1992 hasta el 15 de marzo de 1993 trabajamos en las oficinas centrales de Naciones Unidas, porque no era seguro hacerlo aquí. También fue público que a finales de octubre o principios de diciembre vino a El Salvador Colin Powell (entonces presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos). Él tenía una reunión de no sé qué en Buenos Aires, o en algún lugar de Suramérica, y de regreso paró en San Salvador. ¿Por qué? Porque algunos militares, que poco después serían citados por nosotros en el informe, estaban amenazando con un golpe de Estado. El propósito de la visita era que Colin Powell les dijera que Estados Unidos no iba a apoyar ningún golpe. Eso creo que se ha publicado en diversos lugares, pero nosotros lo supimos en el mismo momento en que sucedió.

¿Ponce encabezaba ese movimiento golpista?
Creo que no era Ponce, sino Bustillo y otros más. Ponce era un poco más diplomático que el resto.

También era más cercano al presidente Cristiani.
Y era una figura más importante. Tenía más que perder si el golpe no prosperaba.

Otra de las cosas que se dice es que, si 20 años después de los Acuerdos de Paz somos uno de los países más violentos del mundo, es en parte porque la violencia es hija de la impunidad y tras los acuerdos no se castigó a los violadores de derechos humanos.
Tal vez yo no sea la persona más indicada para opinar sobre esto, pero no estoy de acuerdo. Yo creo que la impunidad por violaciones de derechos humanos propicia más violaciones de derechos humanos, es decir, ataques, amenazas y asaltos por motivos políticos. Pero la violencia de la calle la analizo desde un enfoque distinto. Y según mi análisis personal no tiene nada que ver con lo que dijo o no la Comisión de la Verdad. Este país sufre ante todo de injusticia económica y social. La ha sufrido durante décadas. Y también fue víctima de fraudes políticos, sobre todo en los años 70. Yo vi la violencia de la rebelión como una respuesta a la injusticia: los chicos de la clase media se fueron a la montaña frustrados por la imposibilidad de un cambio político pacífico y recibieron el apoyo de muchos campesinos y pobres por su situación de exclusión social, de la que culparon con razón a los ricos y a quienes protegían a los ricos, es decir, a los militares. ¿Qué pasa con los Acuerdos de Paz? Los Acuerdos son un instrumento político que integra al Frente en la Asamblea, que saca un informe sobre los abusos... ¿Pero qué pasa con la pobreza? ¿Qué pasa con la exclusión social? No se tomaron en serio las necesidades económicas y sociales del pueblo salvadoreño. Todas las recomendaciones que hicimos a Naciones Unidas para que hubiera reparaciones económicas, inversión en las víctimas y los pobres de este país, no se tomaron en cuenta. Incluso Álvaro de Soto y una colega publicaron un artículo allá por 1995 sobre la falta de articulación entre el brazo político de las Naciones Unidas y los brazos económicos, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. No se puede resolver una crisis económica, social, militar y política, enfrentando solo la parte militar y política. Si se ignora la pobreza extrema, la desigualdad absurda, entonces la violencia toma otra forma. Después de 1992 la sociedad salvadoreña ya no quería más revolución por la fuerza de las armas, pero los pobres reaccionaron de manera anárquica e individualizada a su situación de injusticia, de desempleo. Agravado por el hecho de que muchos ya tenían armas y sabían cómo utilizarlas. ¿Por qué no robar o incluso matar por algo que deseo? Yo lo veo como una segunda fase de respuesta a algunos de los mismos problemas que impulsaron la guerra civil. Insisto, es mi análisis muy personal.

¿Es capaz de percibir los efectos que ha tenido a largo plazo aquel documento de la Comisión? ¿Ve rasgos heredados de aquel “De la locura a la esperanza” en El Salvador de hoy?
Sí, los hay. No creo que el trabajo de la Comisión haya transformado El Salvador, pero sí hay secuelas importantes. Por ejemplo, El Salvador es ahora Estado parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y se somete a la Corte Interamericana, y eso ha tenido efectos positivos y en el futuro puede ser de mayor importancia todavía. Aislar el impacto de una ley, del fallo de una corte, de un informe, de la llegada a un país de un nuevo político como Gandhi o Mandela... intentar aislar el efecto de una sola cosa, cuando todo interactúa entre sí, siempre me ha parecido poco realista. Hay que preguntarse por el impacto acumulado de todas las reformas que se han impulsado, de todos los cambios culturales que se han logrado. A mí me parece que en El Salvador la cultura de las élites es ahora más pacífica, más democrática, más dispuesta al estado de derecho que en los años 70 y 80; pero la cultura de los pobres -e insisto en que a lo mejor la mía no es una opinión autorizada porque no estoy lo suficientemente cerca de ellos- incorpora la violencia igual que antes, o peor aun. Porque las élites han visto los beneficios económicos y sociales de la paz, de la participación pacífica en la Asamblea. Pero, ¿qué beneficio han visto los más pobres y los jóvenes sin empleo?